Cinco productos frescos registraron subas superiores al 20% durante octubre, muy por encima de la inflación general del 2,2%. El zapallo anco encabezó los aumentos, mientras que los precios en supermercados profundizaron la brecha respecto de los valores mayoristas.

El comportamiento de los alimentos frescos volvió a exponer una distancia significativa frente al índice general de inflación. Durante octubre, mientras el nivel general de precios avanzó un 2,2% y el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas registró un incremento del 2%, el zapallo anco trepó 58,2%, la cebolla 25,2% y la papa 24,4%. También el limón y la batata experimentaron aumentos del 21,6%, según los datos relevados por el INDEC.

La magnitud de las subas se refleja en los valores que deben afrontar los consumidores. El kilo de zapallo anco pasó de $2.816,26 en septiembre a $4.454,89 en octubre. La cebolla aumentó de $2.696,23 a $3.375,94, mientras que la papa pasó de $2.201,11 a $2.737,14. Se trata de incrementos concentrados en productos de consumo habitual, cuyo encarecimiento repercute directamente sobre el presupuesto familiar.

La comparación interanual muestra una evolución todavía más pronunciada. El zapallo acumuló un incremento del 349,4%, la cebolla del 266% y la papa del 230,2%. La batata también registró una suba del 105%. Son las cuatro únicas verduras relevadas que más que duplicaron sus valores en doce meses, una evolución que contrasta con el comportamiento de otros alimentos.

La presión sobre los precios también se manifestó en el Mercado Central de Buenos Aires. Su relevamiento mayorista registró un aumento promedio del 6,7% en las hortalizas durante octubre y una variación interanual del 157,8%. Entre los productos con mayores incrementos se destacaron el zapallo, con 71,6%; la batata, con 39,4%, y la papa, con 22,4%.

Las causas no son uniformes. El INDEC relacionó el encarecimiento del zapallo con los efectos de la sequía en el norte chaqueño. En el caso del limón, el precio mayorista avanzó 42,1% por el cierre de la temporada y la menor disponibilidad de mercadería, mientras que las dificultades climáticas durante la floración generan incertidumbre sobre la próxima cosecha.

La evolución en los supermercados agrega otro elemento: la diferencia entre los valores mayoristas y los que finalmente llegan a las góndolas. El promedio de seis hortalizas relevadas aumentó 13,2% mensual, con subas destacadas en el zapallo, la papa, la batata y la cebolla. El indicador ponderado de las cadenas avanzó 15,7%, más del doble que el incremento registrado en el Mercado Central. La brecha entre ambos precios pasó del 105,7% en septiembre al 123,1% en octubre.

No todos los productos siguieron la misma trayectoria. El tomate redondo bajó 11%, la banana retrocedió 8,4%, la lechuga cayó 3,7% y la naranja descendió 3,6%. Estas variaciones reflejan la volatilidad propia de los productos frescos, condicionados por las cosechas, las condiciones climáticas y los niveles de oferta.

En este panorama, el semáforo de economías regionales de Coninagro ubicó a la horticultura en amarillo durante septiembre. La entidad registró entonces un incremento mensual del 34% en los precios del rubro y señaló que el productor recibió el 39% del valor final, cinco puntos por encima de su promedio histórico. También advirtió que las importaciones de hortalizas crecieron un 30% interanual, frente a un avance del 25% en las exportaciones.

La recuperación parcial de los valores que perciben los productores convive, así, con un encarecimiento considerable para quienes compran. Entre las dificultades de abastecimiento, los costos de comercialización y las diferencias entre los precios mayoristas y minoristas, el comportamiento de las frutas y verduras vuelve a mostrar que el promedio inflacionario no siempre representa la evolución de los productos esenciales en la mesa de las familias.

La organización electoral de 2027 comienza a delinear un calendario que podría extenderse durante buena parte del año. Al menos 11 provincias anunciaron que separarán sus comicios locales de las elecciones presidenciales previstas para el 24 de octubre, aunque por ahora solo Neuquén y Tucumán formalizaron sus convocatorias mediante decretos. La definición de los demás distritos dependerá de decisiones políticas y administrativas que todavía están pendientes.

Neuquén será el primer distrito en votar: el gobernador Rolando Figueroa estableció el 14 de febrero como fecha para elegir autoridades provinciales y municipales. Tucumán concurrirá a las urnas el 9 de mayo, mientras Santa Fe anunció primarias para el 18 de abril y elecciones generales para el 13 de junio. En Salta, el gobierno provincial proyecta los comicios para el 16 de mayo, aunque la convocatoria aún debe formalizarse.

También confirmaron su intención de desdoblar Chubut, Río Negro, Chaco, Mendoza, Corrientes, Jujuy y Tierra del Fuego. En varios de esos distritos todavía no se estableció una fecha. Corrientes, que renovó la gobernación en 2025, elegirá cargos legislativos y locales, mientras que Tierra del Fuego tiene disposiciones electorales propias que determinan la separación respecto de los comicios nacionales.

En sentido contrario, Catamarca confirmó que votará el 24 de octubre, en simultáneo con la elección presidencial. La Rioja todavía no definió su modalidad. Santiago del Estero, por su parte, no tendrá elecciones provinciales durante 2027, ya que renovó la gobernación y la Legislatura en 2025.

