El Gobierno nacional anunció la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cuyas funciones pasarán al Ministerio de Salud. La decisión, presentada como una medida de “orden y transparencia”, se da en un momento de fuerte ajuste sobre el sector, denuncias de corrupción, una causa judicial en curso y la judicialización de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El Ejecutivo nacional profundizó este martes su política de reestructuración del Estado con el anuncio de la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa desde Casa Rosada, donde confirmó que el organismo dejará de existir como ente descentralizado y que sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.

“Tal como la conocemos, la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir”, afirmó Adorni, quien buscó llevar tranquilidad al aclarar que la decisión “no implica el recorte de pensiones ni de prestaciones”. Sin embargo, el anuncio se produce en un clima de creciente tirantez con el sector, luego de meses de ajustes presupuestarios y de la negativa del Ejecutivo a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso y vetada posteriormente por el Presidente, una decisión hoy judicializada.

Desde el Gobierno, la eliminación de la Andis fue justificada como una medida orientada a reducir burocracia y combatir irregularidades. Adorni sostuvo que, desde su creación en 2017, el organismo “acumuló capas administrativas incompatibles con una gestión transparente”, lo que habría derivado —según enumeró— en pensiones mal otorgadas, cobros indebidos, avales médicos sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios no prestados.

El jefe de Gabinete aseguró que, al pasar a la órbita de Salud, las políticas de discapacidad contarán con “criterios sanitarios, trazabilidad de expedientes y auditorías permanentes”, además de una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica, con la eliminación de 16 cargos políticos. “Un sistema eficiente es condición necesaria para que los recursos lleguen a quienes los necesitan”, remarcó.

No obstante, el anuncio dejó zonas de silencio difíciles de ignorar. La Andis se encuentra atravesada por una causa judicial de alto impacto que investiga una presunta red de coimas vinculada a la compra de medicamentos y contrataciones, cuando el organismo era conducido por Diego Spagnuolo, ex funcionario y hombre de estrecha confianza del presidente Javier Milei. La investigación tomó impulso tras la filtración de audios en los que Spagnuolo describía un entramado ilegal y mencionaba a figuras del entorno presidencial, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El fiscal Franco Picardi, a partir del análisis de conversaciones, documentación y anotaciones manuscritas, determinó la existencia de una red con información privilegiada que se repartía clientes, licitaciones y negocios dentro del sistema. Pese a ello, en su exposición pública Adorni evitó toda referencia a ese expediente y centró sus acusaciones exclusivamente en supuestas irregularidades administrativas vinculadas a las pensiones.

La causa judicial continúa avanzando en Comodoro Py. En ese marco, recientemente se negó a declarar Ornella Calvete, ex funcionaria del Ministerio de Economía e hija de Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto jefe de la asociación ilícita. Durante un allanamiento a su domicilio, la Justicia secuestró cerca de 700.000 dólares y más de 19 millones de pesos, cuyo origen no fue justificado. En el expediente también figuran conversaciones que refuerzan las sospechas sobre el entramado de lobby y corrupción en torno a la Andis.

En paralelo, el frente judicial por la Ley de Emergencia en Discapacidad sigue abierto. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inválido el decreto presidencial que suspendía la norma y ordenó su aplicación inmediata en todo el país, al considerar que la medida resultaba discriminatoria. El Gobierno apeló el fallo, pero la Cámara Federal de San Martín deberá resolver mientras la sentencia sigue vigente.

La eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad no es un hecho aislado ni meramente administrativo. Se inscribe en una estrategia más amplia de reducción del Estado, atravesada por conflictos políticos, cuestionamientos sociales y causas judiciales de alto voltaje. Mientras el Gobierno promete eficiencia y transparencia, el cierre de la Andis deja abiertos interrogantes centrales: cómo se garantizarán los derechos de las personas con discapacidad, qué impacto real tendrá la absorción en Salud y, sobre todo, si la reestructuración servirá para esclarecer responsabilidades o terminará diluyendo un escándalo que aún espera respuestas. En un terreno tan sensible, la forma en que se implementen estas decisiones será tan relevante como el anuncio mismo.

