Se levantó el paro de colectivos
El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por cinco días en el conflicto de los choferes de colectivos de corta y media distancia, que habían dispuesto un paro nacional de 24 horas para este viernes, por lo cual mañana esos servicios funcionarán normalmente.
De acuerdo con la medida, la cartera que conduce Raquel «Kelly» Olmos dispuso «dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de cinco (5) días hábiles (…) debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio». Además, la cartera de Estado citó a una reunión de las partes para el próximo martes 23.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández, había dispuesto un paro nacional de 24 horas de choferes de colectivos de corta y media distancia a partir de esta medianoche en reclamo de mejoras salariales. Trabajo indicó que ante la declaración de la huelga se debía «promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado» y «otorgarse especial consideración al interés general como principio rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta administración debe velar».
El Ministerio recordó que «por imperio de lo establecido constitucionalmente a partir de la reforma del año 1994, los derechos colectivos del trabajo fundamentales y los de protección al conjunto de la comunidad deben ser interpretados armónicamente». También destacó que la conciliación obligatoria procura que las partes «lleguen a un acuerdo», así como «garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes».
La disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo -que conduce Raúl Ferrara- dispuso en ese marco «intimar» a la UTA y a los trabajadores «a dejar sin efecto, durante el período indicado (…) toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual».
A la vez, «intimar a las empresas de transporte que se desempeñan en el ámbito Región Metropolitana de Buenos Aires» involucradas en el conflicto «a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal». En caso de que las partes no cumplan con lo prescripto se les aplicarán sanciones, tal como lo prevé la ley, se advirtió.
Tras exhortar a las empresas y a la UTA a «mantener la mejor predisposición y apertura para negociar», Trabajo ratificó una audiencia fijada para el martes 23 de mayo a las 13 mediante plataforma virtual, para evaluar el avance de las negociaciones y el acatamiento de lo ordenado».
La ministra Olmos había anticipado a Télam que ante el anuncio del paro se iba a dictar la conciliación «para garantizar el servicio de colectivos y que las trabajadoras y los trabajadores puedan trasladarse mañana como cualquier día normal».
El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, había dicho que la huelga dependía de la declaración o no de la conciliación. La UTA informó en un comunicado que había resuelto un plan de lucha «en la búsqueda de la mejora de nuestros salarios». Y denunció que «las empresas niegan la posibilidad de aumento salarial, tanto en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) como en el interior del país».
«La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos «dañosos» que causan, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país, poniendo seriamente en riesgo la seguridad pública», alertó el gremio.
«La posición es clara, los salarios de los trabajadores requieren un aumento urgente», enfatizó el sindicato
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La Justicia ordenó completar el loteo de AMPUNSJ y fijó una indemnización millonaria
La jueza Adriana Tettamanti, del Juzgado Contencioso Administrativo, hizo lugar al reclamo de AMPUNSJ contra Proyectos Residenciales y Comerciales S.A. y ordenó completar el parcelamiento e inscripción de los terrenos del Loteo Valle Encantado. La empresa deberá cumplir en seis meses y pagar $15.369.487 más intereses.
La Justicia de San Juan condenó a Proyectos Residenciales y Comerciales S.A. (P.R.Y.C.S.A.) a completar la regularización parcelaria del emprendimiento inmobiliario Valle Encantado y estableció una reparación económica a favor de la Asociación Mutual del Personal de la Universidad Nacional de San Juan (AMPUNSJ).
La titular del Juzgado Contencioso Administrativo, resolvió la demanda interpuesta por la mutual, originada en la inobservancia de las obligaciones de un contrato suscrito el 15 de enero de 2021.
El fallo establece que la empresa deberá concretar el parcelamiento e inscripción parcelaria de los lotes comprendidos en el emprendimiento. Para hacerlo, dispone un plazo de seis meses desde la notificación de la sentencia, con la posibilidad de aplicar sanciones económicas si la orden judicial no es cumplida.
Además de la obligación de regularizar los terrenos, la magistrada fijó una indemnización de $15.369.487 por daños y perjuicios, suma que deberá actualizarse mediante los intereses correspondientes hasta su efectivo pago.
El veredicto también alcanza a 87 asociados de AMPUNSJ individualizados en el expediente. La determinación de cuánto corresponde a cada uno deberá efectuarse durante la etapa de ejecución de sentencia, por lo que todavía resta definir la distribución concreta de esos montos y la modalidad mediante la cual se harán efectivos.
El expediente tuvo una instancia de conciliación el 9 de abril de 2026, con participación de representantes de la mutual y de la empresa. El encuentro concluyó sin acuerdo, por lo que el juzgado dispuso continuar con la producción de prueba hasta arribar a la resolución ahora conocida.
El fallo corresponde a la primera instancia y, por lo tanto, la empresa tiene la posibilidad de recurrir ante la Cámara Contencioso Administrativa. Una eventual apelación abrirá una nueva instancia de revisión sobre la resolución, mientras que la ejecución de las obligaciones y los derechos económicos reconocidos en el proceso quedarán sujetos a las decisiones que adopte la Justicia.
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El avance de la IA abre una disputa por el futuro del empleo y los derechos laborales
Un estudio del CESBA y la OIT determinó que el 67% del empleo de la Ciudad de Buenos Aires presenta algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa. La CGT llevó la preocupación al Vaticano y reclamó que la transformación tecnológica no quede exclusivamente en manos empresarias.
