El Consejo Directivo de la CGT resolvió convocar a un paro general de 24 horas el día que la Cámara de Diputados debata la reforma laboral. La medida sería sin movilización y con fuerte impacto en el transporte. El cambio en el régimen de licencias por enfermedad terminó de quebrar el frágil diálogo con el Gobierno.

La Confederación General del Trabajo decidió escalar el conflicto con el Gobierno nacional y convocar a un paro general de 24 horas el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. Será la cuarta huelga nacional contra la administración de Javier Milei y, a diferencia de otras jornadas de protesta, no incluirá movilización callejera. La apuesta es otra: mostrar “las ciudades vacías” y medir fuerzas en términos de acatamiento.

La resolución fue adoptada por el Consejo Directivo de la central obrera, tras una reunión virtual encabezada por los cotitulares Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio). Si bien resta la formalización pública y la confirmación definitiva de los gremios del transporte, en la cúpula sindical descuentan una adhesión clave que podría paralizar servicios estratégicos.

“Están dados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, había anticipado Jerónimo en declaraciones radiales. El clima interno venía cargado desde la media sanción en el Senado, pero un episodio puntual terminó de inclinar la balanza hacia la confrontación abierta.

El artículo que rompió el equilibrio

La modificación del régimen de licencias por enfermedad o accidente no laboral —incorporada durante la madrugada en el debate senatorial— fue leída por el sindicalismo como una ruptura de los acuerdos informales que sostenían el diálogo. El nuevo esquema establece que, si la imposibilidad de trabajar deriva de una actividad voluntaria y consciente que implicó riesgo, el trabajador percibirá el 50% del salario durante tres o seis meses según tenga o no personas a cargo. Si la enfermedad no responde a esa conducta, la remuneración será del 75%.

La justificación pública del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger —quien ejemplificó el cambio con la hipótesis de una lesión jugando al fútbol— amplificó el malestar.

Aunque desde el oficialismo argumentan que la medida apunta a limitar abusos y reducir litigiosidad, en la CGT interpretaron la incorporación del artículo como un avance directo sobre un derecho sensible y una señal de endurecimiento unilateral.

El abogado laboralista Julián de Diego, cercano históricamente a sectores empresariales, reconoció que el artículo “salió como un fantasma” y advirtió que podría generar mayor judicialización, en aparente contradicción con el objetivo central del proyecto. También especialistas señalaron posibles conflictos con convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por la Argentina.

Una huelga sin calles

La modalidad elegida no es casual. Sin transporte y con fecha sujeta a los tiempos parlamentarios —todo indica que el debate podría darse el jueves 19—, la CGT prioriza una medida de fuerza sin movilización masiva. Puertas adentro reconocen dos razones: la dificultad logística de organizar una marcha sin colectivos ni trenes y la intención de evitar escenas de confrontación con el protocolo de seguridad impulsado por el Ministerio de Seguridad.

“Tenemos que volver a mostrar la imagen de las ciudades vacías”, deslizó uno de los dirigentes que impulsa la estrategia. La consigna apunta a exhibir contundencia sin exponer a la central a un escenario represivo que el oficialismo podría capitalizar políticamente.

La convocatoria fue precedida por llamados de sectores combativos, como la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso. Su titular, Daniel Yofra, sostuvo que “a este Gobierno hay que enfrentarlo con huelgas” y no solo con manifestaciones. Ese posicionamiento aceleró el debate interno y consolidó la idea de que el conflicto ingresó en una etapa de mayor dureza.

El escenario político

En este sentido, el oficialismo busca acelerar la aprobación en Diputados tras la media sanción obtenida en el Senado. El proyecto introduce cambios estructurales en indemnizaciones, jornada laboral, negociación colectiva y derecho de huelga. La oposición peronista anticipa que intentará modificar artículos clave; si eso ocurriera, la iniciativa debería regresar a la Cámara alta, un escenario que la Casa Rosada procura evitar.

Desde el bloque de la oposición, el senador José Mayans calificó la reforma como “regresiva” e “inconstitucional” y cuestionó el tratamiento exprés del texto. El oficialismo, en cambio, sostiene que la norma es indispensable para promover empleo formal y reducir litigiosidad.

En este aspecto, la determinación de la CGT agrega un nuevo factor de presión sobre un debate que ya desborda el plano técnico y se inscribe en una disputa más amplia sobre el modelo económico y social.

Un conflicto en escalada

El paro general marcará un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero organizado. Hasta ahora, pese a las tensiones, existían canales informales de diálogo.

