Reforma laboral: Gobernadores denuncian una “reforma tributaria encubierta” en el proyecto oficial
El capítulo tributario de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo encendió la alarma en las provincias. Los cambios en Ganancias y la eliminación de impuestos internos amenazan con recortar recursos coparticipables clave, en un marco de finanzas provinciales ya tensionadas y una distribución desigual de beneficios fiscales.
La reforma laboral que el Gobierno nacional busca aprobar en las próximas semanas abrió un nuevo y delicado frente de conflicto político. Esta vez, el foco no está puesto en los sindicatos ni en el Congreso, sino en las provincias, que advierten que el proyecto incluye modificaciones tributarias con impacto directo sobre la coparticipación federal y denuncian una transferencia de costos hacia los distritos subnacionales.
El núcleo de la preocupación reside en los cambios propuestos al impuesto a las Ganancias, uno de los tributos con mayor peso en la masa coparticipable. Según el proyecto de “modernización laboral”, se plantea una reducción de alícuotas para las sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto para los alquileres destinados a vivienda. Para los gobernadores, estas medidas implican una caída automática de recursos sin ningún mecanismo de compensación.
De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo inicial de estas modificaciones alcanzaría el 0,22% del PBI, equivalente a $1,9 billones anuales. De ese total, $1,12 billones impactarían de manera directa en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que verían reducidos sus ingresos coparticipables.
Impacto desigual y beneficios concentrados
La pérdida de recursos no sería homogénea. La provincia de Buenos Aires aparece como la más afectada, con un recorte estimado en $238.558 millones, seguida por Santa Fe, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Tucumán y Mendoza. En todos los casos, se trata de distritos con estructuras fiscales frágiles y fuertes compromisos en materia de educación, salud y asistencia social.
Desde el Gobierno, la defensa oficial se apoya en el argumento de que la baja de Ganancias busca mejorar la rentabilidad empresaria y estimular la inversión privada. Sin embargo, en las provincias cuestionan con dureza el reparto de costos y beneficios. El senador Jorge Capitanich fue uno de los más explícitos al calificar la iniciativa como “una reforma tributaria encubierta” que favorece a un grupo reducido de grandes empresas.
Los números refuerzan esa crítica: el tramo más alto del impuesto a las Ganancias, que concentra el 76% de la recaudación, alcanza apenas a 1.856 sociedades, alrededor del 1% del total. La reducción de alícuotas, sostienen los detractores del proyecto, beneficia a ese universo acotado mientras traslada el ajuste al conjunto de las provincias.
Impuestos internos y otro golpe a la coparticipación
A los cambios en Ganancias se suma la eliminación de impuestos internos que gravan rubros como seguros, telefonía celular, artículos suntuarios, vehículos de alta gama, embarcaciones de recreo y aeronaves. Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta decisión tendría un costo fiscal cercano a los 334 millones de dólares anuales, aunque Capitanich eleva esa cifra a 548 millones.
Se trata, además, de tributos coparticipables desde 1996, por lo que su eliminación representa otro recorte directo a las finanzas provinciales. La preocupación se agrava si se considera que, en paralelo, el Estado nacional continúa trasladando responsabilidades a los distritos —como en el caso de la educación— sin garantizar los recursos necesarios para sostenerlas.
El malestar provincial se potencia por las asimetrías en la distribución de transferencias automáticas. Un informe de Politikon Chaco revela que las provincias alineadas con el oficialismo registraron incrementos superiores al 200%, mientras que los distritos más críticos del Gobierno no alcanzaron el 50%, profundizando las tensiones políticas y fiscales.
Con el dictamen ya firmado, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, se preparan para una ronda de negociaciones que promete ser intensa. El objetivo oficial es llevar el proyecto al recinto en la segunda semana de febrero, aunque el desenlace permanece abierto.
El interrogante central no es solo si la reforma laboral logrará los votos necesarios, sino si el Gobierno estará dispuesto a revisar su capítulo tributario para evitar una ruptura más profunda con las provincias. En un contexto de ajuste fiscal, recursos escasos y creciente desigualdad territorial, la discusión expone una rigidez estructural: quién paga el costo de las reformas y quién se queda con sus beneficios.
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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país
El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.
El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.
Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.
La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.
La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.
En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.
Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones
La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.
El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.
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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes
El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.
Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.
Una inversión de $28.011 millones
La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.
Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.
En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.
La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.
Más capacidad y conectividad para la red
El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.
La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.
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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027
Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.
El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.
Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes
La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.
Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.
Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.
Cautela para el cierre de 2026
Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.
Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.
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