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El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por cinco días en el conflicto de los choferes de colectivos de corta y media distancia, que habían dispuesto un paro nacional de 24 horas para este viernes, por lo cual mañana esos servicios funcionarán normalmente.

De acuerdo con la medida, la cartera que conduce Raquel «Kelly» Olmos dispuso «dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de cinco (5) días hábiles (…) debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio». Además, la cartera de Estado citó a una reunión de las partes para el próximo martes 23.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández, había dispuesto un paro nacional de 24 horas de choferes de colectivos de corta y media distancia a partir de esta medianoche en reclamo de mejoras salariales. Trabajo indicó que ante la declaración de la huelga se debía «promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado» y «otorgarse especial consideración al interés general como principio rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta administración debe velar».

El Ministerio recordó que «por imperio de lo establecido constitucionalmente a partir de la reforma del año 1994, los derechos colectivos del trabajo fundamentales y los de protección al conjunto de la comunidad deben ser interpretados armónicamente». También destacó que la conciliación obligatoria procura que las partes «lleguen a un acuerdo», así como «garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes».

La disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo -que conduce Raúl Ferrara- dispuso en ese marco «intimar» a la UTA y a los trabajadores «a dejar sin efecto, durante el período indicado (…) toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual».

A la vez, «intimar a las empresas de transporte que se desempeñan en el ámbito Región Metropolitana de Buenos Aires» involucradas en el conflicto «a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal». En caso de que las partes no cumplan con lo prescripto se les aplicarán sanciones, tal como lo prevé la ley, se advirtió.

Tras exhortar a las empresas y a la UTA a «mantener la mejor predisposición y apertura para negociar», Trabajo ratificó una audiencia fijada para el martes 23 de mayo a las 13 mediante plataforma virtual, para evaluar el avance de las negociaciones y el acatamiento de lo ordenado».

La ministra Olmos había anticipado a Télam que ante el anuncio del paro se iba a dictar la conciliación «para garantizar el servicio de colectivos y que las trabajadoras y los trabajadores puedan trasladarse mañana como cualquier día normal».

El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, había dicho que la huelga dependía de la declaración o no de la conciliación. La UTA informó en un comunicado que había resuelto un plan de lucha «en la búsqueda de la mejora de nuestros salarios». Y denunció que «las empresas niegan la posibilidad de aumento salarial, tanto en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) como en el interior del país».

«La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos «dañosos» que causan, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país, poniendo seriamente en riesgo la seguridad pública», alertó el gremio.

«La posición es clara, los salarios de los trabajadores requieren un aumento urgente», enfatizó el sindicato

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La CGT endureció su ofensiva contra Milei por el 9 de Julio: «Quieren arrebatarnos la independencia»

La central obrera aprovechó la conmemoración del Día de la Independencia para cuestionar el rumbo económico del Gobierno nacional y advertir que la defensa de la soberanía excede la dimensión histórica para abarcar la producción, los recursos estratégicos, la industria, la ciencia, la educación y los derechos laborales. Sin mencionar al presidente Javier Milei, el pronunciamiento constituye uno de los posicionamientos políticos más contundentes difundidos por la organización en los últimos meses.

La Confederación General del Trabajo volvió a elevar el tono de su confrontación con el Gobierno nacional y eligió una de las fechas más emblemáticas del calendario argentino para instalar una definición política de fuerte contenido institucional. En un documento difundido con motivo del 9 de Julio, la conducción cegetista sostuvo que la independencia no pertenece únicamente al pasado, sino que constituye un patrimonio que debe resguardarse frente a decisiones que, a su juicio, comprometen la capacidad del país para decidir sobre sus recursos, su economía y el futuro de sus trabajadores.

El mensaje evita nombrar de manera explícita al presidente Milei, aunque las referencias al programa económico impulsado por la administración libertaria resultan inequívocas. «Hoy es el Día de la Independencia, la que declaramos en 1816 y la que hoy quieren arrebatarnos cuando se venden nuestras tierras, se privatiza lo que construimos entre todos, se entregan nuestros ríos, nuestros recursos y nuestro futuro», afirmó la CGT en un spot audiovisual acompañado por publicaciones en sus canales oficiales.

