Se levantó el paro de colectivos
El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por cinco días en el conflicto de los choferes de colectivos de corta y media distancia, que habían dispuesto un paro nacional de 24 horas para este viernes, por lo cual mañana esos servicios funcionarán normalmente.
De acuerdo con la medida, la cartera que conduce Raquel «Kelly» Olmos dispuso «dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de cinco (5) días hábiles (…) debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio». Además, la cartera de Estado citó a una reunión de las partes para el próximo martes 23.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández, había dispuesto un paro nacional de 24 horas de choferes de colectivos de corta y media distancia a partir de esta medianoche en reclamo de mejoras salariales. Trabajo indicó que ante la declaración de la huelga se debía «promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado» y «otorgarse especial consideración al interés general como principio rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta administración debe velar».
El Ministerio recordó que «por imperio de lo establecido constitucionalmente a partir de la reforma del año 1994, los derechos colectivos del trabajo fundamentales y los de protección al conjunto de la comunidad deben ser interpretados armónicamente». También destacó que la conciliación obligatoria procura que las partes «lleguen a un acuerdo», así como «garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes».
La disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo -que conduce Raúl Ferrara- dispuso en ese marco «intimar» a la UTA y a los trabajadores «a dejar sin efecto, durante el período indicado (…) toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual».
A la vez, «intimar a las empresas de transporte que se desempeñan en el ámbito Región Metropolitana de Buenos Aires» involucradas en el conflicto «a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal». En caso de que las partes no cumplan con lo prescripto se les aplicarán sanciones, tal como lo prevé la ley, se advirtió.
Tras exhortar a las empresas y a la UTA a «mantener la mejor predisposición y apertura para negociar», Trabajo ratificó una audiencia fijada para el martes 23 de mayo a las 13 mediante plataforma virtual, para evaluar el avance de las negociaciones y el acatamiento de lo ordenado».
La ministra Olmos había anticipado a Télam que ante el anuncio del paro se iba a dictar la conciliación «para garantizar el servicio de colectivos y que las trabajadoras y los trabajadores puedan trasladarse mañana como cualquier día normal».
El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, había dicho que la huelga dependía de la declaración o no de la conciliación. La UTA informó en un comunicado que había resuelto un plan de lucha «en la búsqueda de la mejora de nuestros salarios». Y denunció que «las empresas niegan la posibilidad de aumento salarial, tanto en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) como en el interior del país».
«La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos «dañosos» que causan, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país, poniendo seriamente en riesgo la seguridad pública», alertó el gremio.
«La posición es clara, los salarios de los trabajadores requieren un aumento urgente», enfatizó el sindicato
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Las universidades enfrentan otra semana de huelga por salarios y presupuesto
Los docentes de las universidades nacionales volverán a parar desde este martes 18 hasta el sábado 22 de agosto para reclamar al Gobierno de Javier Milei la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso pero todavía incumplida, según denuncian las organizaciones gremiales.
La medida tendrá su principal expresión en la Universidad de Buenos Aires, donde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó a cinco jornadas de huelga. El alcance efectivo de la protesta dependerá de las decisiones adoptadas por cada cátedra y de las asambleas de trabajadores.
Aunque las facultades permanecerán abiertas y conservarán la atención administrativa, el dictado de clases y otras tareas académicas quedarán condicionados por el nivel de adhesión.
La protesta también cuenta con el respaldo de federaciones docentes que resolvieron mantener el conflicto hasta obtener respuestas concretas del Poder Ejecutivo.
La demanda central está vinculada con la recomposición de los ingresos. Los gremios sostienen que, al cobrar los salarios correspondientes a julio durante agosto, volvieron a comprobar que no fueron incorporados los incrementos que, según su interpretación, establece la Ley de Financiamiento Universitario. La deuda salarial calculada por las organizaciones asciende al 31,2%, a lo que agregan los montos retroactivos acumulados desde la entrada en vigencia de la norma.
