Reforma laboral: Gobernadores denuncian una “reforma tributaria encubierta” en el proyecto oficial

El capítulo tributario de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo encendió la alarma en las provincias. Los cambios en Ganancias y la eliminación de impuestos internos amenazan con recortar recursos coparticipables clave, en un marco de finanzas provinciales ya tensionadas y una distribución desigual de beneficios fiscales.

La reforma laboral que el Gobierno nacional busca aprobar en las próximas semanas abrió un nuevo y delicado frente de conflicto político. Esta vez, el foco no está puesto en los sindicatos ni en el Congreso, sino en las provincias, que advierten que el proyecto incluye modificaciones tributarias con impacto directo sobre la coparticipación federal y denuncian una transferencia de costos hacia los distritos subnacionales.

El núcleo de la preocupación reside en los cambios propuestos al impuesto a las Ganancias, uno de los tributos con mayor peso en la masa coparticipable. Según el proyecto de “modernización laboral”, se plantea una reducción de alícuotas para las sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto para los alquileres destinados a vivienda. Para los gobernadores, estas medidas implican una caída automática de recursos sin ningún mecanismo de compensación.

De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo inicial de estas modificaciones alcanzaría el 0,22% del PBI, equivalente a $1,9 billones anuales. De ese total, $1,12 billones impactarían de manera directa en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que verían reducidos sus ingresos coparticipables.

Impacto desigual y beneficios concentrados

La pérdida de recursos no sería homogénea. La provincia de Buenos Aires aparece como la más afectada, con un recorte estimado en $238.558 millones, seguida por Santa Fe, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Tucumán y Mendoza. En todos los casos, se trata de distritos con estructuras fiscales frágiles y fuertes compromisos en materia de educación, salud y asistencia social.

Desde el Gobierno, la defensa oficial se apoya en el argumento de que la baja de Ganancias busca mejorar la rentabilidad empresaria y estimular la inversión privada. Sin embargo, en las provincias cuestionan con dureza el reparto de costos y beneficios. El senador Jorge Capitanich fue uno de los más explícitos al calificar la iniciativa como “una reforma tributaria encubierta” que favorece a un grupo reducido de grandes empresas.

Los números refuerzan esa crítica: el tramo más alto del impuesto a las Ganancias, que concentra el 76% de la recaudación, alcanza apenas a 1.856 sociedades, alrededor del 1% del total. La reducción de alícuotas, sostienen los detractores del proyecto, beneficia a ese universo acotado mientras traslada el ajuste al conjunto de las provincias.

Impuestos internos y otro golpe a la coparticipación

A los cambios en Ganancias se suma la eliminación de impuestos internos que gravan rubros como seguros, telefonía celular, artículos suntuarios, vehículos de alta gama, embarcaciones de recreo y aeronaves. Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta decisión tendría un costo fiscal cercano a los 334 millones de dólares anuales, aunque Capitanich eleva esa cifra a 548 millones.

Se trata, además, de tributos coparticipables desde 1996, por lo que su eliminación representa otro recorte directo a las finanzas provinciales. La preocupación se agrava si se considera que, en paralelo, el Estado nacional continúa trasladando responsabilidades a los distritos —como en el caso de la educación— sin garantizar los recursos necesarios para sostenerlas.

El malestar provincial se potencia por las asimetrías en la distribución de transferencias automáticas. Un informe de Politikon Chaco revela que las provincias alineadas con el oficialismo registraron incrementos superiores al 200%, mientras que los distritos más críticos del Gobierno no alcanzaron el 50%, profundizando las tensiones políticas y fiscales.

Con el dictamen ya firmado, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, se preparan para una ronda de negociaciones que promete ser intensa. El objetivo oficial es llevar el proyecto al recinto en la segunda semana de febrero, aunque el desenlace permanece abierto.

El interrogante central no es solo si la reforma laboral logrará los votos necesarios, sino si el Gobierno estará dispuesto a revisar su capítulo tributario para evitar una ruptura más profunda con las provincias. En un contexto de ajuste fiscal, recursos escasos y creciente desigualdad territorial, la discusión expone una rigidez estructural: quién paga el costo de las reformas y quién se queda con sus beneficios.