Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una mejora interanual de apenas 0,9% durante junio, aunque retrocedieron 1,3% frente a mayo y acumulan una caída del 2,5% en el primer semestre. El aguinaldo, las promociones por el Día del Padre y el impulso comercial generado por el Mundial estimularon operaciones específicas, pero no alcanzaron para modificar un consumo que continúa condicionado por la pérdida del poder adquisitivo y la cautela de los hogares.

El mercado interno continúa sin mostrar señales consistentes de recuperación. A pesar de que junio concentró factores tradicionalmente favorables para la actividad comercial, como el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), las agresivas promociones por el Día del Padre y el comienzo del Mundial de fútbol, el consumo volvió a exhibir un desempeño insuficiente para revertir la desaceleración que atraviesa el comercio minorista.

El relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostró que las ventas minoristas pyme crecieron un 0,9% respecto de junio del año pasado, medidas a precios constantes. Sin embargo, en la comparación desestacionalizada con mayo registraron una caída del 1,3%, resultado que profundizó el deterioro acumulado de los primeros seis meses del año, período en el que la actividad ya retrocede un 2,5%.

La entidad explicó que el leve avance interanual respondió a estímulos de carácter transitorio. La liquidez aportada por el aguinaldo y el movimiento comercial asociado al Mundial favorecieron determinados segmentos del consumo, aunque el efecto resultó acotado. El propio informe concluye que los hogares continúan administrando con prudencia sus ingresos, priorizando compras indispensables y relegando bienes de mayor valor.

La percepción de los comerciantes refleja ese mismo panorama. El 50,1% de los empresarios consultados afirmó que su situación económica permanece estable en comparación con un año atrás, mientras que el porcentaje de quienes describen un escenario desfavorable descendió del 45,1% registrado en mayo al 43,1% en junio. Si bien la mejora refleja un leve alivio en el clima empresarial, todavía no alcanza para consolidar un cambio de tendencia.

Las expectativas hacia los próximos doce meses mantienen un tono moderado. El 52,3% de los comerciantes considera que su actividad continuará sin modificaciones sustanciales; un 37,7% proyecta una mejora, aunque esa proporción disminuyó 1,1 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior, y el 10% restante anticipa un deterioro de su situación, confirmando que la incertidumbre sigue condicionando las perspectivas del sector.

Ese diagnóstico también se refleja en las decisiones de inversión. El 59,3% de los empresarios sostiene que el contexto económico continúa siendo desfavorable para destinar capital a nuevos proyectos o ampliar su capacidad operativa. Apenas un 12,2% entiende que existen condiciones favorables para invertir, mientras que el 28,5% opta por mantener una posición expectante frente a una economía caracterizada por márgenes reducidos y elevada volatilidad.

El comportamiento sectorial volvió a exhibir marcadas diferencias. Perfumería lideró el crecimiento con una expansión interanual del 9,5%, seguida por Farmacia, que avanzó 5,4%. También registraron resultados positivos Alimentos y bebidas, con una mejora del 2,9%, y Textil e indumentaria, con un incremento del 1,9%.

En contraste, los rubros asociados a bienes durables continuaron mostrando mayores dificultades. Bazar, decoración y muebles retrocedió 3,1%; Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción cayó 2%; mientras que Calzado y marroquinería registró una disminución del 1%, ratificando que las compras de mayor desembolso siguen siendo las más postergadas por los consumidores.

Una de las excepciones fue el canal digital. Las ventas online realizadas por comercios con presencia física crecieron 16,7% en comparación con junio del año pasado y aumentaron 4,1% respecto de mayo, consolidando un proceso de transformación en los hábitos de compra que continúa ganando protagonismo dentro del comercio minorista.

El informe de CAME deja una conclusión clara: los estímulos extraordinarios siguen generando efectos puntuales, pero carecen de capacidad para modificar la tendencia general del consumo. La demanda permanece concentrada en adquisiciones específicas, fuertemente impulsadas por promociones, financiación en cuotas y beneficios bancarios, mientras las familias administran con cautela cada decisión de gasto.

