Se levantó el paro de colectivos
El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por cinco días en el conflicto de los choferes de colectivos de corta y media distancia, que habían dispuesto un paro nacional de 24 horas para este viernes, por lo cual mañana esos servicios funcionarán normalmente.
De acuerdo con la medida, la cartera que conduce Raquel «Kelly» Olmos dispuso «dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de cinco (5) días hábiles (…) debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio». Además, la cartera de Estado citó a una reunión de las partes para el próximo martes 23.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández, había dispuesto un paro nacional de 24 horas de choferes de colectivos de corta y media distancia a partir de esta medianoche en reclamo de mejoras salariales. Trabajo indicó que ante la declaración de la huelga se debía «promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado» y «otorgarse especial consideración al interés general como principio rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta administración debe velar».
El Ministerio recordó que «por imperio de lo establecido constitucionalmente a partir de la reforma del año 1994, los derechos colectivos del trabajo fundamentales y los de protección al conjunto de la comunidad deben ser interpretados armónicamente». También destacó que la conciliación obligatoria procura que las partes «lleguen a un acuerdo», así como «garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes».
La disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo -que conduce Raúl Ferrara- dispuso en ese marco «intimar» a la UTA y a los trabajadores «a dejar sin efecto, durante el período indicado (…) toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual».
A la vez, «intimar a las empresas de transporte que se desempeñan en el ámbito Región Metropolitana de Buenos Aires» involucradas en el conflicto «a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal». En caso de que las partes no cumplan con lo prescripto se les aplicarán sanciones, tal como lo prevé la ley, se advirtió.
Tras exhortar a las empresas y a la UTA a «mantener la mejor predisposición y apertura para negociar», Trabajo ratificó una audiencia fijada para el martes 23 de mayo a las 13 mediante plataforma virtual, para evaluar el avance de las negociaciones y el acatamiento de lo ordenado».
La ministra Olmos había anticipado a Télam que ante el anuncio del paro se iba a dictar la conciliación «para garantizar el servicio de colectivos y que las trabajadoras y los trabajadores puedan trasladarse mañana como cualquier día normal».
El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, había dicho que la huelga dependía de la declaración o no de la conciliación. La UTA informó en un comunicado que había resuelto un plan de lucha «en la búsqueda de la mejora de nuestros salarios». Y denunció que «las empresas niegan la posibilidad de aumento salarial, tanto en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) como en el interior del país».
«La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos «dañosos» que causan, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país, poniendo seriamente en riesgo la seguridad pública», alertó el gremio.
«La posición es clara, los salarios de los trabajadores requieren un aumento urgente», enfatizó el sindicato
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Con el respaldo de más de 40 gremios, Cabello quedó a un paso de la reelección
A menos de un mes de la renovación de autoridades, el actual secretario general de la CGT Regional San Juan oficializó la nómina que competirá en los comicios del 25 de agosto. La convocatoria reunió a los principales sindicatos de la provincia y dejó en evidencia la fortaleza del oficialismo dentro del movimiento obrero.
La cuenta regresiva hacia las elecciones de la CGT Regional San Juan comenzó con una clara señal de fortaleza del oficialismo. Eduardo Cabello encabezó la presentación de la lista que buscará conducir la central obrera durante los próximos cuatro años y lo hizo rodeado por representantes de más de cuarenta organizaciones sindicales, en una convocatoria que evidenció el amplio respaldo que conserva dentro del movimiento obrero provincial.
La reunión se realizó en la sede de AOMA y congregó a dirigentes de los gremios con mayor peso institucional de San Juan. La presencia de referentes de la minería, la administración pública, el transporte, la construcción, la educación, la hotelería, la industria, el comercio y los servicios terminó de configurar una fotografía que el oficialismo buscó convertir en un mensaje político: llegar al proceso electoral mostrando cohesión y capacidad de representación.
La nómina que competirá en los comicios del 25 de agosto reúne a dirigentes de prácticamente todas las ramas de la producción y los servicios. Junto a Cabello aparecen referentes de AOMA, UPCN, UTA, UTHGRA, UDA, SADOP, Luz y Fuerza, Telefónicos, FOECYT, FOEVA, STOTAC, UPCN, Estaciones de Servicio, Judiciales, SUTERyH, APOPS, APEL y otros sindicatos que históricamente integran la vida interna de la CGT sanjuanina, además de representantes de actividades como comercio, alimentación, farmacia, SMATA, UATRE, ceramistas, panaderos, taxistas, remiseros, visitadores médicos y trabajadores del vidrio.
El armado oficialista se presentó cuando restan pocas semanas para la renovación de autoridades y, hasta el momento, ninguna otra línea interna formalizó una propuesta alternativa. Esa circunstancia fortalece la posición del actual secretario general, que aspira a prolongar una conducción iniciada hace casi dos décadas y que, de imponerse nuevamente, alcanzará los 22 años al frente de la regional sanjuanina.
A pocos días de los comicios, el oficialismo continúa siendo el único espacio que exhibió una estructura organizada y una lista completa, un dato que refuerza su posición de cara a la definición prevista para el 25 de agosto.
La imagen que dejó el encuentro en la sede de AOMA excede la formalidad de una presentación de candidatos. También refleja el mapa de poder del sindicalismo sanjuanino en la actualidad, con una conducción que conserva el apoyo de la mayoría de las organizaciones confederadas y que buscará ratificar ese liderazgo en las urnas.
