Se levantó el paro de colectivos
El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por cinco días en el conflicto de los choferes de colectivos de corta y media distancia, que habían dispuesto un paro nacional de 24 horas para este viernes, por lo cual mañana esos servicios funcionarán normalmente.
De acuerdo con la medida, la cartera que conduce Raquel «Kelly» Olmos dispuso «dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de cinco (5) días hábiles (…) debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio». Además, la cartera de Estado citó a una reunión de las partes para el próximo martes 23.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández, había dispuesto un paro nacional de 24 horas de choferes de colectivos de corta y media distancia a partir de esta medianoche en reclamo de mejoras salariales. Trabajo indicó que ante la declaración de la huelga se debía «promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado» y «otorgarse especial consideración al interés general como principio rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta administración debe velar».
El Ministerio recordó que «por imperio de lo establecido constitucionalmente a partir de la reforma del año 1994, los derechos colectivos del trabajo fundamentales y los de protección al conjunto de la comunidad deben ser interpretados armónicamente». También destacó que la conciliación obligatoria procura que las partes «lleguen a un acuerdo», así como «garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes».
La disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo -que conduce Raúl Ferrara- dispuso en ese marco «intimar» a la UTA y a los trabajadores «a dejar sin efecto, durante el período indicado (…) toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual».
A la vez, «intimar a las empresas de transporte que se desempeñan en el ámbito Región Metropolitana de Buenos Aires» involucradas en el conflicto «a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal». En caso de que las partes no cumplan con lo prescripto se les aplicarán sanciones, tal como lo prevé la ley, se advirtió.
Tras exhortar a las empresas y a la UTA a «mantener la mejor predisposición y apertura para negociar», Trabajo ratificó una audiencia fijada para el martes 23 de mayo a las 13 mediante plataforma virtual, para evaluar el avance de las negociaciones y el acatamiento de lo ordenado».
La ministra Olmos había anticipado a Télam que ante el anuncio del paro se iba a dictar la conciliación «para garantizar el servicio de colectivos y que las trabajadoras y los trabajadores puedan trasladarse mañana como cualquier día normal».
El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, había dicho que la huelga dependía de la declaración o no de la conciliación. La UTA informó en un comunicado que había resuelto un plan de lucha «en la búsqueda de la mejora de nuestros salarios». Y denunció que «las empresas niegan la posibilidad de aumento salarial, tanto en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) como en el interior del país».
«La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos «dañosos» que causan, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país, poniendo seriamente en riesgo la seguridad pública», alertó el gremio.
«La posición es clara, los salarios de los trabajadores requieren un aumento urgente», enfatizó el sindicato
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Cabello rechazó los pedidos de un triunvirato y marcó diferencias con la Intersindical
A menos de un mes de la renovación de autoridades, el secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, confirmó que la central mantendrá el esquema de conducción unipersonal, descartó replicar el triunvirato nacional y ratificó que únicamente participarán de la elección los sindicatos confederados, conforme al estatuto de la organización. Además, anticipó la presencia de referentes nacionales y planteó los desafíos que enfrentará el movimiento obrero frente a las transformaciones del mundo laboral.
La cuenta regresiva para las elecciones de la CGT Regional San Juan ingresó en su etapa decisiva. El próximo 25 de agosto, la central obrera renovará sus autoridades bajo el sistema de unicato, una modalidad que la conducción provincial considera más eficaz para garantizar rapidez en la toma de decisiones y una representación institucional definida.
En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el actual secretario general, Eduardo Cabello, sostuvo que el modelo elegido responde a las necesidades de la organización y rechazó las propuestas que impulsan una conducción colegiada. Recordó que el triunvirato vigente a nivel nacional fue el resultado de una realidad sindical distinta y consideró contradictorio que algunos dirigentes que en su momento promovían una conducción unipersonal ahora impulsen un esquema tripartito en la provincia.
Al mismo tiempo, relativizó el peso de la Intersindical conformada por algunos gremios provinciales y marcó una clara diferencia institucional. Explicó que ese espacio no integra la estructura de la CGT y reúne organizaciones pertenecientes a otros ámbitos sindicales, como la CTA, el MTA y movimientos sociales. Si bien reconoció el derecho de esos sectores a organizarse, dejó en claro que la elección de autoridades de la central obrera se regirá exclusivamente por el estatuto confederal.
