
Se levantó el paro de colectivos
El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por cinco días en el conflicto de los choferes de colectivos de corta y media distancia, que habían dispuesto un paro nacional de 24 horas para este viernes, por lo cual mañana esos servicios funcionarán normalmente.
De acuerdo con la medida, la cartera que conduce Raquel «Kelly» Olmos dispuso «dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de cinco (5) días hábiles (…) debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio». Además, la cartera de Estado citó a una reunión de las partes para el próximo martes 23.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández, había dispuesto un paro nacional de 24 horas de choferes de colectivos de corta y media distancia a partir de esta medianoche en reclamo de mejoras salariales. Trabajo indicó que ante la declaración de la huelga se debía «promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado» y «otorgarse especial consideración al interés general como principio rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta administración debe velar».
El Ministerio recordó que «por imperio de lo establecido constitucionalmente a partir de la reforma del año 1994, los derechos colectivos del trabajo fundamentales y los de protección al conjunto de la comunidad deben ser interpretados armónicamente». También destacó que la conciliación obligatoria procura que las partes «lleguen a un acuerdo», así como «garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes».
La disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo -que conduce Raúl Ferrara- dispuso en ese marco «intimar» a la UTA y a los trabajadores «a dejar sin efecto, durante el período indicado (…) toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual».
A la vez, «intimar a las empresas de transporte que se desempeñan en el ámbito Región Metropolitana de Buenos Aires» involucradas en el conflicto «a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal». En caso de que las partes no cumplan con lo prescripto se les aplicarán sanciones, tal como lo prevé la ley, se advirtió.
Tras exhortar a las empresas y a la UTA a «mantener la mejor predisposición y apertura para negociar», Trabajo ratificó una audiencia fijada para el martes 23 de mayo a las 13 mediante plataforma virtual, para evaluar el avance de las negociaciones y el acatamiento de lo ordenado».
La ministra Olmos había anticipado a Télam que ante el anuncio del paro se iba a dictar la conciliación «para garantizar el servicio de colectivos y que las trabajadoras y los trabajadores puedan trasladarse mañana como cualquier día normal».
El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, había dicho que la huelga dependía de la declaración o no de la conciliación. La UTA informó en un comunicado que había resuelto un plan de lucha «en la búsqueda de la mejora de nuestros salarios». Y denunció que «las empresas niegan la posibilidad de aumento salarial, tanto en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) como en el interior del país».
«La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos «dañosos» que causan, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país, poniendo seriamente en riesgo la seguridad pública», alertó el gremio.
«La posición es clara, los salarios de los trabajadores requieren un aumento urgente», enfatizó el sindicato
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Sindicatos y organizaciones se movilizan contra el Gobierno

El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, que agrupa a más de 70 sindicatos, gremios estatales, organizaciones sociales y espacios políticos, anunció una masiva movilización para el miércoles 25 de junio en rechazo al plan de desregulación del Gobierno nacional. La medida busca poner freno a los decretos y reformas que, según los convocantes, «desmantelan el aparato productivo y atacan derechos fundamentales».
La marcha, que tendrá como epicentro el Ministerio de Desregulación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, es una respuesta directa a las políticas del gobierno de Javier Milei, que han generado un amplio rechazo en el sector sindical y social. Los convocantes, que incluyen a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), la CGT Regional La Plata y las tres centrales de la CTA, entre otros, advierten que la desregulación del Estado y la limitación a las paritarias son solo algunos de los aspectos de un paquete de reformas que busca «arras con todo».
Esta movilización es un claro ejemplo de la unidad y la determinación de los sectores que se oponen a las políticas del gobierno. «Estamos defendiendo la soberanía nacional, el sistema científico y tecnológico, y los derechos laborales frente a una política que quiere arrasar con todo», afirmaron desde el Frente. La adhesión de universidades públicas, como la de Quilmes, Avellaneda y la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, así como de organizaciones campesinas, indígenas y territoriales, demuestra que la resistencia no se limita a los sectores sindicales.
El Objetivo de la Movilización
La protesta apunta directamente al Ministerio que lidera Sturzenegger, responsable del paquete de reformas que incluye la desregulación de mercados, la limitación a las paritarias, la apertura a la privatización de empresas estatales y el recorte presupuestario en áreas sensibles como salud, educación, ciencia e infraestructura. Los convocantes advierten que esta será la primera gran acción conjunta, pero no la última. «Estamos construyendo unidad para resistir y frenar este modelo de entrega y ajuste», concluyeron.
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Empleados de Comercio firma paritaria por encima del 1% y desafía al Gobierno

