UPCN Y ATE cerraron paritarias logrando un aumento del 18 % mas un bono
Será en tres cuotas: 4% en febrero, 6% en marzo y 8% en mayo; con el 7% ya pactado suma un 25%

Los trabajadores de la administración pública nacional recibirán un aumento del 25% en sus haberes, en tres cuotas que se pagarán entre febrero y mayo próximo, según el acuerdo paritario alcanzado entre el Gobierno, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), un gremio que, después de 14 años, volvió a rubricar su conformidad en una negociación salarial. Fuentes oficiales informaron que el Gobierno y los sindicatos acordaron un incremento del 18% para cerrar la paritaria del convenio colectivo de trabajo del empleo público, que se suma al 7% dispuesto en octubre último y, de esa forma, alcanza el 25%.
Indicaron además que el aumento «será efectivo en tres cuotas (4% en febrero, 6% en marzo y 8% en mayo), a las que se sumará un bono de 4.000 pesos para fin de año para los salarios de hasta 60.000 pesos brutos.
«Este año, de un enorme esfuerzo fiscal, se garantizaron los puestos de trabajo, el cobro integral del salario y las condiciones laborales que preservan la salud de las y los trabajadores en el contexto de la emergencia sanitaria», reflexionó Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación.
Según explicó el secretario de prensa de UPCN, Lucas Denna, el acuerdo alcanza «un aumento salarial del 25 por ciento desde octubre hasta mayo de 2021 y el pago de un bono de 4.000 pesos con los sueldos de diciembre, que beneficia a un universo de 130.000 trabajadores públicos».
«Para 2021 estamos ofreciendo incrementos por encima de la inflación esperada, iniciando un sendero de recuperación salarial; el próximo año será el de la recuperación y la propuesta de un 18% para el primer cuatrimestre va en ese sentido», declaró Castellani y remarcó que el acuerdo constituye «una clara señal, junto con el plan de regularización del empleo público, de la necesidad de elevar la calidad en la Administración Pública Nacional».
De la reunión paritaria, la segunda del año, participaron Castellani; el subsecretario de Empleo Público, Mariano Boiero; y los representantes gremiales de UPCN, Felipe Carrillo, Diego Gutiérrez, Marta Farías y Mariano Unamuno y de ATE, Hugo Godoy, Mercedes Cabezas, Flavio Vergara y Rodolfo Aguiar.
El acuerdo salarial firmado en las dependencias de la cartera laboral tiene un componente histórico: es la primera paritaria que firman en conjunto UPCN y ATE después de 14 años, dado que desde el 2007 ATE firmó cada año en disconformidad lo acordado por el otro gremio.
Los aumentos comprenden a 130 mil trabajadores públicos de todas las categorías, en tanto, a partir de mayo de 2021, se iniciará la nueva paritaria estatal que tendrá vigencia hasta mayo de 2022. El acuerdo tiene además como antecedente la normalización laboral de unos 29 mil trabajadores estatales contratados desde hace más de cinco años y que ahora podrán concursar para integrar la planta permanente.
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La crisis salarial en la TV Pública escala con medidas gremiales y fuerte malestar interno
Los sindicatos con representación en la TV Pública resolvieron iniciar paros sorpresivos de una hora por turno desde este viernes, en rechazo al congelamiento salarial y al deterioro de las condiciones laborales. Los gremios alertan que el ajuste compromete el funcionamiento operativo de la señal estatal y pone en riesgo futuras coberturas especiales.
La conflictividad gremial dentro de los medios públicos sumó un nuevo episodio de tirantez luego de que los trabajadores de la TV Pública aprobaran un esquema de medidas de fuerza escalonadas para exigir recomposición salarial y denunciar el deterioro creciente de la estructura operativa de la emisora estatal.
La decisión fue adoptada por unanimidad durante una asamblea conjunta realizada en la sede del canal, sobre avenida Figueroa Alcorta, donde confluyeron delegados y afiliados del SATSAID, SiPreBA, y la Asociación de Personal Jerárquico de la TV Pública.