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CTERA desafía la advertencia oficial y mantiene la huelga nacional del 3 de agosto
El Ministerio de Capital Humano intimó a CTERA a garantizar la prestación mínima del servicio educativo durante la huelga prevista para este lunes y advirtió que aplicará sanciones en caso de incumplimiento. El gremio ratificó la medida en reclamo de la reapertura de la paritaria nacional, mejoras salariales y mayor financiamiento para la educación pública.
El conflicto entre el Gobierno nacional y los sindicatos docentes sumó un nuevo episodio en la antesala del paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para este lunes 3 de agosto. A pocas horas del inicio de la protesta, el Ministerio de Capital Humano intimó a la organización sindical a cumplir con las obligaciones previstas para los servicios considerados esenciales y anticipó que recurrirá a las herramientas legales disponibles si no se garantiza la prestación mínima exigida.
Desde la cartera conducida por Sandra Pettovello recordaron que la normativa laboral vigente incorpora a la educación entre las actividades alcanzadas por el régimen de servicios esenciales, por lo que durante una huelga debe mantenerse una cobertura equivalente al 75% del funcionamiento habitual. El comunicado oficial también advierte que cualquier incumplimiento podrá derivar en sanciones contra las entidades sindicales.
Pese a esa advertencia, CTERA confirmó que sostendrá la medida de fuerza aprobada por su congreso nacional. La organización reclama la inmediata convocatoria a la paritaria nacional docente, una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el tratamiento de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
La secretaria general del gremio, Sonia Alesso, sostuvo que la realidad económica de los trabajadores de la educación se agravó de manera sostenida y afirmó que miles de docentes no logran cubrir sus necesidades básicas. Según explicó, el deterioro de los ingresos empuja a numerosos profesionales a abandonar la carrera y desalienta el ingreso de nuevos estudiantes a los institutos de formación.
«Nos vamos a quedar sin maestros en la Argentina», advirtió la dirigente, al considerar que la pérdida salarial y las dificultades económicas ponen en riesgo el futuro del sistema educativo. También señaló que el endeudamiento de los trabajadores se volvió una constante para afrontar gastos cotidianos.
Alesso cuestionó además la política educativa del Gobierno nacional al asegurar que la ejecución presupuestaria destinada al área se encuentra en uno de los niveles más bajos de las últimas décadas. En esa línea, denunció la paralización de obras de infraestructura escolar, expresó su preocupación por la disminución de la matrícula en los profesorados y rechazó el proyecto oficial de «libertad educativa», al considerar que profundiza el debilitamiento de la enseñanza pública.
La protesta docente coincidirá con el paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que incluirá una movilización hacia el Ministerio de Economía para reclamar aumentos salariales y denunciar el ajuste sobre la administración pública. A la convocatoria de CTERA también adhirieron las federaciones universitarias CONADU y CONADU Histórica, ampliando el alcance de la jornada de protesta.
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La Asociación de Prensa de San Juan ya cuenta con reconocimiento oficial
La Asociación de Trabajadores de Prensa y Comunicación de San Juan alcanzó un hito para el periodismo provincial al obtener la inscripción gremial otorgada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. La medida quedó formalizada este 31 de julio mediante la Resolución 410/2026, publicada en el Boletín Oficial, que le concede reconocimiento jurídico como entidad sindical y la convierte en la primera organización de trabajadores de prensa de la provincia en acceder a ese estatus.
La constitución del sindicato había sido aprobada el 28 de septiembre de 2023 durante una asamblea de trabajadores de medios de comunicación. Desde entonces, la comisión promotora impulsó el trámite administrativo hasta conseguir la resolución definitiva, que habilita a la entidad a ejercer la representación gremial dentro del alcance previsto por la legislación vigente.
La obtención de la inscripción estuvo precedida por una resolución de la Justicia Nacional del Trabajo que ordenó a la Secretaría de Trabajo emitir una definición sobre el expediente administrativo. El fallo advirtió demoras injustificadas en el procedimiento y dispuso que el organismo nacional resolviera el trámite, paso que finalmente se concretó con la publicación de la resolución oficial.
La secretaria general del sindicato, Myriam Pérez, consideró que el reconocimiento constituye el resultado de casi tres años de trabajo colectivo y agradeció el respaldo brindado por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN). Además, afirmó que la nueva etapa permitirá profundizar la defensa de los derechos laborales de periodistas y trabajadores de la comunicación, con el objetivo de avanzar en la recuperación del poder adquisitivo, la plena vigencia del Estatuto del Periodista Profesional y mejores condiciones de trabajo.
Desde la conducción nacional de la FATPREN, su secretaria general, Carla Gaudensi, sostuvo que la inscripción representa un fortalecimiento de la organización sindical de la prensa argentina. Señaló que la consolidación de nuevas entidades provinciales amplía la representación federal del gremio y refuerza las demandas vinculadas con salarios, derechos laborales y la defensa del acceso a una información libre y de calidad.
Con el reconocimiento oficial ya vigente, la Asociación de Trabajadores de Prensa y Comunicación de San Juan inicia una nueva etapa institucional. La inscripción gremial le permitirá consolidar su estructura, ampliar la representación de los trabajadores de medios de la provincia y encarar las futuras negociaciones laborales con respaldo jurídico, en un momento marcado por el deterioro salarial que afecta a gran parte de la actividad periodística.
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