Se levantó el paro de colectivos
El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por cinco días en el conflicto de los choferes de colectivos de corta y media distancia, que habían dispuesto un paro nacional de 24 horas para este viernes, por lo cual mañana esos servicios funcionarán normalmente.
De acuerdo con la medida, la cartera que conduce Raquel «Kelly» Olmos dispuso «dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de cinco (5) días hábiles (…) debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio». Además, la cartera de Estado citó a una reunión de las partes para el próximo martes 23.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández, había dispuesto un paro nacional de 24 horas de choferes de colectivos de corta y media distancia a partir de esta medianoche en reclamo de mejoras salariales. Trabajo indicó que ante la declaración de la huelga se debía «promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado» y «otorgarse especial consideración al interés general como principio rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta administración debe velar».
El Ministerio recordó que «por imperio de lo establecido constitucionalmente a partir de la reforma del año 1994, los derechos colectivos del trabajo fundamentales y los de protección al conjunto de la comunidad deben ser interpretados armónicamente». También destacó que la conciliación obligatoria procura que las partes «lleguen a un acuerdo», así como «garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes».
La disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo -que conduce Raúl Ferrara- dispuso en ese marco «intimar» a la UTA y a los trabajadores «a dejar sin efecto, durante el período indicado (…) toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual».
A la vez, «intimar a las empresas de transporte que se desempeñan en el ámbito Región Metropolitana de Buenos Aires» involucradas en el conflicto «a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal». En caso de que las partes no cumplan con lo prescripto se les aplicarán sanciones, tal como lo prevé la ley, se advirtió.
Tras exhortar a las empresas y a la UTA a «mantener la mejor predisposición y apertura para negociar», Trabajo ratificó una audiencia fijada para el martes 23 de mayo a las 13 mediante plataforma virtual, para evaluar el avance de las negociaciones y el acatamiento de lo ordenado».
La ministra Olmos había anticipado a Télam que ante el anuncio del paro se iba a dictar la conciliación «para garantizar el servicio de colectivos y que las trabajadoras y los trabajadores puedan trasladarse mañana como cualquier día normal».
El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, había dicho que la huelga dependía de la declaración o no de la conciliación. La UTA informó en un comunicado que había resuelto un plan de lucha «en la búsqueda de la mejora de nuestros salarios». Y denunció que «las empresas niegan la posibilidad de aumento salarial, tanto en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) como en el interior del país».
«La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos «dañosos» que causan, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país, poniendo seriamente en riesgo la seguridad pública», alertó el gremio.
«La posición es clara, los salarios de los trabajadores requieren un aumento urgente», enfatizó el sindicato
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El paro nacional universitario tuvo un acatamiento casi total
La Federación de Docentes de las Universidades señaló que la medida iniciada durante el jueves tuvo una adhesión casi total y continuará este viernes. El gremio reclama la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial y mayores recursos para las casas de altos estudios.
La medida incluye cese de tareas, clases públicas, movilizaciones y acciones de visibilización en distintas instituciones. Según FEDUN, el reclamo se produce después de más de 300 días desde la entrada en vigencia de la ley, sin que se hayan concretado sus disposiciones centrales.
El secretario general de la federación, Daniel Ricci, sostuvo que la adhesión demuestra la magnitud de la demanda dentro de la comunidad universitaria y advirtió que el incumplimiento de la normativa profundiza el deterioro de los ingresos, las becas y los recursos destinados al funcionamiento de las universidades.
Uno de los principales reclamos está vinculado con el poder adquisitivo. Un informe elaborado por FEDUN y el Centro Iberoamericano de Investigación, Ciencia y Tecnología (CIICTI) estima que los salarios universitarios acumulan una pérdida real del 23,8% desde noviembre de 2023. Para recuperar el nivel de compra de entonces, según ese estudio, sería necesario un incremento del 31,2%.
La federación también solicita financiamiento para becas, funcionamiento universitario, ciencia y tecnología. Para sus autoridades, la discusión excede la actualización de haberes y alcanza las condiciones necesarias para sostener la enseñanza, la investigación y la permanencia de los estudiantes.
