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Los empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina (ANSES) percibirán un nuevo incremento en los sueldos del 23,13%, en el marco de la firma de la revisión salarial del sector celebrada ayer por las conducciones gremiales en el ministerio de Trabajo.

El nuevo acuerdo paritario establece un aumento del 10% en febrero, 8% en marzo y un 5,13% en abril, a aplicar sobre el valor de la Unidad Retributiva (UR) vigente en enero de 2023.

Lo pactado entre los sindicatos con representación en el organismo y las autoridades de ANSES determinó que a partir de febrero se incrementará en 200 UR más el incentivo a la productividad (POA).

A su vez, habrá suba en los ítems de Reconocimiento Específico Previsional y Reintegro por Guardería. También se incrementará el Premio a la Trayectoria.

La revisión de lo firmado en la jornada de ayer será puesto en revisión en mayo próximo, según confirmaron a Mundo Gremial.

El acuerdo contó con el aval de las delegaciones de UPCN y ATE en el organismo y del Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi).

La Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Socia (APOPS) rechazó la oferta de la ANSES y denunció que la patronal se negó a dar tratamiento al reclamo de devolución de Impuesto a las Ganancias.


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Estatales van a la Justicia para frenar el régimen de disponibilidad de Sturzenegger

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que presentará una acción judicial para detener el Registro de Personal en Situación de Disponibilidad, calificándolo como ilegal y violatorio de la estabilidad laboral.

La medida, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca facilitar el despido de trabajadores de la planta permanente del Estado. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, calificó el régimen como «manifiestamente ilegal», incluso considerando las facultades extraordinarias otorgadas al Poder Ejecutivo.

Aguiar destacó que solo gobiernos militares han aplicado medidas similares, afectando el derecho constitucional a la estabilidad laboral. La acción judicial será presentada de manera conjunta por los equipos jurídicos de ATE Nacional y ATE Capital, liderados por Matías Cremonte, Director del Departamento Jurídico Nacional, y Lucas Arakaki, Jefe de Jurídicos de ATE Capital, junto a Suyai Lutz, integrante del equipo.

El referente de la ATE subrayó la importancia de la unidad política y el trabajo conjunto de los equipos jurídicos de ATE, que han logrado resultados positivos en casos recientes. «La Justicia debe actuar de inmediato para proteger los derechos de los trabajadores de la planta permanente», enfatizó.

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Escándalo en la Dirección Nacional de Vialidad: Licitación millonaria para compra de neumáticos en vísperas de su cierre

La Dirección Nacional de Vialidad, organismo que se encuentra en proceso de disolución por decisión del gobierno de Javier Milei, generó un escándalo al lanzar una licitación millonaria para la compra de neumáticos. La licitación, que asciende a 2,4 millones de dólares, tiene como objetivo adquirir neumáticos destinados a la flota de vehículos y equipos viales de la institución.

Esta decisión originó fuertes críticas y sospechas de irregularidades por parte de los sindicatos y trabajadores de la institución. Fabián Cattanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), denunció que «están reequipando a una Vialidad Nacional disuelta», y sugirió que los materiales podrían ser transferidos a concesionarios o provincias, en contravención con normativas de ética pública y contrataciones estatales.

Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (STV), comparó la situación con la década del 90: «En la época de Menem se pavimentaban rutas que después pasaban a ser concesionadas. Esta licitación y la del sistema de vigilancia se hacen justo cuando cierran Vialidad, y nadie explica cómo será la reestructuración».

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Gremios docentes de la CGT denunciaron al Gobierno ante la OIT por violación de derechos sindicales

Los gremios docentes de la CGT, UDA y CEA, denunciaron al Gobierno de Javier Milei ante la OIT por la violación de los Convenios 87 de libertad sindical y 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, ratificados por la Argentina.

La Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), gremios adheridos a la CGT, presentaron una queja formal ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La medida surge tras la entrada en vigencia del Decreto 341/2025, que según los gremios, «desmanteló el sistema de negociación colectiva a nivel nacional para el sector docente».

La Situación de los Docentes en Argentina

La paritaria docente fue «vaciada de contenido, convertida en una figura casi simbólica», con el objetivo de «desactivarla, cercenar derechos constitucionales y desentender al Estado de la inversión que por ley corresponde». Los sindicatos alertaron sobre la crítica situación salarial de los docentes, indicando que «el salario inicial docente permanece congelado en $500.000», mientras que el Estado se «aleja de la inversión educativa establecida por la legislación vigente».

La Exigencia de los Gremios

Los gremios exigieron «una convocatoria urgente a la paritaria, en un marco adecuado y de respeto a las negociaciones colectivas, para evitar que miles de docentes sigan por debajo de la línea de pobreza». La presentación ante la OIT alerta también sobre la grave preocupación de los sindicatos docentes por la regresión de los derechos laborales y la situación económica que enfrentan los educadores en el país.

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