Cabello también respondió a los cuestionamientos formulados por algunos sindicatos que reclaman mayor participación. Señaló que varias de esas organizaciones dejaron de asistir a los plenarios hace más de dos años y, por lo tanto, no participan de la vida institucional de la central. A su entender, las diferencias responden más a la dinámica propia de un proceso electoral que a un debate sobre el funcionamiento de la CGT.
Uno de los hechos destacados de la renovación será la participación de la conducción nacional. El dirigente confirmó que el adelantamiento de la elección al 25 de agosto obedeció a la posibilidad de contar con la presencia del cosecretario general de la CGT nacional, Héctor Daer, quien manifestó su interés en acompañar el proceso de normalización institucional de la regional sanjuanina. Además, no descartó la llegada de representantes sindicales de Mendoza, La Rioja y otras provincias.
Según explicó, la expectativa que genera San Juan está vinculada con el crecimiento económico proyectado para los próximos años, especialmente por el desarrollo de grandes inversiones productivas que modificarán la demanda laboral y fortalecerán el papel de las organizaciones gremiales en la negociación de nuevas condiciones de trabajo.
Durante la entrevista, Cabello también se refirió al resurgimiento de las 62 Organizaciones en la provincia. Aclaró que ese espacio no forma parte de la estructura orgánica de la CGT desde hace muchos años y recordó que el brazo político reconocido por la central obrera es el Movimiento Político Sindical. En consecuencia, afirmó que la elección del 25 de agosto tendrá un único objetivo: designar las nuevas autoridades de la CGT, dejando para una etapa posterior cualquier discusión sobre la conformación de espacios políticos internos.
Más allá del proceso electoral, el dirigente puso el foco en los desafíos que enfrenta el sindicalismo. Consideró que la defensa de las organizaciones gremiales adquiere especial importancia frente a las reformas promovidas por el Gobierno nacional, que —según sostuvo— buscan debilitar las estructuras sindicales mediante modificaciones en el sistema de aportes, convenios colectivos y mecanismos de representación de los trabajadores.
En ese sentido, recordó que la reciente revisión del régimen de contribuciones sindicales exigió una rápida reacción de la CGT para preservar herramientas de financiamiento indispensables para el funcionamiento de las organizaciones. A su juicio, las reformas impulsadas por la administración nacional no afectan a dirigentes en particular, sino a la institucionalidad del movimiento obrero organizado.
El dirigente gremial sostuvo que el sindicalismo también debe asumir una profunda actualización frente a las transformaciones del mercado laboral. Mencionó el impacto de la inteligencia artificial, las nuevas formas de contratación y los cambios tecnológicos como desafíos que exigirán propuestas concretas y no solamente posiciones defensivas. En ese aspecto, remarcó que la CGT deberá recuperar capacidad de representación entre trabajadores que hoy respaldan políticamente al Gobierno nacional, aun cuando muchas de sus medidas resulten cuestionadas por el movimiento obrero.
Otro de los puntos centrales quedó definido en relación con el padrón electoral. Cabello confirmó que únicamente podrán votar e integrar los órganos de conducción aquellos sindicatos formalmente confederados y con su documentación institucional al día, tal como establece el estatuto de la CGT. Precisó que la verificación estará a cargo de la Secretaría del Interior de la CGT nacional, que fiscalizará los avales, la situación administrativa de cada organización y el desarrollo integral del proceso electoral.
Aunque otros gremios podrán asistir a reuniones o plenarios en calidad de invitados, el referente de la Regional sanjuanina aclaró que quienes no integren formalmente la Confederación no tendrán derecho a voz ni voto durante la elección de autoridades.
Con la fecha ya confirmada y el respaldo de la conducción nacional, la CGT San Juan se encamina a una elección que definirá mucho más que una renovación de cargos. El debate sobre el modelo de conducción, la representación de los gremios confederados y el papel del sindicalismo frente a las reformas laborales y los cambios tecnológicos marcarán la agenda de una nueva etapa para la principal central obrera de la provincia, en un momento de profundas transformaciones para el mundo del trabajo.
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El Gobierno endurece los controles y aplicará multas por la reducción de frecuencias de colectivos
El Ministerio de Gobierno advirtió que sancionará a las empresas de transporte que no respeten las frecuencias establecidas. La decisión se produce mientras RedTulum realiza inspecciones para determinar si las prestatarias redujeron la cantidad de unidades en circulación, en medio de crecientes reclamos de los usuarios.