La declaración traslada el concepto de soberanía desde el terreno histórico hacia el presente y lo vincula con la preservación de las capacidades estratégicas del Estado. Para la central sindical, la independencia también se expresa en la posibilidad de decidir sobre la política productiva, la industria nacional, el desarrollo científico, el sistema educativo, la salud pública y la protección de los derechos laborales.

En esa línea, el documento advierte que la pérdida de financiamiento para la ciencia, el debilitamiento de la industria, la reducción de recursos destinados a educación y salud, la discusión sobre las garantías laborales y el impacto del ajuste sobre jubilados y trabajadores constituyen manifestaciones de un mismo proceso que, según la organización, compromete la soberanía nacional. «La Independencia se lucha y se defiende todos los días», resume el mensaje.

La posición difundida por la CGT adquiere especial relevancia porque consolida una narrativa que la conducción viene desarrollando desde el inicio de la actual gestión. El triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello ha instalado como eje de su estrategia la defensa del empleo, la producción y el mercado interno, cuestionando las políticas de desregulación, apertura económica, privatizaciones y reducción del papel del Estado impulsadas por la Casa Rosada.

Lejos de tratarse de un pronunciamiento aislado, la declaración se inscribe en una escalada de posicionamientos que anticipa una mayor conflictividad sindical durante los próximos meses. La central obrera mantiene abiertas diferencias con el Gobierno por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el retroceso del empleo registrado, la crisis que atraviesan numerosos establecimientos industriales, el deterioro de las jubilaciones y las iniciativas de reforma laboral que considera lesivas para los derechos conquistados por los trabajadores.

En ese mismo sentido, la organización ha profundizado su articulación con las dos CTA, la UTEP y diversos movimientos sociales para coordinar un plan de acción común que contempla nuevas movilizaciones y no descarta medidas de fuerza de alcance nacional si persiste la falta de respuestas a sus principales reclamos.

El documento difundido por el Día de la Independencia sintetiza esa estrategia política bajo una consigna que excede la coyuntura económica. Para la CGT, la soberanía no se limita a la integridad territorial ni a la memoria de 1816, sino que se expresa en la capacidad del Estado para proteger el trabajo argentino, administrar sus recursos estratégicos, sostener el desarrollo científico y garantizar derechos sociales. Desde esa perspectiva, la conmemoración de la independencia se transforma también en una definición sobre el modelo de país que la central obrera sostiene frente al programa económico del Gobierno nacional.

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Radio Nacional acordó una recomposición salarial del 17,62% tras meses de conflicto

Los trabajadores de Radio Nacional alcanzaron un acuerdo salarial que prevé una recomposición acumulada del 17,62% entre enero y agosto y el pago de retroactivos correspondientes al primer semestre del año. Aunque el entendimiento representa un avance en la negociación, las organizaciones sindicales advirtieron que los salarios básicos continúan por debajo de la línea de indigencia y reclamaron una recuperación más profunda del poder adquisitivo.

Los sindicatos que representan a los trabajadores de Radio Nacional lograron un nuevo acuerdo paritario con la empresa, luego de varios meses de negociación y de un plan de acción que incluyó paros, movilizaciones, ruidazos en las emisoras y presentaciones judiciales. El entendimiento, alcanzado de manera conjunta por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y las restantes organizaciones gremiales con representación en los medios públicos, replica en términos generales la pauta salarial acordada recientemente para el personal de la Televisión Pública.

El convenio establece una actualización acumulada del 17,62% para el período comprendido entre enero y agosto y dispone el pago de las diferencias salariales generadas entre enero y junio, que serán liquidadas junto con los haberes correspondientes a julio.

Según precisó la representación sindical, el retroactivo equivaldrá al 46% del salario percibido en diciembre del año pasado, lo que permitirá una recomposición inmediata de los ingresos y aliviará parcialmente el deterioro acumulado durante los primeros meses del año.