Un fallo judicial respaldó los reclamos de la Asociación Bancaria y dejó al descubierto una operación de extrema gravedad institucional: el envío al exterior de toneladas de oro del Banco Central en 2024 se realizó sin contratos ni documentación legal que respalde su destino.

La Justicia federal dio un paso decisivo en una de las causas más sensibles que involucran al manejo de las reservas nacionales. Tras reiterados pedidos de informes impulsados por la Asociación Bancaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se vio obligado a reconocer que la exportación de toneladas de lingotes de oro realizada durante 2024 se efectuó sin respaldo documental alguno.

La admisión oficial llegó luego de más de un año de resistencia a brindar información precisa y quedó plasmada en una nota enviada por la autoridad monetaria a la Auditoría General de la Nación (AGN). Allí, el organismo que preside Santiago Bausili reconoció que la operación no contó con contratos ni instrumentos legales que establecieran condiciones, plazos, custodios ni destino final de los bienes.

Según estimaciones del sector financiero, el volumen de oro enviado al exterior podría superar una valuación de 5.000 millones de dólares, lo que convierte al episodio en uno de los más delicados de los últimos años en materia de administración de activos estratégicos del Estado.

El fallo judicial y la trazabilidad ausente

La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, ya había advertido que el presidente del BCRA no presentó justificativos válidos para negarse a informar sobre el destino de los lingotes.

El tribunal remarcó que, al tratarse de bienes del Estado nacional, el Banco Central tiene la obligación de garantizar la trazabilidad absoluta de las reservas, un principio básico de transparencia y control que, según el fallo, fue vulnerado. La falta de documentación podría configurar responsabilidades penales, al no poder acreditarse el resguardo ni el uso legítimo de activos públicos de alto valor.

Una decisión política bajo la lupa

La controvertida operatoria fue defendida públicamente en reiteradas oportunidades por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que mantener el oro en el país equivalía a tener un activo inmovilizado. “Hoy tenemos oro que es como si fuera un inmueble; no se puede usar para nada. En cambio, si ese oro está afuera, se le puede sacar un retorno”, explicó.

Sin embargo, la revelación de que la exportación se concretó sin contratos ni documentos legales deja esa argumentación en una situación comprometida. Más allá de la lógica financiera invocada, la ausencia de respaldo jurídico abre interrogantes sobre la legalidad, el control y la seguridad de la operación.

La AGN y la posible avanzada judicial

Con el fallo de la Cámara y la admisión formal del BCRA, la Auditoría General de la Nación quedó en condiciones de avanzar con acciones judiciales contra los funcionarios que habrían obstaculizado la auditoría del organismo de control.

La investigación se enmarca en un proceso más amplio sobre el incumplimiento de los deberes de transparencia exigidos a los funcionarios públicos en el manejo de bienes estratégicos del Estado, especialmente en un contexto de fragilidad económica y escasez de reservas.

Un escándalo que crece en un contexto global adverso

El caso adquiere una dimensión aún mayor en medio del rally internacional del precio del oro, que revaloriza significativamente cada tonelada del metal precioso. En ese escenario, la falta de certezas sobre el destino y la custodia de las reservas argentinas no solo representa una anomalía administrativa, sino también un riesgo económico de magnitud.

Lo que comenzó como un reclamo sindical impulsado por la Asociación Bancaria se transformó, con respaldo judicial, en un escándalo institucional de alcance nacional, que compromete al corazón del sistema financiero y expone interrogantes profundos sobre la gestión de los activos más sensibles del país.

Tras la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno de Javier Milei, gremios universitarios, científicos y estatales alertaron sobre un ajuste sin precedentes que, aseguran, pone en riesgo el desarrollo productivo, el sistema educativo y la investigación nacional.