La discusión no se limita a los haberes. Las entidades universitarias también reclaman una actualización de los recursos destinados a hospitales universitarios y becas, dos componentes que consideran determinantes para sostener prestaciones, investigación y permanencia de estudiantes con menores ingresos.
Desde la Conadu Histórica resolvieron mantener la convocatoria nacional y anticiparon que, si el Gobierno no modifica su posición, podrían avanzar hacia una huelga por tiempo indeterminado y una nueva marcha federal universitaria. De esta manera, el conflicto podría pasar de jornadas aisladas de protesta a una medida de mayor duración durante las próximas semanas.
AGD-UBA, por su parte, cuestionó la propuesta salarial formulada durante las negociaciones paritarias. La organización sostiene que el ofrecimiento representa menos de la mitad de la recomposición que reclama en función de la legislación vigente y advierte que aceptarlo permitiría postergar nuevamente el cumplimiento de la norma.
El reclamo gremial también se apoya en una medida cautelar dictada por la Justicia en favor de la actualización de los salarios universitarios. Para las organizaciones, ese pronunciamiento todavía no se tradujo en una recomposición efectiva de los ingresos, por lo que cuestionaron al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a algunas federaciones por valorar positivamente las decisiones judiciales sin que, según afirman, exista una aplicación concreta de sus efectos.
El enfrentamiento combina así tres demandas: recuperación del poder adquisitivo perdido, actualización de los recursos destinados al funcionamiento universitario y cumplimiento efectivo de las disposiciones aprobadas por el Congreso. La respuesta oficial será determinante para definir si las medidas se mantienen como paros sucesivos o avanzan hacia una protesta de mayor duración.
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La producción metalúrgica profundiza la recesión y cae 4,4% en julio
La producción metalúrgica retrocedió 4,4% interanual en julio y acumuló una baja del 5,5% en los primeros siete meses del año. La capacidad instalada cayó al 39,2%, mientras el empleo descendió 2,2%. Siete de las ocho ramas relevadas por ADIMRA registraron resultados negativos.
La industria metalúrgica volvió a profundizar su caída en julio y quedó en uno de sus niveles productivos más bajos de los últimos años. Según el relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la producción disminuyó 4,4% interanual y acumuló un retroceso del 5,5% en los primeros siete meses de 2026.
El dato más contundente aparece en la utilización de las plantas: la capacidad instalada se ubicó en apenas 39,2%, seis puntos porcentuales por debajo del nivel registrado un año atrás. La producción, además, prácticamente no se movió frente a junio, con una variación positiva de apenas 0,1%.
El deterioro alcanzó a siete de las ocho ramas analizadas. Bienes de Capital encabezó las pérdidas, con una contracción del 9,5%, seguido por Maquinaria Agrícola, que retrocedió 7,7%. La única excepción fueron las autopartes, con una mejora interanual del 1,9%, impulsada principalmente por empresas vinculadas con la exportación. Aun así, acumulan una baja del 3,1% durante los últimos seis meses.
La debilidad también atraviesa las principales cadenas que demandan productos metalúrgicos. Consumo Final cayó 9,6%, Construcción 8,2%, la cadena Agrícola 7,9%, Minería 6,4% y Petróleo y Gas 4,4%.
Para ADIMRA, el problema central continúa siendo la falta de demanda. Su presidente, Elio Del Re, advirtió que la reducción de los pedidos está afectando a las empresas y reclamó instrumentos que permitan preservar los puestos de trabajo industriales.
La menor producción ya tiene impacto sobre el empleo. La dotación de personal en las plantas metalúrgicas disminuyó 2,2% interanual, en línea con el retroceso de los niveles de fabricación.
El deterioro se extendió además a varias de las principales provincias industriales. Córdoba registró la mayor caída, con 7,9%, seguida por Buenos Aires, con 5,8%; Mendoza, 4,6%; Entre Ríos, 4,2%; y Santa Fe, 3,8%.
Para San Juan, donde la metalurgia mantiene vínculos con la minería, la construcción y otras cadenas productivas, la evolución del mercado interno también representa una referencia relevante para proveedores industriales y empresas vinculadas con grandes proyectos de inversión.