Sin embargo, FATPREN sostuvo que el resultado de la negociación no resuelve el atraso estructural que arrastran los trabajadores de la radio pública. La organización remarcó que los salarios básicos continúan ubicándose por debajo de la línea de indigencia, una realidad que, a su juicio, refleja la profundidad de la pérdida del poder adquisitivo registrada en los medios estatales.

Desde la federación señalaron que el acuerdo constituye un paso relevante para recomponer ingresos, aunque insistieron en que la discusión salarial permanece abierta y requerirá nuevas instancias de negociación para recuperar el terreno perdido frente al incremento del costo de vida.

La paritaria de Radio Nacional se inscribe en un proceso más amplio de negociación dentro de los medios públicos, donde las organizaciones sindicales mantienen como prioridad la recuperación del salario real y la defensa de las condiciones laborales. El entendimiento alcanzado representa un avance después de meses de conflicto, aunque también deja planteado un desafío de mayor alcance: recomponer remuneraciones que, según advierten los gremios, aún se mantienen por debajo de los niveles considerados compatibles con un ingreso digno.

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Educación superior para la minería: ASIJEMIN firmó un convenio con la Universidad de Morón

El sindicato de jerárquicos mineros suscribió un convenio con la Universidad de Morón para ampliar el acceso a carreras de pregrado, grado, posgrado, diplomaturas y programas de actualización profesional. La iniciativa incorpora beneficios económicos para los afiliados y busca consolidar la formación continua como una herramienta estratégica para el desarrollo de la industria.

La formación profesional volvió a ocupar un lugar central en la agenda de la industria minera a partir del convenio firmado entre la Universidad de Morón y la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN). El acuerdo establece un programa de cooperación destinado a ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para los trabajadores jerárquicos del sector y sus grupos familiares, con una propuesta académica orientada a responder a las nuevas exigencias de una industria en permanente transformación.

El entendimiento fue suscripto por el decano de la Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón, Pablo Navarro, y el secretario nacional de Formación y Capacitación de ASIJEMIN, Fabián Gasco. La iniciativa contempla carreras de pregrado, grado y posgrado, además de diplomaturas, programas de actualización y microcredenciales diseñadas para fortalecer competencias técnicas y de gestión.

La oferta educativa abarca un amplio conjunto de disciplinas, entre ellas Derecho, Ingeniería, Ciencias Económicas, Administración, Salud, Comunicación, Educación, Ciencias Naturales, Servicio Social, Turismo e Informática. A ello se suman propuestas de especialización en Inteligencia Artificial, Análisis de Datos, Gestión de Proyectos, Ciberseguridad, Liderazgo, Comunicación, Habilidades Digitales, Sustentabilidad y Desarrollo Organizacional, áreas cuya demanda crece de manera sostenida en los procesos de modernización tecnológica y productiva.

Uno de los aspectos centrales del convenio establece que los afiliados de ASIJEMIN, junto con sus cónyuges e hijos, accederán a un descuento del 20 % en todas las carreras de pregrado y grado dictadas bajo modalidad a distancia, una herramienta que facilita el acceso a la educación universitaria para trabajadores que desarrollan sus tareas en yacimientos ubicados en distintos puntos del país y con regímenes laborales especiales.

La iniciativa se inscribe en una política de capacitación permanente impulsada por el gremio, que busca potenciar la calificación profesional de sus representados y acompañar los cambios tecnológicos que atraviesan la minería argentina. En un sector donde la incorporación de innovación, automatización y nuevos estándares ambientales redefine las competencias laborales, la actualización de conocimientos adquiere un valor cada vez más determinante para el desarrollo profesional y la competitividad de la industria.

Con este acuerdo, la Universidad de Morón y ASIJEMIN consolidan un vínculo institucional que trasciende el beneficio académico inmediato y proyecta una estrategia de formación continua orientada a fortalecer el capital humano de una de las actividades productivas con mayor potencial de crecimiento en el país, mediante una articulación entre el sistema universitario y la representación sindical que apunta a responder a los desafíos presentes y futuros del desarrollo minero.

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