La suspensión de los trabajos en el tramo Cochagual–Tres Esquinas de la Ruta Nacional 40 dejó sin empleo a 95 operarios y volvió a encender alarmas en el sector de la construcción. Desde la UOCRA atribuyen la decisión al desfinanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y a la acumulación de certificados impagos por parte del Estado nacional.

La obra de la Ruta 40 Sur quedó oficialmente paralizada este miércoles tras una asamblea entre la Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria y los trabajadores. El encuentro formalizó lo que ya se anticipaba en el obrador: la suspensión de tareas y el despido de los 95 obreros afectados al proyecto.

El secretario general de la UOCRA San Juan, Alberto Tovares, confirmó la situación y no ocultó su preocupación por el impacto inmediato. “Nos levantamos con la mala noticia de que la obra se paralizó otra vez y la verdad es que es una situación grave. Como dirigente, estas cosas te descolocan”, expresó.

Según explicó, la empresa comunicó que no podía continuar ante la falta de pagos del Estado nacional. “Hay certificados impagos desde septiembre y la UTE ya no puede sostener la actividad. Hacer trabajar a la gente sin cobrar no tiene sentido”, sostuvo.

Detrás de la definición administrativa se esconde un problema estructural: la obra pública, especialmente aquella apalancada con financiamiento externo, depende de un delicado equilibrio entre desembolsos internacionales y compromisos fiscales internos. Cuando esa ecuación se rompe, el primer eslabón en resentirse es el empleo.

El impacto social del ajuste

Tovares puso el acento en la dimensión humana de la medida. “No hablamos solo de 100 trabajadores, sino de 100 familias. El ajuste siempre termina recayendo sobre el trabajador”, afirmó, visiblemente molesto.

En un sector históricamente vinculado a la inversión estatal, la paralización de proyectos no solo implica la pérdida de ingresos directos, sino también el deterioro de economías regionales que orbitan en torno a cada obra: proveedores, transportistas, pequeños comercios y servicios asociados.

La construcción, por su efecto multiplicador, funciona como termómetro de la actividad económica. Cuando se detiene, el impacto trasciende el perímetro del obrador.

Un proyecto estratégico con avance mínimo

El tramo Cochagual–Tres Esquinas, de 27 kilómetros, es considerado clave para convertir la Ruta 40 en autopista y mejorar la conectividad entre el sur de San Juan y Mendoza. Sin embargo, la iniciativa arrastra demoras crónicas.

La obra se ejecutaba con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y había sido retomada en junio de 2024, tras gestiones entre el Gobierno provincial y la administración del presidente Javier Milei. Aquella reactivación fue presentada como un punto de inflexión en medio del repliegue generalizado de la obra pública nacional.

No obstante, la ausencia de nuevos desembolsos volvió a frenar su desarrollo. De acuerdo con el dirigente sindical, luego de casi dos años y medio de ejecución, el avance acumulado apenas alcanza el 8% del total previsto, un indicador que evidencia la sucesión de interrupciones y la fragilidad financiera del proyecto.

La reiteración de anuncios de reactivación que no logran consolidarse profundiza la incertidumbre. “La vez pasada se dijo que se retomaba la obra con financiamiento del BID, y hoy volvemos al punto de partida”, lamentó Tovares.

Infraestructura y política fiscal: una tensión persistente

El caso de la Ruta 40 Sur expone una tirantez más amplia: el ajuste fiscal impulsado a nivel nacional y su correlato en la inversión en infraestructura. En un escenario de restricción presupuestaria, la priorización del equilibrio de las cuentas públicas compite con la necesidad de sostener proyectos estratégicos para el desarrollo regional.

La dependencia de organismos multilaterales agrega un condicionante adicional. Sin desembolsos efectivos, la cadena de pagos se interrumpe y las empresas adjudicatarias quedan sin margen operativo. El resultado es previsible: paralización, despidos y obras inconclusas.

