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Mientras el Ejecutivo celebra aumentos por debajo de la inflación como señal de «responsabilidad», sindicatos con mayor autonomía logran mejoras sustanciales sin homologación oficial. En un escenario de ajuste estructural, la pulseada salarial revela la fragilidad del modelo libertario frente al músculo sindical.

La negociación salarial en la Argentina de Javier Milei se ha transformado en un tablero de ajedrez donde el Gobierno busca mover las piezas a su favor limitando la autonomía sindical, mientras gremios más combativos burlan las restricciones con acuerdos que, aunque no homologados, ganan terreno en el bolsillo de los trabajadores. Esta disputa, que combina retórica oficialista con maniobras gremiales por debajo del radar, expone una fractura profunda en el esquema laboral del país.

Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se celebró como un logro que el gremio petrolero de Vaca Muerta aceptara un aumento de apenas 4,3% para el primer trimestre del año. El acuerdo fue destacado por ubicarse “por debajo de la inflación estimada”, según palabras de la cartera. A primera vista, se trata de un mensaje de disciplina salarial, funcional al plan de estabilización del Ejecutivo. Sin embargo, bajo esa aparente moderación se esconde una realidad más porosa: otros sindicatos, sin esperar la venia oficial, acordaron subas muy por encima de la pauta deseada por la administración libertaria.

La Federación de Aceiteros y los desmotadores de algodón, por caso, firmaron un incremento del 21% sobre los básicos de diciembre. Aunque estos pactos no fueron homologados por el Estado, el empresariado comenzó a abonarlos, reconociendo la presión de los trabajadores organizados y la necesidad de evitar conflictos. El contraste es nítido: mientras el oficialismo intenta contener expectativas, sectores con mayor fortaleza sindical las elevan por encima del techo inflacionario impuesto desde las usinas del poder.

El caso del gremio de Comercio ilustra el limbo jurídico-laboral en el que se encuentran miles de trabajadores. Con un convenio acordado pero no convalidado por la Secretaría de Trabajo, los empleados siguen cobrando aumentos gracias a la voluntad empresaria de evitar un conflicto masivo. Es una paritaria de hecho, sin legitimidad formal, pero con ejecución práctica. En este juego de equilibrios precarios, los empresarios se ven obligados a actuar con pragmatismo, incluso cuando el marco normativo les ofrece ambigüedad como escudo.

Los datos duros no acompañan el optimismo oficial. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario real privado todavía no logra recomponerse del retroceso sufrido desde noviembre de 2023. La recuperación se ha estancado y, en algunos casos, continúa en caída. El índice RIPTE —utilizado por el Gobierno para mostrar mejoras— resulta engañoso, ya que no discrimina entre remuneraciones por jornada habitual y las infladas por horas extras, reflejando más una estrategia de supervivencia que una mejora estructural del ingreso.

La fragmentación del mapa paritario refleja el cambio de época. Bajo el paraguas ideológico de la “libertad de mercado”, el Gobierno intenta instaurar un nuevo paradigma donde los convenios colectivos pierdan peso, reemplazados por acuerdos individuales o sectoriales alineados con su lógica. Sin embargo, esta ingeniería laboral no se impone sin resistencias. Camioneros, Sanidad, Alimentación y la UOM, entre otros, se encuentran en etapas decisivas de negociación, y no se vislumbra una rendición incondicional ante los lineamientos libertarios.

Resulta sintomático que, en el afán de celebrar paritarias “austera y responsables”, el Gobierno haya convertido el acta de Vaca Muerta en una bandera. La paradoja es evidente: se aplaude un incremento que condena al salario a perder poder adquisitivo, mientras se condena el accionar de sindicatos que logran preservar el ingreso de sus representados. El mensaje es claro: se premia la subordinación, no el bienestar de los trabajadores.