El frente sindical resolvió avanzar con paros sorpresivos de una hora por turno a partir de este viernes 22 de mayo y repetir la modalidad durante las jornadas del 26, 27, 28 y 29 de mayo. La metodología apunta a afectar la programación habitual de manera parcial pero sostenida, buscando incrementar la visibilidad del conflicto sin interrumpir completamente las transmisiones.
Detrás de las medidas aparece un malestar acumulado que atraviesa a las distintas áreas técnicas, periodísticas y administrativas del canal. Los gremios denuncian que el congelamiento salarial pulverizó el poder adquisitivo de los trabajadores y profundizó un escenario de precarización interna que ya impacta sobre la dinámica cotidiana de producción.
Además del reclamo salarial, las organizaciones sindicales advirtieron sobre las consecuencias operativas que podría generar la continuidad del ajuste en los medios públicos. Según plantearon, la pérdida de personal especializado, el deterioro técnico y la falta de recomposición de ingresos comienzan a comprometer la capacidad de sostener coberturas de gran magnitud.
En ese cuadro, los representantes gremiales deslizaron una advertencia directa sobre las futuras transmisiones vinculadas al próximo Mundial de fútbol. Consideran que, de persistir la falta de acuerdos, la señal estatal podría enfrentar serias dificultades para garantizar una cobertura normal de eventos especiales y producciones de alta complejidad técnica.
El conflicto expone además una disputa más amplia sobre el futuro de los medios públicos dentro de la gestión de Javier Milei. Desde la llegada del oficialismo libertario al poder, trabajadores y sindicatos vienen denunciando recortes presupuestarios, paralización de inversiones y una política orientada al achicamiento de las estructuras estatales de comunicación.
Mientras continúan las negociaciones informales, el clima interno en la emisora permanece atravesado por una gran incertidumbre. Los gremios aseguran que mantendrán las protestas hasta obtener una propuesta concreta de recomposición salarial y garantías sobre la continuidad operativa de la señal pública.
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ASIJEMIN, AOMA y Santa Cruz coordinan acciones para reforzar la protección laboral en Cerro Negro
Durante una reunión con delegados y representantes gremiales, se expusieron incumplimientos y falta de respuestas de la empresa frente a reclamos vinculados a sectores estratégicos de seguridad y servicios técnicos dentro del yacimiento. En medio de crecientes reclamos por las condiciones operativas dentro del yacimiento Cerro Negro, el Sindicato Jerárquico Minero (ASIJEMIN), AOMA Santa Cruz y autoridades del Gobierno provincial mantuvieron una reunión clave para coordinar acciones orientadas a fortalecer la seguridad y garantizar mejores condiciones para los trabajadores mineros.
El encuentro estuvo encabezado por el secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, junto al director regional Sur del gremio, Oscar Romillo, y contó con la participación de delegados de base y miembros de la Comisión Interna Gremial de Cerro Negro. También estuvieron presentes representantes del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz, entre ellos Javier Aravena, además de funcionarios de áreas vinculadas a Seguridad e Higiene, Transporte y Comercio.
Durante la reunión, los representantes sindicales plantearon una serie de incumplimientos y cuestionaron la falta de respuestas concretas por parte de la empresa frente a reiterados reclamos relacionados con sectores estratégicos de seguridad y servicios técnicos dentro de la mina. Según señalaron desde ASIJEMIN, existe preocupación por el debilitamiento de áreas sensibles para la prevención y el control operativo, situación que podría impactar directamente tanto en las condiciones laborales como en la integridad física de los trabajadores.
En ese marco, los gremios advirtieron sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para evitar situaciones de riesgo y reforzar los mecanismos de control dentro del yacimiento, en un contexto donde la seguridad minera volvió a ubicarse en el centro de las preocupaciones sindicales.
Preocupación gremial y compromiso para avanzar en soluciones
Las partes coincidieron en la necesidad de sostener una agenda de trabajo conjunta que permita avanzar en soluciones concretas para mejorar los estándares de seguridad dentro de Cerro Negro y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad minera. Desde ASIJEMIN destacaron especialmente la predisposición del Gobierno de Santa Cruz y el trabajo articulado junto a AOMA para abordar los reclamos planteados por los trabajadores y avanzar en mecanismos de prevención más eficientes.
