La ministra de Seguridad de la Nación encabezó la tercera reunión del Consejo de Seguridad Interior, con representantes provinciales y los jefes de las cinco fuerzas federales. La agenda incluyó el dispositivo por la visita de León XIV, el bloqueo de celulares en cárceles y la prevención del suicidio entre los efectivos.

San Juan se convirtió este viernes en sede de la tercera reunión del Consejo de Seguridad Interior, con la presencia de autoridades de las distintas jurisdicciones y de los jefes de las cinco fuerzas federales. La apertura estuvo a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien planteó la coordinación entre Nación y provincias como uno de los principales instrumentos para abordar los desafíos de seguridad.

La funcionaria llegó a la provincia acompañada por una agenda que tuvo tres asuntos centrales: el dispositivo previsto para la visita del papa León XIV, el control de las comunicaciones desde las cárceles y las políticas de bienestar y prevención del suicidio dentro de las fuerzas de seguridad.

El operativo por la visita papal ocupará un lugar relevante durante las próximas semanas. León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. El Gobierno nacional ya dispuso comandos unificados federales para coordinar los despliegues especiales en Córdoba, Buenos Aires, Luján y Claypole. Las resoluciones oficiales contemplan la intervención articulada de organismos nacionales y fuerzas federales con las autoridades locales.

Monteoliva señaló que el dispositivo deberá contemplar el movimiento de personas por rutas, aeropuertos, puertos y pasos fronterizos y remarcó que ninguna jurisdicción puede afrontar por sí sola un operativo de esa magnitud. La coordinación abarcará las etapas previas, el desarrollo de las actividades y el repliegue posterior.

El segundo asunto estuvo vinculado con las comunicaciones desde establecimientos penitenciarios. La ministra reclamó avanzar con la adhesión de las provincias al programa de detección y bloqueo de teléfonos celulares en las cárceles y sostuvo que impedir comunicaciones vinculadas con organizaciones criminales constituye una herramienta para limitar su capacidad operativa.

Según los datos expuestos por Monteoliva, las requisas realizadas dentro del Servicio Penitenciario Federal aumentaron 330% desde 2023. La funcionaria también planteó que la visita de León XIV a la cárcel de Devoto puede convertirse en una oportunidad para retomar la discusión sobre el futuro del establecimiento y su eventual traslado al complejo penitenciario de Marcos Paz.

El tercer punto de la exposición estuvo relacionado con la salud mental de los integrantes de las fuerzas de seguridad y la prevención del suicidio. Monteoliva sostuvo que el abordaje requiere coordinación entre organismos nacionales, gobiernos provinciales y las áreas de bienestar de cada fuerza.

“Quienes eligen cuidar a los demás también necesitan ser cuidados”, afirmó la ministra, al plantear que la atención de los efectivos, sus familias y sus entornos debe formar parte de las políticas permanentes de seguridad.

El vicegobernador Fabián Martín reivindicó la articulación entre las distintas jurisdicciones y sostuvo que la seguridad constituye un derecho cuya protección requiere coordinación institucional. El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, destacó a su vez la presencia de las autoridades nacionales y provinciales y comprometió la disposición de la provincia para aportar recursos humanos y tecnológicos.

El encuentro incluyó además exposiciones sobre bienestar de las fuerzas, operativos y herramientas para fortalecer la prevención. La agenda fue presentada por el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco, junto con representantes de las distintas jurisdicciones.

Al cerrar su intervención, Monteoliva mencionó datos oficiales que muestran una reducción de los homicidios dolosos y de determinados robos durante el primer semestre de 2026. La ministra advirtió, sin embargo, que los indicadores estadísticos deben traducirse en una percepción concreta de mayor seguridad para la población.

El conflicto salarial y presupuestario de las universidades nacionales volvió a escalar después de una nueva reunión paritaria sin acuerdo. El Frente Sindical de Universidades Nacionales rechazó la propuesta oficial y resolvió convocar a un paro nacional para el 18 y el 22 de septiembre, además de fijar 23 jornadas de protestas en distintos puntos del país y una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.

La decisión fue adoptada luego de que el Gobierno volviera a presentar una actualización salarial del 3%, oferta que las organizaciones gremiales ya habían rechazado. Para el Frente Sindical, ese porcentaje no responde al deterioro acumulado de los ingresos y tampoco contempla, según su interpretación, los alcances de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

El artículo 5 de la Ley 27.795 establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas tomando como referencia la evolución del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de disponer que los aumentos sean remunerativos y bonificables.

