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La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) anunció el acuerdo alcanzado con los representantes empresarios de las droguerías, a través del cual se incrementarán un 17,72% los salarios durante los próximos dos meses.

De este modo, la suba se aplicará en dos tramos durante los meses de abril y mayo, por lo que se repartirán en un 9 y 8%, respectivamente. En la nueva escala, los profesionales tendrán un salario de $1.121.326 (u$s 1.224,95) durante el quinto mes de 2024, mientras que los cadetes pasarán a cobrar $764.051 (u$s 834,66).

Además, las partes acordaron que en los meses de junio, agosto y noviembre de 2024 y enero de 2025, se volverán a reunir para revisar los valores de los salarios básicos, las asignaciones no remunerativas y contribuciones.

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«El aumento salarial que no alcanza: la realidad de los encargados de edificio»

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) alcanzó un nuevo acuerdo de incremento salarial del 3,5% para el mes de noviembre, en el marco de la paritaria de los encargados de edificios agrupados en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) 589/10 y 590/10. 

El acuerdo establece un incremento en los haberes del 3,5% a partir de noviembre y llevará el salario básico de un encargado permanente con vivienda de categoría 1 a $755.697, mientras que los encargados categoría 1 sin vivienda pasarán a $911.754. Asimismo, se actualizarán los valores de los ítems plus, retiro de residuos y de las jornadas de suplencia.

¿Esta suba, es suficiente para mejorar sus condiciones laborales y salariales? La respuesta es un rotundo no.

La reciente negociación resulta en un aumento salarial por debajo de lo esperado. Sin embargo, este aumento es solo una medida paliativa que no aborda las causas profundas de la precariedad laboral en el sector.

La inflación y la pérdida del poder adquisitivo han afectado significativamente la calidad de vida de los encargados de edificio. En este contexto, el aumento salarial es insuficiente para compensar la pérdida de valor del dinero.

Además, la negociación no abordó otros aspectos fundamentales, como la estabilidad laboral, la seguridad en el trabajo y la protección de los derechos laborales.

En conclusión, el incremento salarial para encargados de edificio es solo un paso mínimo hacia la mejora de las condiciones laborales en el sector. Es fundamental que se aborden las causas profundas de la precariedad laboral y se implementen medidas más efectivas para proteger los derechos laborales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

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Trabajadores del Correo rechazan la propuesta salarial del gobierno

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), que representa a una parte de los trabajadores de la empresa estatal de correos, desestimó la propuesta económica del gobierno y la calificó como ‘caprichosa y dictatorial’. La oferta otorgaba un aumento salarial del 5% para los trabajadores del Correo.

Según los representantes sindicales, lo ofrecido no refleja la realidad económica del país y no cubre la inflación. Además, criticaron la forma en que se presentó la propuesta, calificándola de ‘impositiva’ y ‘no negociada’.

Los trabajadores del Correo exigen una nueva oferta que refleje la realidad económica del país y que se negocie de manera transparente y democrática.

El rechazo de la oferta económica del gobierno por parte de los trabajadores telepostales es un claro ejemplo de la tensión entre el gobierno y los sindicatos en Argentina. La disputa salarial es solo una parte de un conflicto más amplio sobre la política económica y la distribución de la riqueza en el país.

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La evaluación que genera polémica: 40 mil empleados públicos en la mira»

El gobierno avanza con la evaluación de competencia para 40 mil funcionarios, pese a la oposición de las organizaciones gremiales.

La evaluación de competencia para 40 mil funcionarios ha generado una fuerte polémica en el sector público. Las organizaciones laborales han expresado su oposición a la medida, argumentando que se trata de un intento de despedir a trabajadores sin justa causa.

La medida forma parte de un plan del gobierno para reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia en el sector público. Sin embargo, las organizaciones sindicales argumentan que la medida es injusta y que no se ha realizado un análisis adecuado de las necesidades del sector.

La evaluación de competencia para 40 mil funcionarios ha generado una fuerte reacción en el sector público. Los gremios anticipan que seguirán luchando para defender los derechos de los trabajadores y evitar que se produzcan despidos injustos. La situación sigue siendo tensa y se espera que haya nuevas movilizaciones en los próximos días.

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