La Unión Obrera Metalúrgica, alcanzó un principio de acuerdo que incluye incrementos remunerativos y sumas no remunerativas para el período octubre 2025–marzo 2026. El aumento total acumulado será del 14%. El entendimiento deberá ser formalizado en un acta y homologado por la Secretaría de Trabajo.

Después de un escenario de fuerte tirantez y varias reuniones sin avances sustanciales, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) logró un preacuerdo salarial con las cámaras empresarias de la actividad. El entendimiento se alcanzó en un encuentro reservado este jueves, destrabando una paritaria que venía marcada por reclamos crecientes del gremio y dificultades del sector para recomponer salarios en un contexto de caída de la actividad.

El acuerdo previo había sido homologado en agosto, pero la aceleración inflacionaria y los desfases entre incrementos y costos de vida volvieron a abrir la discusión, especialmente para el personal de la Rama 17 y todas las ramas metalmecánicas, excepto la siderúrgica (Rama 21), que mantiene un esquema salarial propio.

Los puntos centrales del preacuerdo

Según confirmaron fuentes gremiales y empresarias, los incrementos se distribuirán mes a mes de la siguiente manera:

Octubre 2025: $35.000 no remunerativos

Noviembre 2025: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos

Diciembre 2025: $35.000 no remunerativos

Enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos

Febrero 2026: $25.000 no remunerativos

Marzo 2026: $35.000 no remunerativos

El esquema combina aumentos porcentuales sobre los básicos y sumas fijas, con el objetivo de contener la pérdida salarial sin desfinanciar a las firmas del sector, que vienen señalando una caída de demanda y una recuperación aún frágil.

De acuerdo con lo pactado, el incremento total acumulado a marzo de 2026 será del 14%, mientras que las sumas no remunerativas suman $160.000 en total.

En la mesa paritaria, la UOM estuvo representada por Naldo Brunelli, Enrique Salinas y Rubén Urbano. Voceros sindicales detallaron además que el porcentaje correspondiente a septiembre se calculó sobre una base del 3,14%, y que, tras la aplicación de este nuevo esquema, la base de cálculo para abril de 2026 quedará en 5%, con cláusula de pago efectivo en ese mes.

Qué falta para que el acuerdo entre en vigencia

Como ocurre en cada negociación paritaria, el preacuerdo alcanzado deberá ser volcado en un acta formal, firmada por todas las partes. Luego pasará a la órbita de la Secretaría de Trabajo, que debe homologarlo para otorgarle validez plena.

Hasta que eso ocurra, el entendimiento funciona como un compromiso de partes, pero aún carece de carácter obligatorio para el sector.

La Unión Tranviarios Automotor advirtió que, si para el cuarto día hábil de la próxima semana no se paga el 100% de los salarios y el aguinaldo, se paralizarán los servicios en todas las compañías que incumplan. Las cámaras empresarias alertan sobre un sistema al borde del colapso por tarifas intervenidas, subsidios insuficientes y caída de pasajeros.Un conflicto que vuelve a escalar y amenaza con paralizar el transporte

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, endureció su posición y emitió un ultimátum directo al sector del transporte público: si antes del jueves próximo no está depositado el 100% de los sueldos y aguinaldos, habrá paro en cada empresa incumplidora, a nivel nacional.

La medida, comunicada formalmente por el gremio, rechaza cualquier esquema de pago fraccionado y cuestiona que los trabajadores sean «rehenes» de la disputa entre compañías y Gobierno por subsidios y tarifas.

Mientras tanto, las cámaras empresarias —especialmente en el AMBA— aseguran que el servicio está “en un punto de quiebre”. CETUBA, AAETA, CEAP, CTPBA y CEUTUPBA alertaron esta semana sobre un “inminente colapso” y remarcaron que las tarifas cubren menos del 70% de los costos reales, incluso con los últimos ajustes. Los subsidios, aseguran, no alcanzan para sostener la operatividad ni para cumplir con las obligaciones salariales.

AMBA: empresas al límite y un caso emblemático que encendió todas las alarmas

El caso más visible de la crisis es el de la Línea 148, paralizada recientemente en el sur del Conurbano. La detención del servicio dejó a millones de pasajeros sin movilidad y a los choferes de la empresa El Nuevo Halcón sin cobrar sus sueldos.
La situación no es aislada: más de 40 empresas de la región no lograron completar los pagos, y ya anunciaron que los haberes de noviembre se cancelarán en dos tramos, mientras que el aguinaldo se abonará en seis cuotas.

“El sector ya no puede asumir más esfuerzos”, insisten las cámaras. Reclaman una adecuación urgente del marco tarifario y del sistema de subsidios, que consideran desactualizado frente a inflación, suba de insumos y caída de la demanda.

Además, advierten que entienden el ajuste fiscal, pero señalan que la reducción de subsidios sin un esquema alternativo deriva en un ajuste directo sobre salarios, frecuencia de servicios y condiciones de seguridad.

El interior tampoco resiste: FATAP pide “condiciones excepcionales” para cumplir salarios

La crisis no se limita al AMBA. La FATAP, que representa a empresas de Tucumán, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa y Catamarca, se sumó al conflicto al presentar una denuncia formal ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.

