Ley de Glaciares: entre el agua como derecho y la minería como promesa de desarrollo
La primera audiencia pública en Diputados expuso tensiones de fondo en torno a la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno: cuestionamientos al proceso participativo, advertencias científicas y un debate que trasciende lo ambiental para instalarse en el terreno del empleo, el desarrollo y los derechos básicos.
La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares ingresó en una fase decisiva con la primera audiencia pública realizada este miércoles en el anexo de la Cámara de Diputados. Lejos de consolidar consensos, la instancia evidenció un escenario de alta conflictividad política e institucional, atravesado por denuncias de restricción en la participación ciudadana y por un debate de fondo que enfrenta dos modelos de desarrollo.
El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone modificar aspectos centrales de la normativa vigente. Entre los cambios más significativos, elimina la prohibición de actividades mineras en zonas periglaciales y transfiere a las provincias la potestad de definir qué áreas deben ser protegidas, desplazando el criterio técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
La iniciativa, presentada oficialmente como un paso hacia el “ordenamiento normativo”, abre interrogantes sobre el equilibrio entre autonomía provincial, rigor científico y resguardo ambiental.
Sin embargo, el foco de la jornada no estuvo exclusivamente en el contenido del proyecto, sino en las condiciones bajo las cuales se desarrolló el debate. Apenas el 0,3% de los inscriptos pudo hacer uso de la palabra, en su mayoría en oposición a la reforma. Este dato activó una impugnación formal por parte de legisladores de distintos bloques, quienes sostienen que el esquema implementado vulnera principios constitucionales, así como normativas ambientales y acuerdos internacionales como el de Escazú, que garantizan la participación pública en decisiones de alto impacto.
En el plano argumental, el oficialismo sostiene que la flexibilización de la ley permitirá dinamizar la economía a través de inversiones millonarias y generación de empleo. Según estimaciones del sector empresarial, la apertura de nuevas áreas podría atraer hasta 33.000 millones de dólares hacia 2032 y crear cientos de miles de puestos de trabajo. No obstante, estas proyecciones son puestas en duda por antecedentes concretos de la actividad minera en el país.
Durante la audiencia, diversas exposiciones recuperaron el caso de Bajo La Alumbrera como ejemplo de los límites del modelo extractivo: explotación intensiva, bajo valor agregado local, escasa generación de empleo sostenido y fuertes pasivos ambientales al cierre de los yacimientos. La minería metalífera, caracterizada por su alta inversión de capital y baja demanda de mano de obra, aparece así en conlficto con actividades como la agricultura, la ganadería y el turismo, que dependen de recursos hídricos estables y generan ocupación a largo plazo.
Es precisamente el agua el eje que articula las principales preocupaciones. Más del 36% del territorio continental argentino depende de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar, lo que convierte a estos ecosistemas en una pieza estratégica no solo para el consumo humano, sino también para la sostenibilidad de economías regionales enteras. Provincias como Mendoza, San Juan y Neuquén basan buena parte de su producción en sistemas de riego que podrían verse comprometidos ante cualquier alteración significativa de las reservas hídricas.
La discusión se inscribe, además, en un contexto internacional marcado por la creciente escasez de agua. Un reciente informe de la Universidad de las Naciones Unidas advirtió sobre una “quiebra hídrica global”, señalando el agotamiento irreversible de acuíferos en distintas regiones del planeta. En esa línea, organismos internacionales ya expresaron preocupación por el rumbo de la reforma argentina, alertando sobre posibles vulneraciones al derecho humano al acceso al agua.
A este escenario se suma otro dato relevante: un relevamiento de la Universidad de Zurich identificó decenas de emprendimientos mineros actualmente en infracción con la ley vigente, emplazados en zonas de hielo. Para sectores críticos, la reforma no solo implicaría una flexibilización normativa hacia adelante, sino también una suerte de regularización retroactiva de actividades hoy cuestionadas, lo que tensiona aún más la legitimidad del proceso.
Desde el movimiento sindical y las organizaciones territoriales, la discusión adquiere una dimensión adicional. La reforma de la Ley de Glaciares es leída como parte de un paquete más amplio de políticas orientadas a reducir costos productivos y ampliar márgenes de rentabilidad para grandes capitales, paralelamente con cambios en la legislación laboral. En esa interpretación, ambiente y trabajo no son dimensiones separadas, sino variables interdependientes en la disputa por el modelo económico.
La reforma de la Ley de Glaciares expone una de las discusiones más complejas de la agenda pública actual: cómo compatibilizar la necesidad de crecimiento económico con la preservación de recursos estratégicos y derechos esenciales. El debate no se agota en la dicotomía entre minería y ambiente, sino que interpela la calidad institucional, la transparencia en la toma de decisiones y el tipo de desarrollo que se proyecta a largo plazo.
