UPCN Y ATE cerraron paritarias logrando un aumento del 18 % mas un bono
Será en tres cuotas: 4% en febrero, 6% en marzo y 8% en mayo; con el 7% ya pactado suma un 25%

Los trabajadores de la administración pública nacional recibirán un aumento del 25% en sus haberes, en tres cuotas que se pagarán entre febrero y mayo próximo, según el acuerdo paritario alcanzado entre el Gobierno, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), un gremio que, después de 14 años, volvió a rubricar su conformidad en una negociación salarial. Fuentes oficiales informaron que el Gobierno y los sindicatos acordaron un incremento del 18% para cerrar la paritaria del convenio colectivo de trabajo del empleo público, que se suma al 7% dispuesto en octubre último y, de esa forma, alcanza el 25%.
Indicaron además que el aumento «será efectivo en tres cuotas (4% en febrero, 6% en marzo y 8% en mayo), a las que se sumará un bono de 4.000 pesos para fin de año para los salarios de hasta 60.000 pesos brutos.
«Este año, de un enorme esfuerzo fiscal, se garantizaron los puestos de trabajo, el cobro integral del salario y las condiciones laborales que preservan la salud de las y los trabajadores en el contexto de la emergencia sanitaria», reflexionó Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación.
Según explicó el secretario de prensa de UPCN, Lucas Denna, el acuerdo alcanza «un aumento salarial del 25 por ciento desde octubre hasta mayo de 2021 y el pago de un bono de 4.000 pesos con los sueldos de diciembre, que beneficia a un universo de 130.000 trabajadores públicos».
«Para 2021 estamos ofreciendo incrementos por encima de la inflación esperada, iniciando un sendero de recuperación salarial; el próximo año será el de la recuperación y la propuesta de un 18% para el primer cuatrimestre va en ese sentido», declaró Castellani y remarcó que el acuerdo constituye «una clara señal, junto con el plan de regularización del empleo público, de la necesidad de elevar la calidad en la Administración Pública Nacional».
De la reunión paritaria, la segunda del año, participaron Castellani; el subsecretario de Empleo Público, Mariano Boiero; y los representantes gremiales de UPCN, Felipe Carrillo, Diego Gutiérrez, Marta Farías y Mariano Unamuno y de ATE, Hugo Godoy, Mercedes Cabezas, Flavio Vergara y Rodolfo Aguiar.
El acuerdo salarial firmado en las dependencias de la cartera laboral tiene un componente histórico: es la primera paritaria que firman en conjunto UPCN y ATE después de 14 años, dado que desde el 2007 ATE firmó cada año en disconformidad lo acordado por el otro gremio.
Los aumentos comprenden a 130 mil trabajadores públicos de todas las categorías, en tanto, a partir de mayo de 2021, se iniciará la nueva paritaria estatal que tendrá vigencia hasta mayo de 2022. El acuerdo tiene además como antecedente la normalización laboral de unos 29 mil trabajadores estatales contratados desde hace más de cinco años y que ahora podrán concursar para integrar la planta permanente.
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Pobreza y bajos ingresos alcanzan al 52% de los hogares
Un informe de la Consultora W revela que más de la mitad de las familias (52%) subsiste entre la pobreza y el sector bajo no pobre. El panorama de ingresos evidencia una gran desigualdad: el promedio por hogar ronda los $2,8 millones al mes, pero casi ocho de cada diez hogares (78%) no alcanzan ese monto. Debido a este desajuste frente al costo de vida, la pérdida del poder adquisitivo vuelve a consolidarse como el eje central de las discusiones salariales.
Más de la mitad de los hogares argentinos se concentra en los dos niveles inferiores de la pirámide de ingresos. Según un relevamiento de Consultora W difundido por Agencia Noticias Argentinas (NA), el 21% de las familias se encuentra en situación de pobreza y otro 31% integra la denominada clase baja no pobre. En conjunto, ambos grupos reúnen al 52% de los hogares.