La aprobación de la Ley de Presupuesto 2026 en el Senado de la Nación encendió una fuerte reacción en amplios sectores gremiales y sindicales, que cuestionaron duramente el rumbo fiscal elegido por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto fue sancionado este viernes con 46 votos a favor, una abstención y 25 en contra, en una votación que marcó un hecho político relevante: el peronismo de la Cámara alta se mostró dividido por primera vez desde la asunción del nuevo oficialismo.

Los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy) acompañaron al Gobierno en la votación en general, lo que desató críticas de organizaciones sindicales y del arco opositor, que los señalaron por convalidar un esquema presupuestario considerado regresivo.

El Presidente celebró el resultado como “un hecho histórico”, al destacar que no existen antecedentes de un presupuesto con equilibrio fiscal aprobado por un espacio no peronista con una mayoría tan amplia. El texto aprobado prevé gastos totales por 148 billones de pesos, un superávit primario del 1,2% del PBI y un superávit financiero del 0,3%. Además, proyecta para 2026 una inflación del 10,1% y un crecimiento económico del 5%.

Sin embargo, detrás de esos números macroeconómicos, los gremios advierten un fuerte retroceso en áreas estratégicas. El Presupuesto elimina el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que fijaba un piso mínimo del 6% del PBI para el sector, mantiene congelado el bono para jubilados y reduce un 28,9% la ayuda alimentaria destinada a comedores comunitarios.

El artículo 30 y la alarma en el sistema educativo y científico

Uno de los puntos más cuestionados es el Artículo 30, que suprime los pisos de financiamiento para educación, ciencia y tecnología. Para los sindicatos, esta modificación habilita un ajuste discrecional que pone en riesgo no solo el próximo ciclo lectivo, sino también la continuidad de proyectos de investigación y desarrollo productivo.

Desde CTERA, CONADU Histórica y organismos como el INTA coincidieron en que la medida sienta las bases para una virtual desarticulación del sistema científico-tecnológico nacional. “El objetivo es la extinción de la educación, la ciencia y la tecnología en todos sus niveles”, advirtieron en comunicados conjuntos.

La Confederación de Trabajadores de la Educación denunció además la inconstitucionalidad de la eliminación de los pisos de inversión. En la misma línea, Antonio Rosselló, economista y dirigente de CONADU Histórica, recordó que el 60% de la producción científica del país se realiza en universidades nacionales que hoy carecen de fondos suficientes. “Está en riesgo el comienzo del ciclo lectivo. Con salarios de 250 mil pesos no se puede vivir. Ni siquiera Martínez de Hoz hizo esto”, afirmó.

El mapa del ajuste: cifras que preocupan

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) detallaron el alcance del recorte en distintas áreas del Estado. Según el gremio, la Función Ciencia, Tecnología e Innovación sufre una caída del 48,8%; el CONICET, del 39%; la Agencia Nacional de Discapacidad, del 27%; Educación y Cultura, del 47,3%; y las asignaciones familiares, un 87,5%.

También se registran fuertes recortes en la Comisión Nacional de Energía Atómica (-53%), el INTA (-45%), el INTI (-49%), el desarrollo de la educación superior (-33,8%) y la gestión de becas estudiantiles, que prácticamente desaparecen con una reducción del 76,6%.

ATE subrayó además que la única partida con crecimiento real es la correspondiente a la ex SIDE, que aumenta un 19%. “Algún día tendrán que explicar a dónde va a parar y qué hacen con tanta plata”, señalaron desde el sindicato.

Una advertencia sobre el futuro

El titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Carlos Schmid, sintetizó el rechazo gremial con una definición contundente: “Se acaba de sancionar el atraso de la Argentina. Hoy la riqueza está en el conocimiento, y por eso se disputan el liderazgo global China y Estados Unidos. Lamentablemente, hemos decidido ser ignorantes”.

Mientras el Gobierno reivindica el equilibrio fiscal como pilar de su programa económico, los gremios advierten que el costo del ajuste recae sobre las bases mismas del desarrollo nacional y anticipan un año de conflicto creciente en defensa de la educación, la ciencia y el trabajo.