Los gremios sostienen que, a partir de esa referencia y de una medida cautelar judicial, existe un retraso salarial del 33,4% y una deuda acumulada que estiman equivalente a unos cuatro salarios. Esas cifras corresponden al cálculo difundido por las organizaciones sindicales y forman parte de su argumentación para rechazar la propuesta oficial.

El nuevo cronograma tendrá alcance a nivel nacional. Las jornadas de lucha se extenderán durante las próximas semanas y buscarán mantener la discusión sobre salarios, financiamiento y funcionamiento de las universidades hasta la movilización prevista para octubre.

La quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre, será la principal expresión colectiva del nuevo ciclo de medidas. El Frente Sindical vinculó la convocatoria con la defensa de salarios, becas estudiantiles, recursos para docencia, investigación y extensión y financiamiento de los hospitales universitarios.

En San Juan, los gremios docentes y no docentes de la UNSJ se suman al paro nacional previsto para el viernes 18 y el martes 22 de septiembre.

El Frente Sindical reúne a organizaciones docentes y no docentes como FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, UDA y CTERA, que resolvieron sostener una acción conjunta frente a la falta de acuerdo en las negociaciones.

La disputa combina así dos planos que los gremios consideran inseparables: la recomposición de los ingresos del personal universitario y el financiamiento de las instituciones. Con dos nuevas jornadas de paro inmediatas, 23 días de movilización y una Marcha Federal ya fijada, la discusión salarial vuelve a ocupar el centro de la agenda universitaria nacional.

Los docentes universitarios cumplen este jueves un nuevo paro nacional, en coincidencia con el Día del Profesor, luego de que la audiencia paritaria terminara nuevamente sin acuerdo. En simultaneo, el CIN cuestiona los $7,349 billones previstos por el Gobierno para las universidades y reclama elevarlos a $11 billones.

El conflicto en las universidades públicas volvió a quedar sin una salida inmediata. La nueva audiencia paritaria entre el Gobierno nacional y los gremios docentes terminó este jueves sin acuerdo y sin una propuesta que permitiera acercar posiciones, mientras las casas de altos estudios enfrentan otra disputa de fondo por los recursos previstos para 2027.

La medida de fuerza coincide con el Día del Profesor y se desarrolla mientras las organizaciones sindicales solicitan una recomposición salarial superior a la ofrecida por el Ejecutivo. La última propuesta oficial había contemplado un aumento del 3% para septiembre, una pauta que los gremios rechazaron por considerarla insuficiente frente al deterioro acumulado de los ingresos.

La negociación salarial está vinculada además con el pedido urgente en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya instrumentación constituye uno de los principales puntos de desacuerdo entre las organizaciones docentes y el Gobierno.

A la discusión salarial se suma ahora la definición de los recursos para el próximo ejercicio. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla $7,349 billones para las universidades nacionales, destinados al funcionamiento, la inversión y programas especiales.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una estimación sustancialmente superior. El organismo que reúne a los rectores aprobó un proyecto propio por $11 billones, cifra que considera necesaria para sostener el funcionamiento del sistema universitario durante 2027.

La diferencia asciende a aproximadamente $3,65 billones, por lo que la discusión parlamentaria se convirtió en otro de los puntos centrales de la disputa. Durante la presentación del proyecto ante diputados y senadores, el titular del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que, si el Congreso no modifica y actualiza la partida, las universidades podrían enfrentar dificultades para iniciar normalmente el próximo ciclo lectivo.

El Gobierno sostiene una interpretación diferente. Según la posición oficial, el proyecto contempla los efectos de la cautelar judicial, una inflación proyectada del 18% y un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento. El Ejecutivo también cuestiona la metodología utilizada por los rectores para calcular los recursos que, según el CIN, exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

De este modo, la negociación combina dos discusiones que, aunque tienen ámbitos formales diferentes, repercuten sobre el funcionamiento de las instituciones: los salarios del personal docente y nodocente y los fondos disponibles para sostener las universidades durante el próximo año.

Los sindicatos consideran que la mejora de los sueldos está estrechamente ligada a la devolución de los fondos para las universidades. La ausencia de acuerdos en las negociaciones, junto con la brecha entre las estimaciones del CIN y los recursos previstos por el Gobierno, deja la puerta abierta a nuevas protestas.