Actualmente, San Juan se encuentra entre las jurisdicciones que todavía no oficializaron una resolución. Dicha falta de definición comprende también a Córdoba, Misiones, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Formosa y Santa Cruz, entre otros distritos

Las mayores incógnitas se concentran en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof y Jorge Macri aún no comunicaron si convocarán a elecciones separadas o si unificarán sus calendarios con el nacional. La definición bonaerense también estará atravesada por el futuro de las PASO, cuya eliminación o suspensión forma parte de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional.

Con las primeras fechas ya establecidas y numerosas convocatorias todavía pendientes, la disputa electoral comenzará a desarrollarse en distintos momentos del año. La modalidad que adopte cada provincia no solo determinará cuándo votarán sus ciudadanos: también condicionará los tiempos de armado de candidaturas, las alianzas partidarias y la articulación de las campañas locales con la competencia presidencial.

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió dejar de esperar señales del Gobierno nacional y avanzar en la preparación de una medida de fuerza. La conducción sindical considera que el mensaje del papa León XIV fortaleció sus planteos sobre justicia social, empleo y distribución de la riqueza, pero no modificó la posición de la administración de Javier Milei. Tampoco encuentra garantías de diálogo en el acercamiento impulsado por las principales cámaras empresariales.

La central obrera interpreta que la visita del pontífice reabrió el debate sobre el rumbo económico y el papel de los trabajadores en el desarrollo nacional. Sin embargo, en Azopardo predomina la convicción de que la Casa Rosada no responderá favorablemente al pedido de una mesa de negociación. Por eso, la estrategia comienza a desplazarse hacia una protesta propia, coordinada con otras centrales sindicales y con posibilidades de concretarse antes de finalizar el año.

El martes, un día después del encuentro con León XIV en la Universidad Católica Argentina, la CGT difundió un documento firmado por sus tres cotitulares, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. Allí propuso establecer una mesa permanente entre trabajadores, empresarios y Estado para discutir la generación de empleo registrado, la recuperación del poder adquisitivo y el fortalecimiento de la producción.

El pronunciamiento retomó conceptos centrales del discurso papal y advirtió que el crecimiento económico no garantiza por sí mismo una distribución equitativa de sus beneficios. También reivindicó la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos laborales y en la construcción de un modelo de desarrollo que contemple a los distintos actores sociales.

Para la conducción cegetista, las intervenciones de León XIV en el Palacio Libertad y en la UCA tuvieron una fuerte repercusión política y social. El secretario de Interior de la central, Héctor Daer, consideró que sus palabras demostraron que la discusión sobre la justicia social conserva una identificación profunda en la sociedad argentina. En la misma línea, Cristian Jerónimo sostuvo que la CGT debe definir sus propios pasos, independientemente de las decisiones que adopte el Ejecutivo.

La expectativa de una negociación con el Gobierno, sin embargo, es reducida. El pedido de diálogo quedó bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, pero todavía no tiene fecha ni formato definidos. En ste sentido, las declaraciones del secretario de Trabajo, Julio Cordero, durante el encuentro papal dejaron en evidencia las diferencias sobre el papel que deben cumplir las organizaciones sindicales.

La desconfianza también alcanza al empresariado. La propuesta del Grupo de los Seis (G6), que reúne a las principales entidades empresariales del país, de construir acuerdos económicos e institucionales de largo plazo fue recibida con reservas por la central obrera. Las declaraciones del titular de la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Mario Grinman, quien calificó la justicia social como un “eslogan vacío”, profundizaron el distanciamiento.

Desde la CGT cuestionan lo que consideran un intento empresarial de instalar el diálogo sin discutir las condiciones concretas del trabajo y la distribución de los ingresos. La central pretende que cualquier instancia de negociación incluya salarios, jornada laboral, impacto de la inteligencia artificial, empleo y matriz productiva, además de los intereses de las empresas.

En ese marco, la alternativa que gana terreno es un cese parcial de actividades, acompañado por asambleas en los establecimientos laborales y sin afectar la jornada completa ni el presentismo de los trabajadores. El objetivo sería lograr una protesta de alcance nacional junto con otras centrales sindicales, aunque todavía no hay una fecha ni una modalidad confirmadas. La iniciativa deberá ser ratificada por el Consejo Directivo y podría concretarse entre fines de noviembre y comienzos de diciembre.

La conducción también toma en cuenta el antecedente del paro del 19 de febrero, cuya capacidad de paralización fue considerada insuficiente por algunos dirigentes. Por ese motivo, la modalidad que se analiza busca combinar visibilidad y participación gremial con un esquema de menor impacto sobre los ingresos de los trabajadores.

De este modo, la central sindical atraviesa un momento de recalibración política ante el Gobierno. Si bien el pronunciamiento de León XIV le otorgó legitimidad discursiva a sus reclamos, el desafío actual de la dirigencia radica en capitalizar ese apoyo mediante la acción callejera. El debate interno trasciende la mera búsqueda de consenso institucional y se enfoca en confrontar el modelo económico y las reformas estructurales del oficialismo.