El helicóptero Bell 412, contratado por la Agencia Federal de Emergencias para un entrenamiento destinado al combate de incendios forestales, cayó en la zona del Parque Provincial Ischigualasto. Entre las víctimas se encuentran autoridades de Bomberos, Protección Civil, la Policía de San Juan, brigadistas nacionales y el piloto de la aeronave.

San Juan atraviesa una de las mayores tragedias institucionales de los últimos años tras el accidente de un helicóptero Bell 412 que provocó la muerte de sus siete ocupantes durante una capacitación vinculada a la lucha contra incendios forestales. El siniestro ocurrió este miércoles en inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto y fue confirmado oficialmente por el Gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad Nacional.

La aeronave había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para desarrollar un entrenamiento con personal especializado. Finalizada esa instancia, estaba previsto que se trasladara a La Rioja para incorporarse al operativo destinado a combatir un incendio forestal activo en esa provincia.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, el último contacto con el helicóptero se registró a las 10.26. Minutos después, otra aeronave que sobrevolaba la zona detectó el lugar donde se había producido el impacto y notificó de inmediato a las autoridades. A partir de ese momento se desplegó un operativo integrado por equipos de rescate, personal de emergencia y organismos provinciales para acceder al sitio y realizar las primeras tareas de relevamiento.

Las víctimas fueron identificadas como Rubén Castro, comisario general y jefe de Bomberos de San Juan; Jorge Carbajal, comisario inspector y segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; Germán Videla, comisario general y subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto del helicóptero; Andrés Bosch, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias; y Rodrigo Aimeta, también integrante de ese organismo nacional.

La magnitud de la tragedia generó una profunda conmoción en la provincia debido a que entre los fallecidos se encontraban algunos de los principales responsables del sistema provincial de respuesta ante emergencias, junto con brigadistas especializados que participaban del entrenamiento.

En un comunicado oficial, el Gobierno de San Juan expresó su «profundo dolor» por lo sucedido y transmitió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas. El Ejecutivo provincial destacó el compromiso y la vocación de servicio de quienes perdieron la vida mientras participaban de una actividad destinada a fortalecer la respuesta frente a incendios forestales.

Por su parte, la Agencia Federal de Emergencias informó que continuará trabajando junto a los organismos competentes para determinar las causas del accidente. La investigación buscará establecer las circunstancias que provocaron la caída del helicóptero, mientras las autoridades adelantaron que la información oficial será difundida únicamente a medida que los peritajes permitan confirmar nuevos datos.

La pérdida de altos mandos de Bomberos, Protección Civil y la Policía de San Juan, junto con dos brigadistas nacionales y el piloto de la aeronave, representa un duro golpe para el sistema de emergencias de la provincia y para los organismos encargados de la prevención y el combate de incendios forestales en la región.

La empresa atribuyó la decisión a la fuerte retracción del consumo masivo y a la pérdida de rentabilidad de la planta de Albardón. Los trabajadores iniciaron protestas, denunciaron que las indemnizaciones ofrecidas no respetan la legislación vigente y el conflicto continuará en el ámbito administrativo.

La crisis que atraviesa el consumo masivo volvió a impactar sobre la industria alimenticia. Tía Maruca confirmó el cierre definitivo de su planta ubicada en Albardón, al considerar que la continuidad de las operaciones dejó de ser económicamente viable. La determinación implica el cese de la producción en uno de los establecimientos más importantes de la compañía y deja abierto un conflicto con los trabajadores por las condiciones de desvinculación.

La firma comenzó a enviar los telegramas de despido al personal afectado, mientras operarios realizaron manifestaciones frente a la fábrica en rechazo a la medida. El principal foco del reclamo apunta a las indemnizaciones ofrecidas por la empresa, que, según denunciaron los representantes de los empleados, no se ajustan a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

La planta había sido incorporada al esquema industrial de Tía Maruca en 2017, cuando la empresa adquirió las instalaciones que pertenecían a Dilexis. Aquella inversión permitió ampliar significativamente la capacidad de producción y acompañó una etapa de expansión comercial de la marca, que consolidó su presencia en supermercados y comercios de todo el país, además de desarrollar exportaciones hacia mercados regionales.

Sin embargo, el deterioro del mercado interno alteró ese panorama. La empresa informó que durante los primeros meses de 2026 la fábrica funcionó con apenas el 52% de su capacidad instalada, un nivel que elevó los costos unitarios de producción y volvió inviable sostener la operación. A esa realidad se sumaron el incremento de los costos fijos y una competencia cada vez más intensa con segundas marcas, panaderías y fabricantes de menor escala.

El cierre pone fin a casi dos décadas de producción industrial en ese predio, convertido durante años en uno de los principales empleadores privados de Albardón. Además de los puestos de trabajo directos, la decisión repercute sobre una extensa red de proveedores de materias primas, empresas de transporte, servicios de mantenimiento y comercios que dependían, en distinta medida, del movimiento económico generado por la planta.

