La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó una decisión de primera instancia y ordenó al Ministerio de Capital Humano emitir en cinco días una certificación provisoria de las autoridades elegidas el 29 de diciembre de 2025. La medida cautelar también consideró el impacto de la demora sobre trámites sindicales y acuerdos paritarios.

La disputa por la conducción nacional de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) sumó una definición judicial que obliga al Gobierno a avanzar con el reconocimiento administrativo de las autoridades surgidas de las elecciones de diciembre. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, emitir en un plazo de cinco días una certificación provisoria.

Los comicios se realizaron el 29 de diciembre de 2025, luego de una extensa disputa interna y de anteriores actuaciones judiciales vinculadas al proceso electoral. La Lista Celeste “17 de Octubre”, encabezada por Luis Barrionuevo, fue proclamada por la Junta Electoral Central con 121.334 votos positivos. Al día siguiente, el 30 de diciembre, se inició ante la autoridad laboral el trámite para obtener la certificación de las autoridades, pero no hubo respuesta administrativa durante los meses posteriores.

El planteo llegó nuevamente a los tribunales mediante una acción de amparo promovida por Barrionuevo. La Cámara revocó ahora el rechazo de primera instancia y consideró que estaban reunidos los requisitos para dictar una medida cautelar, en particular ante las consecuencias que la falta de certificación estaba produciendo sobre el funcionamiento de la organización sindical.

Uno de los elementos centrales de la resolución es que, según el tribunal, no se observaban decisiones que afectaran la regularidad de los comicios del 29 de diciembre. La Cámara también señaló que la autoridad administrativa tiene entre sus funciones mantener los registros correspondientes a las asociaciones sindicales y sus autoridades.

La ausencia de una certificación vigente había comenzado a generar obstáculos concretos. Entre ellos, el fallo menciona una observación vinculada con la rúbrica de libros de UTHGRA, debido a que la Comisión Directiva figuraba con mandato vencido desde el 14 de diciembre de 2025. Para la Cámara, la demora excedía una cuestión meramente formal porque comprometía el funcionamiento institucional de la entidad.

La Justicia también puso el foco en los acuerdos paritarios suscriptos y ratificados por las partes que permanecían sin homologación. En su análisis, el perjuicio derivado de la falta de reconocimiento no recaía únicamente sobre la estructura del sindicato, sino que podía proyectarse sobre los salarios de los trabajadores comprendidos en esas negociaciones.

El recurso pendiente y el argumento de la Cámara

La primera instancia había rechazado la cautelar porque permanecía pendiente un recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Superior de Justicia contra una resolución anterior de la propia Sala VI.

La Cámara adoptó una interpretación diferente. Señaló que la sola presentación de ese recurso no tenía efecto suspensivo y recordó que la resolución del 17 de diciembre de 2025 ya había sido ejecutada: las elecciones se realizaron, la Junta Electoral proclamó a las autoridades y el sindicato inició posteriormente el trámite administrativo para obtener la certificación.

En ese sentido, los camaristas consideraron que supeditar la certificación a una resolución favorable del recurso pendiente implicaría incorporar una exigencia que no correspondía para el dictado de la medida cautelar. La documentación presentada por el propio Estado ante la Justicia, además, daba cuenta de que el proceso electoral había sido reanudado y concluido.

Una medida provisoria que no resuelve la disputa de fondo

La Cámara estableció expresamente los límites de su decisión. La certificación ordenada tiene carácter provisorio, mutable y revocable y no implica una definición definitiva sobre la procedencia de la acción de amparo.

Por esa razón, si el recurso judicial todavía pendiente tuviera posteriormente un resultado que modificara el cuadro jurídico, la certificación podría quedar sin efecto. La Sala VI buscó así preservar la discusión de fondo mientras evita que la falta de reconocimiento administrativo continúe paralizando cuestiones vinculadas con la conducción del sindicato.

El conflicto salarial y presupuestario de las universidades nacionales volvió a escalar después de una nueva reunión paritaria sin acuerdo. El Frente Sindical de Universidades Nacionales rechazó la propuesta oficial y resolvió convocar a un paro nacional para el 18 y el 22 de septiembre, además de fijar 23 jornadas de protestas en distintos puntos del país y una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.

La decisión fue adoptada luego de que el Gobierno volviera a presentar una actualización salarial del 3%, oferta que las organizaciones gremiales ya habían rechazado. Para el Frente Sindical, ese porcentaje no responde al deterioro acumulado de los ingresos y tampoco contempla, según su interpretación, los alcances de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

El artículo 5 de la Ley 27.795 establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas tomando como referencia la evolución del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de disponer que los aumentos sean remunerativos y bonificables.

