La CTERA definió un paro nacional docente para el próximo 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo, y anunció la continuidad de un plan de acción que incluirá caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país. La decisión fue adoptada durante el Congreso Nacional que la organización realizó este viernes en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de congresales de todas las provincias.

La resolución se inscribe en una escalada del conflicto educativo a nivel federal, atravesado por el reclamo de reapertura de la paritaria nacional docente y por cuestionamientos a las políticas económicas que, según el gremio, impactan de manera directa en los salarios y en el financiamiento del sistema educativo.

Un Congreso con definiciones políticas y gremiales

Durante la jornada se desarrollaron el Congreso Ordinario y el Congreso Extraordinario de la Confederación. En el primero, se aprobó por amplia mayoría la Memoria y Balance del período, donde se detalló el trabajo político, gremial y organizativo realizado en defensa de la educación pública y de los derechos laborales del sector.

En el Congreso Extraordinario, en tanto, se debatió la política gremial y se votó la continuidad del plan de lucha. La secretaria general, Sonia Alesso, presentó un informe político en el que analizó la coyuntura nacional e internacional, el impacto del ajuste en la educación pública y la situación salarial de los trabajadores del sector.

El encuentro fue sesionado bajo el nombre de “Beto Pianelli”, en homenaje a su trayectoria sindical y compromiso con los derechos de los trabajadores.

Paro nacional y plan de acción

El paro del 2 de marzo marcará el no inicio del ciclo lectivo en distintas jurisdicciones y será acompañado por una agenda de acciones que, según se informó, se extenderá durante todo el mes. El plan contempla actividades de visibilización y protesta para informar a la comunidad educativa sobre los reclamos del sector.

Entre los ejes centrales se encuentra la exigencia de convocatoria a la paritaria nacional docente —instancia que fija el salario mínimo del sector y lineamientos generales para las provincias— y la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Asimismo, el Congreso expresó su rechazo al proyecto denominado “Ley de Libertad Educativa”, al considerar que podría afectar el carácter público y federal del sistema.

Unidad sindical y rechazo a la reforma laboral

La resolución también ratificó la articulación con otras organizaciones sindicales y sociales para movilizar contra la reforma laboral y las políticas de ajuste. En ese marco, CTERA reafirmó su compromiso con la defensa de la escuela pública, el salario docente y las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

El paro nacional agrega presión sobre los gobiernos provinciales, que en muchos distritos aún mantienen abiertas las negociaciones salariales. Con el calendario escolar a punto de comenzar, el escenario anticipa un arranque atravesado por la conflictividad gremial y por una disputa que excede lo estrictamente salarial para instalar un debate más amplio sobre el modelo educativo y el financiamiento del sistema.

El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo, Cristian Jerónimo, cuestionó con dureza a los mandatarios peronistas que facilitaron el quórum y votaron a favor de la reforma laboral en Diputados. Los acusó de “traicionar a los trabajadores” y adelantó que la central obrera recurrirá a la Justicia si la iniciativa se convierte en ley.

La gran rigidez política y sindical que atraviesa el debate por la reforma laboral sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Cristian Jerónimo, uno de los principales referentes de la CGT, quien calificó de “traidores” a los gobernadores peronistas que acompañaron el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

“Nos dan vergüenza, han traicionado a los trabajadores”, afirmó el dirigente al referirse al respaldo brindado por mandatarios provinciales del PJ que resultó clave para habilitar el tratamiento y la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados. En particular, mencionó a las provincias de Tucumán, Catamarca y Salta, cuyos gobernadores fueron señalados por el sindicalista como responsables políticos de facilitar el avance de una norma que, a su entender, implica un retroceso histórico en materia de derechos laborales.

Jerónimo cuestionó el argumento de que el acompañamiento legislativo responde a la necesidad de obtener beneficios para las provincias. “Supuestamente lo hacen para beneficiar a sus distritos, pero sabemos que eso no tiene un impacto real”, sostuvo. Y agregó que el tiempo “los juzgará” por lo que definió como una decisión que afecta de manera directa a trabajadores y trabajadoras de todo el país.

Una disputa que se traslada al Senado

El dirigente sindical subrayó que la definición final se jugará en el Congreso, especialmente en la Cámara alta. “Esto se termina legislando tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, y nosotros no votamos, pero siempre trabajamos para generar la conciencia necesaria”, expresó, marcando los límites institucionales de la acción gremial y la necesidad de construir mayorías políticas.

En este aspecto, la CGT ya anticipó que, en caso de sancionarse la ley, activará el frente judicial. “Nos queda otra instancia, que es la judicial. Vamos a ir a la Justicia porque este proyecto va en contra de la Constitución Nacional”, afirmó Jerónimo, al sostener que varios artículos vulnerarían garantías y principios consagrados en la Carta Magna.

La estrategia sindical, según explicó, combinará la vía legal con la movilización territorial. “Lo vamos a defender donde más cómodos nos sentimos, que es en las bases, defendiendo los derechos de los compañeros. No vamos a permitir que haya retroceso”, remarcó, en línea con el plan de acción definido por la central obrera meses atrás.