La audiencia pública, lejos de saldar diferencias, dejó al descubierto una fractura profunda entre los argumentos oficiales y las advertencias de amplios sectores sociales, científicos y productivos. Bajo estas circunstancias, el futuro de la ley no solo dependerá de mayorías legislativas, sino también de la capacidad del sistema político para procesar demandas, garantizar participación genuina y sostener un equilibrio que, en última instancia, definirá el acceso al agua y las condiciones de vida de las próximas generaciones.
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El PJ sanjuanino apeló a la unidad, pero la celebración del 17 de octubre mostró sus diferencias
El peronismo de San Juan conmemoró el Día de la Lealtad con tres convocatorias separadas y ausencias que alimentaron las señales de fragmentación interna. Mientras la conducción del Partido Justicialista (PJ) encabezó homenajes en su sede central y en Chimbas, la CGT organizó un acto propio, con Eduardo Cabello como principal referente. La jornada volvió a exponer las diferencias entre la dirigencia partidaria y el movimiento obrero en un momento en que ambos espacios buscan recuperar competitividad electoral.
La ausencia más significativa fue la del senador nacional Sergio Uñac, quien no participó de ninguna de las convocatorias y envió una nota para disculparse. Tampoco estuvieron el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, ni Fabián Gramajo, presidente de San Juan Te Quiero. En el homenaje realizado en la sede partidaria faltaron, además, intendentes de ocho departamentos: Rawson, Caucete, Albardón, 25 de Mayo, Jáchal, Valle Fértil, Calingasta y San Martín. Desde el PJ señalaron que algunos jefes comunales organizaron actos en sus respectivas juntas departamentales.
Las actividades partidarias fueron encabezadas por el presidente del PJ, Juan Carlos Quiroga Moyano, la vicepresidenta primera, Graciela Seva, y el vicepresidente segundo, Fabián Aballay. También participaron el exgobernador José Luis Gioja, el diputado nacional Cristian Andino, Facundo Perrone, Matías Sotomayor y los legisladores provinciales Mario Herrero y Marisa López.
La segunda convocatoria se trasladó a la avenida Costanera Juan Domingo Perón, en Chimbas, donde la intendenta Daniela Rodríguez encabezó la reinauguración del busto de Juan Domingo Perón, restaurado después de sufrir daños por vandalismo. Allí también estuvo Jorge «Koki» Chica, ausente en la ceremonia de la sede central. La elección del departamento no fue menor: Chimbas concentra un caudal electoral relevante para las aspiraciones del peronismo de cara a 2027.
Ante la dispersión de los homenajes, Quiroga Moyano recurrió reiteradamente al término «diversificación» para describir la organización de la jornada. La expresión buscó presentar como una distribución de actos lo que también dejó a la vista la falta de una convocatoria común, especialmente por la decisión de la CGT de celebrar por separado.
Aballay, en tanto, vinculó el significado histórico del 17 de octubre de 1945 con las dificultades que atraviesa el justicialismo. Aunque reconoció las diferencias internas, sostuvo su expectativa de que una eventual unidad permita al partido volver a competir con posibilidades en las elecciones de 2027.
La mirada sindical fue más crítica. Desde la CGT, Eduardo Cabello reivindicó el papel del movimiento obrero en la identidad peronista y cuestionó las divisiones de la dirigencia política, a las que atribuyó parte de la responsabilidad por la pérdida de los gobiernos provincial y municipales. Su planteo ubicó a los sindicatos como actores centrales de una eventual reconstrucción partidaria y marcó diferencias con la lectura de la conducción del PJ.
A 81 años de la movilización que reclamó la liberación de Perón y se convirtió en una fecha fundacional del movimiento, la conmemoración sanjuanina dejó una señal política concreta: la unidad continúa siendo una aspiración compartida, pero todavía no se traduce en una conducción capaz de reunir a sus principales referentes. La disputa por el protagonismo y la reconstrucción electoral seguirá condicionando la relación entre el partido, los intendentes y el sindicalismo.
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La CGT de San Juan celebró el Día de la Lealtad y reclamó recuperar la identidad peronista
La división del peronismo sanjuanino quedó expuesta este17 de octubre y tuvo una de sus expresiones más directas en la sede de la CGT. Allí, Eduardo Cabello, cuestionó la falta de entendimiento entre los dirigentes políticos y reivindicó al sindicalismo como garante de la identidad histórica del movimiento.
“La política hoy no se pudo poner de acuerdo”, afirmó Cabello durante el acto realizado pasadas las 12.00, en alusión a la multiplicación de convocatorias por el Día de la Lealtad. La ceremonia se desarrolló sin representantes de la actual conducción del Partido Justicialista sanjuanino, mientras el PJ organizó su propia celebración y hubo otra convocatoria en Chimbas.
