El Índice de Precios al Consumidor registró un incremento de 1,9% en septiembre, dos décimas por encima de agosto. Según el INDEC, la variación interanual llegó al 33,4%, mientras que el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 alcanzó el 23,6%.

La evolución del indicador muestra que, pese a la desaceleración registrada en períodos anteriores, el costo de vida mantiene presiones que inciden sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Entre los componentes que traccionaron el indicador, sobresalió la suba en Alimentos y bebidas. Este rubro afecta de manera directa la economía familiar, ensañándose con los sectores más vulnerables. Por ello, la trayectoria de la canasta básica resulta indispensable para ponderar el costo de vida real por encima de la inflación promedio.

La aceleración mensual vuelve a poner el foco sobre la evolución de los precios y su relación con los ingresos. Aunque la variación interanual se mantiene por debajo de los registros de años anteriores, la continuidad de los aumentos condiciona la capacidad de compra de salarios y jubilaciones.

El indicador de septiembre servirá como marco de referencia para las negociaciones salariales y la planificación financiera de los hogares, en un contexto donde la dinámica de precios continúa condicionando el consumo y la recomposición del poder de compra.

La huelga nacional convocada por APPAMIA se extenderá hasta el viernes. Mientras un grupo de profesionales reprogramará consultas no urgentes y garantizará guardias y recetas, la Asociación de Médicos de Cabecera provincial resolvió mantener la atención habitual. El reclamo apunta a recuperar ingresos tras el cambio en el sistema de pagos aplicado en abril.

El paro nacional de 96 horas de médicos de cabecera y odontólogos de PAMI abrió una división entre los profesionales de San Juan. Mientras prestadores adheridos a la medida reprogramarán turnos no urgentes hasta el viernes 16 de octubre, la Asociación de Médicos de Cabecera de la provincia resolvió no sumarse a la huelga y mantener las consultas habituales para jubilados y pensionados.

La protesta, convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), reclama una actualización de los honorarios y cuestiona el cambio en la modalidad de pago aplicado en abril. Sandra Brizuela, delegada sindical en San Juan, afirmó que la modificación redujo más del 50% los ingresos que percibían algunos profesionales. En los consultorios que adhieran, se garantizarán las urgencias y la emisión de recetas.

Miguel Coria, presidente de la Asociación de Médicos de Cabecera provincial, calificó el reclamo como «totalmente justo», pero explicó que la entidad decidió preservar la atención para evitar que los jubilados vuelvan a sufrir interrupciones. Aclaró que los pacientes podrán concurrir con normalidad, salvo ausencias particulares de los profesionales.

La principal disputa gira en torno al pago fijo por afiliado. Los médicos de cabecera reciben actualmente $2.700 por paciente y reclaman elevar la cápita a entre $4.000 y $4.500. Brizuela sostuvo que un profesional con 500 afiliados puede percibir alrededor de $1,4 millones mensuales, frente a los $2,8 millones que, según su comparación, cobraba antes de la modificación.

Los odontólogos también exigen una recomposición por los costos de los insumos y el funcionamiento de sus consultorios. Los montos reclamados varían según las entidades y las prestaciones contempladas: APPAMIA exige elevar los valores por afiliado y denuncia una fuerte pérdida de ingresos reales desde abril.

Coria reveló, además, que diez médicos de cabecera renunciaron en San Juan desde el cambio en el sistema de pagos. La asociación considera que la discusión debe concentrarse en una actualización que permita sostener los consultorios sin trasladar el costo a los pacientes.

Desde PAMI a nivel nacional, en tanto, señalaron que mantienen abiertas las instancias de diálogo y que revisarán los valores dentro de sus posibilidades presupuestarias. También defendieron la unificación de las cápitas como una medida destinada a simplificar el sistema, y recordaron que existen pagos adicionales por determinadas prestaciones.

Los trabajos demandaron 60 días, entre julio y septiembre, y comprendieron la renovación de sanitarios, pintura general y mejoras en el acceso a las cocheras. Durante el acto, el gobernador Marcelo Orrego defendió la incorporación de equipamiento y recursos para la Policía provincial. Las obras se ejecutaron en el edificio existente, de 228,84 metros cuadrados, sin ampliar su superficie.

En el marco de la inauguración, el gobernador relacionó las mejoras de infraestructura con las políticas de seguridad provincial vigentes. Manifestó que el inicio de su administración estuvo marcado por un diagnóstico crítico del parque automotor y del equipamiento técnico, caracterizado por el mal funcionamiento de las cámaras de vigilancia, la inmovilidad de la flota vehicular y el vencimiento de los chalecos de protección.

«La seguridad es una prioridad absoluta», afirmó Orrego. También mencionó la incorporación de camionetas, automóviles, motocicletas, dispositivos Byrna y Taser, además de chalecos balísticos, junto con acciones de capacitación y nuevas licitaciones.

Tres intervenciones principales

Los trabajos fueron impulsados por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y ejecutados por la empresa contratista Iván Ramírez. La intervención comprendió tres áreas principales:

Sanitarios: modificación y adecuación integral para mejorar las condiciones de uso del personal y de los ciudadanos.

Mantenimiento edilicio: pintura interior y exterior para recuperar las condiciones de conservación y salubridad.

Acceso a cocheras: construcción de un contrapiso para facilitar la circulación de vehículos y mejorar el escurrimiento del agua.

Las tareas comenzaron en julio de 2026 y concluyeron en septiembre, dentro del plazo previsto de 60 días. Según la información oficial, el objetivo fue preservar la estructura original y mejorar su funcionamiento cotidiano.