Las paritarias de 2025 no solo están definiendo ajustes salariales, sino que configuran un nuevo campo de disputa ideológica en la Argentina. Frente a un modelo que busca disciplinar a los sindicatos desde el poder político, los gremios con mayor capacidad de acción no solo resisten, sino que marcan el ritmo de la negociación. En este pulso entre institucionalidad formal y realidad efectiva, el Gobierno enfrenta un dilema central: cómo sostener su programa económico sin erosionar por completo el contrato social del trabajo. La incógnita aún no tiene desenlace, pero los indicios revelan que la disputa salarial será, quizás, el escenario más tangible donde se mida el verdadero alcance del experimento libertario.

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La inflación volvió a subir, llegó al 2,1% en julio y acumuló 19,3% en siete meses

La inflación volvió a acelerarse en julio y alcanzó el 2,1%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El registro superó en 0,2 puntos porcentuales al de junio, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había avanzado 1,9%.

Con el nuevo dato, los precios acumularon una suba del 19,3% en los primeros siete meses del año y del 33,8% en los últimos doce meses. La evolución vuelve a poner el comportamiento de los precios bajo atención, después de varios meses en los que el índice había mostrado una moderación.

Entre las divisiones que más aumentaron se ubicó Recreación y cultura, con un incremento del 5%, impulsado principalmente por paquetes turísticos y servicios culturales. Le siguió Restaurantes y hoteles, con una variación del 2,8%.

Los precios estacionales avanzaron 4,5%, mientras que los regulados aumentaron 2,1%. En el IPC núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, la suba fue del 1,8%.
En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado registró una caída del 1,3%, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 1,5%.

Un factor adicional que pudo haber incidido fue la evolución del dólar. Según la consultora C&T, la cotización de la moneda estadounidense aumentó alrededor de $100 entre fines de junio y comienzos de julio, movimiento que habría comenzado a trasladarse parcialmente a determinados precios.

Diferencias regionales

El comportamiento no fue uniforme en todo el país. En el Gran Buenos Aires, el Noreste, el Noroeste, la región Pampeana y la Patagonia, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia sobre el índice mensual, principalmente por aumentos en verduras, productos lácteos, pan y cereales.

El dato adquiere especial relevancia para San Juan y el resto de la región cuyana, donde la evolución de los servicios de transporte tiene una incidencia directa sobre los gastos cotidianos de los hogares.

La medición de la Ciudad de Buenos Aires mostró, además, una variación superior al promedio nacional. El IPC porteño aumentó 2,9% en julio, acumuló 19,4% desde enero y registró una suba interanual del 33,2%.

El nuevo informe del INDEC confirma así que la inflación todavía se mantiene lejos de una trayectoria completamente estable: julio marcó un leve repunte mensual y dejó el acumulado anual cerca del 20%, mientras el comportamiento de los próximos meses será determinante para establecer si se trata de una fluctuación puntual o del comienzo de una nueva aceleración.

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La UTA suspendió el paro y abrió una última instancia de negociación

La Unión Tranviarios Automotor aceptó suspender el paro de 24 horas previsto para este viernes 14 de agosto luego del pedido de la Secretaría de Trabajo. El gremio y FATAP retomarán las negociaciones la próxima semana, aunque la falta de acuerdo mantiene latente un nuevo conflicto.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro de colectivos de corta y media distancia previsto para este viernes 14 de agosto en todo el interior del país, luego de que la Secretaría de Trabajo solicitara al sindicato y a las empresas retomar las conversaciones salariales durante la próxima semana.

La decisión evita, por ahora, una jornada de interrupción total del transporte urbano e interurbano en las provincias. Sin embargo, la tregua será limitada: la conducción sindical dejó abierta la posibilidad de volver a las medidas de fuerza si no aparece una propuesta que permita cerrar la negociación.

El conflicto lleva más de tres meses sin una resolución y tiene como principal reclamo la equiparación de los salarios de los choferes del interior con la escala acordada para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, explicó que la falta de entendimiento con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) llevó al gremio a trasladar el reclamo al ámbito nacional. Según señaló, la audiencia terminó con un pedido de la cartera laboral para abrir una nueva instancia de diálogo.

“Suspendemos la medida para la solución a nuestro reclamo, que es el sueldo para el sostén de nuestra familia. La semana que viene debemos terminar con nuestro reclamo”, sostuvo Fernández.