Del lado de la oferta, el panorama tampoco ofrece señales de alivio definitivo. Los negocios lidian con un aumento persistente en sus costos fijos, rentabilidades cada vez más ajustadas y una competencia más intensa, factores que limitan la capacidad de inversión y consolidan una estrategia de prudencia. En ese escenario, el desafío del sector ya no pasa únicamente por incrementar las ventas, sino por recuperar un nivel de consumo capaz de sostener la actividad de manera estable y devolver previsibilidad al entramado comercial.

El Ejecutivo nacional prepara una nueva licitación para concesionar corredores estratégicos, construir autopistas y ampliar carriles mediante inversión privada. La iniciativa busca modernizar la red vial, aunque llega en un contexto de fuerte deterioro de numerosas rutas nacionales, donde el déficit de mantenimiento se ha convertido en una de las principales preocupaciones de transportistas, productores y usuarios.

La administración nacional avanza en una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones, un programa que contempla la participación del sector privado en la administración de corredores viales y en la ejecución de obras destinadas a ampliar la capacidad de circulación y mejorar la conectividad logística del país.

El proyecto prevé la construcción de nuevas autopistas, la incorporación de terceros carriles y otras intervenciones sobre rutas consideradas estratégicas para el transporte de personas y mercaderías. La iniciativa se inscribe en la política oficial de trasladar al ámbito privado gran parte de las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura vial.

Sin embargo, el anuncio también pone de relieve la magnitud del desafío que enfrenta el sistema de rutas nacionales. En extensos tramos del país, el desgaste del pavimento, la falta de mantenimiento, la escasa señalización y el deterioro de banquinas han convertido la circulación en una preocupación permanente para quienes transitan diariamente por esos corredores. La demanda de obras no responde únicamente a la necesidad de ampliar la capacidad de las rutas, sino también de recuperar condiciones básicas de seguridad y transitabilidad.

Las nuevas licitaciones presentarían obras y novedades en prácticamente todas las provincias, excepto Misiones, Tierra del Fuego y, por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires. A simple vista, el esquema tiene cuatro focos donde se concentra la mayoría de las rutas. El primero, y más importante de acuerdo a la extensión, es el que rodea a todo el complejo energético que une Vaca Muerta, en Neuquén, con el puerto de Bahía Blanca. El segundo bloque está localizado en la zona centro, al norte de Córdoba y en un complejo de rutas que unen las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. Luego, Salta y Jujuy, con dos caminos, uno de ellos está en plena obra de ampliación, para unir las provincias con el límite de Bolivia. Finalmente, también hay obras en nodos importantes como los puertos de la zona de Rosario y Santa Fe y una parte de Entre Ríos, donde se extrae la arena que viaja a Vaca Muerta, y en la Patagonia, corredores y concesiones en rutas cercanas a Rawson, Trelew y Puerto Madryn, y más abajo, en algunos la zona aledaña a Comodoro Rivadavia.

Lo que está en marcha actualmente es el proceso de concesión de alrededor de 9000 kilómetros que antes estaban en la empresa estatal Corredores Viales. Mediante este esquema, que se licitaron varias etapas, ya se entregó la ruta del Mercosur (12 y 14) a la empresa Cartellone, una compañía constructora mendocina que tiene a gran parte de sus ejecutivos imputados y en juicio oral en el caso Cuadernos. Las otras están en distintas etapas de ese llamado a concurso. Allí se pelean las principales constructoras del país, la gran mayoría imputadas en este proceso y alguna de ellas con ejecutivos confesos. El más largo, que lo ganó una empresa del Grupo Cartellone, cuyos dueños y ejecutivos están imputados en la causa Cuadernos, tiene la autorización para colocar una cabina más, en la zona de Paso de los Libres, cerca del límite con Brasil, que se sumará a las cuatro existentes.

La nueva licitación será evaluada no solo por el volumen de inversiones comprometidas, sino por la capacidad efectiva de traducir los anuncios en obras concretas, plazos de ejecución cumplidos y mejoras perceptibles para los usuarios. La experiencia de concesiones anteriores demuestra que el éxito del esquema dependerá tanto de la calidad de los contratos como de los mecanismos de control sobre las empresas adjudicatarias.