El Ejecutivo provincial endureció los controles sobre el transporte público y anticipó que aplicará multas a las empresas que incumplan las frecuencias autorizadas. La advertencia surgió luego de que se multiplicaran las denuncias de pasajeros por extensas demoras y de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) reconociera una disminución en la cantidad de colectivos que prestan servicio.
RedTulum realiza controles diarios para detectar si las prestatarias redujeron su flota en violación del contrato. El objetivo es constatar si existe un incumplimiento efectivo antes de avanzar con sanciones económicas.
Las autoridades provinciales señalaron que, en caso de comprobarse irregularidades durante las inspecciones, las penalidades alcanzarán tanto a las empresas como a las unidades que no respeten la programación establecida para cada línea.
La decisión oficial responde al creciente malestar de los usuarios, quienes durante los últimos días reportaron largas esperas en distintas paradas del Gran San Juan y otros departamentos.
Los reclamos apuntan principalmente al aumento de los tiempos entre colectivos, una situación que afecta la movilidad diaria de trabajadores, estudiantes y jubilados.
En este cuadro, la UTA San Juan confirmó que actualmente las frecuencias presentan una reducción cercana al 30%, aunque aclaró que esa disminución no obedece a un conflicto gremial ni a medidas sindicales. Según explicó el sindicato, la menor cantidad de servicios responde exclusivamente a determinaciones adoptadas por las empresas prestatarias.
Las autoridades del ministerio aguardarán el reporte de RedTulum para tomar una decisión. Una vez finalizado ese proceso, la Provincia definirá si corresponde aplicar las sanciones previstas por incumplimientos en la prestación del servicio público.
La fiscalización cobra especial relevancia porque el sistema RedTulum constituye el principal medio de transporte para miles de sanjuaninos. El cumplimiento de las frecuencias no solo impacta en la calidad del servicio, sino también en la organización de la vida laboral, educativa y comercial de la provincia. Los relevamientos definirán las sanciones empresariales y la mejora del servicio.
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Nuevo acuerdo para fortalecer la educación de profesionales y técnicos de la minería
La Universidad Kennedy, MAGNA Group y el Sindicato Jerárquico Minero Argentino (ASIJEMIN) firmaron un convenio marco de cooperación para desarrollar propuestas de formación destinadas a trabajadores jerárquicos, profesionales, técnicos y sus familias, fortaleciendo la capacitación de uno de los principales motores productivos del país.
La rúbrica estuvo encabezada por el rector de la Universidad Kennedy, Alejandro Gómez; el secretario de Extensión de esa casa de estudios, Juan Manuel Di Teodoro; el gerente general de MAGNA Group, Raúl Ignacio Dellagiovanna; el gerente comercial de la firma, Juan Pablo Mac Farlin; y el responsable de la Secretaría de Formación y Capacitación Nacional de ASIJEMIN, Fabián Gasco.

La iniciativa establece un marco de cooperación para desarrollar una agenda conjunta de actividades orientadas al perfeccionamiento profesional. La Universidad Kennedy pondrá a disposición su oferta educativa, integrada por carreras de grado y posgrado, diplomaturas, tecnicaturas, cursos y programas de actualización en diversas disciplinas.
A ese esquema se incorporará la experiencia técnica de MAGNA Group, empresa especializada en servicios industriales vinculados con Calidad, Medio Ambiente, Seguridad e Higiene (QHSE), que brinda asistencia, auditorías y soluciones para compañías de los rubros minero, energético e industrial.
Desde ASIJEMIN destacaron que la articulación entre el ámbito académico, el sector privado y la representación sindical permitirá generar nuevas herramientas de formación continua, acompañando la creciente demanda de perfiles especializados que requiere la minería argentina.
La decisión también adquiere relevancia para provincias con fuerte desarrollo extractivo, como San Juan, donde la incorporación permanente de nuevas tecnologías y estándares internacionales exige una actualización constante de conocimientos. En ese sentido, el convenio apunta a fortalecer las competencias del capital humano y contribuir al crecimiento sostenible de una industria que continúa expandiendo su participación en la economía nacional.
El acuerdo representa el inicio de un trabajo coordinado entre las tres instituciones, con el propósito de promover oportunidades de capacitación, especialización y desarrollo profesional que fortalezcan la competitividad de la actividad minera y amplíen las posibilidades de crecimiento para sus trabajadores y sus familias.
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