La expansión de la inteligencia artificial generativa comenzó a ocupar un lugar central en la agenda del movimiento obrero argentino. La discusión ya no se limita a sus efectos sobre la productividad: también alcanza la estabilidad laboral, la capacitación, las desigualdades entre trabajadores y el papel que tendrán los sindicatos en la definición de las nuevas reglas.
Uno de los datos más contundentes surgió de un estudio elaborado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe estableció que el 67% del empleo porteño presenta algún grado de exposición a la IA, con un índice de 0,353 sobre una escala de cero a uno. El registro supera los promedios de la Argentina —0,292— y de América Latina —0,257—, además de los correspondientes a Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Solo Singapur aparece por encima.
La elevada exposición se explica por la composición de la economía porteña, fuertemente concentrada en servicios. Las mayores posibilidades de transformación se observan en la administración pública, las finanzas, las tecnologías de la información, los servicios profesionales, el comercio, el alojamiento y la gastronomía. En cambio, la construcción, el servicio doméstico y las ramas vinculadas con las artes y el entretenimiento presentan niveles inferiores al promedio.
Durante la presentación, el titular del CESBA, Manuel Socías, sostuvo que la estructura productiva de la Ciudad la vuelve especialmente permeable al cambio tecnológico. Por ese motivo, planteó la necesidad de establecer con urgencia instancias de diálogo social tripartito que permitan convertir la IA en una herramienta de desarrollo y no en una fuente de exclusión.
El relevamiento también mostró que el impacto no será uniforme. Los asalariados registrados, profesionales y trabajadores operativos aparecen entre los grupos más expuestos, mientras que los empleos no registrados y de menor calificación presentan una menor incidencia potencial. Las diferencias por género tampoco son lineales: los varones profesionales tienen una exposición superior a la de las mujeres con igual calificación, pero la relación se invierte en los puestos operativos. El cruce entre edad y género deja, sin embargo, un dato particularmente sensible: las mujeres jóvenes constituyen el grupo más vulnerable.
La explicación está vinculada con el tipo de tareas que la IA generativa puede transformar con mayor rapidez: redacción, procesamiento de información, análisis, programación y otras labores cognitivas desarrolladas principalmente en oficinas. El riesgo, por lo tanto, no se concentra únicamente en los empleos de baja calificación, sino también en ocupaciones profesionales y administrativas.
A escala nacional, un informe de la entonces Secretaría de Trabajo, elaborado a mediados de 2023, había estimado que más de la mitad del empleo formal privado —alrededor de tres millones de puestos— incluía tareas total o parcialmente automatizables mediante inteligencia artificial generativa. Ese diagnóstico todavía no fue actualizado oficialmente.
Desde el ámbito empresario, un estudio de la Unión Industrial Argentina y Accenture calculó que la incorporación de estas herramientas podría transformar hasta el 40% de la jornada laboral en las fábricas y elevar la productividad. El mismo trabajo advirtió, no obstante, que la Argentina recibe apenas el 2% de la inversión regional en inteligencia artificial y que solo una de cada tres empresas industriales destina recursos a estas tecnologías.
La CGT trasladó la discusión al plano internacional durante la audiencia que una delegación encabezada por Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo mantuvo con el papa León XIV en el Vaticano. En el encuentro, los dirigentes expusieron el deterioro del poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la pérdida de empleo, pero también incorporaron la expansión de la IA como uno de los factores que podrían alterar la estructura del mercado laboral.
La posición sindical apunta a evitar que la modernización tecnológica sea definida exclusivamente por las empresas. La central obrera reclama participación de los trabajadores, formación profesional, mecanismos de transición y garantías frente a eventuales desplazamientos de puestos.
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Los bancarios actualizaron sus salarios y el inicial llegó a casi $2,6 millones
La Asociación Bancaria aplicó una actualización del 1,7% correspondiente a agosto y llevó la remuneración inicial a $2.505.061,24. Con $72.413,50 de participación en ganancias, el ingreso alcanza $2.577.474,74. El incremento acumulado en los primeros ocho meses de 2026 igualó la inflación registrada por el INDEC.
La actualización impacta sobre los distintos componentes contemplados en el acuerdo paritario, incluidos conceptos remunerativos y no remunerativos, adicionales convencionales y otros adicionales que forman parte de los ingresos de los trabajadores.
Con este movimiento, los salarios bancarios acumularon un 21,3% de incremento entre enero y agosto de 2026, tomando como referencia los valores de diciembre del año pasado. El porcentaje coincide con la inflación acumulada durante el mismo período, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.
La comparación adquiere relevancia porque el mecanismo acordado por el gremio y las cámaras empresariales busca que las remuneraciones acompañen la evolución de los precios mediante revisiones periódicas. En agosto, el IPC avanzó 1,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,5%.
La organización sindical también actualizó la compensación correspondiente al Día del Bancario. El monto mínimo quedó establecido en $2.233.175,44, con la previsión de que sea recalculado en las próximas revisiones de acuerdo con la evolución de los precios.
El mecanismo permite que el adicional no quede congelado frente a nuevas variaciones inflacionarias y mantiene vinculada su actualización a la misma pauta utilizada para las remuneraciones de la actividad.
Desde la Asociación Bancaria destacaron que el esquema busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y evitar que los incrementos salariales queden rezagados frente al costo de vida.
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