Los gremios sostienen que, a partir de esa referencia y de una medida cautelar judicial, existe un retraso salarial del 33,4% y una deuda acumulada que estiman equivalente a unos cuatro salarios. Esas cifras corresponden al cálculo difundido por las organizaciones sindicales y forman parte de su argumentación para rechazar la propuesta oficial.

El nuevo cronograma tendrá alcance a nivel nacional. Las jornadas de lucha se extenderán durante las próximas semanas y buscarán mantener la discusión sobre salarios, financiamiento y funcionamiento de las universidades hasta la movilización prevista para octubre.

La quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre, será la principal expresión colectiva del nuevo ciclo de medidas. El Frente Sindical vinculó la convocatoria con la defensa de salarios, becas estudiantiles, recursos para docencia, investigación y extensión y financiamiento de los hospitales universitarios.

En San Juan, los gremios docentes y no docentes de la UNSJ se suman al paro nacional previsto para el viernes 18 y el martes 22 de septiembre.

El Frente Sindical reúne a organizaciones docentes y no docentes como FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, UDA y CTERA, que resolvieron sostener una acción conjunta frente a la falta de acuerdo en las negociaciones.

La disputa combina así dos planos que los gremios consideran inseparables: la recomposición de los ingresos del personal universitario y el financiamiento de las instituciones. Con dos nuevas jornadas de paro inmediatas, 23 días de movilización y una Marcha Federal ya fijada, la discusión salarial vuelve a ocupar el centro de la agenda universitaria nacional.

La Quinta de Olivos quedó en el centro de una profunda reorganización impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que confirmó el despido de 12 trabajadores civiles y resolvió transferir a la Casa Militar el control integral de la residencia presidencial. Entre los desvinculados se encuentra Osvaldo Javier Sosa, quien se desempeñaba como intendente del predio. ATE denunció cesantías sin explicaciones y anticipó posibles medidas de fuerza.

La modificación alcanza también a la estructura administrativa de Olivos. La Administración General de la Residencia Presidencial será disuelta y la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei, asumirá las funciones de seguridad y administración. El traspaso de funciones y bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

La explicación pública del Ejecutivo se concentró en la necesidad de elevar los estándares de seguridad y eficiencia para la protección del Presidente y su entorno. El Gobierno vinculó además la decisión con la visita del papa León XIV a la Argentina y con el movimiento de personal externo que demandarán las obras y tareas de acondicionamiento relacionadas con ese acontecimiento.

Sin embargo, fuentes oficiales consultadas por medios nacionales señalaron que las cesantías se produjeron luego de una investigación interna relacionada con presuntas filtraciones de información sobre las actividades del Presidente y de su círculo cercano. Esa explicación no fue incluida en los mismos términos en el comunicado oficial que anunció el nuevo esquema de seguridad.

Entre los empleados afectados hay personal de administración, cocina y jardinería. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, sostuvo que algunos trabajadores se presentaron a cumplir sus tareas y no pudieron ingresar al predio, por lo que fueron enviados a sus domicilios a la espera de los telegramas de despido. También afirmó que no recibieron explicaciones sobre las razones de las desvinculaciones.

Desde ATE Presidencia, inicialmente se había informado sobre diez bajas y posibles reubicaciones de otros empleados. La secretaria adjunta del gremio, María Eugenia Trigo, señaló que la reorganización podría alcanzar a un universo mayor de trabajadores civiles, aunque esa cifra no forma parte de la cantidad de despidos confirmada oficialmente.

El sindicato pasó a estado de alerta y anticipó la posibilidad de medidas de fuerza. Su reclamo apunta a revertir las cesantías y cuestiona que trabajadores con años de servicio hayan sido apartados sin una explicación individualizada sobre las razones de la decisión.

El nuevo esquema modifica de manera sustancial el funcionamiento de la residencia presidencial: la Casa Militar no sólo concentrará la custodia del jefe de Estado y su familia, sino que tendrá bajo su órbita la administración del predio. El Gobierno aclaró que ello no significa necesariamente que todas las tareas civiles serán ejecutadas por personal militar, sino que quienes trabajen en áreas vinculadas con el Presidente quedarán bajo esa estructura de conducción.

La reorganización deja abierto, además, el alcance final de la reducción del personal y las condiciones en que se concretarán las reubicaciones. Por ahora, el único número confirmado oficialmente es el de 12 despidos, mientras el traspaso a la Casa Militar deberá completarse durante los próximos dos meses.