En un paso clave hacia la reforma laboral, el Gobierno nacional lanzó un proceso de consulta pública para implementar los «Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral» (PICs), que podrían reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones por despido. La medida genera un gran impacto y preocupación en el mundo del trabajo registrado por el posible debilitamiento de los derechos laborales.

La Resolución General 1066/2025 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) formaliza la implementación de los PICs, que funcionarían como alternativa al sistema tradicional de indemnizaciones. Estos instrumentos financieros se basan en el Decreto N° 847/2024, que sienta las bases para el Sistema de Cese Laboral.

Los PICs podrán adoptar dos formas jurídicas: Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF). En ambos casos, deberán incluir la expresión «Cese Laboral» en su denominación y estarán sometidos a estrictos requisitos de funcionamiento. Entre ellos, se establece que no podrán invertir en valores emitidos por los propios empleadores aportantes y que los fondos estarán exclusivamente destinados a cubrir situaciones de finalización del vínculo laboral, independientemente de la causa.

La implementación de los PICs podría ser un paso hacia la eliminación efectiva de la indemnización por antigüedad, uno de los pilares históricos de la protección del trabajador en Argentina. La medida ha generado alerta en el mundo del trabajo registrado por el posible debilitamiento de los derechos laborales. El impacto de esta reforma, de avanzar, podría modificar profundamente las relaciones laborales y las dinámicas de desvinculación en el país.

La eliminación de las indemnizaciones podría dejar a los trabajadores más expuestos ante decisiones empresariales unilaterales. La falta de protección laboral podría generar incertidumbre y miedo en el lugar de trabajo, lo que podría afectar negativamente la productividad y la calidad del trabajo.

Participación ciudadana:

El Gobierno ha optado por un proceso de «Elaboración Participativa de Normas» para recibir opiniones de ciudadanos, empresas, sindicatos y otros actores del mercado. Las presentaciones pueden realizarse durante quince días hábiles a través del sitio oficial de la CNV. Sin embargo, es importante cuestionar si este proceso de consulta pública es suficiente para garantizar que las voces de los trabajadores sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.

En un golpe directo a las políticas de ajuste y persecución, el Juzgado Nacional del Trabajo N°6 dictaminó que los despidos masivos en ANSES fueron discriminatorios y antisindicales. Esta decisión judicial es un triunfo para los trabajadores y un llamado a la unidad para resistir las embestidas del poder.

El magistrado a cargo sentenció que «no existen dudas de que el accionar de la ANSES resultó discriminatorio y violatorio de los derechos de libertad sindical». La resolución judicial no deja lugar a interpretaciones ambiguas: los despidos no fueron el resultado de una supuesta reestructuración técnica, sino la ejecución de una estrategia política perversa destinada a amedrentar y perseguir a la legítima organización de los trabajadores.

La contundencia del fallo es innegable. El 84,6% de las personas injustamente despedidas ostentaban su legítima afiliación al SECASFPI, dejando al descubierto una operación planificada para asfixiar financieramente al gremio y socavar su capacidad de defensa de los derechos de las y los trabajadores.

El secretario general del SECASFPI, Carlos Ortega, afirmó que «celebramos este fallo que confirma nuestra denuncia de persecución ideológica y antisindical». La lucha sindical ha sido fundamental para defender los derechos de los trabajadores y resistir las embestidas del poder.

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) declaró el estado de alerta en todo el país y comenzó a realizar asambleas en los lugares de trabajo tras rechazar la intromisión del gobierno nacional en la discusión de las paritarias libres. La medida se tomó luego de que la Secretaría de Trabajo no homologara el último acuerdo salarial firmado entre el gremio y las cámaras empresarias del sector.

El acuerdo salarial firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) establece un aumento acumulativo del 5,4% para el trimestre abril-junio, distribuido en tres tramos. El salario básico con presentismo trepará a $1.123.000. Además, se pactaron sumas fijas que se incorporarán al básico a partir de julio.

Sin embargo, la Secretaría de Trabajo no homologó el acuerdo, lo que generó la reacción del sindicato. «Nos quieren meter la mano en la negociación colectiva y eso no lo vamos a permitir», lanzó un delegado durante la asamblea encabezada por el histórico líder Armando Cavalieri.

El sindicato enfatizó que el acuerdo está vigente y que no aceptarán que no se respeten los derechos de los trabajadores. «Este convenio está vigente. No vamos a aceptar que no se respeten los derechos de los trabajadores», subrayaron fuentes sindicales.

La no homologación del pacto salarial amenaza con impactar de lleno en los bolsillos de los trabajadores, en un contexto en el que la inflación sigue presionando fuerte sobre los salarios. El gremio continuará en estado de alerta y no descarta endurecer las medidas si no se destraba la situación.