UPCN Y ATE cerraron paritarias logrando un aumento del 18 % mas un bono
Será en tres cuotas: 4% en febrero, 6% en marzo y 8% en mayo; con el 7% ya pactado suma un 25%

Los trabajadores de la administración pública nacional recibirán un aumento del 25% en sus haberes, en tres cuotas que se pagarán entre febrero y mayo próximo, según el acuerdo paritario alcanzado entre el Gobierno, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), un gremio que, después de 14 años, volvió a rubricar su conformidad en una negociación salarial. Fuentes oficiales informaron que el Gobierno y los sindicatos acordaron un incremento del 18% para cerrar la paritaria del convenio colectivo de trabajo del empleo público, que se suma al 7% dispuesto en octubre último y, de esa forma, alcanza el 25%.
Indicaron además que el aumento «será efectivo en tres cuotas (4% en febrero, 6% en marzo y 8% en mayo), a las que se sumará un bono de 4.000 pesos para fin de año para los salarios de hasta 60.000 pesos brutos.
«Este año, de un enorme esfuerzo fiscal, se garantizaron los puestos de trabajo, el cobro integral del salario y las condiciones laborales que preservan la salud de las y los trabajadores en el contexto de la emergencia sanitaria», reflexionó Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación.
Según explicó el secretario de prensa de UPCN, Lucas Denna, el acuerdo alcanza «un aumento salarial del 25 por ciento desde octubre hasta mayo de 2021 y el pago de un bono de 4.000 pesos con los sueldos de diciembre, que beneficia a un universo de 130.000 trabajadores públicos».
«Para 2021 estamos ofreciendo incrementos por encima de la inflación esperada, iniciando un sendero de recuperación salarial; el próximo año será el de la recuperación y la propuesta de un 18% para el primer cuatrimestre va en ese sentido», declaró Castellani y remarcó que el acuerdo constituye «una clara señal, junto con el plan de regularización del empleo público, de la necesidad de elevar la calidad en la Administración Pública Nacional».
De la reunión paritaria, la segunda del año, participaron Castellani; el subsecretario de Empleo Público, Mariano Boiero; y los representantes gremiales de UPCN, Felipe Carrillo, Diego Gutiérrez, Marta Farías y Mariano Unamuno y de ATE, Hugo Godoy, Mercedes Cabezas, Flavio Vergara y Rodolfo Aguiar.
El acuerdo salarial firmado en las dependencias de la cartera laboral tiene un componente histórico: es la primera paritaria que firman en conjunto UPCN y ATE después de 14 años, dado que desde el 2007 ATE firmó cada año en disconformidad lo acordado por el otro gremio.
Los aumentos comprenden a 130 mil trabajadores públicos de todas las categorías, en tanto, a partir de mayo de 2021, se iniciará la nueva paritaria estatal que tendrá vigencia hasta mayo de 2022. El acuerdo tiene además como antecedente la normalización laboral de unos 29 mil trabajadores estatales contratados desde hace más de cinco años y que ahora podrán concursar para integrar la planta permanente.
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Menos compras y crédito en retroceso: las señales de alerta del consumo argentino
El consumo de los hogares argentinos continúa sin recuperar fuerza. En septiembre, el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró una caída interanual del 0,8% y no mostró variaciones respecto de agosto. La medición confirma las dificultades para consolidar una recuperación: el índice permanece 2% por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025.
La evolución del gasto refleja una economía familiar que todavía encuentra límites para ampliar sus compras. Aunque la desaceleración inflacionaria puede contribuir a recomponer los ingresos reales, los precios volvieron a acelerarse hasta el 1,9% mensual, según los datos consignados en el informe. La persistencia de aumentos cercanos al 2% mensual mantiene la presión sobre los presupuestos domésticos.
Los bienes de consumo masivo tampoco exhibieron señales de recuperación. En septiembre retrocedieron 1,2% interanual y 1% frente al mes anterior, una trayectoria que evidencia dificultades para sostener las compras habituales.
Transporte y recreación, entre los rubros más afectados
El comportamiento por categorías fue dispar, aunque predominaron las bajas. Transporte y vehículos registró una contracción interanual del 5,5% y fue el principal aporte negativo al índice general, con 0,8 puntos porcentuales. La caída en los patentamientos de automóviles no logró ser compensada por el avance de las motocicletas.
Recreación y cultura retrocedió 3,4%, mientras que indumentaria y calzado cayó 1,5%. El conjunto de los demás rubros presentó una disminución del 1,1%.
En contraste, vivienda, alquileres y servicios públicos avanzó 5,2% interanual y aportó 0,9 puntos porcentuales al indicador. La mayor demanda de electricidad explicó buena parte de ese resultado, aunque el aumento del rubro no necesariamente implica una expansión equivalente del consumo discrecional de las familias.
