La Cámara de Apelaciones del Trabajo declaró inconstitucionales los artículos del decreto 340 del Gobierno nacional que intentaban limitar el derecho a huelga en varias actividades. La decisión refuerza el respeto por el proceso democrático y el papel del Congreso en la creación de leyes.

La Justicia laboral dio un golpe significativo a la arbitrariedad del Ejecutivo al declarar inconstitucionales los artículos del decreto 340 que limitaban el derecho a huelga en varias actividades. La decisión de la Cámara de Apelaciones del Trabajo es clara: el Gobierno no puede usar decretos para limitar derechos fundamentales y constitucionales sin una verdadera necesidad y sin consultar al Congreso.

Esta decisión judicial es importante porque refuerza el respeto por el proceso democrático y el papel del Congreso en la creación de leyes. Los jueces señalaron que el Gobierno no justificó la necesidad ni la urgencia de dictar estas medidas por decreto, ya que el Congreso estaba en funciones y es el único órgano con autoridad para cambiar una ley. Esto subraya la importancia de que el proceso legislativo sea respetado y que el Ejecutivo no se extralimite en sus funciones.

El Derecho a Huelga como un Derecho Fundamental

El derecho a huelga es un derecho fundamental y constitucional que no puede ser limitado sin una justificación clara y convincente. La jueza Fullana consideró que la norma violaba la libertad sindical, al impedir el derecho de protesta en sectores donde no corresponde hacerlo según tratados internacionales. La Cámara del Trabajo coincidió con esta mirada y enfatizó que el problema no era definir qué actividades son esenciales, sino el uso del DNU para modificar una ley sin el debate correspondiente.

La inflación volvió a subir en el mes junio, especialmente en los barrios más humildes, donde los aumentos en alimentos duplican el promedio general. La situación genera preocupación sobre la estrategia económica del gobierno y su impacto en las elecciones legislativas de octubre.

La inflación es un problema que no se ha ido, y su efecto se siente especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad. Según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), la Canasta Básica de Alimentos en el conurbano bonaerense aumentó 3,41% en junio. Esto significa que una familia necesitó $186.330 más que hace un año para comprar los mismos productos de almacén.

Esa suba se sintió fuerte en los bolsillos. Una familia necesitó en junio $186.330 más que hace un año para comprar los mismos productos de almacén, $110.000 más para adquirir los mismos cortes de carne y $75.000 adicionales para acceder a la misma cantidad de verduras.

Pese a la baja interanual de la inflación (que pasó del 84,5% en enero al 43,5% en mayo), esa desaceleración no se tradujo en alivio real para la mayoría. En paralelo, los salarios, las jubilaciones y las pensiones se desplomaron. Con menos dinero en los bolsillos, la gente no volvió a consumir. “La baja de los precios no devolvió a la gente a los comercios”, graficó un informe reciente.

A nivel nacional, las consultoras privadas estiman que la inflación de junio rondó entre 1,5% y 1,8%. Sin embargo, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) marcó un 2,1%, rompiendo con la tendencia del mes anterior, que había sido la más baja en cinco años y motivo de festejo para el oficialismo.

La situación en los barrios populares es crítica. Los aumentos en alimentos y servicios indispensables mantienen las dificultades de los hogares para prever el manejo de presupuestos que no se incrementan en la proporción de los aumentos que se producen, según destaca Isaak Rudnik, director del Isepci.

La estrategia económica del gobierno ha sido cuestionada por varios expertos. Nicolás Trotta, exministro y actual director del Centro para la Concertación y el Desarrollo, señaló que «el alza en los alimentos cuestiona la estabilidad cambiaria y la estrategia gubernamental basada en el ancla del dólar y el control de paritarias». La presión cambiaria y la falta de resultados tras el retiro parcial del cepo también complican la situación.

La administración de Javier Milei avanza sobre pilares fundamentales del derecho laboral argentino. Busca reemplazar el pago de horas extraordinarias por compensaciones, flexibilizar el régimen de vacaciones y redefinir el sistema de indemnizaciones, generando una fuerte resistencia sindical y social.

