El Sindicato de los Trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) acordaron nuevos incrementos salariales luego de las audiencias paritarias de revisión.

Las organizaciones sindicales informaron que se resolvió una suba del 19% que se aplicará en dos tramos: uno de ellos será del 10% y entrará en vigencia a partir del 1 de noviembre, y será aplicable sobre las retribuciones al 31 de octubre de 2023; el otro será del 9% a partir del 1 de diciembre sobre las retribuciones vigentes al 30 de noviembre.

Además, las partes resolvieron establecer una suma fija no remunerativa y no bonificable, de carácter excepcional, de $70.000 a liquidarse con los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2023, para el personal permanente y no permanente incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo 305/98.

Sin embargo, en la negociación establecida en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, se definió que solo podrán acceder a este beneficio de $70.000 que se otorgará por única vez, quienes hayan percibido hasta el pasado 30 de septiembre menos de 5,5 salarios Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

La incertidumbre se apoderó de la región de Vaca Muerta, en Neuquén, donde se ubica uno de los yacimientos de hidrocarburos más importantes del país. Tras las últimas declaraciones del presidente electo, Javier Milei, quien anunció el fin de la obra pública con financiamiento estatal y la privatización de YPF, la semana pasada se conocieron los primeros 500 despidos, según informó la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

“A más de 500 compañeros les mandaron el telegrama con el cese laboral”, puntualizó el secretario adjunto del sindicato, Juan Carlos Levi. De acuerdo al dirigente gremial, las primeras 300 desvinculaciones se produjeron en La Calera con Tecpetrol, una de las firmas contratistas del grupo Techint; y luego continuaron en Loma Campana, con las firmas de AESA y PECOM, que le prestan servicios a YPF.

Desde Techint aclararon que hubo un grupo de operarios que terminaron de hacer una obra con Pluspetrol, que no era parte de la obra pública sino particular para esa empresa, y al terminar el trabajo tomaron el seguro de desempleo que tiene el sindicato.

La Uocra busca reincorporar a los trabajadores afectados, en medio de las dudas generadas por las declaración de Milei de suspender la inversión en obra pública. Sin embargo, a diferencia de otros momentos políticos con la llegada de nuevas administraciones, no hay interlocutores que permitan impedir la pérdida de puestos de trabajo.

“Hay una incertidumbre empresarial. Siempre hubo transiciones y con quién hablar para avanzar en esos temas. Hoy no está ese camino”, remarcó.

Levi también señaló que en la Patagonia, “la obra pública viene parada hace rato”, haciendo referencia a proyectos como Vaca Muerta Sur y La Calera II, que deberían haber comenzado en septiembre y octubre, y el parate en las rutas 17 y 51. Además, reconoció que tampoco podrán solicitar ayuda a los intendentes locales, ya que “apenas alcanzan a pagar los sueldos de los empleados municipales”.

“Nosotros vemos bastantes complicaciones. Si esto sigue así, no van a enviar 500 telegramas, van a ser muchos más”, advirtió Levi.

Días atrás, la Uocra emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por los dichos del mandatario electo sobre el “futuro de la obra pública”, y determinó el estado de alerta de la organización gremial. En un documento, firmado por el secretario general del sindicato, Gerardo Martínez, se pronunció en defensa de los 220 mil puestos de trabajo en las obras públicas que actualmente están en ejecución y rechazó las afirmaciones del líder de La Libertad Avanza (LLA) que “arriesgan la continuidad laboral de esos trabajadores”.

“El actual Gobierno aún en ejercicio tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias hasta diciembre próximo, lo que de hecho asegura la normal continuidad de las obras en curso, por lo que no hay argumentos válidos para justificar despidos, lo que no contribuye a la paz social”, comunicó la organización sindical.

Luego del triunfo electoral del balotaje del 19 de noviembre, Javier Milei ratificó su promesa de campaña electoral de que “la obra pública se termina” y que el financiamiento de infraestructura se llevará a cabo “a la chilena”,con fondos del sector privado debido al ajuste presupuestario que el dirigente libertario aplicará en el Estado nacional.

“Creo que estos anuncios está haciendo ruido en todos lados y no le hace bien a nadie”, consideró el dirigente sindical. “Los 200 mil telegramas de despidos ya andan dando vueltas. Hay cosas que se tienen que revertir, que no se pueden frenar de la noche a la mañana. Hay cosas que se han hecho mal, pero no hay que generalizar y meter a todos en la misma bolsa porque sin diálogo se va a generar más confrontación y choque. Nadie se ha acercado ni pedido para hablar de la transición”, insistió Levi en declaraciones a Radio 10.

Según los cálculos gremiales, cerca de 10 mil trabajadores están sin tareas y sin actividades porque las obras públicas están paralizadas. Desde la sede central de la Uocra están monitoreando lo que ocurre con el empleo y la continuidad de los proyectos.

“Las empresas y operadoras tienen incertidumbre, pero sobre todo el que peor la pasa es el trabajador”, consideró el dirigente gremial. “Todos estamos con expectativa. El obrero de la construcción es parte de la sociedad. La dignidad no pasa solo por el trabajo, todos los habitantes argentinos necesitan vivienda, educación y sanidad”, dijo sobre el ajuste que se avecina.

Aun en estado de shock tras haber apoyado a Sergio Massa, la CGT se reunirá esta mañana para analizar el nuevo escenario político a partir del triunfo electoral de Javier Milei. Algunos dirigentes son partidarios de dejar sentado su rechazo a eventuales despidos en el Estado y el ajuste económico que aplicaría el gobierno libertario, aunque otros propondrán abrir un compás de espera para conocer todos los nombres del gabinete nacional y las primeras medidas que se pondrán en marcha.

La cita será a las 11 en la sede de la UOCRA, en la avenida Belgrano al 1800, donde una veintena de sindicalistas de la mesa chica ampliada de la CGT debatirá cómo afrontar la relación con el gobierno de La Libertad Avanza, al que el cotitular cegetista Pablo Moyano (Camioneros) ya había amenazado con recibirlo con protestas callejeras si ganaba las elecciones, de la misma forma que a Patricia Bullrich. Hasta ahora, ni Pablo ni Hugo Moyano hablaron acerca de la victoria de Milei. Por eso, el encuentro de la central gremial será clave para medir la temperatura sindical ante la etapa que comienza el 10 de diciembre.

Hasta ahora, hay opiniones disímiles. Para algunos dirigentes gremiales, no se puede recibir a un presidente elegido con más del 55% de los votos con amenazas de paros, sobre todo cuando ni siquiera asumió. En la intimidad, admiten que la central obrera perdió legitimidad social luego de que no hizo paros ni movilizaciones durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández para protestar contra el 140% de inflación anual, los aumentos de precios o el índice récord de pobreza.

Los que ya están en pie de guerra son los sindicalistas que representan a los trabajadores del Estado por el fuerte ajuste fiscal que proyecta el próximo gobierno y, además, porque Milei no confirmó el pago de todo el medio aguinaldo de diciembre al sector público. Otro frente de conflicto se abrió cuando el presidente electo confirmó que quiere privatizar empresas públicas como YPF, Aerolíneas Argentinas, Télam, la TV Pública y Radio Nacional. De la misma forma, causó impacto que Milei haya advertido que el 11 de diciembre “se termina la obra pública porque no tendremos plata”.