En su primera conferencia de prensa, el espacio que reúne a sindicatos de las tres centrales obreras cuestionó la adjudicación del campamento a un consorcio extranjero, puso bajo la lupa los beneficios del RIGI y pidió al Gobierno provincial intervenir en la definición de las futuras contrataciones mineras.

La adjudicación de una de las primeras obras clave del proyecto Vicuña elevó el tono de una discusión que trasciende una licitación puntual y se proyecta sobre el futuro de la minería sanjuanina. La Intersindical San Juan, que nuclea a organizaciones gremiales de las distintas centrales obreras, cuestionó la construcción del campamento por parte de un consorcio liderado por la firma china PowerChina, rechazó las declaraciones del presidente de la Cámara Minera de San Juan y Country Director de Vicuña, José Morea, y reclamó reglas que permitan una mayor participación de empresas y trabajadores locales en uno de los emprendimientos más importantes de las próximas décadas.

La conferencia de prensa marcó además la presentación pública formal de un espacio sindical que busca intervenir en los grandes debates vinculados al desarrollo económico de la provincia. Lejos de limitarse a una crítica coyuntural, los dirigentes plantearon interrogantes sobre el destino de las futuras inversiones, el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el papel que ocuparán los proveedores sanjuaninos en la construcción de la nueva infraestructura minera.

Marcelo Mena, titular nacional de ASIJEMIN, fue uno de los encargados de exponer la posición del espacio. El dirigente rechazó los cuestionamientos a la capacidad de las empresas nacionales y recordó que proyectos de gran magnitud como Veladero, Pascua Lama y Hualcamayo, fueron desarrollados con participación de firmas argentinas. Para la Intersindical, esos antecedentes desmienten cualquier interpretación que atribuya la adjudicación a una supuesta incapacidad técnica o productiva local.

La respuesta estuvo directamente vinculada a las declaraciones realizadas días atrás por Morea, quien había planteado la necesidad de preguntarse por qué Argentina no logra mayores niveles de competitividad. Desde la organización sindical sostuvieron que la discusión no puede reducirse a una cuestión de eficiencia empresarial cuando existen factores regulatorios y económicos que generan diferencias significativas entre quienes compiten por las obras.

Sobre ese punto profundizó Martín Solazzo, referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) San Juan. Según explicó, después de más de veinte años de actividad minera en la provincia, las empresas locales han demostrado capacidad para responder a las exigencias de grandes proyectos. A su entender, el debate debe centrarse en las condiciones bajo las cuales participan los distintos actores y no en la preparación de la industria sanjuanina.

El dirigente apuntó especialmente al RIGI, al considerar que el régimen otorga beneficios fiscales, financieros y aduaneros que terminan favoreciendo a grandes grupos internacionales. Desde esa perspectiva, sostuvo que las compañías radicadas en el país deben afrontar costos energéticos, logísticos y operativos que dificultan competir en igualdad de condiciones. “La discusión no pasa por la capacidad de las empresas locales sino por las reglas con las que se juega”, resumieron desde la Intersindical.

Uno de los datos más mencionados durante la conferencia fue que la propuesta presentada por la empresa argentina que quedó en segundo lugar habría registrado una diferencia mínima respecto de la oferta finalmente adjudicada. Para los gremios, ese elemento resulta clave porque pone en cuestión la idea de que la decisión respondió exclusivamente a criterios de competitividad.

La preocupación sindical también tiene una dimensión laboral concreta. Solazzo advirtió que la contratación de proveedores externos podría dejar fuera de la obra a unos 500 trabajadores que podrían haber sido absorbidos por empresas locales. En ese sentido, reclamó mecanismos de control que permitan verificar el cumplimiento efectivo de los porcentajes de contratación sanjuanina comprometidos por las compañías mineras y propuso auditorías con participación de representantes sindicales, empresarios y organismos públicos.

El planteo adquiere relevancia por la magnitud del proyecto. El campamento adjudicado representa apenas una parte de la infraestructura prevista para Vicuña. Según señalaron los dirigentes, la etapa actualmente en ejecución contempla alrededor de 2.000 plazas, mientras que la capacidad total proyectada alcanzará las 8.000 camas durante el desarrollo pleno del emprendimiento. En otras palabras, la obra en discusión equivale aproximadamente al 25% de la capacidad final prevista, por lo que aún resta definir una porción sustancial de las futuras contrataciones.

Esa perspectiva llevó a la Intersindical a solicitar formalmente la convocatoria de una mesa de diálogo integrada por el Gobierno provincial, las operadoras mineras, las cámaras empresarias, los proveedores y las organizaciones gremiales. El objetivo es discutir anticipadamente los criterios que regirán las próximas adjudicaciones vinculadas a infraestructura, servicios, construcción e instalaciones industriales.