La dispersión de los encuentros volvió visible una fractura que excede las diferencias de organización. En una fecha central para el peronismo, los distintos espacios no confluyeron en una celebración común, una ausencia de unidad que el referente sindical convirtió en el centro de su discurso.

“El 17 de octubre también fue por los derechos y la dignidad”
Cabello llamó a revisar el sentido de la conmemoración y advirtió sobre el riesgo de reducirla a una evocación del pasado. “¿Vamos a ser fanáticos y vivir de nostalgias o vamos a tener valores?”, planteó ante los presentes.
Para el dirigente, la movilización del 17 de octubre de 1945, que reclamó la liberación de Juan Domingo Perón, dejó una enseñanza que trasciende el recuerdo histórico. “El 17 no fue solamente para que dejen a Perón libre, fue decir que hay derechos, que hay dignidad”, sostuvo.
También definió aquella jornada como una expresión colectiva que debe traducirse en representación para quienes no encuentran canales para hacer oír sus reclamos. Habló de un “calor que se puede y debe transformar en una cualidad para llegar a los que no tienen voz”, en una reivindicación del compromiso social que atribuye a los orígenes del movimiento.
El sindicalismo, en el centro de la identidad peronista
El titular de la Regional San Juan reafirmó la pertenencia doctrinaria del movimiento obrero y defendió el papel de los gremios en la representación de los trabajadores. “Tenemos la doctrina escrita en el corazón. No nos equivoquemos. Los sindicatos vamos a ser la luz y la sal de cada trabajador sanjuanino”, expresó.
La jornada incluyó un llamado a los afiliados y trabajadores, con choripanes y gaseosas, en una celebración que combinó el homenaje histórico con un mensaje político hacia la dirigencia justicialista.
El acto de la CGT dejó así una doble señal: la voluntad sindical de reivindicar su protagonismo dentro del peronismo y el cuestionamiento a una dirigencia que, al menos en esta conmemoración, no logró compartir una convocatoria. La discusión por la unidad vuelve a instalarse con una pregunta de fondo: qué lugar ocupará el movimiento obrero en la reorganización política del justicialismo.
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Paritarias: los bancarios elevaron el salario inicial a $2,63 millones
La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresarias del sistema financiero una actualización salarial del 1,9% para septiembre, con la que el ingreso inicial de los trabajadores bancarios pasó a superar los $2,6 millones. El entendimiento, encabezado por el gremio que conduce Sergio Palazzo, contempla además un bono mínimo superior a $2,2 millones y la continuidad de las revisiones salariales durante el último trimestre del año.
La nueva escala fija un salario inicial de $2.552.560,34, al que se suma un concepto de Participación en las Ganancias (ROE) de $73.786,55. De esta manera, la remuneración inicial global alcanza los $2.626.346,89 para septiembre.
El incremento se aplica sobre las remuneraciones mensuales brutas, habituales y normales, tanto remunerativas como no remunerativas, además de los adicionales establecidos en el convenio colectivo y aquellos otorgados por fuera de sus disposiciones.
Con esta actualización, La Bancaria informó que la recomposición acumulada durante los primeros nueve meses de 2026 alcanza el 23,6%, tomando como referencia las escalas salariales vigentes en diciembre de 2025.
Bono por el Día del Bancario
El enetendimiento también establece el monto mínimo de la gratificación correspondiente al Día del Bancario, que tendrá un piso de $2.275.519,25.
Las entidades financieras deberán depositar ese concepto como fecha límite el 6 de noviembre, jornada en la que tradicionalmente no hay atención bancaria al público en todo el país por la celebración del día de los trabajadores de la actividad.
El monto funciona como un piso garantizado, por lo que la cifra final puede variar de acuerdo con las condiciones salariales y los adicionales correspondientes a cada trabajador.
Revisiones hasta diciembre y nueva negociación en enero
El pacto no se agota en la actualización de septiembre. Las partes acordaron mantener durante octubre, noviembre y diciembre el mismo mecanismo de revisión periódica utilizado hasta ahora, con idénticos alcances sobre las remuneraciones y adicionales.
Además, la representación sindical y las cámaras empresarias establecieron que volverán a reunirse formalmente para discutir la paritaria durante la segunda quincena de enero de 2027.
La continuidad de las revisiones permite que la negociación permanezca abierta frente a la evolución de los precios y evita que la escala salarial quede congelada durante varios meses. Para La Bancaria, el mecanismo constituye una herramienta para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al costo de vida.
El acuerdo vuelve a colocar a la paritaria bancaria entre las negociaciones salariales de mayor magnitud nominal: con un ingreso inicial que ya supera los $2,6 millones, un bono anual con piso de $2,27 millones y revisiones previstas hasta fin de año, el gremio mantiene una política de actualización frecuente que tendrá una nueva instancia formal en enero de 2027.
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