Mientras el Ejecutivo celebra aumentos por debajo de la inflación como señal de «responsabilidad», sindicatos con mayor autonomía logran mejoras sustanciales sin homologación oficial. En un escenario de ajuste estructural, la pulseada salarial revela la fragilidad del modelo libertario frente al músculo sindical.

La negociación salarial en la Argentina de Javier Milei se ha transformado en un tablero de ajedrez donde el Gobierno busca mover las piezas a su favor limitando la autonomía sindical, mientras gremios más combativos burlan las restricciones con acuerdos que, aunque no homologados, ganan terreno en el bolsillo de los trabajadores. Esta disputa, que combina retórica oficialista con maniobras gremiales por debajo del radar, expone una fractura profunda en el esquema laboral del país.

Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se celebró como un logro que el gremio petrolero de Vaca Muerta aceptara un aumento de apenas 4,3% para el primer trimestre del año. El acuerdo fue destacado por ubicarse “por debajo de la inflación estimada”, según palabras de la cartera. A primera vista, se trata de un mensaje de disciplina salarial, funcional al plan de estabilización del Ejecutivo. Sin embargo, bajo esa aparente moderación se esconde una realidad más porosa: otros sindicatos, sin esperar la venia oficial, acordaron subas muy por encima de la pauta deseada por la administración libertaria.

La Federación de Aceiteros y los desmotadores de algodón, por caso, firmaron un incremento del 21% sobre los básicos de diciembre. Aunque estos pactos no fueron homologados por el Estado, el empresariado comenzó a abonarlos, reconociendo la presión de los trabajadores organizados y la necesidad de evitar conflictos. El contraste es nítido: mientras el oficialismo intenta contener expectativas, sectores con mayor fortaleza sindical las elevan por encima del techo inflacionario impuesto desde las usinas del poder.

El caso del gremio de Comercio ilustra el limbo jurídico-laboral en el que se encuentran miles de trabajadores. Con un convenio acordado pero no convalidado por la Secretaría de Trabajo, los empleados siguen cobrando aumentos gracias a la voluntad empresaria de evitar un conflicto masivo. Es una paritaria de hecho, sin legitimidad formal, pero con ejecución práctica. En este juego de equilibrios precarios, los empresarios se ven obligados a actuar con pragmatismo, incluso cuando el marco normativo les ofrece ambigüedad como escudo.

Los datos duros no acompañan el optimismo oficial. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario real privado todavía no logra recomponerse del retroceso sufrido desde noviembre de 2023. La recuperación se ha estancado y, en algunos casos, continúa en caída. El índice RIPTE —utilizado por el Gobierno para mostrar mejoras— resulta engañoso, ya que no discrimina entre remuneraciones por jornada habitual y las infladas por horas extras, reflejando más una estrategia de supervivencia que una mejora estructural del ingreso.

La fragmentación del mapa paritario refleja el cambio de época. Bajo el paraguas ideológico de la “libertad de mercado”, el Gobierno intenta instaurar un nuevo paradigma donde los convenios colectivos pierdan peso, reemplazados por acuerdos individuales o sectoriales alineados con su lógica. Sin embargo, esta ingeniería laboral no se impone sin resistencias. Camioneros, Sanidad, Alimentación y la UOM, entre otros, se encuentran en etapas decisivas de negociación, y no se vislumbra una rendición incondicional ante los lineamientos libertarios.

Resulta sintomático que, en el afán de celebrar paritarias “austera y responsables”, el Gobierno haya convertido el acta de Vaca Muerta en una bandera. La paradoja es evidente: se aplaude un incremento que condena al salario a perder poder adquisitivo, mientras se condena el accionar de sindicatos que logran preservar el ingreso de sus representados. El mensaje es claro: se premia la subordinación, no el bienestar de los trabajadores.

Las paritarias de 2025 no solo están definiendo ajustes salariales, sino que configuran un nuevo campo de disputa ideológica en la Argentina. Frente a un modelo que busca disciplinar a los sindicatos desde el poder político, los gremios con mayor capacidad de acción no solo resisten, sino que marcan el ritmo de la negociación. En este pulso entre institucionalidad formal y realidad efectiva, el Gobierno enfrenta un dilema central: cómo sostener su programa económico sin erosionar por completo el contrato social del trabajo. La incógnita aún no tiene desenlace, pero los indicios revelan que la disputa salarial será, quizás, el escenario más tangible donde se mida el verdadero alcance del experimento libertario.