La diferencia salarial entre los trabajadores metropolitanos y los del resto del país constituye uno de los puntos centrales del pugna. La UTA pretende extender a las provincias la grilla vigente en el AMBA, cuyos salarios básicos para los choferes avanzan hacia los $1,74 millones, además de viáticos y adicionales.

FATAP, en cambio, sostiene que las empresas del interior no cuentan con recursos suficientes para afrontar esa pauta. La entidad empresarial atribuye la brecha a la distribución de subsidios: mientras en el AMBA la asistencia estatal cubriría alrededor del 60% de los costos operativos, en las provincias no superaría el 10%.

Para las empresas, cualquier mejora salarial de esa magnitud requeriría mayores aportes nacionales y provinciales o un aumento de las tarifas para compensar la diferencia de financiamiento.

Con el paro suspendido, las negociaciones continuarán la próxima semana bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo. La UTA espera una propuesta concreta y advirtió que, si no se alcanza un entendimiento, el conflicto podría volver a traducirse en medidas de fuerza en el transporte público del interior.La definición tendrá impacto directo en las provincias, donde el servicio de colectivos constituye uno de los principales medios de movilidad cotidiana y donde las diferencias de financiamiento con el sistema metropolitano siguen condicionando la discusión salarial.

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El conflicto universitario se extiende y ADICUS prepara nuevas jornadas de paro

El conflicto universitario volverá a ocupar las aulas y dependencias de la Universidad Nacional de San Juan durante la próxima semana. Desde ADICUS confirmaron nuevas medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial y mayores recursos para las universidades públicas.

La resolución fue adoptada en el Congreso de CONADU Histórica, donde se definió desarrollar una semana completa de lucha. La propuesta impulsada desde San Juan contemplaba comenzar con un paro de 48 horas y avanzar progresivamente, pero la mayoría de los congresales optó por extender la protesta durante toda la semana, combinando jornadas de huelga con acciones de visibilización.

La secretaria gremial del gremio universitario, Edith Liquitay, explicó que no habrá necesariamente paro todos los días. Las jornadas sin actividad serán determinadas en coordinación con los trabajadores no docentes, siguiendo la modalidad implementada el miércoles 12 de agosto.

Durante esa medida conjunta, la adhesión alcanzó niveles elevados en distintas dependencias de la UNSJ. Según los datos proporcionados por Liquitay, en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento llegó aproximadamente al 90% durante el turno mañana y al 95% por la tarde, mientras que en otras unidades académicas se ubicó alrededor del 70%.

El reclamo salarial constituye uno de los principales motivos de la protesta. ADICUS sostiene que los incrementos acumulados para los trabajadores universitarios alcanzaron el 21,3%, mientras que la inflación del período habría generado una pérdida del 29,5%. Para el gremio, esa diferencia explica la decisión de profundizar las medidas.

El conflicto también alcanza al financiamiento de las universidades. la referente gremial cuestionó el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional en el acta firmada el 10 de junio y señaló que permanecería pendiente un 20% adicional destinado al funcionamiento de las casas de estudios, además de recursos para hospitales escuela y un aumento de las becas.

El Gobierno nacional, por su parte, sostiene que realizó las transferencias correspondientes a gastos de personal y actualizaciones salariales y defiende el cumplimiento de las partidas previstas.

Mientras continúa la disputa, el Ejecutivo convocó a una nueva paritaria nacional para el 1 de septiembre. ADICUS considera insuficiente ese horizonte y apuesta a sostener la presión gremial para obtener respuestas antes de esa fecha.

La discusión excede las universidades y también llegó a la Justicia, donde los rectores reclaman el cumplimiento de los compromisos asumidos y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El próximo 4 de septiembre, además, está prevista una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional en Bariloche.

La continuidad de las medidas en San Juan dependerá de la coordinación entre docentes y no docentes, pero ADICUS ya anticipó que la próxima semana volverá a llevar la protesta universitaria al ámbito público.

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