La reunión dejó en evidencia la creciente preocupación de las organizaciones sindicales por el funcionamiento de áreas consideradas críticas dentro del yacimiento y por la necesidad de que la empresa dé respuestas concretas frente a los planteos vinculados a seguridad laboral.
En ese sentido, desde el sector gremial remarcaron que la prioridad seguirá siendo resguardar la vida y la salud de los trabajadores mineros, en una actividad donde las condiciones de seguridad resultan determinantes para el normal desarrollo de las tareas diarias.
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El Gobierno busca fortalecer al campo con una baja de derechos de exportación para trigo y cebada
Durante el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Javier Milei confirmó una disminución de las retenciones para trigo y cebada a partir de junio y anticipó un cronograma gradual de reducción para la soja desde 2027. El Presidente además adelantó futuras rebajas tributarias para industrias estratégicas.
El presidente Javier Milei volvió a colocar al sector agropecuario en el centro de su estrategia económica y anunció una nueva reducción de derechos de exportación para parte del complejo cerealero. La medida fue comunicada durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde el mandatario ratificó su intención de avanzar hacia una disminución gradual de la presión tributaria sobre las actividades productivas.
Según detalló el jefe de Estado, las retenciones aplicadas al trigo y la cebada bajarán del 7,5% al 5,5% desde junio de 2026. Además, confirmó que a partir de enero de 2027 comenzará una reducción progresiva en los derechos de exportación de la soja, mediante un esquema mensual que oscilará entre 0,25% y 0,5%, sujeto al comportamiento de la recaudación fiscal.
El anuncio representa una señal política hacia uno de los sectores históricamente más influyentes de la economía argentina, en un momento en que el Gobierno intenta consolidar reservas, sostener el superávit fiscal y mantener el respaldo de los complejos exportadores.
“Nuestra misión es achicar el Estado para bajar impuestos”, sostuvo Milei durante su exposición, donde volvió a defender el rumbo económico de la administración libertaria y cuestionó las políticas tributarias aplicadas sobre el agro durante gobiernos anteriores.
El mandatario también adelantó que el Ministerio de Economía trabaja en nuevos alivios impositivos para otras ramas industriales vinculadas a la producción y la exportación. Entre ellas mencionó al sector automotriz, la petroquímica y la fabricación de maquinaria, aunque evitó precisar fechas y porcentajes concretos.
Dentro del universo agroindustrial, las medidas fueron recibidas con expectativa favorable. Desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina valoraron la continuidad de la reducción de retenciones y señalaron que mantendrán conversaciones con el equipo económico para evaluar el impacto operativo y comercial del nuevo esquema.
Más allá del alivio fiscal anunciado, el Gobierno apuesta a fortalecer el vínculo con el campo en un contexto donde el ingreso de divisas provenientes de exportaciones continúa siendo determinante para la estabilidad macroeconómica. En ese marco, Milei afirmó que el agro atraviesa “uno de los mejores años de su historia”, impulsado por niveles elevados de producción y una mejora en las perspectivas de exportación.
El Presidente sostuvo además que, pese a las distorsiones cambiarias y la persistencia de retenciones, el sector mantiene una capacidad de crecimiento que considera clave para la recuperación económica del país.
La decisión oficial también vuelve a reabrir el debate sobre el peso de los derechos de exportación dentro de la estructura tributaria argentina. Mientras el oficialismo los define como un gravamen transitorio que debe reducirse gradualmente, distintos sectores advierten que el equilibrio fiscal todavía depende en gran medida de esos recursos.
Con este anuncio, la administración libertaria intenta enviar una señal simultánea al mercado, al agro y al núcleo productivo exportador: sostener el ajuste sobre el gasto público mientras comienza, de manera selectiva, un proceso de reducción de impuestos sobre actividades consideradas estratégicas para el ingreso de divisas y el crecimiento económico.
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