El acuerdo firmado entre La Bancaria y las cámaras empresariales incorporó una mejora del 2,1%, en línea con la inflación. El bono por el Día del Bancario ya supera los $2,1 millones.

Los trabajadores bancarios percibirán desde mayo un salario inicial de $2.437.232,92 luego de la actualización acordada entre la Asociación Bancaria y las entidades empresarias de la actividad. El ajuste fue del 2,1%, porcentaje equivalente a la inflación registrada durante el período.

La cifra surge de la suma del sueldo básico de $2.368.759,48 y la participación en las ganancias del sistema financiero (ROE), que alcanza los $68.473,44.

Con esta recomposición, el incremento acumulado en los primeros cinco meses de 2026 llegó al 14,7% respecto de diciembre del año pasado. El mecanismo de revisión automática impulsado por el sindicato continúa tomando como referencia la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), una estrategia orientada a preservar el poder de compra de los ingresos frente al avance de los precios.

Desde el gremio destacaron que la actualización alcanzará a todas las remuneraciones brutas, habituales y totales, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales, tanto remunerativos como no remunerativos.

La nueva escala salarial vuelve a ubicar a la actividad financiera entre las mejor remuneradas del mercado laboral argentino, en un año marcado por negociaciones paritarias que, en numerosos rubros, enfrentan dificultades para acompañar el ritmo inflacionario.

La revisión también impactó sobre el tradicional bono por el Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre. De manera provisoria, el beneficio quedó fijado en un piso de $2.111.667,14 y volverá a actualizarse conforme evolucionen las futuras correcciones salariales acordadas durante el año.

El espacio sindical cuestionó las afirmaciones sobre la competitividad local y reclamó que los beneficios del RIGI alcancen también a firmas nacionales. La polémica se da tras la adjudicación de obras vinculadas al proyecto Vicuña.

La polémica desatada por la adjudicación de la construcción del campamento del proyecto Vicuña sumó un nuevo actor. La Intersindical San Juan difundió un duro pronunciamiento en respuesta a las declaraciones de José Morea, presidente de la Cámara Minera de San Juan y Country Director de Vicuña, quien había planteado la necesidad de preguntarse por qué los argentinos “no somos más competitivos”.

La organización sindical rechazó esa definición y sostuvo que las empresas nacionales han demostrado durante décadas capacidad técnica, experiencia y solvencia para ejecutar obras de gran escala vinculadas a la actividad minera.

En el documento, además, cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que otorga ventajas que terminan favoreciendo principalmente a grupos extranjeros. Desde la entidad reclamaron que las mismas condiciones promocionales se extiendan a capitales y compañías argentinas para garantizar una competencia en igualdad de condiciones.

Como respaldo de su posición, la Intersindical recordó que los campamentos de Veladero y Pascua Lama fueron construidos por firmas nacionales, antecedentes que, a su entender, refutan cualquier planteo que ponga en duda la capacidad operativa de la industria local.

El comunicado también se refirió a la reciente licitación del campamento de Vicuña. Según señalaron, la propuesta presentada por la empresa argentina que finalizó en segundo lugar fue apenas superior a la del consorcio adjudicatario encabezado por la firma china PowerChina, una diferencia que, sostienen, no permite atribuir el resultado a una supuesta falta de competitividad.

En este sentido, la Intersindical de San Juan reafirmó su defensa de la participación de proveedores nacionales en los grandes desarrollos mineros y convocó a una conferencia de prensa para este jueves a las 11 horas en la sede de ASIJEMIN, ubicada en calle 9 de Julio 647 Oeste, donde ampliará su posición sobre la controversia.

La preocupación por los cambios impulsados por el Gobierno en materia laboral y sindical, sumada al deterioro del empleo registrado en distintas ramas de la economía, acelera dentro de la CGT el debate sobre una respuesta política y gremial de mayor intensidad.

La CGT se encamina hacia una nueva etapa en su relación con el Gobierno nacional. El malestar generado por recientes medidas oficiales que, según el sindicalismo, avanzan sobre la autonomía de las organizaciones gremiales, reactivó las presiones internas para abandonar la estrategia de prudencia que predominó durante los últimos meses.

El debate ocupará un lugar central en la reunión que el Secretariado Nacional mantendrá con representantes de diversas confederaciones, entre ellas la CATT, la CASIA y la CSIRA, espacios que reclaman una respuesta más contundente frente a las decisiones adoptadas por la administración de Javier Milei.

La inquietud excede el plano institucional. En la conducción cegetista crece la preocupación por el desempeño de la economía real, especialmente en actividades vinculadas a la producción industrial, la construcción y el comercio, donde se multiplican las denuncias por suspensiones, despidos y reducción de planteles.

En ese marco, la defensa del empleo formal vuelve a consolidarse como eje prioritario de la agenda sindical. Distintos dirigentes advierten que la pérdida de dinamismo productivo y el retroceso del consumo comienzan a reflejarse con mayor intensidad en el mercado laboral, alimentando el descontento entre los trabajadores.

Sin embargo, el factor que hoy acelera la discusión interna es el alcance de las reformas que afectan el funcionamiento de sindicatos, federaciones y confederaciones. En Azopardo interpretan que las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo podrían alterar mecanismos históricos de representación y financiamiento sobre los que se estructura el modelo sindical argentino.

La definición que adopte la CGT en las próximas semanas será observada con atención tanto por el Gobierno como por el empresariado. Después de meses de tensiones intermitentes, la principal central obrera del país parece acercarse a un punto bisagra en el que la negociación podría ceder espacio a una dinámica de confrontación más abierta.