El reciente acuerdo paritario puso fin a meses de conflicto y otorgó una recomposición del 24,33%, pero los gremios sostienen que el deterioro acumulado sigue lejos de resolverse. Según un informe de FEDUN, los docentes todavía necesitan recuperar 32,6% para volver al poder adquisitivo que tenían al inicio de la gestión de Javier Milei. La próxima negociación ya tiene fecha: 15 de septiembre.

La firma del acuerdo salarial entre el Gobierno y los gremios universitarios desactivó temporalmente uno de los conflictos más prolongados de la educación pública. Sin embargo, la tregua está lejos de significar el cierre de la disputa. Los sindicatos sostienen que la recomposición obtenida representa apenas una parte del terreno perdido y anticipan que volverán a la mesa paritaria con un reclamo de fondo: recuperar más de 30 puntos de salario real.

El dato surge del último informe elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) junto al Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología (CIICTI). Aunque el trabajo fue confeccionado antes de la firma del acta de entendimiento, sus conclusiones permiten dimensionar la magnitud del deterioro acumulado.

Según el estudio, incluso incorporando el incremento del 24,33% acordado para junio y octubre, los salarios universitarios deberían aumentar otro 32,6% para recuperar el nivel de poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023.

La cifra revela la profundidad de la pérdida sufrida por docentes y nodocentes durante los últimos dos años y medio. Hasta mayo, los salarios del sector habían registrado diecinueve meses consecutivos de caída real. En términos acumulados, el retroceso alcanzó el 34,7% respecto de noviembre de 2023, mientras que el nivel salarial quedó incluso por debajo de los registros observados a comienzos de la década del 2000.

El acuerdo firmado días atrás fue valorado por las organizaciones sindicales porque rompió una dinámica de negociaciones esporádicas y estableció la reapertura trimestral de las paritarias. Esa cláusula es considerada estratégica por los gremios, que buscan impedir nuevos atrasos frente a la inflación.

Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, confirmó que la primera revisión bajo el nuevo esquema se realizará el próximo 15 de septiembre. Allí, explicó, el Frente Sindical de Universidades Nacionales exigirá una actualización vinculada a la evolución de los precios durante junio, julio y agosto, además de reclamar el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario.

Detrás de la discusión salarial aparece otro frente de conflicto que preocupa tanto a rectores como a sindicatos: el financiamiento del sistema universitario. El informe advierte que, aun contemplando las partidas adicionales acordadas recientemente —incluidos 50.000 millones de pesos destinados a hospitales universitarios—, el presupuesto proyectado para 2026 profundizaría el ajuste sobre las casas de estudio.

Según los cálculos de FEDUN, el financiamiento universitario registrará una caída real del 17,8% durante el próximo año. De confirmarse esa tendencia, el sistema habrá perdido el 38% de sus recursos respecto de 2023 y el presupuesto destinado a universidades representará apenas el 0,422% del Producto Bruto Interno, muy por debajo del 0,718% que alcanzaba hace tres años.

La entidad también puso el foco sobre la masa salarial del sector. De mantenerse las proyecciones actuales de inflación y gasto público, los trabajadores universitarios habrán resignado el equivalente a 5,79 billones de pesos constantes entre 2024 y 2026. Sólo durante este año la pérdida estimada asciende a 2,61 billones de pesos.

El diagnóstico se extiende además al sistema científico. El reporte sostiene que la inversión nacional en ciencia y tecnología continúa retrocediendo y podría cerrar 2026 en mínimos históricos en relación con el PBI. En paralelo, investigadores, becarios y personal científico acumulan pérdidas salariales que en algunos casos superan el 40%.

Con los exámenes finales y el receso invernal por delante, el conflicto universitario ingresará en una etapa de relativa calma. Pero tanto en las conducciones sindicales como en las universidades admiten que la discusión de fondo permanece intacta. El acuerdo alcanzado permitió contener la emergencia, aunque no modificó el eje central de la disputa: la recuperación de los salarios y la recomposición de un presupuesto que continúa lejos de los niveles reclamados por el sistema universitario.

La central obrera presentará la encíclica Magnifica Humanitas, el primer documento social de León XIV dedicado a la inteligencia artificial. La iniciativa busca instalar una discusión que gana peso en todo el mundo: cómo regular las nuevas tecnologías para evitar que la innovación se traduzca en pérdida de empleo, deterioro salarial o debilitamiento de derechos.

La irrupción de la inteligencia artificial ya dejó de ser una cuestión exclusivamente tecnológica para convertirse en un tema político, económico y laboral. En ese escenario, la CGT buscará posicionarse en uno de los debates que marcarán las próximas décadas cuando presente el 29 de junio la encíclica Magnifica Humanitas, el primer documento social del papa León XIV centrado en las consecuencias de la transformación digital sobre el trabajo y la vida humana.