Por el momento, no existen confirmaciones oficiales sobre una eventual reanudación de los trabajos. La incertidumbre domina el panorama y deja en suspenso tanto el futuro laboral de los trabajadores como la concreción de una infraestructura considerada vital para la conectividad cuyana.

La nueva suspensión de la Ruta 40 Sur no es solo un episodio administrativo ni una contingencia presupuestaria: es la expresión concreta de una política de ajuste que encuentra en la obra pública uno de sus principales escenarios de disputa. Con apenas un 8% de avance y casi dos años y medio de ejecución intermitente, el proyecto simboliza las dificultades de sostener inversiones de largo plazo en una situación actual de restricción fiscal.

Mientras los números ordenan balances, 95 trabajadores quedan fuera del sistema y un corredor estratégico permanece inconcluso. La incógnita ya no es únicamente cuándo volverán las máquinas al terreno, sino si existirá una decisión política firme capaz de garantizar continuidad y previsibilidad. Sin esa certeza, la Ruta 40 Sur seguirá siendo, más que una autopista en construcción, una promesa recurrente detenida en el tiempo.

La seccional San Juan de la Unión Tranviarios Automotor pidió a la Secretaría de Transporte que intime a la cámara empresaria Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros a restablecer los horarios habituales tras el inicio del ciclo lectivo 2026. Denuncian que el esquema de verano elimina tiempos de descanso y anticipan que podrían adoptar medidas gremiales.

La UTA formalizó un reclamo ante la Secretaría de Transporte provincial para que, en su carácter de órgano de contralor, intime a la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) a restituir de inmediato los horarios habituales del servicio de corta distancia.

El planteo sindical apunta a la continuidad del cronograma de verano pese al regreso masivo de estudiantes y trabajadores a la actividad regular. Según la entidad gremial, el actual esquema resulta inviable desde el punto de vista operativo y laboral.

“Es imposible cumplir con esos horarios y, en la mayoría de las vueltas, se pierde el tiempo de descanso en los paraderos o puntas de línea”, advirtieron desde el sindicato en un comunicado difundido este lunes. La conducción local, encabezada por Héctor Marcelo Maldonado, sostuvo que la situación expone a los choferes a jornadas exigentes sin pausas adecuadas, en un contexto de mayor demanda por el inicio de clases.

El eje del conflicto: descansos y organización del servicio

El núcleo del reclamo radica en la supresión efectiva de los tiempos de recuperación entre recorridos. Para el gremio, la extensión del cronograma estival altera la planificación habitual y obliga a los conductores a sostener ritmos de trabajo que afectan su bienestar y la seguridad operativa.

Desde la UTA señalan que el diferendo entre el sector empresario y el Gobierno provincial no puede traducirse en una sobrecarga para los trabajadores. “Una vez más, los perjudicados son los compañeros”, remarcaron, en alusión a las tensiones que arrastra el sistema en materia de costos y subsidios.

El sindicato también puso el foco en la calidad del servicio. Con mayor circulación de usuarios por el retorno escolar, sostienen que mantener frecuencias de verano no sólo impacta en las condiciones laborales, sino también en la organización general del transporte urbano.

Advertencia gremial y escenario abierto

La advertencia fue explícita: si no se regulariza la situación, podrían adoptarse medidas de acción directa. “De continuar con esta actitud, se analizarán las medidas que se consideren necesarias en resguardo de los derechos de los compañeros”, señalaron desde la Junta Ejecutiva y el cuerpo de delegados.

El reclamo abre así un nuevo frente de rigidez en el sistema de transporte público sanjuanino, donde confluyen intereses empresariales, decisiones administrativas y demandas sindicales. La intervención de la Secretaría de Transporte será determinante para evitar que el conflicto escale y derive en interrupciones del servicio.

En un marco provincial atravesado por discusiones salariales y ajustes operativos en distintos sectores, el transporte emerge como otro punto sensible. La ecuación es compleja: garantizar frecuencias acordes a la demanda, sostener la viabilidad económica del sistema y preservar condiciones laborales dignas.