Las perspectivas inmediatas tampoco muestran un cambio significativo. El 70% de las empresas consultadas no espera modificaciones en sus niveles de producción durante los próximos tres meses, una previsión que confirma la prudencia empresaria frente a la debilidad de la demanda.
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Paritarias: qué sindicatos lograron mejores acuerdos
Con una inflación del 2,1% en julio, varios convenios consiguieron incrementos superiores, aunque las comparaciones deben considerar los distintos períodos de negociación y el atraso acumulado. Metalúrgicos, plásticos, mineros, seguros, seguridad privada y azucareros figuran entre los gremios que cerraron las principales recomposiciones.
La carrera entre salarios y precios comenzó a mostrar acuerdos más favorables para algunos gremios, aunque todavía lejos de representar una recuperación generalizada del poder adquisitivo. Con una inflación del 2,1% en julio, los salarios bajo convenio registraron una suba promedio simple estimada en 4,1%, mientras que al ponderar los acuerdos por la cantidad de trabajadores alcanzados el incremento se ubicó en torno al 3%.
La comparación mensual, sin embargo, requiere cautela. Las paritarias corresponden a períodos diferentes y varias de las subas funcionan como compensación por pérdidas acumuladas. Superar el IPC de un mes no significa necesariamente recuperar lo resignado durante los últimos años.
Uno de los acuerdos más importantes fue el alcanzado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para la Rama 21, correspondiente a trabajadores siderúrgicos. Después de casi dos años de negociaciones, las partes pactaron una mejora del 12%, distribuida en dos tramos: 6% entre agosto y octubre y otro 6% para noviembre y diciembre. El convenio contempla además un bono extraordinario de $1,6 millones para trabajadores propios y de $1,28 millones para contratistas.
En la industria del plástico, la UOYEP acordó una recomposición acumulada del 16,83% entre marzo y agosto, con un incremento del 7,28% sobre los básicos durante este último mes.
Los trabajadores de perfumería obtuvieron un aumento del 9,2% sobre los salarios vigentes en mayo, dividido en dos etapas. El tramo de agosto contempla una mejora del 5%, que también alcanza al adicional por presentismo.
La minería también sumó nuevas pautas. AOMA estableció para la rama extractiva un incremento acumulativo del 2,5% en agosto y otro 2% en septiembre. Por su parte, el personal jerárquico representado por ASIJEMIN tiene previsto un aumento del 5% desde agosto, acompañado por una suma de $90.000, y otro 5% desde octubre, con $80.000 adicionales.
Entre los convenios con mayores porcentajes aparece el de los trabajadores del Seguro. Para las ramas Generales y ART se acordó una mejora total del 19%, mientras que en Vida y Retiro alcanza el 19,5%, con distintos tramos previstos hasta octubre.
La seguridad privada también obtuvo una pauta para el segundo semestre que acumula 17,35%, a la que se agregan sumas no remunerativas. UPSRA estableció aumentos sucesivos entre agosto y diciembre, con adicionales que llegan hasta $120.000 en el último mes.
En clubes de campo, UTEDYC consiguió una recomposición acumulada del 11,02%, mientras que la Federación de Pasteleros acordó asignaciones progresivas para agosto, septiembre y octubre que luego serán incorporadas a los básicos en noviembre.
El incremento más elevado de los acuerdos relevados corresponde a los trabajadores azucareros del Ingenio Ledesma, que obtuvieron un 30% sobre los salarios básicos y una mejora económica total del 30,26%. El entendimiento contempla además dos bonos de $300.000 y una cláusula de revisión en noviembre.
El nuevo mapa paritario muestra una mayor distancia entre convenios, con sindicatos que consiguen pautas superiores al IPC y otros que apenas acompañan la evolución mensual de los precios. También aparece una tendencia hacia acuerdos que abarcan varios meses, en lugar de negociaciones limitadas a uno o dos períodos.
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