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó con las cámaras empresarias de la actividad cerealera aumentos del 1,9% y 1,8% para los trabajadores de la mencionada rama del CCT 130/75, en un contexto de creciente conflicto con los supermercados que se niegan a pagar la paritaria firmada.
En un claro desafío al Gobierno nacional, el secretario general de la FAECyS, Armando Cavalieri, firmó un acuerdo paritario que establece aumentos mensuales del 1,9% y 1,8% para los trabajadores de la rama cerealera, por encima de la pauta oficial. El acuerdo, que tendrá vigencia para los meses de mayo y junio de 2025, busca acompañar las necesidades de los trabajadores del sector cerealero en un contexto económico desafiante.
El Acuerdo
El pacto establece incrementos remunerativos escalonados: un 1,9% a partir de mayo, calculado sobre los salarios básicos de abril; y un 1,8% a partir de junio, sobre los básicos de mayo. Además, se acordó el pago de una suma no remunerativa de $40.000, que se abonará junto con los haberes de mayo y junio. La misma será incorporada a los salarios básicos en el próximo acuerdo paritario, cuya negociación comenzará en junio de 2025 para el período que inicia el 1 de julio.
Conflicto con los Supermercados
El acuerdo se dio en un contexto de creciente conflicto con los supermercados, que con el respaldo del Ministerio de Economía, se niegan a pagar la paritaria firmada y sin homologar por el Gobierno, pese a que hay una cláusula que los obliga. Cavalieri había dejado en claro su molestia con la administración de Javier Milei, afirmando que «no hay libertad» en la fijación de los salarios y que el Gobierno busca «arrasar con las leyes laborales».
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Marcelo Mena: “No vamos a permitir un modelo extractivista sin derechos ni desarrollo nacional”

El secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena, se pronunció sobre el clima social y político que atraviesa el país, denunció un modelo económico que ataca los derechos laborales, respaldó a Cristina Fernández de Kirchner y llamó a construir una minería nacional con empleo, justicia ambiental y valor agregado.
Marcelo Mena fue contundente al analizar el panorama político y social que vive la Argentina. En diálogo con Mundo Laboral SJ, criticó el modelo económico impulsado por el actual Gobierno, al que acusó de responder a intereses extranjeros y de promover la desindustrialización del país.
“El objetivo de este modelo es claro: trabajadores precarizados, desocupación como método de control, recursos naturales entregados sin desarrollo local, y un Estado que renuncia a su rol estratégico”, advirtió Mena. Además, expresó su rechazo al fallo judicial que afectó a Cristina Fernández de Kirchner, al que calificó como “una advertencia directa a la dirigencia política y sindical”.
“Este es un mensaje mafioso que dice: si pudimos con ella, podemos con cualquiera. No vamos a permitir que nos arrodillen ni nos sometan. La violencia no es la salida, pero tampoco el silencio lo es”, agregó.
En otro tramo de la entrevista, Mena celebró el 16º aniversario del gremio minero que conduce y reafirmó el compromiso de su organización con un modelo de minería nacional inclusivo, sostenible y productivo. “La minería no debe ser una postal de saqueo. Queremos refinación, manufactura y trabajo argentino. No más exportación de piedra bruta mientras afuera se enriquece el capital extranjero”, señaló.
Criticó además el rol pasivo del Estado ante el incumplimiento de las grandes empresas mineras: “Si una firma no desarrolla, contamina o especula, el Estado tiene que tener las herramientas para quitarle la concesión. La minería debe estar al servicio del país, no de los fondos especulativos”.
El referente sindical también apuntó contra la narrativa del “derrame” empresarial: “Nos venden Disneylandia y ni siquiera hay una montaña rusa. Necesitamos hechos, no promesas. Queremos discutir una ley nacional de minería construida con todos los sectores: ambientalistas, provincias, trabajadores y empresas. Ese es el único camino para que la minería sea motor de desarrollo y no de exclusión”.
El sindicalista remarcó que el gremio no solo está en alerta ante los retrocesos, sino que también impulsa propuestas concretas: reducción de la jornada laboral, revisión del sistema jubilatorio para los trabajadores mineros y un rol activo del Estado en el desarrollo productivo.
“Queremos una sociedad con salud pública fuerte, con ciencia, con universidades, con trabajo digno. No creemos en los planes sociales eternos, pero sí en la obligación del Estado de generar empleo genuino”, afirmó.
Marcelo Mena dejó en claro que ASIJEMIN no acepta un modelo que excluye, precariza y entrega. Frente a un contexto de ofensiva contra los derechos laborales y de creciente tensión social, el dirigente llamó a la unidad del movimiento obrero y a una construcción colectiva de país, donde la industria nacional, la justicia social y el desarrollo con soberanía sean pilares innegociables.
“Tenemos paciencia, pero también convicción. Con respeto e inclusión, podemos construir una Argentina mejor. Y si no nos invitan a la mesa, nosotros vamos a poner la mesa”, concluyó.
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