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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, rescató a más de 70 personas víctimas del trabajo ilegal y explotación laboral, en las provincias de Córdoba y Buenos Aires. Según informó la dependencia que conduce Mercedes Marcó del Pont, durante los operativos se detectaron distintas irregularidades laborales como jornadas de trabajo superiores a las 12 horas, falta de registración, vestimenta inadecuada para las tareas, además de que los trabajadores vivían en condiciones de precariedad. En ambos casos, el agente de recaudación destacó que los procedimientos fueron iniciados a partir de llamados a la línea gratuita de denuncias de la AFIP (0800-999-3368).

En Córdoba, los procedimientos se realizaron en Laspiur y Colonia Prosperidad, en donde se relevaron un total de 12 trabajadoras y trabajadores distribuidos en cuatro predios, todos pertenecientes a la misma firma. De dichos relevamientos se pudieron constatar extensas jornadas de trabajo que superaban las 12 horas diarias, entrecortadas, lo que dejaba al personal con tan solo 4 horas de descanso continuas.

A su vez, las y los trabajadores sólo accedían a tres francos por mes en fechas elegidas por el empleador. En todas las contrataciones hubo irregularidades en la registración y de los 12, solo tenían a una persona dada de alta como trabajador. De esta manera, a los 11 restantes se les privaba del acceso a los derechos de cualquier trabajador o trabajadora.

Al recorrer los establecimientos, personal de la AFIP constató que casi todos estos trabajadores y trabajadoras vivían en el lugar donde desarrollaban sus tareas en lugares precarios y muy deteriorados. Además eran sometidos a situaciones de maltrato verbal y a exigencias de cumplimiento de tareas casi sin descanso.

Como agravante, las personas relevadas manifestaron que la paga que recibían en concepto de remuneración era la mitad de lo pactado al inicio de la relación laboral, muy por debajo de las escalas salariales previstas para la actividad tambera. La mitad de los trabajadores relevados, oriundos de las provincias de Corrientes y Santa Fe, migraron a Córdoba con una oferta de trabajo que incluía los gastos de traslado, alojamiento y comida que no fueron respetados.

El operativo llevado adelante por la AFIP contó con la participación de personal del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, y con la asistencia de la Policía Federal.

En Buenos Aires, en dos operativos llevados a cabo en una metalúrgica de la localidad de 9 de abril en el partido de Esteban Echeverría, se detectó que más del 90% de los trabajadores no se encontraban registrados, además de que cumplían jornadas de 12 horas o más. Al recorrer las instalaciones, se constató que el establecimiento carecía de medidas de seguridad como así también cuestiones de higiene para los trabajadores.

Tampoco contaban con la vestimenta adecuada para las tareas de fundición de hierro. Como resultado, el Ministerio de Trabajo bonaerense determinó la suspensión de tareas hasta tanto se regularice la situación.


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Otro golpe al bolsillo: nuevo aumento en el precio de las garrafas

La Secretaría de Energía dispuso un aumento del 24% en el precio máximo de referencia para las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), utilizado por hogares que no contaban con gas de red. El ajuste estableció que el precio de la garrafa de 10 kilos pasó de $8.500 a $10.500.

La medida se implementó a través de la Resolución 394/2024 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial. Según explicaron desde el organismo, la decisión tenía como principal objetivo que “el precio de la garrafa reflejara los costos reales del sistema, asegurando así el normal abastecimiento para todos los usuarios”.

El incremento es un golpe para los bolsillos de los argentinos, que ya estaban sufriendo las consecuencias de la inflación y la crisis económica. La medida también generó preocupación entre los usuarios que dependen del GLP para su uso cotidiano.

La decisión del gobierno de aumentar el precio de las garrafas es un ejemplo claro de la falta de sensibilidad y responsabilidad hacia los ciudadanos. En un momento en que la inflación y la crisis económica están golpeando duramente a los argentinos, esta suba en el precio de las garrafas es un golpe adicional que puede tener consecuencias devastadoras para muchas familias. Es hora de que el gobierno reconsidere sus prioridades y busque soluciones que beneficien a todos los sectores de la sociedad, no solo a los intereses de unos pocos.

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Médicos argentinos en la lucha por una remuneración justa

En el Día del Médico, la atención se centra en la situación precaria de los profesionales de la salud. Los bajos salarios y la creciente tendencia al pluriempleo son solo algunas de las dificultades que enfrentan estos trabajadores.

La remuneración insuficiente es un problema que afecta no solo a los médicos, sino también a la calidad de la atención médica que se brinda a los pacientes. Cuando los profesionales de la salud están obligados a trabajar en múltiples lugares para poder llegar a fin de mes, se corre el riesgo de que la atención médica se vea comprometida.

El pluriempleo no solo afecta la calidad de vida de los médicos, sino que también puede tener consecuencias negativas para la salud de los pacientes. La fatiga, el estrés y la falta de concentración pueden ser algunos de los efectos del pluriempleo en la atención médica.

Es necesario que se tomen medidas para mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales. La salud de los argentinos depende de ello.

La situación de los médicos en Argentina es un reflejo de la crisis del sistema de salud en el país. Es hora de que se tomen medidas para garantizar que los profesionales de la salud reciban una remuneración justa y puedan brindar una atención médica de calidad a los pacientes.

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La evaluación que genera polémica: 40 mil empleados públicos en la mira»

El gobierno avanza con la evaluación de competencia para 40 mil funcionarios, pese a la oposición de las organizaciones gremiales.

La evaluación de competencia para 40 mil funcionarios ha generado una fuerte polémica en el sector público. Las organizaciones laborales han expresado su oposición a la medida, argumentando que se trata de un intento de despedir a trabajadores sin justa causa.

La medida forma parte de un plan del gobierno para reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia en el sector público. Sin embargo, las organizaciones sindicales argumentan que la medida es injusta y que no se ha realizado un análisis adecuado de las necesidades del sector.

La evaluación de competencia para 40 mil funcionarios ha generado una fuerte reacción en el sector público. Los gremios anticipan que seguirán luchando para defender los derechos de los trabajadores y evitar que se produzcan despidos injustos. La situación sigue siendo tensa y se espera que haya nuevas movilizaciones en los próximos días.

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