La negociación entre la empresa y los trabajadores continuará en las instancias administrativas correspondientes. Mientras tanto, el conflicto mantiene en vilo a las familias afectadas y suma un nuevo capítulo a la serie de dificultades que enfrenta la industria manufacturera, golpeada por la retracción del consumo y la caída de la utilización de la capacidad instalada.

El cierre de Tía Maruca constituye uno de los golpes industriales más significativos registrados este año en San Juan y vuelve a poner en el centro del debate la pérdida de empleo privado y las dificultades que atraviesan numerosas empresas vinculadas al mercado interno. La resolución del conflicto indemnizatorio y el futuro de los trabajadores serán ahora los principales desafíos de una crisis que excede a una sola compañía y refleja el delicado momento que atraviesa la producción nacional.

La Secretaría de Tránsito y Transporte afirmó que no existen deudas con las prestatarias del servicio y explicó que los pagos de junio continúan dentro de los plazos administrativos. Además, atribuyó las demoras a errores en la documentación presentada por algunas empresas y ratificó las sanciones por la reducción de frecuencias.

El Gobierno de San Juan respondió oficialmente a las empresas de transporte público y negó mantener deudas con las concesionarias del servicio. A través de un comunicado, la Secretaría de Tránsito y Transporte sostuvo que las compensaciones correspondientes a junio continúan dentro del circuito administrativo habitual y desestimó los planteos formulados por la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), que había denunciado una deuda cercana a los $9.750 millones.

La aclaración llegó en medio delconflicto originado tras la reducción de frecuencias aplicada por algunas empresas, una decisión que provocó extensas demoras para los usuarios y derivó en sanciones contra las firmas Mayo y Libertador por incumplimientos en la prestación del servicio.

Desde el organismo provincial explicaron que la documentación necesaria para liquidar las compensaciones de junio fue presentada recién el 14 de julio, por lo que el expediente aún transita los tiempos administrativos previstos. Asimismo, precisaron que parte de esa documentación contenía inconsistencias que debieron ser corregidas antes de avanzar con la liquidación, circunstancia que también incidió en los plazos.

En cuanto a otros conceptos reclamados por las prestatarias, la Provincia señaló que serán revisados de manera individual. Si de esa evaluación surgieran montos pendientes, se abrirá una instancia de diálogo con las empresas para analizar cada caso.

El Ejecutivo también aclaró el estado de los fondos nacionales destinados a financiar los atributos sociales, uno de los principales puntos incluidos en el reclamo empresario. Remarcó que esos recursos dependen exclusivamente de la Secretaría de Transporte de la Nación y recordó que el 28 de julio se acreditaron las compensaciones correspondientes a mayo de 2026. De esa manera, únicamente permanece pendiente la transferencia de junio.

La respuesta oficial se produjo después de que ATAP justificara la reducción de frecuencias por un supuesto desfinanciamiento del sistema de transporte. En un comunicado, la entidad aseguró que la deuda acumulada asciende a $9.750.150.676,43, de los cuales alrededor del 60% correspondería a obligaciones provinciales y el resto a aportes nacionales.

Las empresas sostienen que esos recursos financian beneficios tarifarios destinados a los usuarios, como el Boleto Escolar Único, el boleto docente, los trasbordos y los atributos sociales, además de cubrir diferencias derivadas de mayores costos operativos y actualizaciones pendientes.

Según el detalle difundido por ATAP, entre los conceptos reclamados figuran más de $2.035 millones por el Boleto Escolar Único de junio, más de $3.821 millones por atributos sociales nacionales correspondientes a mayo y junio, más de $823 millones por trasbordos y más de $314 millones por el boleto docente, además de otros ítems vinculados al funcionamiento del sistema.

Multas y controles permanentes

Antes del comunicado institucional, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, ya había rechazado públicamente la existencia de atrasos en los pagos provinciales y confirmó la aplicación de sanciones económicas contra las empresas que redujeron las frecuencias sin autorización.

La decisión fue respaldada por el gobernador Marcelo Orrego, quien ordenó intensificar los controles sobre el servicio luego de las quejas de usuarios por las demoras registradas durante la semana pasada. Las inspecciones realizadas detectaron incumplimientos en las empresas Mayo y Libertador, que serán sancionadas conforme a las condiciones establecidas en los contratos de concesión.

Desde el Ministerio de Gobierno anticiparon que los operativos continuarán de manera permanente y advirtieron que, si se repiten restricciones injustificadas en la prestación del servicio, podrían adoptarse medidas más severas para garantizar el normal funcionamiento del sistema.

Con este pronunciamiento, la Provincia ratificó que no reconoce la deuda denunciada por ATAP, atribuyó las demoras administrativas a errores en la documentación presentada por algunas prestatarias y mantuvo firme su decisión de exigir el cumplimiento de las frecuencias previstas. Mientras tanto, el desacuerdo entre el Gobierno y las empresas sigue sin resolverse.