El fracaso de la negociación paritaria entre la Unión Tranviaria Automotor y las cámaras empresarias reavivó la posibilidad de una medida de fuerza a nivel nacional. Reclamos salariales, atraso en los subsidios y un sector financieramente asfixiado configuran un escenario de alta conflictividad.

El transporte público vuelve a quedar en el centro de la escena sindical y económica. La reunión paritaria realizada este martes entre la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector concluyó sin acuerdo y dejó abierta la posibilidad de un paro nacional, en una situación marcada por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la falta de actualización de los subsidios y el deterioro financiero de las compañías.

Durante el encuentro, las cámaras transportistas —AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA— presentaron una propuesta de aumento salarial del 1%, considerada insuficiente y rechazada de plano por el gremio que conduce Roberto Fernández. Ante la falta de avances, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio y fijaron una nueva audiencia virtual para el próximo martes 20 de enero a las 14 horas.

Desde el sector empresario argumentan que la negociación salarial se encuentra condicionada por una situación económica crítica. Denuncian un “estrangulamiento financiero” producto del atraso en la actualización de las tarifas y de las demoras en el pago de los subsidios estatales, cuya administración depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Capital Humano. En ese marco, advierten que cerca del 40% de las empresas de transporte atraviesa una situación delicada, con riesgo concreto de quiebra.

“Como todos los años, si los Estados responsables de las distintas jurisdicciones no incrementan los subsidios, los empresarios no contamos con los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones salariales”, sostuvo Adrián Noriega, vocero de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros, al describir la fragilidad del sistema.

Desde la UTA, en cambio, calificaron la oferta salarial como una “burla” y remarcaron que los trabajadores no están dispuestos a quedar atrapados en la puja entre el Estado y las empresas. El salario básico del sector se ubica actualmente en torno a los $1.370.000, al que se suman distintos adicionales, aunque el gremio advierte que la inflación y el encarecimiento del costo de vida siguen licuando los ingresos.

“No vamos a permitir que se intente normalizar la precarización laboral ni la falta de pago en término”, señalaron desde el sindicato, que difundió un acta oficial en la que ratificó el estado de alerta y dejó abierta la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza si no aparece una propuesta superadora en la próxima audiencia.

El conflicto en el transporte público vuelve a exhibir las tensiones estructurales de un sistema sostenido por subsidios insuficientes, tarifas congeladas y salarios presionados por la inflación. Con millones de usuarios potencialmente afectados, la falta de definiciones amenaza con derivar en un paro nacional que tendría un fuerte impacto social y económico. La participación del secretario de Trabajo, Julio Cordero, solicitada por la UTA para la próxima audiencia, aparece como una instancia clave para evitar que el conflicto escale y termine paralizando el transporte en todo el país.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector que establece aumentos salariales para enero y febrero de 2026, además del pago de sumas fijas mensuales no remunerativas diferenciadas por categoría.

El entendimiento fue firmado por el sindicato que conduce Gerardo Martínez junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), y alcanza a todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75. Por extensión, también se aplica al CCT N° 577/10, que regula actividades específicas como canalización, líneas, instalaciones y empalmes.

El acuerdo se inscribe en un contexto de negociaciones salariales atravesadas por la política oficial de contención de paritarias, y busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores del sector frente al avance de la inflación.

Detalles del acuerdo paritario

Los incrementos pactados son acumulativos y se calculan sobre los salarios básicos vigentes en cada período:

Enero de 2026: aumento del 2% sobre los salarios básicos al 31 de diciembre de 2025.
Febrero de 2026: aumento del 1,8% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de enero de 2026.

Estos porcentajes impactan directamente en todas las categorías de la actividad, actualizando los básicos de referencia para el cálculo de adicionales y futuras negociaciones.

Además de los aumentos porcentuales, el acuerdo contempla el pago de sumas mensuales no remunerativas durante enero y febrero de 2026, que se abonarán de manera quincenal. Para la Zona A, los montos son los siguientes:

Sereno y Ayudante: $96.800
Medio Oficial: $102.800
Oficial: $112.200
Oficial Especializado: $121.800

Estos importes se incrementan de acuerdo con la zona geográfica (B, C y C-Austral) y con los adicionales convencionales que correspondan en cada caso.

