La reactivación de la Ruta 40 Sur volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública sanjuanina luego de que el Gobierno nacional avanzara en una propuesta para regularizar la deuda con las empresas contratistas y garantizar la continuidad de las obras en ejecución. El entendimiento alcanzado en Casa Rosada entre el gobernador Orrego y funcionarios nacionales abrió una instancia de negociación que, de prosperar, permitirá retomar uno de los proyectos viales más relevantes para la provincia.

Ruta 40 Sur: un acuerdo para destrabar una obra estratégica

La reunión mantenida en Buenos Aires dejó una señal concreta para las constructoras que intervienen en el tramo 2, ubicado entre Cochagual y Tres Esquinas, en el departamento Sarmiento. Según informó el Gobierno provincial, Nación trabaja en una propuesta de cancelación de las obligaciones pendientes mediante un esquema combinado de bonos, desembolsos en efectivo y pagos escalonados.

La iniciativa busca otorgar previsibilidad financiera a las empresas y destrabar una obra que quedó condicionada por las dificultades presupuestarias que atravesó la administración nacional durante los últimos meses. El proyecto cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), canalizado a través de Vialidad Nacional, por lo que la responsabilidad de los desembolsos corresponde al Estado nacional.

La culminación de este tramo, de aproximadamente 28 kilómetros, aparece como un paso indispensable para avanzar luego sobre los segmentos restantes de la autopista, que unirán la Capital sanjuanina con Sarmiento y extenderán el corredor hasta el límite con Mendoza.

El sector empresario celebra las gestiones y reclama continuidad

La posibilidad de reactivar los trabajos fue recibida con optimismo por el empresariado local. Desde la Cámara Empresarial de San Juan valoraron que la recuperación de la inversión en infraestructura constituye una condición necesaria para sostener el crecimiento productivo y mejorar la competitividad provincial.

Su presidente, Enrique Velasco, consideró que la reanudación de la Ruta 40 representa una señal positiva luego de un período marcado por la paralización de proyectos de gran envergadura. No obstante, advirtió que las expectativas no se limitan al tramo actualmente en discusión.

El dirigente sostuvo que la atención también está puesta en los sectores que aún no fueron licitados. Se trata del tramo 1, que conectará la Ciudad de San Juan con Sarmiento, y del tramo 3, previsto desde ese departamento hasta el límite provincial. Ambos segmentos son considerados fundamentales para completar la transformación integral del corredor.

Infraestructura para acompañar el crecimiento económico

Desde el ámbito empresarial remarcan que la modernización de la Ruta 40 trasciende la mejora de la conectividad vial. La obra es observada como una pieza clave para acompañar la expansión de actividades con fuerte capacidad de generación de empleo e inversiones, particularmente la minería.

La consolidación de un corredor más seguro y eficiente también permitiría fortalecer el vínculo logístico con Mendoza y optimizar el transporte de bienes y servicios entre ambas provincias, una demanda histórica de los sectores productivos.

Velasco recordó además que las dificultades financieras que afectaron a los proyectos viales no fueron exclusivas de San Juan, ya que obras similares en Mendoza también quedaron interrumpidas pese a registrar importantes niveles de avance.

Financiamiento internacional y expectativas para nuevos proyectos

Otro de los aspectos valorados por el empresariado es la planificación impulsada por la administración provincial para acceder a nuevas líneas de financiamiento internacional destinadas a infraestructura.

La autorización nacional para la emisión de bonos vinculados a obras públicas aparece como una herramienta que podría facilitar la obtención de créditos multilaterales y acelerar iniciativas consideradas prioritarias. Entre ellas figura la mejora de la Ruta 20 en Caucete, además de los futuros tramos de la Ruta 40 Sur.

En ese sentido, el acceso al crédito es visto por las cámaras empresariales como una condición indispensable para sostener planes de inversión de gran escala. Las pequeñas y medianas empresas constructoras, que concentran buena parte del empleo del rubro, carecen de capacidad para afrontar proyectos de esta magnitud con recursos propios, aunque sí pueden integrarse mediante asociaciones empresariales que les permitan competir y participar en las licitaciones.

La definición que adopte Nación en las próximas semanas será determinante. Si la propuesta logra conformar a las contratistas, San Juan podría recuperar una obra largamente demorada que no sólo mejorará la infraestructura vial, sino que también funcionará como un indicador de la capacidad de reactivar inversiones estratégicas en un período marcado por las restricciones presupuestarias y la necesidad de impulsar la actividad económica.

