El Gobierno nacional solicitó el cierre de las corresponsalías que la agencia de noticias Télam tiene en varios puntos del país, dos meses después de que el Ejecutivo pusiera fin al servicio informativo y pasara a disponibilidad a la totalidad de su planta.

El Ejecutivo hizo oficial el pedido a través de la presentación de un Memorándum dirigido a las autoridades de las distintas áreas de la empresa del Estado, tales como Walter Silva, Valeria Posadas, Carlos Avaca, Maximiliano García y Carlos Digiano. El documento lleva la firma de Diego Martín Chaher, interventor de la agencia de noticias.

“Se instruye a las áreas correspondientes de la empresa para que, dentro del ámbito de sus competencias, articulen propuestas de plan de acción para dar inicio a la ejecución tendiente al cierre operativo de las corresponsalías de la empresa”, asegura el escrito.

Estas sedes se encuentran en las ciudades de Resistencia, Chaco; Bahía Blanca y La Plata; provincia de Buenos Aires; Paraná, Entre Ríos; Santa Rosa, La Pampa; Posadas, Misiones; Viedma, Río Negro; Salta, San Juan, Santa Fe y Rosario, Ciudad de Córdoba, Córdoba; Corrientes, en su provincia homónima; y en Mendoza Capital, Mendoza.

“A tal fin, deberán preverse las acciones necesarias tendientes a inventariar y poner a resguardo patrimonial los bienes pertenecientes a la empresa, y asegurar la restitución de los bienes personales a los empleados ya desvinculados y aquellos dispensados del débito laboral con goce de haberes”, agrega el escrito.

En ese sentido, el documento indica que “deberá procederse a la rescisión de los contratos de locación en el caso de las corresponsalías cuyo inmueble conserve a la fecha contrato de locación vigente”.

El Gobierno inició este proceso hace dos meses. El pasado 4 de marzo, la sede de Télam, ubicada en la calle Bolívar de la Ciudad de Buenos Aires, amaneció vallada y rodeada de policías. Los trabajadores que habitualmente cumplen tareas en ese edificio no pudieron ingresar.

Una semana después, el Gobierno nacional renovó la licencia por otros siete días e implementó un programa de retiros voluntarios para todo el personal, tanto para empleados que estén en planta permanente como para contratados.

“En el marco de un proceso de reestructuración del Estado iniciado por el Presidente de la Nación, se anuncia la implementación del programa de Retiro Voluntario, por treinta (30) días, para todo el personal, de planta y contratado a plazo fijo, de Télam S.E, en los términos del archivo que se adjunta al pie de la presente comunicación”, decía el comunicado difundido en ese momento.

Esta semana comunicó el inicio del Procedimiento Preventivo de Crisis. Se trata de un mecanismo por el cual buscarán cesantear a todos aquellos que no acepten los retiros voluntarios después del 10 de mayo.

Télam fue creada hace 78 años. Es la agencia de noticias más grande del país y cuenta con 700 empleados que producen alrededor de 500 artículos por día para su difusión. En paralelo, el Gobierno intenta allanar el camino para privatizar Radio y Televisión Argentina, que integra la lista incluida dentro de la Ley Bases de empresas nacionales que podrían ser vendidas al sector privado. El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y espera ser tratado en el Senado.

En una nueva jornada de negociaciones paritarias entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales del sector sumó un nuevo fracaso, en el marco del conflicto por el pago de los aumentos de los choferes de AMBA. La secretaría de Trabajo de la Nación citó a las partes a una nueva reunión el próximo 10 de mayo a las 13 horas.

El gremio que lidera Roberto Fernández manifestó en la reunión que, “la situación de los trabajadores es de una gran incertidumbre” y apuntó al gobierno porque el sector se encuentra sin una autoridad pertinente para el área de Transporte, luego de que el Poder Ejecutivo disolvió el Ministerio de Transporte.

La UTA recordó que “los compromisos estatales y precisamente no con estos trabajadores, derivaron en ofrecimientos salariales de los empresarios, incluso reconocidos por el mismo Estado y que fueron debidamente firmados”, y agregó que “los pactos se firman para cumplirse”, remarcó la delegación del sindicato.

El gremio reclama que las cámaras cumplan con el acuerdo salarial firmado meses atrás y resaltó que “los empresarios pueden disponer de estrategias para cumplir y no cumplir, reducir costos, diagramas, servicios y los trabajadores deben sostener el sistema con su fuerza y sangre de trabajo” y que desde UTA, “escuchamos razones múltiples, pero ya esa etapa terminó, necesitamos cumplimientos”, afirmó la parte sindical.

A su vez, UTA advirtió que realizará “todas las vías legales nacionales e internacionales con el fin de restablecer la lesión de los derechos sindicales tan vulnerados”, si las empresas no abonan el día de trabajo del 11 de abril pasado, cuando el gremio llevó a cabo una medida de fuerza de retención de tareas en el marco del conflicto por el pago del aumento salarial.

Por su parte, la parte empresarial, que unificó su posición y solicitó una nueva audiencia a fin de fijar una posición sobre lo expresado por el gremio y continuar con las negociaciones.

La Ley Bases ya consiguió media sanción en Diputados y aprobara en el Senado, y de ser aprobada pondría en peligro más de 100.000 puestos de trabajo de estatales de planta permanente. Una parte del proyecto plantea la disolución de algunas áreas y la creación de un régimen especial para el personal estatal de esos organismos que pretenden desaparecer.

El Gobierno de Milei espera la aprobación por parte del Congreso de la nueva Ley Bases, que le permitiría, no solo disolver algunas áreas del Estado, sino también contar con un marco jurídico para aquellos empleados públicos que busque despedir. El desguace sería imparable.

Como ya ocurrió con las anteriores olas de despidos, en los principales medios empezaron a circular estimaciones de fuentes oficiales de cuántos puestos de trabajo se destruirán. Esta vez la amenaza alcanzaría a más de 100 mil trabajadores, cuyos contratos ya están en la mira y que durante el plazo de un año pasarían a estar en “situación de disponibilidad”, hasta que las autoridades nacionales definan su futuro.

El Gobierno se encontraría facultado a modificar o eliminar las competencias, funciones o responsabilidades y los órganos u organismos de la administración central o descentralizada, aunque hayan sido creados por ley, cuyo mantenimiento la gestión del presidente Javier Milei considere «innecesario».

Asimismo, el primer artículo del Capítulo IV de la Ley Bases «Empleo Público» ordena sustituir el artículo 11 del Anexo de la Ley N° 25.164 por uno que indica que “el personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación”.

Durante ese tiempo, los trabajadores “deberán recibir la capacitación que se les imparta; o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado y, cumplido ese término, si el empleado no consiguió “una nueva relación de trabajo” en otro sector, “quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional”.

En ese caso, “tendrá derecho a percibir una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor, salvo el mejor derecho que se estableciere en el Convenio Colectivo de Trabajo y las indemnizaciones especiales que pudieren regularse por dicha vía”.

“Quedan excluidos de las facultades del presente artículo las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”, se aclaró. Aunque nada impide que no puedan desfinanciarlo todo.

También se prohibió la disolución del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).