La reforma laboral que promueve el gobierno nacional no es apenas un paquete técnico de ajustes normativos: representa una transformación estructural en la concepción del trabajo, sus garantías y los vínculos entre empleadores y empleados. Bajo el pretexto de dinamizar la productividad y erradicar “rigideces” que –según argumentan desde el Ejecutivo– obstaculizan la competitividad, se impulsa una avanzada que erosiona conquistas históricas del movimiento obrero.

En el centro del debate se encuentra la tentativa de suprimir el pago de las horas extra, un beneficio que desde hace décadas reconoce el esfuerzo adicional de quien prolonga su jornada laboral. Hoy, el marco legal argentino contempla un incremento del 50% para las horas extraordinarias en días hábiles y del 100% durante fines de semana o feriados, con un tope de 30 horas mensuales. El proyecto oficial pretende reemplazar este reconocimiento económico por sistemas de “bancos de horas” o “francos compensatorios”, a ser negociados de manera colectiva. De aprobarse, la dinámica se traduciría en una notable transferencia de valor desde el trabajador hacia el empleador, bajo una lógica de «recuperación horaria» que oculta la desvalorización del tiempo personal.

Una reciente encuesta de la consultora Zuban Córdoba reveló que casi nueve de cada diez argentinos rechazan esta posible eliminación del pago por horas extra. El 88,5% de los consultados expresó su disconformidad ante la eventual implementación de esquemas alternativos que no impliquen retribución dineraria, mientras que apenas el 6,7% se manifestó a favor. Esta rotunda desaprobación no ha tenido, sin embargo, correlato en el empresariado, que, sin pronunciarse públicamente, observa con expectativa las flexibilizaciones propuestas.

Indemnizaciones y causa justa: el nuevo margen para despidos sin costo

El proyecto también rediseña el régimen indemnizatorio. Se busca profundizar el esquema del “fondo de cese laboral”, ya adoptado por algunos convenios colectivos, mediante el cual los empleadores contribuyen regularmente a un fondo que sustituye el pago de la indemnización tradicional. No obstante, la novedad más controvertida reside en el concepto de “causa justa”. Según la iniciativa, si el empleador demuestra que el trabajador incurrió en conductas perjudiciales para la empresa, podrá prescindir de su obligación indemnizatoria.

El problema radica en la amplitud de interpretación que se abre con esta cláusula. Entre las “faltas” que podrían invocarse se mencionan explícitamente acciones sindicales: bloqueos, tomas o medidas de fuerza, figuras cuya inclusión sienta un precedente peligroso. La normativa habilitaría, en la práctica, despidos sin resarcimiento bajo fundamentos que podrían vulnerar la libertad sindical consagrada en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

Vacaciones: descanso bajo discrecionalidad patronal

Otro eje crítico de la reforma remite al régimen de licencias. La propuesta contempla que los días de vacaciones puedan otorgarse durante todo el año, incluso hasta abril del siguiente período anual. A su vez, permite la fragmentación del descanso, con la única condición de que los tramos no sean inferiores a una semana. El empleador, además, podría informar las fechas con apenas tres semanas de antelación.

Este cambio reconfigura el descanso vacacional como una instancia sujeta a la conveniencia empresarial, desdibujando su carácter reparador y su previsibilidad. La posibilidad de fraccionar las vacaciones atenta contra su sentido integral: el de ofrecer al trabajador una desconexión sostenida que le permita reponerse física y mentalmente.

Lejos de ser una mera adecuación técnica a las necesidades de la economía global, la propuesta del gobierno expresa una concepción ideológica del trabajo subordinado. El derecho laboral, históricamente concebido como un freno al abuso y un equilibrador de desigualdades, corre el riesgo de ser vaciado de contenido.

Bajo una retórica de eficiencia, se avanza sobre principios consagrados por décadas de luchas gremiales y decisiones jurisprudenciales. La desregulación propuesta no solo redistribuye cargas en favor del capital, sino que también  replantea el contrato social que vincula al Estado con sus trabajadores. En nombre de la libertad, se fragua una asimetría que debilita aún más al eslabón más vulnerable de la cadena productiva.