En este sentido, la modernización de la infraestructura vial constituye una necesidad largamente postergada para un país cuya actividad económica depende en gran medida del transporte terrestre. El desafío para el Gobierno será demostrar que esta nueva etapa de concesiones puede convertirse en una respuesta efectiva frente al deterioro acumulado de una parte significativa de la red nacional y no quedar reducida a una nueva promesa de inversión.

El gobernador Ricardo Quintela promulgó la ley que desconoce la delimitación interprovincial fijada en 1968 y habilita una batería de gestiones ante el Congreso y los tribunales para reivindicar áreas que actualmente integran la jurisdicción sanjuanina. La decisión reabre uno de los litigios federales más sensibles del oeste argentino, donde convergen intereses institucionales, recursos estratégicos y proyectos mineros de escala internacional.

La decisión del Gobierno de La Rioja volvió a colocar en el centro del debate una discusión que permaneció latente durante décadas. Con la entrada en vigencia de la Ley Provincial N.º 10.876, la administración encabezada por Ricardo Quintela dio respaldo legal a una estrategia destinada a cuestionar la delimitación vigente con San Juan y trasladar la discusión a los ámbitos parlamentario y judicial.

La iniciativa, aprobada por amplia mayoría en la Legislatura riojana, sostiene que la Ley Nacional N.º 18.004, sancionada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía en 1968, alteró de manera unilateral la configuración geográfica entre ambas provincias sin la intervención constitucional del Congreso Nacional. Sobre esa interpretación, el Ejecutivo riojano considera que corresponde revisar la situación y recuperar sectores que entiende como propios.

Al anunciar la promulgación, Quintela afirmó que la defensa de la soberanía provincial constituye una política irrenunciable y anticipó que la nueva legislación será el punto de partida para impulsar todas las herramientas institucionales disponibles con el propósito de obtener una redefinición de los límites actualmente reconocidos.

La norma encomienda al Poder Ejecutivo promover iniciativas ante el Congreso de la Nación para procurar una revisión del trazado interprovincial y, paralelamente, instruye a la Fiscalía de Estado a promover las acciones judiciales que resulten pertinentes. También autoriza la solicitud de medidas cautelares destinadas a impedir cualquier intervención sobre recursos hídricos, mineros, arqueológicos y ambientales comprendidos dentro del área objeto del diferendo.

El trasfondo de la discusión trasciende la cuestión cartográfica. Dentro de la superficie alcanzada por el planteo se encuentran sectores de enorme relevancia económica, entre ellos el entorno del cerro El Potro, donde se desarrolla el proyecto Josemaría, integrado al distrito minero Vicuña, uno de los emprendimientos metalíferos de mayor proyección en la región andina. A ello se suma la histórica reivindicación sobre el área de Ischigualasto, uno de los patrimonios naturales más emblemáticos del país.

La ofensiva riojana encuentra un antecedente reciente en la resolución dictada por una magistrada de Chilecito, que ordenó la suspensión transitoria de actividades vinculadas al proyecto Vicuña y restringió la utilización de caminos emplazados en territorio riojano utilizados como acceso logístico al campamento Batidero. Aquella decisión judicial fortaleció la posición política del gobierno provincial y revitalizó una discusión que permanecía prácticamente inactiva.

Desde San Juan, la respuesta fue categórica. El gobernador Marcelo Orrego descartó cualquier posibilidad de revisar la delimitación vigente y recordó que el trazado interprovincial cuenta con respaldo normativo desde hace más de medio siglo, además de haber sido ratificado por el Congreso de la Nación en 2014.

El mandatario sostuvo que ninguna jurisdicción puede modificar unilateralmente una cuestión limítrofe mediante legislación local y remarcó que cualquier definición debe ajustarse al procedimiento previsto por la Constitución Nacional, argumento que, incluso, reconoce la propia ley sancionada por la Legislatura riojana al remitir la cuestión a los poderes federales.

La posición sanjuanina recibió además un respaldo político poco habitual. El Partido Justicialista de San Juan, pese a compartir espacio partidario con Quintela, manifestó su acompañamiento a la defensa de los intereses provinciales y afirmó que la preservación del territorio constituye una política de Estado que trasciende las diferencias partidarias.