La Justicia Federal ordenó la reincorporación de los nueve agentes cesanteados el 31 de marzo en el 11° Distrito Catamarca. Un freno a la motosierra de Javier Milei en el sector público.

El Juzgado Federal de Catamarca le puso un freno a la motosierra del Gobierno Nacional de Javier Milei. Es que rechazaron la excepción de competencia presentada por Vialidad Nacional y e hizo lugar al amparo que pidió la nulidad absoluta de las cesantías en Catamarca.

Se trata de nueve despidos definidos por el organismo nacional el pasado 31 de marzo, en el marco de las cesantías masivas en el Estado Nacional.

El fallo judicial ordena la reinstalación de los demandantes en sus puestos de trabajo, rechazando el planteo de inconstitucionalidad del Decreto 84/2023 y imponiendo las costas al demandado, junto con la regulación de honorarios a la letrada de los demandantes. Este veredicto destaca la importancia de proteger los derechos de los trabajadores frente a decisiones administrativas arbitrarias, validando el marco legal establecido por el decreto en cuestión.

De hecho, el juez Guillermo Días Martínez, le da un plazo de 48 horas al organismo para que cumpla con la sentencia.

La determinación judicial marca un nuevo límite judicial al plan Milei que ya tuvo varios reveses en los magistrados. El más importante de todos con el freno del Capítulo Laboral del mega DNU 70/2023 que nunca pudo entrar en vigencia.

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) solicitaron al Senado participar en el debate en comisiones del proyecto de Ley Bases que contempla, entre otras cuestiones, la privatización de radio Nacional y la Televisión Pública.

Las organizaciones Fatpren y Sipreba solicitaron en una carta enviada al presidente y a la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Edgardo Kueider y Sandra Mendoza.

“Queremos expresar nuestra preocupación y alarma por el tratamiento de la nueva versión de la Ley Bases. Para nuestras organizaciones gremiales -que representan a comunicadores y comunicadoras del ámbito público, privado y cooperativo de todo el territorio nacional- es muy importante ser escuchados por los senadores y senadoras que integran la Comisión y también escuchar las posiciones de senadoras/es con relación al proyecto con tratamiento en estos días”, dice la misiva dada a conocer hoy.

En la carta expresan que “el tema debería ser de especial interés del Senado y esta comisión, ya que afecta a derechos constitucionales en temas de pluralidad informativa y libertad de expresión y prensa”.

Según las organizaciones, la privatización o cierre de Radio y Televisión Argentina “impactaría y afectaría negativamente en nuestro país al negar el acceso a la información a amplios sectores de nuestra población” y advirtieron que desde el comienzo de su mandato, el Poder Ejecutivo nacional “viene expresando una hostilidad manifiesta a la labor del periodismo que debería ser materia de preocupación”.

Entre otras cuestiones en esa línea enumeran “la suspensión de las campañas de interés público, el intento de cierre ilegal de la agencia de noticias Télam, las agresiones por parte de las Fuerzas de Seguridad a trabajadores de prensa” y las marcan como indicadores de sus “inquietudes sobre el derecho a la libertad de expresión tienen fundamentos”.

“Por todo lo expresado, le solicitamos convoque a una reunión informativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales o nos facilite la participación en las reuniones Plenarias que en estos días seguirá el tratamiento del proyecto Ley Bases y punto de partida para la especialmente por la vertiginosidad en la que la misma obtuvo tratamiento y dictamen”, concluye la nota.

La carta está firmada por el secretario general de Sipreba, Agustín Lecchi, y la secretaria general de Fatpren, Carla Gaudensi.

Los gremios que integran la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) resolvieron este jueves la convocatoria a paros por turnos en clínicas y sanatorios de todo el país, ante la falta de respuestas de los empresarios a demandas salariales a más de un mes de iniciadas las negociaciones.

Los trabajadores de la sanidad comenzarán un plan de acción la próxima semana con tres días de protestas. El cronograma se iniciará el miércoles 11 con un paro de 2 horas por turno, continuará el jueves 23 con cese de actividades de 3 horas por turno, y la primera etapa de medidas, cerrará el viernes 24 con 4 horas de paro por turno.

La entidad que conduce Héctor Daer aprobó las medidas de acción directa tras reunión de consejo directivo por el atraso en la paritaria del sector asistencial. Días antes habría se había declarado en estado de alerta y movilización.

En la previa a las jornadas de paro, entre lunes y martes, las distintas asociaciones de trabajadores de sanidad (ATSA) se mantendrán en estado de asamblea permanente en establecimientos para informar sobre el estado de la negociación, confirmaron a Mundo Gremial.

Los empresarios del sector asistencial, que nuclea a sanatorios y clínicas privadas, geriátricos, emergencias médicas y laboratorios de análisis clínicos, entre otros, se niegan a otorgar el aumento paritario solicitado por la FATSA y se plantó en porcentajes por debajo de la inflación, informaron fuentes sindicales a Mundo Gremial.

Semanas atrás, la federación se había referido a la “irresponsabilidad empresaria y la intransigencia de las Cámaras Empresariales para firmar un acuerdo paritaria” y recalcado que la responsabilidad por los “perjuicios que en la atención de los servicios de salud puedan ocasionar las medidas de acción sindical” recaería sobre la patronal.

Durante toda la semana, los distintos sindicatos que integran la FATSA llevaron adelante asambleas y manifestaciones en establecimientos como forma de protesta.