La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) firmó el acuerdo salarial correspondiente al segundo semestre de 2026. La actualización contempla incrementos mensuales para todas las categorías del convenio y llevará el salario bruto conformado del Vigilador General hasta $1.930.000 en diciembre, con una mejora acumulada del 17,35% respecto de junio.

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias de la seguridad privada que establece una recomposición salarial escalonada entre julio y diciembre de 2026. El entendimiento fija incrementos mensuales para todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo y busca preservar el poder adquisitivo de una de las actividades con mayor crecimiento en materia de empleo durante los últimos años.

La referencia principal del convenio corresponde a la categoría Vigilador General, cuyo salario bruto conformado pasará de $1.644.650 en junio a $1.930.000 en diciembre. La diferencia representa un incremento acumulado de $285.350, equivalente al 17,35%, mediante una secuencia de actualizaciones distribuidas a lo largo del semestre.

El cronograma salarial establece que el ingreso bruto alcanzará $1.706.800 en julio, $1.744.800 en agosto, $1.791.600 en septiembre, $1.827.200 en octubre, $1.864.000 en noviembre y $1.930.000 en diciembre, otorgando previsibilidad tanto a trabajadores como a empleadores en un período caracterizado por negociaciones periódicas y revisiones salariales.

Uno de los componentes con mayor crecimiento será el salario básico, que aumentará desde $911.650 hasta $1.085.000, con una mejora acumulada del 19,02%, porcentaje superior al incremento del salario conformado. Por su parte, el adicional por presentismo pasará de $165.000 a $180.000, mientras que el viático ascenderá de $498.000 a $545.000, consolidando la actualización de los conceptos que integran la remuneración habitual de los trabajadores.

El acuerdo también incorpora una suma no remunerativa de carácter progresivo que comenzará en $20.000 durante julio, aumentará a $30.000 en agosto, $50.000 en septiembre, $60.000 en octubre, $70.000 en noviembre y alcanzará los $120.000 en diciembre, mecanismo que permite reforzar los ingresos durante el semestre sin modificar de inmediato la totalidad de la estructura remunerativa.

La negociación no se limita a la categoría de Vigilador General. Las nuevas escalas comprenden además a Vigiladores Bomberos, Vigiladores Principales, Operadores de Monitoreo, Verificadores de Eventos, Administrativos, Guías Técnicos, Instaladores de Sistemas Electrónicos y Controladores de Admisión y Permanencia, además de actualizar los adicionales específicos correspondientes a tareas aeroportuarias, zonas especiales como Neuquén y servicios vacacionales.

La seguridad privada constituye una de las principales ramas de servicios del país y emplea a decenas de miles de trabajadores distribuidos en empresas que prestan servicios en industrias, bancos, centros comerciales, hospitales, organismos públicos, barrios privados, complejos logísticos y eventos masivos. La evolución de sus salarios suele ser observada como un indicador relevante dentro del universo de convenios de servicios, debido a la magnitud de la actividad y a la diversidad de funciones que comprende.

La firma de esta paritaria se suma a la intensa dinámica de negociaciones colectivas que atraviesa 2026, marcada por acuerdos de corta duración y cláusulas de actualización periódica para acompañar la evolución de los precios y sostener el poder de compra de los salarios. En ese marco, la recomposición obtenida por UPSRA garantiza una referencia salarial para el segundo semestre y deja abierta la expectativa de una nueva discusión convencional hacia el cierre del año, cuando gremio y empleadores vuelvan a evaluar la evolución de la economía, la inflación y las condiciones del mercado laboral.

Uber presentó una oferta de 12.900 millones de euros para adquirir Delivery Hero, propietaria de PedidosYa en Argentina. Si la operación recibe el visto bueno de los organismos de competencia, surgirá el mayor grupo mundial de movilidad y reparto fuera de China. La negociación coincide con un fuerte crecimiento del endeudamiento de repartidores y reabre el debate sobre la regulación del trabajo en plataformas digitales.

El negocio global de las aplicaciones de reparto y movilidad atraviesa uno de los procesos de concentración empresarial más importantes de su historia. Uber confirmó una oferta de 12.900 millones de euros para adquirir Delivery Hero, la compañía alemana propietaria de PedidosYa en Argentina y de otras marcas distribuidas en decenas de países. De concretarse la operación tras la revisión de las autoridades de defensa de la competencia, nacerá la mayor plataforma integrada de movilidad y delivery fuera de China.

La dimensión de la transacción refleja el peso creciente de la economía de plataformas. El grupo resultante tendría presencia en 99 mercados internacionales y operaciones que durante 2025 movilizaron reservas brutas cercanas a 236.000 millones de dólares, consolidando un liderazgo global en transporte urbano, reparto de alimentos y logística de última milla.

Para el mercado argentino, la posible adquisición adquiere una relevancia adicional. La negociación coincide con el relanzamiento de Uber Eats y con una competencia cada vez más intensa frente a PedidosYa y Rappi por un universo que, según estimaciones del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación, reúne a cerca de un millón de repartidores y conductores en todo el país.

Sin embargo, detrás de la expansión de las grandes plataformas aparece otra realidad que expone las condiciones económicas de quienes sostienen diariamente el servicio. Datos recientes del Banco Central muestran que el endeudamiento promedio de los repartidores por aplicación alcanzó 900.000 pesos hacia fines de 2025, mientras que la cantidad de créditos tomados por estos trabajadores aumentó 122% durante ese año. Entre los comercios adheridos a las plataformas, el pasivo promedio resultó incluso siete veces superior.

El fenómeno presenta una característica singular: una parte importante de esos préstamos no proviene del sistema bancario tradicional, sino de las propias empresas tecnológicas que administran las aplicaciones. Gracias al acceso permanente a la información sobre ingresos, productividad, horarios de conexión y volumen de pedidos, estas compañías poseen una capacidad de evaluación financiera muy superior a la de otros otorgantes de crédito.

