La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales definió cuatro paros para el 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre. Reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y mayor participación de la comunidad educativa en el debate presupuestario.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvió profundizar las medidas de fuerza con cuatro jornadas de paro hasta el 16 de noviembre, en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial para el personal nodocente.

La decisión fue adoptada durante una reunión del Consejo Directivo, que congregó a representantes de 54 organizaciones de base y se extendió durante casi cuatro horas. El encuentro también permitió evaluar la Quinta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre y definir nuevas acciones junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

El cronograma aprobado contempla huelgas los miércoles 28 de octubre, martes 3 de noviembre, jueves 12 y lunes 16 de noviembre. En cada jornada se organizarán actividades de visibilización para exponer la situación de las universidades públicas y el impacto del deterioro presupuestario sobre el funcionamiento institucional, la investigación científica, la extensión y las condiciones de cursada.

La conducción gremial también propondrá una concentración conjunta con las demás organizaciones universitarias el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de Presupuesto Nacional 2027. La iniciativa busca trasladar el reclamo al debate legislativo y mantener la presión sobre el Poder Ejecutivo.

Un año de incumplimiento y salarios deteriorados

La resolución se conoció al cumplirse un año de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación efectiva continúa siendo el principal reclamo del movimiento universitario. Para la FATUN, la falta de cumplimiento compromete tanto los ingresos de los trabajadores como las condiciones necesarias para sostener las funciones de las casas de altos estudios.

Durante la reunión, además, la federación repudió que representantes gremiales y de otros espacios universitarios no pudieran participar de la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en la que se debatió el financiamiento de la educación superior para 2027.

La nueva etapa de protestas busca sostener la coordinación entre nodocentes, docentes, estudiantes y autoridades universitarias. La apuesta sindical es que la continuidad de las huelgas y las acciones públicas mantenga la cuestión universitaria en la agenda política, mientras se discuten los recursos destinados al sistema público de educación superior.

Un relevamiento de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, realizado a fines de 2025 sobre 3.365 docentes, identificó problemas vinculados con la intensificación del trabajo, la pérdida salarial y el impacto sobre la salud física y mental. El sindicato reclamó políticas de prevención y cambios en las condiciones laborales.

La extensión de la jornada más allá del horario escolar, la multiplicación de tareas y el deterioro de los ingresos quedaron entre las principales preocupaciones expuestas por una encuesta nacional presentada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). El relevamiento, realizado a fines de 2025 y respondido por 3.365 docentes de distintas partes del país, examinó las condiciones laborales y sus consecuencias sobre la salud de quienes enseñan.

Los resultados fueron presentados el miércoles 21 de octubre, en una actividad encabezada por referentes sindicales, entre ellas Sonia Alesso, Rosana Gugliara, Adriana Monteverde, Marisa Barromeres y Lilian Capone. El informe puso el acento en la intensificación del trabajo docente y en las exigencias que exceden el tiempo frente al aula.

Según CTERA, la preparación de clases, las tareas administrativas y otras obligaciones que continúan fuera de las escuelas amplían la jornada efectiva de trabajo. A esa carga se suman las dificultades para compatibilizar el empleo remunerado con las responsabilidades familiares y de cuidado, una combinación que, advierte la organización, repercute en el bienestar físico y mental.

La entidad sindical vinculó estas condiciones con el deterioro salarial y la necesidad de reconocer el tiempo real que demanda la labor educativa. Sin embargo, la información difundida sobre la encuesta no incluye porcentajes específicos para cada problema, por lo que no permite establecer su prevalencia estadística entre los participantes.

Salarios y salud laboral, en el centro del reclamo

A partir de los resultados, CTERA reclamó políticas públicas de prevención y promoción de la salud laboral, condiciones dignas para enseñar y aprender, y una mayor participación de los sindicatos en las decisiones que afectan el trabajo cotidiano en las escuelas.

La organización también reiteró sus demandas por salarios dignos, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y la eliminación del presentismo. Estos reclamos forman parte de su agenda frente al deterioro de los ingresos y las condiciones de empleo.

El relevamiento busca incorporar la salud laboral a la discusión educativa, más allá de los salarios y los recursos disponibles en las aulas. Para CTERA, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones de trabajo adecuadas y prevenir los riesgos asociados con la sobrecarga.

La Coordinación de Género de ASIJEMIN recorrió yacimientos entre el 6 y el 14 de octubre, organizó talleres con trabajadoras y se reunió con responsables empresariales para discutir condiciones laborales y avanzar en la implementación del convenio de licencias por cuidados.

La mejora de las condiciones laborales de las mujeres mineras y la aplicación efectiva de sus derechos quedaron en el centro de una recorrida sindical por yacimientos de Santa Cruz, donde el sindicato de jerarquicos mineros promovió espacios de diálogo con trabajadoras y representantes de las empresas.

Las visitas se desarrollaron entre el 6 y el 14 de octubre y estuvieron encabezadas por la secretaria adjunta del gremio, Carla Costabile, junto con Julieta Baesa, secretaria general de la Comisión Interna de Cerro Negro, y Eliana Funes, politóloga y asesora sindical.

Durante las jornadas se organizaron talleres para relevar las principales necesidades de las trabajadoras en cada establecimiento y analizar el papel de la organización gremial en la defensa de sus condiciones de empleo. El objetivo fue recoger inquietudes concretas y trasladarlas a una agenda de trabajo sindical.

La delegación también mantuvo encuentros con las gerencias de Recursos Humanos, ante las cuales planteó la necesidad de establecer mesas de diálogo para abordar mejoras laborales y de vida. Uno de los puntos centrales fue la aplicación del convenio de licencias por cuidados suscripto entre ASIJEMIN y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), cuya implementación, según informó el sindicato, permanece frenada por el Gobierno nacional.

La solicitud enfatiza la importancia de consolidar los consensos alcanzados en garantías laborales efectivas, mediante mecanismos de consulta continua que aseguren la atención de las necesidades del sector.

Desde la organización agradecieron especialmente la recepción y el compromiso de los delegados de Cerro Vanguardia, Cerro Negro y Minera Santa Cruz, además del acompañamiento de la Delegación Regional Sur.

La recorrida refuerza la presencia de ASIJEMIN y la representación de las mujeres en la minería. El próximo paso será concretar respuestas a sus necesidades, en particular sobre licencias de cuidado y ambiente laboral.