Jornales en actividades especiales

Para los trabajadores comprendidos en el CCT N° 577/10, el acuerdo también fijó los nuevos jornales básicos diarios:

A partir del 1° de enero de 2026:

Oficial especializado: $5.373
Oficial: $4.596
Medio oficial: $4.248
Ayudante: $3.910
Sereno: $710.248
A partir del 1° de febrero de 2026:
Oficial especializado: $5.470
Oficial: $4.679
Medio oficial: $4.324
Ayudante: $3.980
Sereno: $723.032

El acuerdo paritario tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2026. Las partes resolvieron mantener activa una Comisión Especial de Seguimiento, encargada de monitorear la evolución de las variables económicas y del sector de la construcción.

La próxima reunión quedó fijada para el 19 de febrero, instancia en la que se evaluará la necesidad de nuevos ajustes salariales a partir de marzo. En un escenario de inflación persistente y actividad dispar, la negociación deja abierta la discusión sobre el poder adquisitivo de los trabajadores y la sostenibilidad del empleo en uno de los sectores más sensibles de la economía.

En espejo a la ofensiva del Gobierno nacional, la CGT anunció una gira federal para reunirse con gobernadores y bloquear la reforma laboral impulsada por el oficialismo. La central sindical busca capitalizar el malestar provincial y consolidar un frente político que frene los cambios en el Congreso.

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió salir al territorio para disputar el respaldo político de los gobernadores frente al avance del proyecto de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo nacional. Casi como una réplica directa a la gira que encabeza el ministro del Interior, Diego Santilli, la central obrera anunció que iniciará una serie de reuniones con mandatarios provinciales con el objetivo de reunir los votos necesarios para bloquear la iniciativa en el Congreso.

La gira sindical estará encabezada por el triunvirato que conduce la CGT, integrado por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello. El objetivo, según señalaron desde la conducción cegetista, es “fortalecer las demandas de los trabajadores” y construir un frente común con los gobernadores para frenar un proyecto que, advierten, implica un retroceso en derechos laborales históricos.

La primera escala del recorrido será Santiago del Estero, donde los dirigentes sindicales se reunirán con el gobernador Elías Suárez. Luego, la agenda incluye encuentros en Tucumán, Jujuy y Córdoba, para finalmente trasladarse a distintas provincias de la Patagonia. Si bien la fecha exacta de inicio aún no fue confirmada, la CGT ya avanza en la coordinación política y logística del periplo.

El cálculo político de la CGT

En la central obrera consideran que el escenario posterior a la aprobación del Presupuesto 2026 abre una ventana de oportunidad. La lectura sindical es que muchos gobernadores buscarán evitar nuevos focos de conflicto social y gremial en sus distritos, lo que podría traducirse en una mayor predisposición a rechazar o, al menos, dilatar la reforma laboral.

El proyecto del oficialismo está previsto para ser tratado en sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero, y el rol de los mandatarios provinciales aparece como decisivo. En ese marco, la relación histórica entre los sindicatos y los ejecutivos provinciales vuelve a adquirir centralidad en la dinámica legislativa.

Dificultades y señales desde el oficialismo

En el propio Gobierno reconocen las dificultades para reunir los votos necesarios que garanticen la aprobación de la reforma laboral. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, admitió en las últimas horas que el oficialismo está dispuesto a aceptar modificaciones en el texto del proyecto y dejó abierta la puerta a un eventual diálogo con la CGT.

Sin embargo, dentro del sindicalismo esas señales son recibidas con desconfianza. La trayectoria y el discurso marcadamente antisindical de Bullrich limitan cualquier expectativa de acercamiento real. Aunque la exministra de Seguridad sostiene que la reforma apunta a fomentar el emprendedurismo y facilitar la creación de empleo, en la CGT prevalece una mirada cautelosa y crítica.

El pedido de Bullrich de construir un respaldo parlamentario amplio fue interpretado en sectores gremiales como un repliegue táctico del oficialismo, condicionado por la resistencia política y social que genera la iniciativa.

Santilli, el interlocutor posible

Mientras tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su propia ofensiva territorial. Esta semana viajó a Chaco para reunirse con el gobernador Leandro Zdero, tras haber visitado Chubut y mantener un encuentro con Ignacio Torres en el contexto de los incendios que afectan a la Patagonia.

Este martes, Santilli recibirá en Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien, pese al gesto institucional, ya adelantó que no acompañará modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo y reiterará sus reclamos por los fondos adeudados por la Nación en concepto de cajas jubilatorias.

La agenda del ministro continuará el miércoles con un nuevo viaje a Chubut, donde recorrerá las zonas afectadas por el fuego junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jueves se trasladará a Mendoza para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo, uno de los aliados clave del oficialismo.

Además, en la lista de gobernadores que el Gobierno busca sumar figuran Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Marcelo Orrego (San Juan).