Ese conocimiento les permite ofrecer financiamiento con rapidez, aunque especialistas y organizaciones sindicales advierten que las condiciones financieras suelen carecer de suficiente transparencia respecto de las tasas de interés, costos y mecanismos de recuperación. En muchos casos, las cuotas son descontadas directamente de los ingresos generados por el trabajador dentro de la propia plataforma, fortaleciendo un vínculo económico que excede la simple intermediación tecnológica.

Para numerosos repartidores, esa modalidad genera un círculo de dependencia. La necesidad de afrontar los descuentos automáticos obliga a extender las jornadas laborales, aceptar una mayor cantidad de pedidos y permanecer conectados durante más horas para sostener ingresos que permitan cumplir con los compromisos financieros asumidos.

La posible absorción de Delivery Hero también vuelve a colocar bajo análisis el grado de competencia dentro del mercado digital. En distintos países, este tipo de operaciones suele ser sometido a exhaustivas evaluaciones por parte de los organismos antimonopolio, que analizan si la concentración puede afectar la competencia, reducir las alternativas para consumidores y comercios o incrementar el poder de negociación de las plataformas frente a trabajadores y prestadores de servicios.

En Argentina, el debate se vincula además con la regulación del empleo en plataformas. Mientras las empresas sostienen que los repartidores operan como trabajadores independientes, diversas organizaciones sindicales reclaman el reconocimiento de una relación laboral con acceso a derechos como cobertura por accidentes, licencias, vacaciones pagas, aportes previsionales y negociación colectiva. La discusión adquirió mayor relevancia tras las reformas laborales impulsadas por el Gobierno nacional, que mantienen la figura del colaborador independiente para este tipo de prestaciones.

La evolución de la operación entre Uber y Delivery Hero trasciende así una simple compra empresarial. Su eventual aprobación modificará el equilibrio competitivo de una industria que mueve miles de millones de dólares y que constituye una fuente de ingresos para cientos de miles de personas en América Latina. Al mismo tiempo, profundiza el debate sobre la necesidad de actualizar los marcos regulatorios para compatibilizar innovación, competencia y protección laboral en una economía donde el poder económico de las plataformas crece con mayor velocidad que las normas destinadas a supervisarlas.

La CGT confirmó que el próximo 22 de julio encabezará una movilización junto a las dos CTA y la UTEP en respaldo a los jubilados. La protesta inaugurará una nueva etapa de coordinación sindical y social frente a las políticas económicas del Gobierno y podría derivar en un nuevo paro general si no hay respuestas a los reclamos.

La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó este viernes el inicio de una nueva fase de confrontación con la administración de Javier Milei al confirmar su participación en la movilización convocada para el miércoles 22 de julio, una protesta que reunirá además a la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La convocatoria tendrá como principal consigna la defensa del sistema previsional y de los ingresos de los jubilados, aunque detrás de esa bandera se inscribe una estrategia sindical de mayor alcance destinada a profundizar la resistencia frente al programa económico del Gobierno nacional.

La concentración fue fijada para las 15 hs en la intersección de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde las organizaciones marcharán para reclamar una recomposición de los haberes previsionales, la protección de la seguridad social y políticas que garanticen condiciones de vida dignas para los adultos mayores. Bajo el lema «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados», la CGT buscará exhibir una amplia capacidad de movilización junto a otros actores del movimiento sindical y de la economía popular.

La manifestación representa mucho más que una protesta puntual. Constituye el primer paso de un cronograma de acciones consensuado durante las reuniones que, en las últimas semanas, mantuvieron la conducción cegetista, las dos centrales de trabajadores y la UTEP. Ese espacio de coordinación consolidó una agenda común basada en el rechazo a las políticas de ajuste, la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, el deterioro del empleo, el incremento de la conflictividad social y las reformas estructurales impulsadas por la Casa Rosada.

La convergencia entre la CGT y los movimientos sociales adquiere especial relevancia en un presente marcado por la eliminación de programas sociales, entre ellos Volver al Trabajo, decisión que profundizó el acercamiento entre la central obrera y la UTEP. Esa coincidencia amplió el frente opositor al Gobierno y fortaleció la construcción de una estrategia compartida para sostener la presión sindical y territorial durante los próximos meses.

La protesta de los jubilados muestra cómo el movimiento obrero se preocupa cada vez más por la pérdida del valor adquisitivo de las pensiones. Las organizaciones sostienen que los ingresos de los adultos mayores continúan perdiendo capacidad de compra frente al aumento del costo de vida y consideran que la defensa de la seguridad social constituye uno de los principales ejes de la disputa con el Ejecutivo.

La movilización del 22 de julio se inscribe además en una secuencia de acciones que la CGT viene desplegando desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En poco más de un año y medio de gobierno, la central obrera impulsó varias movilizaciones nacionales y concretó tres paros generales, una frecuencia inédita en comparación con administraciones anteriores. El endurecimiento del conflicto responde al rechazo sindical a las reformas laborales, previsionales y económicas promovidas por el oficialismo, así como al impacto que, según las organizaciones gremiales, tienen las políticas de ajuste sobre el empleo registrado, los salarios y la producción.

En la conducción cegetista admiten que el plan de acción permanecerá abierto y sujeto a la evolución del vínculo con el Gobierno. Si las demandas vinculadas con jubilaciones, salarios, negociación colectiva y protección del empleo continúan sin respuesta, las distintas organizaciones no descartan avanzar hacia nuevas movilizaciones nacionales e incluso convocar a un cuarto paro general, alternativa que comenzó a ganar consenso durante los últimos encuentros entre las centrales sindicales.