El titular nacional de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera (ASIJEMIN), Marcelo Mena, analizó el escenario político y económico tras las elecciones legislativas. Cuestionó la falta de resultados del RIGI, alertó sobre intentos de flexibilización laboral y subrayó la necesidad de “construir desarrollo minero con licencia social y equidad”.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Marcelo Mena abordó el mapa político que dejaron los comicios legislativos y la nueva etapa que se abre para las economías regionales vinculadas a la actividad. Destacó que “en los distritos donde la minería es motor económico, la mayoría respaldó a las fuerzas políticas que promueven el desarrollo del sector”, aunque advirtió que ese respaldo “debe traducirse en resultados concretos y no en discursos vacíos”.

El Representante sindical valoró los avances en la provincia de Mendoza —donde el proyecto San Jorge obtuvo la declaración de impacto ambiental— como un paso importante para la diversificación productiva, pero insistió en que “ningún emprendimiento minero puede sostenerse sin licencia social”. En ese sentido, afirmó que “la licencia social no se otorga de una vez y para siempre, se construye día a día con responsabilidad, transparencia y participación de las comunidades”.

Mena subrayó que el diálogo debe incluir a todos los actores, incluso a los sectores ambientalistas: “No hay que aislar a nadie; la democracia se ejerce también escuchando a quienes disienten. La minería tiene que hacerse bien, con controles, con responsabilidad ambiental y con beneficios reales para la población”.

RIGI y promesas incumplidas

Consultado sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el titular de ASIJEMIN fue categórico: “Hasta ahora no vemos un solo yacimiento que se haya puesto en marcha gracias al RIGI. Hay anuncios, pero no hay inversiones concretas”.

El sindicalista cuestionó que se presenten estas políticas como soluciones automáticas: “El problema no es la falta de incentivos, sino la falta de compromiso real de las empresas. Si se prometen inversiones y no llegan, el Estado debe exigir explicaciones”.

El dirigente gremial recordó que la historia reciente demuestra que “las reformas laborales o tributarias por sí solas no generan empleo”. En esa línea, afirmó que “es el mismo discurso que escuchamos en los años 90: se prometió más trabajo, pero lo que hubo fue desempleo, hambre y desindustrialización”.

Paritarias y defensa del salario

Respecto de la situación salarial, Mena informó que ASIJEMIN alcanzó acuerdos escalonados con empresas como Newmont, Minera Santa Cruz, Cerro Negro y Vanguardia, logrando incrementos “por encima de la inflación” y priorizando la defensa del empleo.

Explicó que el gremio transita actualmente un proceso de conciliación obligatoria en Santa Cruz por despidos en Cerro Negro, con nueva audiencia el 26 de noviembre. “Defendemos cada puesto de trabajo y el poder adquisitivo de los compañeros. Aspiramos a recuperar la previsibilidad de las paritarias anuales, que permitan planificar mejor el salario y la vida de los trabajadores”, sostuvo.

La reforma laboral y el sentido del trabajo

En relación con los proyectos de reforma laboral impulsados por sectores del oficialismo, el referente de ASINEMIN fue contundente: “Ninguna reforma laboral genera empleo. Estas propuestas apuntan a debilitar la organización sindical, eliminar derechos y fomentar la precarización”.

Advirtió que las ideas de ampliar la jornada laboral, flexibilizar despidos o fraccionar las indemnizaciones “nos retrotraen a la década de los 90”. “No hay que tener miedo de decirlo: son medidas regresivas que castigan al trabajador y favorecen la especulación”, expresó.

El gremialista defendió un enfoque diferente: “Si vamos a discutir una reforma laboral, hagámoslo para reducir la jornada a seis horas, fomentar la igualdad de género, facilitar la jubilación anticipada en sectores de alto riesgo y promover la participación de los trabajadores en las ganancias. Esa es la reforma que queremos”.

Mena recordó que en los países desarrollados las jornadas laborales rondan las 36 a 40 horas semanales: “En Argentina tenemos una de las más extensas del mundo. Plantear extenderla a 12 horas es una locura. ¿Dónde queda el tiempo para la familia, para la formación, para la vida?”.

Marcelo Mena sintetiza la mirada de un sindicalismo minero que busca equilibrio entre desarrollo económico, sustentabilidad ambiental y justicia social. Frente a los intentos de flexibilización, reafirma el rol del trabajo como eje de dignidad y cohesión.