La incorporación del artículo sobre licencias fue interpretada como una señal de que esos puentes quedaron debilitados.

La discusión en Diputados no solo definirá el destino de la reforma, sino también el alcance de la respuesta sindical. Si el oficialismo logra sostener el núcleo del proyecto, el conflicto podría profundizarse. Si, en cambio, prosperan modificaciones sustantivas, la negociación volverá a reconfigurarse.

Por ahora, la CGT eligió su herramienta histórica. Sin movilización, pero con la expectativa de alto acatamiento, apuesta a que el silencio de las fábricas, oficinas y estaciones de transporte sea más elocuente que cualquier discurso.

El plenario de delegados de UDAP resolvió rechazar la oferta presentada por el Gobierno provincial en la mesa paritaria y confirmó el paro previsto para el 2 de marzo, fecha de inicio del ciclo lectivo en San Juan. El gremio consideró insuficiente la propuesta y dejó abierta la posibilidad de adherir a medidas nacionales convocadas por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

El conflicto docente en la provincia sumó un nuevo capítulo este viernes. Tras analizar durante varias horas la oferta salarial presentada el 12 de febrero por el Ejecutivo provincial, el plenario de delegados de UDAP decidió rechazarla por considerarla insuficiente y ratificó la medida de fuerza ya definida para el 2 de marzo, día en que está previsto el inicio de clases en el nivel primario.

La decisión fue comunicada oficialmente mediante un parte firmado por la secretaria general, Patricia Quiroga. En el documento, el gremio mayoritario de los docentes sanjuaninos dejó en claro que insistirá con el pedido de recomposición salarial planteado en el acta paritaria de diciembre de 2025 y ratificó las medidas de fuerza votadas el 9 de febrero.

Además, el plenario facultó a sus congresales a adherir a eventuales paros o acciones de protesta que convoque CTERA a nivel nacional, central obrera a la que responde orgánicamente el sindicato.

La oferta oficial

La propuesta fue presentada en la segunda reunión paritaria del año, que se extendió por más de siete horas y estuvo encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez. También participaron los gremios UDA y AMET.

El Ejecutivo propuso:

. Elevar la ayuda escolar a $100.000 por hijo, a abonarse con el salario de febrero.
. Un pago por equipamiento docente de $128.801,76, también en febrero.
. Un incremento del 5% en el Valor Índice en marzo de 2026, tomando como base diciembre de 2025.
. Otro aumento del 5% en junio de 2026, calculado sobre el índice de marzo.
. Una suba de seis puntos en el código E60 desde marzo.

Tras la presentación, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el 20 de febrero a las 14, fecha en la que debía formalizarse la respuesta gremial. Con el rechazo de UDAP, la negociación ingresa ahora en una fase decisiva.

Desde el Gobierno habían destacado que San Juan fue una de las primeras provincias en abrir la discusión paritaria docente, en un intento por anticipar el conflicto antes del inicio del ciclo lectivo.

Impacto en el inicio de clases

La huelga ratificada para el 2 de marzo coincide con el comienzo formal del ciclo lectivo en las escuelas primarias de la provincia. De confirmarse la medida, es posible que se realicen los actos de apertura, pero que los docentes adheridos no dicten clases durante esa jornada.

El escenario abre interrogantes sobre la continuidad del conflicto si no se alcanza un acuerdo antes del inicio efectivo de las actividades. En un momento de fuerte presión inflacionaria y pérdida del poder adquisitivo, el salario docente vuelve a convertirse en eje de tensión política y social.

La modificación de último momento que preserva las cuotas solidarias y otros cambios aceptados por la Casa Rosada alivian a la conducción cegetista en su principal preocupación: el financiamiento sindical. Pero la estrategia de negociación silenciosa puede volverse en contra si la reforma avanza sin alterar aspectos sensibles para los trabajadores.

La pregunta comenzó a circular incluso dentro del propio sindicalismo: ¿los cambios introducidos por el Gobierno en la reforma laboral son una victoria táctica o el inicio de una derrota estratégica para la CGT? La respuesta, por ahora, parece moverse en esa ambigüedad.

En las últimas horas, la Casa Rosada aceptó modificaciones sustanciales al proyecto que se debate en el Senado. La más significativa fue la eliminación del artículo que condicionaba a la “conformidad expresa del trabajador” la retención de cuotas sindicales por parte del empleador. Al desaparecer esa cláusula —el artículo 137 de la versión original— queda vigente el esquema actual, que obliga a los empleadores a actuar como agentes de retención no sólo de las cuotas de afiliación sino también de “otros aportes”.