La entidad asegura que la eliminación de subsidios nacionales, la insuficiencia de aportes provinciales y tarifas sin sustento técnico han generado un deterioro profundo del sector:

cierres de empresas,

eliminación de servicios,

pérdida de fuentes laborales,

deterioro del capital

y proliferación de medios alternativos informales y riesgosos, como motos para transporte de pasajeros.

Para diciembre, FATAP advierte que es “materialmente imposible” pagar los salarios de noviembre y la segunda cuota del aguinaldo sin un esquema extraordinario, replicando el mismo cuadro crítico que atraviesa el AMBA.

Una disputa que expone la fragilidad estructural del sistema

El conflicto se tensó aún más tras las presentaciones ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Las empresas argumentan que la combinación de tarifas congeladas, subsidios demorados, inflación persistente y caída de pasajeros por la recesión destruyó la ecuación económica del sector.
La UTA, por su parte, sostiene una postura inamovible: el pago íntegro es “irrenunciable”.
Para el gremio, los problemas financieros de las compañías “no pueden trasladarse a quienes sostienen el servicio”.

En el fondo, la discusión vuelve a poner bajo la lupa la sostenibilidad del sistema de transporte público urbano: un entramado que combina tarifas subsidiadas, dependencia del financiamiento estatal, regulación fragmentada entre Nación y provincias, y demandas laborales que se intensifican en contextos de crisis.

Las dos ramas de la CTA se reunieron este mediodía con diputadas y diputados de Unión por la Patria para fijar una postura común frente a una eventual reforma laboral que el Gobierno busca presentar en las sesiones extraordinarias del 9 de diciembre. Denunciaron un avance “regresivo”, cuestionaron recortes en áreas clave y llamaron a construir una estrategia de unidad parlamentaria y territorial.

En una reunión celebrada en el Congreso, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina —la CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky, y la CTA Autónoma, liderada por Hugo Godoy— mantuvieron un encuentro con referentes de Unión por la Patria (UxP). Participaron las diputadas Cecilia Moreau y Paula Penacca, y el jefe del bloque, Germán Martínez.

El objetivo fue claro: construir un frente común para impedir que avancen proyectos de reforma laboral, impositiva o presupuestaria considerados regresivos. El mensaje quedó sintetizado en una frase que resonó en la sala: “No pasarán las reformas regresivas”.

Preocupación por el ajuste en áreas sensibles y por la caída de la actividad

Durante el encuentro, las centrales sindicales expresaron inquietud por lo que consideran un ajuste profundo en áreas estratégicas del Estado. Señalaron recortes en:

educación,

salud,

obra pública,

transferencias a las provincias.

A esto sumaron un dato que preocupa al movimiento sindical: el creciente cierre de empresas y la aparición de un “tendal de despidos” en los últimos meses, fenómeno que atribuyen a la recesión y a la retracción de la inversión pública.

Reforma laboral: rechazo a volver sobre normas ya anuladas por la justicia

En relación con la reforma laboral que el Gobierno pretende enviar en el marco de las sesiones extraordinarias del 9 de diciembre, las CTA manifestaron un rechazo contundente.

Señalaron que el oficialismo busca reinstalar artículos del Decreto 70/23 ya declarados inconstitucionales por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que suspendió la vigencia del capítulo laboral hasta que el Congreso lo analice.
Para los gremios, esto constituye un intento de “volver por la ventana” con medidas que afectan derechos adquiridos, promoviendo una “fragmentación y atomización del movimiento obrero” bajo el discurso de la “modernización”.

Una estrategia de unidad: del recinto a la calle

Las CTA plantearon que el desafío no se limita al plano legislativo. En el encuentro reclamaron articular una estrategia de unidad amplia, que contemple:

acciones parlamentarias coordinadas,

presencia territorial,

articulación con organizaciones sociales y movimientos del campo popular,

y eventuales movilizaciones.

“Unidad para resistir y también para construir condiciones para la victoria”, sintetizaron los dirigentes, buscando proyectar un mensaje de fortaleza interna en un contexto político adverso.

Marco judicial: el antecedente que condiciona cualquier intento de reforma

El pronunciamiento también remarcó el peso del antecedente judicial.
La resolución de la Cámara Laboral, que consideró inconstitucional el capítulo laboral del Decreto 70/23, opera como límite para cualquier nuevo intento de implementación “exprés”.
En ese fallo —recordaron las fuentes sindicales— se destacó que reformar derechos laborales estructurales por decreto vulnera el principio de división de poderes y debe ser materia exclusiva del Congreso.

Ese escenario obliga al Gobierno a encarar el debate en el recinto, donde no tiene mayoría propia y donde la resistencia sindical comienza a articular alianzas parlamentarias.

La reunión entre las CTA y Unión por la Patria confirma que el debate por la reforma laboral será uno de los ejes centrales de las sesiones extraordinarias.
Con un oficialismo que pretende insistir en cambios estructurales y una oposición que se prepara para bloquear iniciativas consideradas regresivas, el escenario anticipa un diciembre de alta tensión política y sindical.

Para las centrales, la estrategia es clara: consolidar unidad, ocupar el territorio y blindar derechos.
Para el Gobierno, el desafío será convertir su proyecto de modernización laboral en una propuesta capaz de superar resistencias en un Congreso fragmentado.

El choque de visiones ya se instaló. El desenlace, una vez más, dependerá de la correlación de fuerzas dentro y fuera del Parlamento.