
La CGT se reunió con senadores de Unión por la Patria para rechazar la Ley Bases
La CGT se reunió con los senadores del bloque de Unión por la Patria (UP) para coordinar el rechazo legislativo al proyecto de Ley de Bases que obtuvo media sanción en la cámara baja la semana pasada.
Del encuentro en el Palacio Legislativo participaron los triunviros de la conducción de la central obrera, Héctor Daer y Carlos Acuña, acompañados por Gerardo Martinez, José Luis Lingeri y Cristián Jerónimo, además de los secretarios generales de las dos CTA, Hugo Yasky (CTA-T) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A).
Por el lado de los senadores, estuvieron presentes los titulares de los bloques peronistas, José Mayans y Juliana Di Tullio, así como los senadores Eduardo “Wado” de Pedro, Juan Manzur y Sergio Uñac.
Daer explicó que el bloque de UP tiene 33 senadores, por lo que aún resta reunirse con otros bloques para llegar a los 37 necesarios para rechazar el proyento. La CGT ya hizo llegar su pedido de audiencia a los demás senadores.
El dirigente de la Sanidad remarcó que se pidió una reunión con “absolutamente todos los bloques” de la cámara alta del Congreso, con excepción de Luis Juez y La Libertad Avanza, a quienes les harán llegar el petitorio desde la Asociación del Personal Legislativo (APL).
A su vez, Daer negó que se haya acordado una reunión con los gobernadores durante el día de hoy, “por su puesto que estamos hablando con los gobernadores y legisladores de todas las provincias, porque queremos dar nuestro punto de vista”, aclaró.
Por otra parte, el dirigente remarcó que la semana próxima concurrirá una delegación de la central obrera para exponer en el Senado “el punto de vista de la Confederación General del Trabajo”, adelantó de cara al tratamiento en comisiones del proyecto.
Además, se refirió al paro del próximo 9 de mayo, “caminen por las calles y vean que están vacías. Hay una caída de la actividad muy abrupta y eso se va a sentir el día jueves”, advirtió.
En esa línea, sostuvo que “si el camino es continuar con el ajuste, las privatizaciones y generar este mecanismo de inversión que es un camino a la primarización de la economía y se siguen quitando derechos a los trabajadores, el 9 de mayo va a ser una clara demostración del rechazo al gobierno”, vaticinó.
Daer respondió también sobre si la estrategia de la CGT será solo rechazar el capítulo laboral del proyecto, así como la vuelta del Impuesto a las Ganancias, “la pregunta tiene una complicación porque si vos modificas el proyecto y después se ratifica tema por tema, tal cual vino en diputados, no sirve de nada reformarlo”, indicó.
Finalmente manifestó que para cambiar el proyecto, “lo que hay que hacer es, si se quiere cambiar, ir tema por tema, debatirlo y darle lugar y no debatirlo como un paquete”, afirmó el dirigente de la CGT.
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La retirada de Argentina de la OMS: un paso hacia la incertidumbre sanitaria

La reciente decisión del gobierno argentino de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS) generó una oleada de críticas y preocupaciones en la comunidad sanitaria y la sociedad en general. La medida, que aún debe ser ratificada por el Congreso, fue calificada de «criminal» por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa).
Un retroceso en la cooperación internacional
La OMS es una institución fundamental para la cooperación internacional en materia de salud. La salida de Argentina de esta organización significaría la pérdida de acceso a recursos y tecnologías médicas avanzadas, así como la interrupción de la colaboración con expertos de otros países para abordar problemas de salud globales. Esto podría tener graves consecuencias para la salud pública en el país, especialmente en momentos de emergencias sanitarias.
La destrucción del Estado desde adentro
La decisión del gobierno argentino de retirarse de la OMS se enmarca en un contexto de recortes presupuestarios y despidos en el sector salud. Fesprosa denunció que esta medida es parte de una estrategia más amplia para debilitar el sistema de salud pública en Argentina. La organización exigió al gobierno que revierta esta medida y que priorice la inversión en salud pública.
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El gobierno busca desmantelar entidades públicas con un “mega decreto”

En un movimiento que busca profundizar el ajuste del Estado, el gobierno nacional prepara un nuevo decreto de necesidad y urgencia que eliminará varias entidades estatales y fusionará otras. La medida, que se enmarca en la estrategia de desregulación y transformación del Estado liderada por el ministro Sturzenegger, busca agilizar el funcionamiento y reducir la burocracia.
La reestructuración administrativa: ¿qué cambia?
El nuevo decreto afectará a la estructura de la presidencia, la Jefatura de Gabinete y la mayoría de los ministerios. Se eliminarán entidades que se consideran innecesarias o que duplican funciones con otros organismos, y se fusionarán otras para reducir la redundancia y mejorar la eficiencia. La medida también incluirá la derogación de diversas normas y procedimientos burocráticos que datan de diferentes períodos.
El impacto en los empleados públicos: ¿qué pasará con ellos?
Aunque el gobierno no ha proporcionado detalles sobre el futuro de los trabajadores de las entidades que se eliminarán o fusionarán, se sabe que hay un programa que busca adaptar a los empleados que se quedan sin lugar de trabajo para que puedan salir al sector privado en un plazo de un año. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro laboral de estos empleados es palpable.
La estrategia del gobierno: ¿qué busca lograr?
El gobierno busca replicar el impacto que tuvo el DNU 70 de diciembre de 2023, que desreguló múltiples áreas de la economía. La medida es una señal clara de que la gestión de Javier Milei continuará avanzando en su plan de ajuste estatal durante 2025. Además, el presidente ha anunciado que buscará eliminar leyes vigentes y derogar distintas resoluciones y circulares, con el objetivo de simplificar el marco normativo y reducir la burocracia.
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Ajuste salarial para estatales: una medida insuficiente que profundiza la crisis

El gobierno nacional estableció un aumento salarial del 1,5% para enero y 1,2% para febrero para los empleados estatales, medida que fue rechazada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) debido a su insuficiencia para combatir la inflación.
El acuerdo salarial establecido por el gobierno nacional para los empleados estatales ha generado un gran debate en el sector. La ATE rechazó la oferta y criticó la decisión de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de aceptarla.
Según Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, «la propuesta gubernamental no solo no mejora la situación salarial de los estatales, sino que la empeora». Aguiar destacó que el aumento salarial ofrecido es «inaceptable» debido a que no se ajusta a la realidad inflacionaria del país.
Es importante destacar que durante el 2024, los aumentos salariales quedaron significativamente por debajo de la inflación, lo que ha generado una pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores de la administración pública.
ATE convocará a un plenario federal para definir nuevas medidas de fuerza en febrero, en respuesta a la insuficiente oferta salarial del gobierno. Además, el sindicato reclama la inclusión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas en el ítem salarial de presentismo, que pasó de $30.000 a $50.000.
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