Los sindicatos también expresaron su malestar por no haber sido convocados a participar en el debate sobre el proyecto de ley de proveedores mineros que analiza la Legislatura provincial. Aunque reconocieron la importancia de fortalecer el entramado productivo asociado a la minería, consideraron que cualquier normativa destinada a regular la actividad debería incorporar la mirada de quienes representan a los trabajadores.

Durante el intercambio con los periodistas surgió además el papel que podrían desempeñar las cooperativas dentro de la cadena de valor minera. Los dirigentes sostuvieron que existen experiencias con capacidad operativa y equipamiento suficiente para participar en obras y servicios de mayor escala, y recordaron que desde distintos ámbitos sindicales se impulsan iniciativas destinadas a otorgar un marco legal más amplio a este tipo de organizaciones dentro de la actividad extractiva.

Detrás de la discusión por el campamento aparece un debate mucho más profundo. Vicuña figura entre los proyectos cupríferos de mayor proyección de América Latina y demandará inversiones multimillonarias en infraestructura, logística, servicios y construcción durante los próximos años. La pregunta que planteó la Intersindical no apunta únicamente a quién ganó una licitación, sino a cuánto de esa inversión quedará en las empresas, los trabajadores y la economía de San Juan. La respuesta a ese interrogante probablemente acompañará cada una de las etapas de desarrollo del proyecto y anticipa una discusión que recién comienza.

El acuerdo firmado entre La Bancaria y las cámaras empresariales incorporó una mejora del 2,1%, en línea con la inflación. El bono por el Día del Bancario ya supera los $2,1 millones.

Los trabajadores bancarios percibirán desde mayo un salario inicial de $2.437.232,92 luego de la actualización acordada entre la Asociación Bancaria y las entidades empresarias de la actividad. El ajuste fue del 2,1%, porcentaje equivalente a la inflación registrada durante el período.

La cifra surge de la suma del sueldo básico de $2.368.759,48 y la participación en las ganancias del sistema financiero (ROE), que alcanza los $68.473,44.

Con esta recomposición, el incremento acumulado en los primeros cinco meses de 2026 llegó al 14,7% respecto de diciembre del año pasado. El mecanismo de revisión automática impulsado por el sindicato continúa tomando como referencia la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), una estrategia orientada a preservar el poder de compra de los ingresos frente al avance de los precios.

Desde el gremio destacaron que la actualización alcanzará a todas las remuneraciones brutas, habituales y totales, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales, tanto remunerativos como no remunerativos.

La nueva escala salarial vuelve a ubicar a la actividad financiera entre las mejor remuneradas del mercado laboral argentino, en un año marcado por negociaciones paritarias que, en numerosos rubros, enfrentan dificultades para acompañar el ritmo inflacionario.

La revisión también impactó sobre el tradicional bono por el Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre. De manera provisoria, el beneficio quedó fijado en un piso de $2.111.667,14 y volverá a actualizarse conforme evolucionen las futuras correcciones salariales acordadas durante el año.

El espacio sindical cuestionó las afirmaciones sobre la competitividad local y reclamó que los beneficios del RIGI alcancen también a firmas nacionales. La polémica se da tras la adjudicación de obras vinculadas al proyecto Vicuña.

La polémica desatada por la adjudicación de la construcción del campamento del proyecto Vicuña sumó un nuevo actor. La Intersindical San Juan difundió un duro pronunciamiento en respuesta a las declaraciones de José Morea, presidente de la Cámara Minera de San Juan y Country Director de Vicuña, quien había planteado la necesidad de preguntarse por qué los argentinos “no somos más competitivos”.

La organización sindical rechazó esa definición y sostuvo que las empresas nacionales han demostrado durante décadas capacidad técnica, experiencia y solvencia para ejecutar obras de gran escala vinculadas a la actividad minera.

En el documento, además, cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que otorga ventajas que terminan favoreciendo principalmente a grupos extranjeros. Desde la entidad reclamaron que las mismas condiciones promocionales se extiendan a capitales y compañías argentinas para garantizar una competencia en igualdad de condiciones.

Como respaldo de su posición, la Intersindical recordó que los campamentos de Veladero y Pascua Lama fueron construidos por firmas nacionales, antecedentes que, a su entender, refutan cualquier planteo que ponga en duda la capacidad operativa de la industria local.

El comunicado también se refirió a la reciente licitación del campamento de Vicuña. Según señalaron, la propuesta presentada por la empresa argentina que finalizó en segundo lugar fue apenas superior a la del consorcio adjudicatario encabezado por la firma china PowerChina, una diferencia que, sostienen, no permite atribuir el resultado a una supuesta falta de competitividad.

En este sentido, la Intersindical de San Juan reafirmó su defensa de la participación de proveedores nacionales en los grandes desarrollos mineros y convocó a una conferencia de prensa para este jueves a las 11 horas en la sede de ASIJEMIN, ubicada en calle 9 de Julio 647 Oeste, donde ampliará su posición sobre la controversia.