La actividad se realizará en el Salón Felipe Vallese de la sede de Azopardo y reunirá a dirigentes sindicales, especialistas y referentes vinculados a los cambios que atraviesan los sistemas productivos. El objetivo será discutir el papel que deben asumir los Estados, las empresas y las organizaciones de trabajadores frente a una revolución tecnológica que promete elevar la productividad, pero también modificar millones de puestos laborales en todo el mundo.

Firmada el 15 de mayo, al cumplirse 135 años de la Rerum Novarum de León XIII, la encíclica retoma la tradición de la doctrina social de la Iglesia para abordar uno de los desafíos más relevantes del siglo XXI. El texto sostiene que la inteligencia artificial no constituye una amenaza en sí misma, aunque advierte que tampoco puede considerarse una herramienta neutral, ya que sus efectos dependen de quién la desarrolla, financia, regula y utiliza.

Desde la central sindical consideran que la discusión excede el plano técnico y se vincula directamente con la defensa de los derechos laborales. “La tecnología debe estar al servicio del trabajador y no el trabajador al servicio de la máquina”, señalaron desde la conducción de la central al convocar al encuentro.

La preocupación no es aislada. Organismos internacionales, centros de investigación y sindicatos de distintos países vienen alertando sobre el impacto que tendrán la automatización, los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial en sectores industriales, administrativos y de servicios. La discusión ya no gira únicamente en torno a la creación de nuevas herramientas, sino a quién se beneficiará de los incrementos de productividad y bajo qué reglas se distribuirán esos beneficios.

A lo largo de sus cinco capítulos, Magnifica Humanitas plantea la necesidad de fortalecer principios como la solidaridad, la corresponsabilidad y la subsidiariedad para evitar que la innovación tecnológica amplíe brechas económicas o profundice situaciones de exclusión. La premisa que atraviesa el documento es que el progreso técnico sólo adquiere legitimidad social cuando contribuye al desarrollo integral de las personas.

La presentación de la encíclica también refleja una ampliación de la agenda sindical. A los reclamos tradicionales vinculados al salario, el empleo y las condiciones laborales se suma ahora un interrogante de alcance estratégico: cómo garantizar que la revolución digital no derive en nuevas formas de precarización ni en una concentración aún mayor del poder económico.

La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio denunció a la cadena Makro por supuestas presiones individuales a gerentes para adherir al “banco de horas” previsto en la reforma laboral. El gremio sostiene que el mecanismo, concebido como voluntario, estaría siendo aplicado de manera compulsiva para evitar el pago de horas extra.

La implementación del denominado “banco de horas” incorporado en la reciente reforma laboral abrió un nuevo frente de conflicto en el sector del comercio mayorista. La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPyJC) denunció a la cadena Makro —perteneciente al grupo Cencosud— por presuntas presiones individuales a gerentes y mandos medios para firmar su adhesión al nuevo esquema de jornada.

El artículo 197 bis de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el sistema debe surgir de un acuerdo voluntario entre empleador y trabajador. Sin embargo, el sindicato sostiene que en la práctica la empresa estaría promoviendo la firma de manera compulsiva, con el objetivo de reemplazar el pago de horas extraordinarias por un esquema de compensación interna de tiempo.

Según la denuncia gremial, los trabajadores jerárquicos de distintas sucursales son citados de manera individual a reuniones con directivos, donde se les solicita la adhesión al sistema. En ese ámbito, advierten, se habrían registrado situaciones de presión directa o indirecta vinculadas a la continuidad laboral, lo que el sindicato interpreta como una forma de hostigamiento.

Desde la APPyJC plantean que la discusión excede lo administrativo y se vincula con el esquema de ingresos del personal. El banco de horas, sostienen, modifica la forma de liquidación de la jornada laboral y traslada a la organización empresarial el control del tiempo de trabajo y del descanso, con impacto directo sobre los salarios variables.

El gremio también cuestiona el argumento empresarial de “modernización organizativa”. Según su postura, el mecanismo no implica una mejora en las condiciones de trabajo sino una estrategia para reducir costos laborales asociados a las horas extra, uno de los componentes centrales del ingreso del personal jerárquico.

La tensión entre el sindicato y la cadena mayorista no es nueva. La APPyJC viene registrando reclamos previos por el incumplimiento en el pago de horas extraordinarias y por jornadas que, según denuncias anteriores, habrían superado el límite legal de 48 horas semanales. En ese marco, el sector ya había intervenido ante organismos de control laboral, que habrían constatado irregularidades y aplicado sanciones en oportunidades previas.

El conflicto actual reabre ese historial y lo traslada a un nuevo dispositivo normativo. Para el sindicato, la aplicación del banco de horas en estas condiciones reproduce las mismas tensiones, pero bajo un marco legal distinto que habilita una mayor flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo.

En este contexto, la APPyJC declaró el estado de alerta y advirtió que evalúa medidas gremiales y acciones legales. También exigió el cese de toda práctica de presión o persecución para forzar adhesiones individuales y pidió garantías para los trabajadores que decidan no firmar el acuerdo.