El crédito pierde fuerza y condiciona las compras
La evolución del financiamiento constituye otra señal relevante. Después de un avance pronunciado durante 2024 y 2025, las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios comenzaron a retroceder en términos reales durante 2026, tras el estancamiento registrado hacia fines del año pasado. El crédito hipotecario conserva una tendencia ascendente, aunque con menor intensidad.
Dicho enfriamiento está estrechamente vinculado al menor dinamismo de los bienes durables. Prueba de ello es que la matriculación de vehículos y la venta de electrodomésticos registran retrocesos en lo que va del año; por su parte, el mercado inmobiliario ha estancado su crecimiento, si bien las escrituras sostienen niveles altos respecto a ejercicios previos.
La débil recuperación de los ingresos y un crédito más restrictivo frenan el crecimiento a largo plazo. Actualmente, el consumo básico sigue paralizado y los bienes de alto valor se desaceleran, lo que siembra dudas sobre la solidez de la reactivación económica.
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Nueva paritaria mercantil: subas en octubre, noviembre y diciembre
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, acordó con las principales entidades empresarias una actualización salarial del 5,7% para el último trimestre de 2026, junto con un bono extraordinario de $50.000. El entendimiento alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, uno de los más numerosos del empleo privado argentino.
El acuerdo fue suscripto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). La recomposición se distribuirá en tres tramos mensuales del 1,9%, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre.
A ese esquema se sumará una gratificación extraordinaria no remunerativa de $50.000, que se abonará en dos cuotas de $25.000 con los salarios de octubre y noviembre. Además, se mantendrá el adicional fijo de $120.000 establecido en la negociación anterior durante el trimestre comprendido por el nuevo entendimiento.
Aumentos escalonados y sumas adicionales
La pauta acordada establece una actualización gradual de los ingresos durante los últimos tres meses del año. La combinación de porcentajes mensuales y sumas fijas busca sostener las remuneraciones en un período en el que el poder de compra continúa bajo presión.
Con este entendimiento, las partes establecieron la pauta salarial para el cierre de 2026. La próxima revisión, prevista para comienzos de 2027 según la información difundida sobre el acuerdo, permitirá evaluar la evolución de los precios y la necesidad de nuevas actualizaciones.
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Casi el 90% de los trabajadores argentinos no llega a cubrir sus gastos básicos
El salario dejó de ser suficiente para cubrir los gastos esenciales de la mayoría de los trabajadores argentinos. El 87% afirma que sus ingresos no alcanzan para atender sus necesidades básicas, dos puntos porcentuales más que hace un año, mientras que al 73% el dinero le dura apenas dos semanas o menos, según un relevamiento de la plataforma de empleo Bumeran.
El estudio ¿Qué pasa con el salario? también refleja el deterioro percibido de la capacidad de compra: el 74% de los consultados considera que su poder adquisitivo empeoró durante el último año, frente al 58% que sostenía esa opinión en 2025. La persistencia de estas dificultades muestra que la desaceleración de los precios no se traduce necesariamente en una mejora equivalente de los ingresos reales.
La presión se concentra en los gastos cotidianos. El alquiler representa la principal erogación para el 44% de los encuestados, seguido por la alimentación, con el 27%, y el pago de deudas, con el 16%. En cuanto a la duración del sueldo, el 28% asegura que lo destina íntegramente al pago de cuentas apenas lo cobra, mientras que el 15% afirma que no le alcanza para cubrir siquiera una semana. Solo el 9% consigue extenderlo durante todo el mes.
La falta de margen también se refleja en la capacidad de ahorro. Nueve de cada diez trabajadores dicen que no pueden reservar una parte de sus ingresos. Entre quienes explican esa imposibilidad, el 54% señala que cobra demasiado poco, el 19% atribuye el problema a sus compromisos financieros y el 12% a la necesidad de cubrir gastos básicos.
A esa fragilidad se suma el endeudamiento: el 77% declara tener algún tipo de deuda, cinco puntos porcentuales por encima del registro de 2025. La obligación de sostener el consumo corriente mediante compromisos financieros reduce todavía más el dinero disponible para afrontar imprevistos o construir reservas.
«La desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real», advirtió Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint. Según explicó, después de años de pérdida acumulada, una parte importante de los ingresos continúa destinada a rubros indispensables, como la vivienda y los alimentos. El desafío, sostuvo, consiste en recuperar capacidad de consumo y previsibilidad económica.
La presión, además, trasciende el presupuesto individual: la mitad de los encuestados ayuda económicamente a familiares o personas cercanas, de manera habitual u ocasional. Esa transferencia de recursos agrega obligaciones a hogares que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes.
La totalidad de los participantes manifestó que desearía recibir un aumento salarial. Entre los destinos previstos para una eventual mejora, el 46% priorizaría cancelar deudas, el 22% buscaría ahorrar y el 15% lo utilizaría en alimentación y recreación. Que casi la mitad coloque el saneamiento de sus finanzas por encima de otros objetivos revela hasta qué punto la recuperación de los ingresos está ligada, para los trabajadores, a recuperar margen de maniobra sobre su economía cotidiana.
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