La reparto adquiere particular relevancia porque el ingreso familiar promedio alcanza los $2,8 millones netos mensuales, aunque esa cifra está lejos de representar lo que recibe la mayoría: el 78% de los hogares percibe menos que ese promedio. El dato evidencia el efecto que tienen los ingresos más elevados sobre la media general y explica por qué una cifra promedio puede ofrecer una imagen muy diferente de la realidad de la familia típica.
En el escalón inferior aparecen los hogares pobres, que representan el 21% y registran ingresos promedio cercanos al millón de pesos mensuales. Por encima se ubica la clase baja no pobre, con el 31% y un piso de ingresos estimado en torno de $1,5 millones por familia.
La distancia respecto del costo de vida resulta significativa. De acuerdo con los datos consignados, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 durante julio para superar la línea de pobreza. El ingreso promedio atribuido al grupo de hogares pobres queda, por lo tanto, alrededor de $565.000 por debajo de ese umbral.
La clasificación continúa con la clase media baja, que concentra el 26% de los hogares y parte de ingresos familiares próximos a $2,5 millones mensuales. La clase media alta, con el 17%, registra ingresos desde aproximadamente $4,5 millones y puede llegar hasta $6,5 millones. En la cima aparece el 5% correspondiente a la clase alta, con ingresos de referencia desde los $9 millones mensuales.
El resultado configura una distribución en la que los hogares de menores ingresos reúnen una mayoría frente al 48% restante, que se reparte entre las distintas franjas de la clase media y alta.
Salarios, pobreza y poder de compra
La fotografía adquiere una dimensión adicional en el mundo laboral, donde la discusión sobre recomposición salarial continúa atravesada por la pérdida del poder adquisitivo. Desde septiembre, el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue fijado en $383.800 mensuales, una cifra equivalente a apenas una cuarta parte del ingreso que necesitó en julio un hogar de cuatro integrantes para superar la línea de pobreza.
La comparación no supone equiparar el salario mínimo con el ingreso familiar ni constituye una medición de pobreza por sí misma, pero permite dimensionar la distancia entre el piso salarial legal y el costo de una canasta familiar de referencia.
Para los sindicatos, esta relación constituye uno de los principales argumentos en las negociaciones paritarias y reclamos de actualización salarial. Para las familias ubicadas en los niveles inferiores de ingresos, cualquier deterioro del salario real tiene un efecto directo sobre la capacidad de afrontar alimentación, vivienda, transporte, educación y servicios.
El relevamiento también expone un fenómeno distributivo relevante: cuando una minoría concentra ingresos significativamente superiores, el promedio general se eleva aunque la mayoría permanezca por debajo de ese valor. En este caso, que el 78% de los hogares gane menos de $2,8 millones muestra que esa cifra no puede interpretarse como el ingreso representativo de la familia argentina.
Consultora W utiliza una segmentación socioeconómica propia para ordenar a los hogares según sus ingresos. Sus categorías de clase baja, media baja, media alta y alta no equivalen a las mediciones oficiales de pobreza e indigencia del INDEC, que se elaboran con una metodología específica y toman como referencia los ingresos de los hogares frente al valor de determinadas canastas.
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Las universidades paran el 8 de septiembre por salarios y financiamiento
El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a una huelga de 24 horas para el martes 8 de septiembre. La medida reunirá a docentes y nodocentes y responde al reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las universidades nacionales volverán a parar el martes 8 de septiembre, luego de que los gremios docentes y nodocentes rechazaran la última propuesta salarial del Gobierno y resolvieran profundizar las medidas de fuerza.
La convocatoria fue realizada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y reúne a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN. La participación de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales incorpora al personal nodocente, por lo que la huelga alcanzará tanto las tareas académicas como administrativas, técnicas y de servicios.