El espacio sindical cuestionó las afirmaciones sobre la competitividad local y reclamó que los beneficios del RIGI alcancen también a firmas nacionales. La polémica se da tras la adjudicación de obras vinculadas al proyecto Vicuña.

La polémica desatada por la adjudicación de la construcción del campamento del proyecto Vicuña sumó un nuevo actor. La Intersindical San Juan difundió un duro pronunciamiento en respuesta a las declaraciones de José Morea, presidente de la Cámara Minera de San Juan y Country Director de Vicuña, quien había planteado la necesidad de preguntarse por qué los argentinos “no somos más competitivos”.

La organización sindical rechazó esa definición y sostuvo que las empresas nacionales han demostrado durante décadas capacidad técnica, experiencia y solvencia para ejecutar obras de gran escala vinculadas a la actividad minera.

En el documento, además, cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que otorga ventajas que terminan favoreciendo principalmente a grupos extranjeros. Desde la entidad reclamaron que las mismas condiciones promocionales se extiendan a capitales y compañías argentinas para garantizar una competencia en igualdad de condiciones.

Como respaldo de su posición, la Intersindical recordó que los campamentos de Veladero y Pascua Lama fueron construidos por firmas nacionales, antecedentes que, a su entender, refutan cualquier planteo que ponga en duda la capacidad operativa de la industria local.

El comunicado también se refirió a la reciente licitación del campamento de Vicuña. Según señalaron, la propuesta presentada por la empresa argentina que finalizó en segundo lugar fue apenas superior a la del consorcio adjudicatario encabezado por la firma china PowerChina, una diferencia que, sostienen, no permite atribuir el resultado a una supuesta falta de competitividad.

En este sentido, la Intersindical de San Juan reafirmó su defensa de la participación de proveedores nacionales en los grandes desarrollos mineros y convocó a una conferencia de prensa para este jueves a las 11 horas en la sede de ASIJEMIN, ubicada en calle 9 de Julio 647 Oeste, donde ampliará su posición sobre la controversia.

Con una inversión inicial de US$ 9.700 millones, el megaproyecto de cobre obtuvo la aprobación para incorporarse al régimen de incentivos. Las proyecciones contemplan exportaciones por US$ 2.600 millones anuales y más de 30.000 puestos de trabajo.

La minería argentina acaba de sumar uno de los hitos más relevantes de las últimas décadas. El Comité Evaluador aprobó el ingreso del proyecto Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una decisión que despeja el camino para el desarrollo de una iniciativa que prevé desembolsos iniciales por US$ 9.700 millones y que podría escalar hasta los US$ 18.000 millones durante su vida útil.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el emprendimiento impulsado por las compañías BHP y Lundin se perfila como el mayor desarrollo minero de la historia del país y uno de los cinco proyectos de cobre más importantes del mundo.

La magnitud económica explica la relevancia de la aprobación. De acuerdo con las estimaciones difundidas por las empresas, Vicuña podría generar exportaciones superiores a los US$ 2.600 millones anuales, transformándose en uno de los principales complejos generadores de divisas de la economía argentina.

El impacto también se proyecta sobre el empleo. Durante las distintas etapas de construcción y operación se prevé la creación de más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Actualmente, el proyecto ya ocupa a 2.615 personas, de las cuales 2.421 desarrollan tareas en Argentina. Más del 92% de la plantilla corresponde a trabajadores nacionales y, entre el personal propio, ocho de cada diez empleados provienen de San Juan.

La integración con la economía provincial constituye otro de los aspectos destacados por la compañía. En la actualidad participan 245 empresas proveedoras vinculadas a servicios de exploración, transporte, obras, logística y mantenimiento. De ese universo, 150 tienen base en San Juan, lo que representa más del 60% de las contrataciones activas.

La hoja de ruta presentada este año contempla un desarrollo por etapas que combinará los recursos de Josemaría y Filo del Sol, dos de los descubrimientos cupríferos más relevantes de los últimos años. Según la Evaluación Económica Preliminar difundida en febrero, el complejo podría alcanzar una producción promedio anual de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata durante los primeros 25 años de explotación.

La aprobación dentro del RIGI representa mucho más que un beneficio fiscal. Marca el inicio de una nueva etapa para una iniciativa llamada a redefinir la escala de la minería argentina y a convertir a San Juan en uno de los principales polos cupríferos de América Latina, en un momento en que la demanda global de cobre se expande al ritmo de la transición energética y la electrificación de las economías.