El desenlace dependerá de la capacidad de las partes para encauzar el diálogo antes de que la advertencia gremial se traduzca en hechos. Con el ciclo lectivo en marcha y miles de usuarios dependientes del servicio, cualquier medida de fuerza tendría impacto inmediato en la vida cotidiana de la provincia.

La cadena de supermercados Hiper ChangoMás, propiedad del grupo Dorinka, notificó el despido de 11 trabajadores en tres sucursales de San Juan. La medida, enmarcada en un ajuste nacional que afectó a 200 empleados, refleja la problemática que atraviesa el sector comercial ante la caída del consumo y la precarización laboral.

El pasado viernes, cerca de las 8 de la mañana, la Secretaría Gremial del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) fue informada sobre las desvinculaciones en San Juan.

Mirna Moral, anticipó que los recortes se distribuyeron entre las sucursales de Rivadavia, Capital y Rawson: cuatro trabajadores en cada una de las primeras dos y tres en la última.

“Nos dijeron que, por ahora, son esas 11 personas. Consultamos si habrá más despidos y la respuesta fue ambigua: ni sí ni no. Eso genera inquietud lógica entre los trabajadores”, explicó Moral, destacando que la Comisión Directiva y los delegados ya habían tomado conocimiento de la situación desde la noche anterior.

Los afectados son, en su mayoría, empleados con menos de un año de antigüedad, algunos aún en período de prueba. La empresa aplicó el criterio legal de priorizar desvinculaciones según la menor permanencia en la firma. El SEC ya dispuso asistencia para orientar a los extrabajadores sobre sus liquidaciones y derechos laborales, y mantiene prevista una audiencia con Dorinka para evaluar la situación y posibles nuevos recortes.

La crisis en ChangoMás no es exclusiva de San Juan. La cadena, parte de la firma Dorinka, propiedad del empresario Francisco de Narváez, despidió a aproximadamente 200 trabajadores a nivel nacional. La baja en las ventas impacta de manera directa en la gestión de recursos humanos, especialmente sobre quienes ingresaron recientemente a la empresa.

La dirigente sindical describe un cambio estructural en los hábitos de consumo: “La gente ahora compara precios y compra solo lo que necesita. Ya no es solo cambiar de marca, sino dejar de adquirir productos que antes eran habituales”. Esta transformación afecta particularmente a hipermercados, que enfrentan dificultades para ajustar sus costos a la nueva dinámica del mercado.

El empleo en el sector se caracteriza por la modalidad “part time”, contratos con distintas cargas horarias semanales que permiten a las empresas evitar pagos adicionales por feriados y fines de semana. “Evitan utilizar al empleado que deberían pagarle doble y también evitan incorporar trabajadores a planta permanente cuando superan determinada cantidad de horas”, denunció Moral, calificando estas prácticas como “contratos basura”.

El trasfondo de esta situación es económico: los salarios han quedado rezagados frente al costo de vida, restringiendo la capacidad de compra. Salvo en sectores con paritarias más favorables, la mayoría de los trabajadores enfrenta precariedad o niveles cercanos a la pobreza.

Ante la persistente caída en ventas, Moral advirtió que “la primera variable de ajuste termina siendo el trabajador”, anticipando un escenario incierto para el comercio local.

El ajuste de ChangoMás en San Juan evidencia la intersección entre la crisis del consumo, la precarización laboral y la vulnerabilidad económica de los trabajadores. Más allá de las cifras, estos despidos reflejan un cambio profundo en el comportamiento del mercado y la necesidad urgente de políticas que protejan el empleo y fortalezcan la capacidad adquisitiva de los consumidores. En un contexto donde la incertidumbre se convierte en norma, la resiliencia del sector dependerá de la capacidad de empresas, gremios y Estado para equilibrar rentabilidad y justicia social.