La nueva huelga de 24 horas se suma a la realizada el pasado miércoles 2 de septiembre. Los dos ejes del reclamo son la recuperación del poder de compra de los salarios y el respeto a la Ley de Financiamiento Universitario
La decisión sindical llegó posterior a la reunión mantenida el 1 de septiembre con representantes del Gobierno. El Ministerio de Capital Humano ofreció un 3% de aumento para septiembre y ratificó otro 3% para octubre. Sin embargo, las organizaciones cuestionaron que el segundo tramo ya había sido acordado en junio y consideraron insuficiente la propuesta frente al deterioro acumulado de los ingresos.
Desde CONADU, conducida por Clara Chevalier, plantearon una recomposición del 31,2%, además de la incorporación de la inflación de agosto y el pago de salarios adeudados. La agenda gremial incluye también reclamos vinculados con el FONID, las escuelas preuniversitarias y la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo.
Para los gremios, la diferencia entre la oferta oficial y sus pretensiones impide cerrar la negociación paritaria. El conflicto salarial se entrelaza, además, con una disputa más amplia por los recursos destinados al sistema universitario y por la implementación de la legislación aprobada para garantizar su financiamiento.
La nueva jornada de lucha trasladará nuevamente el reclamo a las universidades de todo el país y pondrá a docentes y nodocentes bajo una misma medida de fuerza. La continuidad de las huelgas refleja la falta de acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones gremiales sobre salarios y financiamiento, mientras la negociación permanece abierta y sin una fecha cierta de resolución.
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San Juan apuesta al cobre para atraer inversiones mineras de escala global
San Juan llevó su potencial cuprífero ante representantes del mundo empresario y financiero de Estados Unidos y Argentina, en un foro internacional dedicado a los minerales críticos y a las oportunidades de inversión que abre la creciente demanda global.
El gobernador Marcelo Orrego participó en Buenos Aires del Foro Estados Unidos-Argentina sobre Minerales Críticos, donde presentó a San Juan como uno de los principales destinos para inversiones vinculadas con el cobre. Afirmó que seis de los diez proyectos cupríferos más avanzados del país están en la provincia y que las iniciativas asociadas al RIGI superan los US$33.000 millones anunciados.
El encuentro fue organizado por la U.S. Chamber of Commerce, el US-Argentina Business Council, Citi, AmCham Argentina y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, y reunió a representantes públicos y privados de ambos países para analizar la disponibilidad de recursos considerados esenciales para nuevas tecnologías, electrificación y transición energética.
Frente a esa audiencia, Orrego presentó las condiciones que San Juan busca consolidar para captar capitales mineros de gran escala: seguridad jurídica, estabilidad fiscal, desarrollo de infraestructura y avance de proyectos de exploración, además de incentivos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El cobre ocupó el centro de su exposición. El mandatario sanjuanino sostuvo que la demanda mundial crecerá impulsada, entre otros factores, por la electrificación y la inteligencia artificial, mientras la oferta enfrenta dificultades para expandirse al mismo ritmo. En ese punto, remarcó que seis de los diez proyectos de cobre más avanzados de la Argentina están ubicados en San Juan, con inversiones proyectadas superiores a US$30.000 millones.
Orrego también apeló a las características geográficas de la provincia para explicar el vínculo histórico con la minería. Resaltó que el 83% de la superficie de San Juan está cubierta por montañas, mientras otro 14% corresponde a zonas desérticas y apenas un 3% resulta cultivable. “Los sanjuaninos no solo debemos hacer minería, sino que queremos hacerlo y, por cierto, sabemos hacerlo”, afirmó.
En materia fiscal, el jefe de Estado provincial destacó el equilibrio de las cuentas públicas provinciales y sostuvo que es posible fortalecer los recursos estatales sin incrementar la presión tributaria. También reivindicó el acompañamiento de San Juan a las políticas nacionales destinadas a recuperar el equilibrio macroeconómico y la sanción del RIGI como herramienta para brindar previsibilidad a los grandes emprendimientos.
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