Paro nacional y rechazo empresario

Jerónimo también destacó la magnitud del último paro nacional convocado por la CGT, al señalar que “todo el entramado productivo de la Argentina estuvo parado”, no sólo el transporte sino también sectores industriales y actividades diversas. Según su lectura, la protesta evidenció un rechazo transversal frente a lo que consideran una avanzada sobre conquistas históricas del movimiento obrero.

En ese sentido, negó de manera tajante que haya existido algún tipo de negociación con el Gobierno respecto de la reforma laboral o los aportes sindicales. “Nunca existió una convocatoria formal al diálogo. Con ellos no negociamos nada”, aseguró. Sí reconoció, en cambio, conversaciones con senadores de distintos bloques para intentar modificar artículos del proyecto o frenar su avance.

Finalmente, apuntó contra la Unión Industrial Argentina, a la que acusó de acompañar una “ley regresiva” sin defender con firmeza a la industria nacional. “Todos los días cierra una empresa y siguen diciendo que el problema son los derechos de los trabajadores”, cuestionó.

Un conflicto que excede lo gremial

Las declaraciones de Jerónimo reflejan la profundidad de la fractura que atraviesa al peronismo y al sistema político en torno a la reforma laboral. Para la CGT, el debate no es sólo técnico ni económico, sino esencialmente político e ideológico: se trata de definir el modelo de relaciones laborales y el alcance de los derechos colectivos en un escenario de crisis y reconfiguración del poder.

Con el Senado como próxima estación decisiva y la amenaza de judicialización en el horizonte, la discusión promete intensificarse. Mientras tanto, el movimiento obrero anticipa que sostendrá la presión en la calle y en los tribunales, convencido de que la disputa por la reforma es, en última instancia, una pelea por el rumbo social del país.

Los gremios docentes volvieron a rechazar la propuesta salarial del Ejecutivo provincial y este viernes a las 16 retomarán la negociación. Con el inicio del ciclo lectivo previsto para el 2 de marzo, la posibilidad de medidas de fuerza condiciona un acuerdo que aún luce distante.

La discusión salarial docente en San Juan ingresará este viernes en una instancia decisiva entre el Gobierno provincial y los sindicatos del sector que volverán a sentarse en la mesa paritaria luego de que las tres organizaciones gremiales rechazaran formalmente la última oferta oficial por considerarla insuficiente frente al ritmo inflacionario.

La reunión será la tercera del año y se desarrollará en un clima de marcada tensión: el calendario escolar fija el inicio de clases para el 2 de marzo y ya hay medidas de fuerza anunciadas en caso de que no surja una propuesta superadora.

Rechazo unánime y advertencia de paro

El rechazo fue encabezado por la UDAP, el gremio con mayor representación en la provincia, que tras un plenario de delegados resolvió desestimar la oferta oficial y ratificar un paro para el primer día de clases si no se revisan los números. Desde la conducción señalaron que la mejora para un docente que recién se inicia rondaría los 37.000 pesos, un incremento que, sostienen, queda por debajo de la evolución del Índice de Precios al Consumidor.

En la misma línea se pronunciaron AMET y UDA. Desde AMET afirmaron que el impacto real en el salario es “casi nulo”, mientras que UDA informó que una consulta digital entre afiliados arrojó un 90% de rechazo a la propuesta.

El frente sindical, cohesionado en esta etapa de la negociación, refuerza así la presión sobre el Ejecutivo provincial, que deberá reformular sustancialmente su oferta si pretende evitar un conflicto en el arranque del ciclo lectivo.

La propuesta oficial en debate

El esquema presentado por el Gobierno incluye una ayuda escolar de 100.000 pesos por hijo, un pago por equipamiento docente superior a los 128.000 pesos correspondiente a febrero, dos incrementos del 5% en el valor índice —previstos para marzo y junio— y una suba de seis puntos en el código E60.

Sin embargo, para los gremios estos componentes no compensan la pérdida acumulada del poder adquisitivo ni garantizan que el salario docente quede por encima de la inflación proyectada para el primer semestre. La discusión no solo gira en torno al porcentaje nominal, sino al impacto efectivo en el ingreso de bolsillo y su capacidad de sostener el consumo básico.

Contexto político y presión sindical

La negociación también se inscribe en un clima nacional atravesado por el paro general convocado por la CGT y CTERA en rechazo a la reforma laboral. Los gremios docentes sanjuaninos adhirieron a la medida, lo que añade un componente político al conflicto y abre el debate sobre la eventual aplicación de descuentos por días de paro.

Del lado oficial, la paritaria es encabezada por los ministros Roberto Gutiérrez y Silvia Fuentes, mientras que por el sector sindical participan Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET). Las partes llegan con posiciones firmes y mandatos gremiales explícitos.

Una reunión clave

A una semana del inicio de clases, la mesa de este viernes aparece como determinante. El margen de maniobra es estrecho: sin una mejora que garantice una recomposición real del salario, el ciclo lectivo podría comenzar atravesado por la conflictividad. La cuenta regresiva ya comenzó y el acuerdo, por ahora, sigue siendo una incógnita.