San Juan: Trabajadores acusan a UPSRA de avalar despidos masivos en la seguridad privada

Más de 130 trabajadores de la empresa Hunter fueron despedidos sin previo aviso, luego de que la firma perdiera la licitación del servicio de seguridad del Hospital Dr. Guillermo Rawson. Denuncian que el sindicato UPSRA avaló los despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo y que solo intervino cuando el conflicto se viralizó. Reclaman indemnizaciones completas y respeto por la antigüedad.

La bronca, la angustia y la sensación de abandono atraviesan a más de 130 vigiladores de seguridad privada que se quedaron sin trabajo en San Juan en las últimas horas de 2025. El 31 de diciembre, a las 12:30 del mediodía, trabajadores de la empresa Hunter comenzaron a ser citados en grupos de 15 o 20 personas a la oficina local de la firma. Allí recibieron una notificación seca y sin margen de negociación: la empresa había perdido el “objetivo” del Hospital Rawson y quedaban desvinculados de manera inmediata.

Entre los despedidos hay trabajadores con más de dos décadas —y en algunos casos cerca de 30 años— de antigüedad. Muchos de ellos cumplieron funciones clave en pasillos, guardias y perímetros del principal nosocomio de la provincia, en jornadas de hasta 12 horas y en un contexto laboral de alta exigencia.

“UPSRA no intervino para nada”

Las críticas más duras de los despedidos apuntan contra la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA). En este sentido, los trabajadores aseguraron que el sindicato no solo no los defendió, sino que convalidó los despidos.

“Nos despidieron con el artículo 247 de la LCT y UPSRA lo avaló. El gremio nos entregó en bandeja”, expresó uno de los vigiladores afectados.

Según relataron, no hubo acompañamiento gremial durante el proceso ni presencia sindical en las instancias previas o posteriores a los despidos. “El gremio no intervino para nada, ni cuando se perdió la licitación ni cuando nos echaron. Nadie se comunicó”, remarcaron.

El artículo 247 y la indemnización recortada

La empresa Hunter aplicó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago de una indemnización reducida en casos de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador. Bajo ese encuadre, la firma ofreció solo el 70% de la indemnización correspondiente, una propuesta que los trabajadores consideran injusta y abusiva.

Los vigiladores sostienen que la pérdida de la licitación no puede ser utilizada como excusa para recortar derechos adquiridos, especialmente en casos de antigüedades tan extensas. Por eso, exigen el pago completo de las indemnizaciones y el rechazo de la aplicación del artículo 247.

La nueva empresa y los puestos que no se conservaron

El servicio de seguridad del Hospital Rawson quedó en manos de la empresa El Guardián. Sin embargo, lejos de absorber al plantel saliente, solo incorporó a 13 de los 130 trabajadores despedidos. “No quieren saber nada con los vigiladores de Hunter”, denunciaron.

Además, remarcaron que las condiciones laborales de la nueva firma son diferentes y que no hubo ningún proceso transparente de traspaso de personal. “Después del primer día no llamaron a nadie más”, aseguraron.

El sindicato reaccionó tras la viralización

Recién en las últimas horas, y luego de que el conflicto tomara estado público, UPSRA presentó una nota ante el Gobierno de San Juan reclamando el pago completo de las indemnizaciones y repudiando la aplicación del artículo 247 por parte de Hunter Security SA.

Sin embargo, para los despedidos la reacción llega tarde. “UPSRA se comunicó recién ayer, cuando todo se viralizó”, señalaron, y aclararon que el contacto fue solo con algunos de los diez afiliados que había entre los 130 despedidos.

Dolor, incertidumbre y un reclamo que sigue abierto

Las imágenes de despedida en redes sociales reflejaron el impacto humano del conflicto. “130 personas perdimos el laburo, ya no más ‘nos vemos mañana’. Adiós Hospital Rawson”, escribió uno de los trabajadores, junto a fotos cargadas de emoción.

En una situación económica adversa, los despedidos enfrentan ahora la incertidumbre total: sin empleo, con indemnizaciones recortadas y con un sindicato al que acusan de haberlos dejado solos.

El conflicto en la seguridad privada de San Juan expone una combinación explosiva de precarización laboral, despidos masivos y un rol sindical severamente cuestionado. Mientras los trabajadores exigen indemnizaciones completas y respeto por años de servicio, el caso vuelve a poner en debate el uso del artículo 247 de la LCT, la responsabilidad de las empresas ante la pérdida de contratos y el verdadero alcance de la representación gremial en momentos críticos. La bronca sigue abierta y el reclamo, lejos de cerrarse, recién comienza.