Allí reside la clave: las cuotas solidarias. Esos descuentos pactados en los convenios colectivos que alcanzan tanto a afiliados como a no afiliados constituyen la columna vertebral del financiamiento sindical. El propio Federico Sturzenegger los había definido como “peajes sindicales” y buscó limitarlos desde la llegada de Javier Milei al poder. La CGT logró frenar ese intento en la Justicia cuando fue incluido en el DNU 70 y ahora consiguió que desaparezca también de la reforma laboral.

No fue la única concesión. El Gobierno también eliminó el artículo que reducía las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales, otro punto neurálgico para la estructura sindical. Y en el texto anunciado por Patricia Bullrich se estableció que las cuotas solidarias tendrán un tope del 2% hasta el 1° de enero de 2028, cuando pasarían a ser voluntarias.

El resultado es claro: la “caja sindical” quedó a salvo, al menos en esta etapa. Y eso explica buena parte del comportamiento político de la conducción cegetista.

Una movilización contenida

La protesta frente al Congreso de la Nación Argentina dejó una imagen dispar. La columna principal de la CGT tuvo un paso fugaz por la zona y sus máximos dirigentes permanecieron poco más de media hora antes de retirarse. La escena contrastó con los incidentes posteriores protagonizados por sectores de izquierda y grupos más combativos, que derivaron en enfrentamientos con piedras y bombas molotov.

Para el ala dialoguista, la movilización fue parte de una estrategia de contención interna. La conducción logró desactivar propuestas de paro de 12, 24 y 48 horas impulsadas por sectores duros, evitando una escalada que hubiese complicado las negociaciones reservadas con el Ejecutivo.

“Los extremos se unen y son funcionales entre sí”, sostuvo Gerardo Martínez, uno de los referentes del sector más proclive al diálogo. La frase sintetiza la lectura cegetista: exhibir presencia en la calle sin romper los puentes con un Gobierno que, tras el triunfo electoral de octubre, conserva iniciativa política.

La foto que también habló

En ese escenario reapareció Pablo Moyano encabezando la columna de Camioneros y, antes de la marcha, posó junto a Hugo Moyano en la sede del gremio, en una imagen que pareció sellar una tregua en su prolongada disputa interna. Detrás de ellos, una histórica fotografía junto a Saúl Ubaldini evocó el récord de 13 paros generales contra el gobierno de Raúl Alfonsín. El simbolismo no pasó inadvertido: la amenaza de conflictividad siempre está latente.

Las columnas más nutridas correspondieron a UPCN, Camioneros, la UOCRA, UDA, Obras Sanitarias, la CATT, la UTEP y el FRESU, entre otros. Sin embargo, la ausencia de algunos referentes y el tono moderado de la conducción reforzaron la percepción de una protesta administrada.

El alivio y la trampa

El problema para la CGT no está en lo que consiguió, sino en lo que quedó intacto. La reforma mantiene aspectos sensibles como los cambios en indemnizaciones, la introducción del banco de horas, la flexibilización en vacaciones, la discusión sobre la ultractividad de los convenios y la posibilidad de convenios por empresa. Estos puntos impactan directamente en el modelo sindical argentino basado en el unicato y la negociación colectiva por actividad.

Algunos dirigentes del ala dura advierten que preservar la caja no alcanza. Si la reforma avanza sin modificar los artículos que afectan derechos individuales y colectivos, la conducción podría pagar un costo político ante sus propias bases. “La gente no va a perdonar que se haya salvado el financiamiento pero no las condiciones laborales”, deslizan en privado.

El cotitular cegetista Andrés Rodríguez sostuvo públicamente que la reforma “quita derechos” y no generará empleo, pese a reconocer cambios “aparentemente favorables” al movimiento sindical. Esa tensión discursiva revela el delicado equilibrio que intenta sostener la central obrera.

La CGT consiguió alivio inmediato en el terreno financiero e institucional. Pero el Gobierno también logró algo: dividir el frente sindical, moderar la conflictividad y avanzar en el núcleo de su reforma. En esa dialéctica se juega algo más que una ley. Se define el alcance real del poder sindical en la Argentina que emerge bajo la presidencia de Milei.

Si las concesiones se consolidan y el resto del proyecto avanza, la conducción cegetista habrá preservado su estructura, pero deberá explicar por qué no logró frenar los cambios que afectan directamente a los trabajadores. Allí radica la trampa: ganar en la negociación puede implicar perder en legitimidad.