“Los minerales pertenecen al pueblo, y el primer beneficiado debe ser la gente”, resumió. Con esa premisa, el dirigente convoca a una agenda que combine producción, diálogo y respeto por los derechos laborales, en un país que necesita inversiones genuinas y un modelo de crecimiento con equidad.

A pocas horas de asumir, la nueva conducción de la CGT activó su primer plan político: tejer alianzas con los gobernadores para impedir que la reforma laboral del gobierno avance en el Congreso. Gerardo Martínez, de la UOCRA, se consolida como figura de equilibrio y principal referente del ala negociadora.

La flamante conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) no tardó en dar señales de acción. Su primer movimiento fue netamente político: abrir una ronda de contactos con gobernadores provinciales para frenar la reforma laboral que el oficialismo pretende aprobar. El planteo se enmarca en una estrategia de contención institucional ante lo que los gremios califican como una iniciativa “anti sindical”, destinada a desarticular el sistema de negociación colectiva vigente.

La propuesta surgió del secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien emergió del congreso cegetista como el dirigente con mayor influencia dentro del nuevo esquema de poder. Su rol resultó determinante para garantizar la lista única y para instalar un clima de moderación que evitó fracturas mayores en la central obrera.

El plan de acción inicial contempla una ronda de reuniones con mandatarios provinciales, en especial con aquellos que podrían actuar como contrapeso dentro del Congreso. Si bien el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo se mostró proclive a “modernizar las leyes laborales”, la CGT ya habría obtenido el apoyo de Martín Llaryora, de Córdoba, para sostener una posición común de rechazo a los cambios estructurales. Otros gobernadores peronistas y aliados podrían sumarse a esa línea de resistencia moderada.

El objetivo político de la central obrera es claro: presionar para que los bloques provinciales no acompañen reformas que erosionen el modelo sindical argentino, en especial las iniciativas que priorizan convenios por empresa o debilitan la negociación colectiva por rama.

Sin embargo, la desconfianza persiste. Las declaraciones del ministro Federico Sturzenegger, quien en un foro internacional propuso “desarticular” la estructura sindical tradicional, reavivaron las alertas dentro de la CGT. La salida de Guillermo Francos del gabinete —considerado un interlocutor confiable por los gremios— y la falta de ascenso del asesor Santiago Caputo, vinculado a sectores gremiales dialoguistas, profundizaron la sensación de incertidumbre.

Un equilibrio inestable

Con una conducción que se presenta más moderada y pragmática, la CGT inicia una etapa de equilibrio político entre el diálogo institucional y la preservación del poder sindical. La estrategia es mantener canales abiertos con el Gobierno sin resignar capacidad de presión, en un contexto económico que tensiona salarios, convenios y estructuras laborales.

En ese marco, el flamante triunvirato integrado por Octavio Argüello (Camioneros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros) mostró una postura de firmeza con vocación negociadora. En sus discursos de asunción, los tres coincidieron en el rechazo a cualquier intento de reforma que debilite los derechos de los trabajadores, aunque destacaron la importancia del diálogo institucional.

El mensaje más destacado fue el de Sola, quien sintetizó la línea política que busca imprimir la nueva conducción:

“El poder político es quien la ciudadanía ha elegido para que estén en mejores condiciones los propios ciudadanos. Nosotros estamos ahí para ayudar. Estamos para incorporarnos a la discusión que sea necesaria, con acuerdos, con diálogos, con tensión y con conflicto. Rechazamos el enfrentamiento y creemos en la tensión constructiva”.

Esa definición marcó el tono de la etapa que comienza: una CGT dispuesta a negociar, pero con límites claros ante cualquier intento de desarticulación sindical.

Las internas y el rol de Martínez

El congreso cegetista que consagró al nuevo triunvirato evitó mayores rupturas gracias al trabajo de contención de Gerardo Martínez y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). Ambos articularon un acuerdo que permitió una lista única aprobada por 1.604 congresales, aunque 547 delegados se retiraron antes de la votación, en señal de descontento con el reparto de poder.

Martínez logró ubicar en el triunvirato a Cristian Jerónimo, uno de sus aliados más cercanos, a pesar de las resistencias iniciales de los sectores conocidos como “los gordos” y del barrionuevismo. En contrapartida, dirigentes como Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Omar Plaini (Canillitas) quedaron fuera de la cúpula principal, reflejando el predominio de un bloque moderado y la marginalización del kirchnerismo sindical.

El resultado fue una CGT ordenada hacia el centro, con una impronta negociadora que busca preservar la institucionalidad gremial sin romper los canales con el poder político.