El paro concluirá este viernes con nuevas acciones en las universidades nacionales. Desde FEDUN ratificaron la continuidad de sus demandas hasta recibir una contestación del Ejecutivo, señalando que la plena vigencia del marco legal actual se mantiene como el eje central del conflicto.
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El Gobierno validó el acuerdo entre la UOM y las empresas siderúrgicas
El Gobierno nacional homologó el acuerdo de la Rama 21 siderúrgica firmado por la UOM y las empresas el 13 de agosto. El entendimiento contempla una mejora del 12%, sumas extraordinarias de hasta $1,6 millones y la incorporación de los porcentajes al salario básico desde enero de 2027.
La Secretaría de Trabajo de la Nación, encabezada por Julio Cordero, homologó el acuerdo salarial alcanzado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con las empresas siderúrgicas correspondientes a la Rama 21 del Convenio Colectivo 260/75.
El entendimiento había sido alcanzado el 13 de agosto, por lo que la aprobación administrativa llegó apenas 13 días después. La rapidez del trámite contrasta con una negociación que permaneció abierta durante aproximadamente dos años sin alcanzar un acuerdo definitivo.
El convenio establece un incremento total del 12%, instrumentado mediante sumas no remunerativas. El primer 6% se aplicará durante agosto, septiembre y octubre, mientras que el segundo 6%, no acumulativo, regirá durante noviembre y diciembre.
Los porcentajes acordados pasarán a integrar los salarios básicos de convenio desde el 1° de enero de 2027, conforme a las condiciones fijadas en el entendimiento.
Bono extraordinario
La negociación también contempla una compensación extraordinaria para los trabajadores. Los empleados propios de las compañías siderúrgicas recibirán una suma de $1.600.000, mientras que para quienes pertenecen a empresas contratistas se estableció un monto equivalente al 80%, de $1.280.000.
El pacto fue alcanzado por la comisión paritaria de la UOM designada por el interventor judicial del sindicato, Alberto Biglieri, junto con representantes de las compañías del rubro.
El cierre de una negociación extensa
La resolución puso fin a una prolongada disputa salarial que había atravesado distintas instancias de negociación. El proceso se reactivó con la conformación de una mesa de delegados paritarios, en medio de la intervención judicial del gremio y el desplazamiento de Abel Furlán.
La decisión de la autoridad laboral formaliza así un acuerdo largamente esperado por los trabajadores siderúrgicos y establece el esquema de ingresos que regirá hasta comienzos de 2027.
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Cuatro listas competirán por la conducción nacional de la UTA
La Junta Electoral de la Unión Tranviarios Automotor oficializó las cuatro listas que competirán en los comicios nacionales de octubre. Roberto Fernández buscará continuar al frente del gremio, mientras que Maximiliano Escriba, Alberto Patiño y Claudio Gómez disputarán la conducción.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) tendrá cuatro listas en competencia para las elecciones nacionales del 7 y 8 de octubre de 2026, en las que los afiliados elegirán a la conducción que estará al frente del sindicato durante los próximos cuatro años.
La Junta Electoral oficializó este miércoles las agrupaciones que cumplieron con los requisitos estatutarios y legales, luego de analizar los avales, candidaturas y documentación presentada por cada espacio.
Las listas habilitadas son la Celeste y Blanca, encabezada por el actual secretario general Roberto Fernández; la Negra, que lleva como candidato a Maximiliano Escriba; la Marrón, liderada por Alberto Patiño; y la Bordó, con Claudio Gómez como postulante.
La oficialización cierra una etapa marcada por cuestionamientos de distintos espacios opositores sobre las condiciones de participación y el desarrollo del proceso electoral.
Finalmente, las cuatro agrupaciones que acreditaron los avales y la documentación requerida quedaron habilitadas para disputar los comicios.
De acuerdo con la resolución de la Junta Electoral, el procedimiento se desarrolló conforme a las disposiciones del Estatuto de la UTA y de la Ley de Asociaciones Sindicales, con la correspondiente verificación de los requisitos exigidos a cada lista.
La elección se realizará durante dos jornadas, 7 y 8 de octubre, y definirá la conducción nacional de uno de los principales sindicatos del transporte argentino. La lista ganadora asumirá el 2 de enero de 2027 y ejercerá un mandato de cuatro años.
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