El “plan de gobernadores” representa mucho más que un primer gesto: es la puesta en marcha de una estrategia política de defensa del modelo sindical argentino, en tiempos en que el gobierno busca reformar las bases del sistema laboral. La nueva CGT, encabezada por dirigentes de perfil dialoguista, intentará sostener el equilibrio entre la cooperación institucional y la firmeza doctrinaria.

En ese tablero, Gerardo Martínez aparece como el verdadero articulador de una etapa donde la política, más que la confrontación, será el principal terreno de disputa del movimiento obrero argentino.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) puso en marcha una amplia encuesta nacional destinada a conocer en profundidad las condiciones laborales, experiencias y percepciones de sus afiliados en las universidades públicas del país. El objetivo, señalan desde la conducción, es fortalecer las políticas de representación y diseñar acciones concretas que mejoren la calidad de vida del sector docente en un contexto de alta tensión económica y educativa.

Un diagnóstico participativo

La FEDUN, una de las organizaciones gremiales más representativas del sistema universitario argentino, lanzó un relevamiento integral que apunta a construir una radiografía actualizada sobre la situación docente.

En un comunicado difundido en su sitio oficial, el gremio explicó que la información recolectada “nos permitirá fortalecer las políticas de representación, diseñar acciones concretas que mejoren la calidad de vida de nuestros afiliados y promover un gremio más participativo, inclusivo y cercano a su gente”.

El planteo no es menor. En un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo, la reducción presupuestaria y el incremento de la precarización laboral en distintos sectores del Estado, el sindicato busca apoyarse en datos verificables para orientar futuras estrategias gremiales y políticas públicas. “Cada voz es importante”, subraya el comunicado, insistiendo en la necesidad de un diagnóstico que refleje “con fidelidad la situación del sector y oriente las decisiones futuras”.

Qué releva el cuestionario

La encuesta —de participación voluntaria y confidencial— recopila información diversa sobre las condiciones de trabajo, formación, salud y contexto sociolaboral de los afiliados.
Entre los datos solicitados se encuentran el gremio de base, género, rango etario, antigüedad docente y lugar de residencia. También se indaga si el encuestado ha ocupado cargos de gestión, si realizó capacitaciones durante el último año o si atravesó situaciones de violencia o discriminación en su ámbito laboral, ya sea de tipo psicológica, simbólica, física o institucional.

Uno de los apartados más sensibles del formulario apunta a conocer el impacto de las condiciones laborales sobre la salud psicofísica de los trabajadores universitarios y si debieron tomar licencias médicas en el último año. También se consulta sobre la existencia de protocolos de intervención ante hechos de violencia institucional o acoso, un aspecto clave en el debate contemporáneo sobre ambientes laborales seguros en la educación superior.

El cuestionario, además, incorpora un capítulo sobre contexto económico y político, donde se invita a reflexionar sobre los cambios percibidos en las condiciones de trabajo: hacinamiento áulico, reducción de dedicación docente, ausencia de concursos, incremento de tareas sin aumento de horas o recortes derivados de modificaciones en los planes de estudio.

Entre la crisis económica y la vida universitaria

El relevamiento no se limita a los aspectos laborales. También explora el costado humano y social de la docencia universitaria en tiempos de crisis: desde el impacto del estrés hasta las estrategias personales para afrontar la inflación, la sobrecarga de tareas o la pérdida de ingresos.
Las opciones de respuesta van desde la reducción de gastos y el cambio de hábitos de consumo hasta la búsqueda de ingresos extra, la migración temporal o el apoyo de familiares y programas sociales.

Este enfoque integral, que abarca tanto la vida profesional como la personal de los docentes, busca ofrecer un panorama más completo del desgaste acumulado en un sector clave del sistema científico y educativo argentino.

El desafío de transformar el diagnóstico en acción

La encuesta impulsada por la FEDUN trasciende el mero relevamiento estadístico. Representa un intento de construir una voz colectiva capaz de traducirse en políticas gremiales más efectivas, en un momento en que la educación superior enfrenta presiones presupuestarias, salariales y simbólicas.

Convertir esos datos en acción será, quizás, el desafío central: que la escucha se transforme en representación real y que el diagnóstico impulse cambios concretos en las universidades nacionales.
En palabras del propio gremio, “cada voz cuenta” —y en ese contar, puede comenzar a delinearse la próxima etapa de la defensa universitaria argentina.