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Mientras el Ejecutivo celebra aumentos por debajo de la inflación como señal de «responsabilidad», sindicatos con mayor autonomía logran mejoras sustanciales sin homologación oficial. En un escenario de ajuste estructural, la pulseada salarial revela la fragilidad del modelo libertario frente al músculo sindical.

La negociación salarial en la Argentina de Javier Milei se ha transformado en un tablero de ajedrez donde el Gobierno busca mover las piezas a su favor limitando la autonomía sindical, mientras gremios más combativos burlan las restricciones con acuerdos que, aunque no homologados, ganan terreno en el bolsillo de los trabajadores. Esta disputa, que combina retórica oficialista con maniobras gremiales por debajo del radar, expone una fractura profunda en el esquema laboral del país.

Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se celebró como un logro que el gremio petrolero de Vaca Muerta aceptara un aumento de apenas 4,3% para el primer trimestre del año. El acuerdo fue destacado por ubicarse “por debajo de la inflación estimada”, según palabras de la cartera. A primera vista, se trata de un mensaje de disciplina salarial, funcional al plan de estabilización del Ejecutivo. Sin embargo, bajo esa aparente moderación se esconde una realidad más porosa: otros sindicatos, sin esperar la venia oficial, acordaron subas muy por encima de la pauta deseada por la administración libertaria.

La Federación de Aceiteros y los desmotadores de algodón, por caso, firmaron un incremento del 21% sobre los básicos de diciembre. Aunque estos pactos no fueron homologados por el Estado, el empresariado comenzó a abonarlos, reconociendo la presión de los trabajadores organizados y la necesidad de evitar conflictos. El contraste es nítido: mientras el oficialismo intenta contener expectativas, sectores con mayor fortaleza sindical las elevan por encima del techo inflacionario impuesto desde las usinas del poder.

El caso del gremio de Comercio ilustra el limbo jurídico-laboral en el que se encuentran miles de trabajadores. Con un convenio acordado pero no convalidado por la Secretaría de Trabajo, los empleados siguen cobrando aumentos gracias a la voluntad empresaria de evitar un conflicto masivo. Es una paritaria de hecho, sin legitimidad formal, pero con ejecución práctica. En este juego de equilibrios precarios, los empresarios se ven obligados a actuar con pragmatismo, incluso cuando el marco normativo les ofrece ambigüedad como escudo.

Los datos duros no acompañan el optimismo oficial. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario real privado todavía no logra recomponerse del retroceso sufrido desde noviembre de 2023. La recuperación se ha estancado y, en algunos casos, continúa en caída. El índice RIPTE —utilizado por el Gobierno para mostrar mejoras— resulta engañoso, ya que no discrimina entre remuneraciones por jornada habitual y las infladas por horas extras, reflejando más una estrategia de supervivencia que una mejora estructural del ingreso.

La fragmentación del mapa paritario refleja el cambio de época. Bajo el paraguas ideológico de la “libertad de mercado”, el Gobierno intenta instaurar un nuevo paradigma donde los convenios colectivos pierdan peso, reemplazados por acuerdos individuales o sectoriales alineados con su lógica. Sin embargo, esta ingeniería laboral no se impone sin resistencias. Camioneros, Sanidad, Alimentación y la UOM, entre otros, se encuentran en etapas decisivas de negociación, y no se vislumbra una rendición incondicional ante los lineamientos libertarios.

Resulta sintomático que, en el afán de celebrar paritarias “austera y responsables”, el Gobierno haya convertido el acta de Vaca Muerta en una bandera. La paradoja es evidente: se aplaude un incremento que condena al salario a perder poder adquisitivo, mientras se condena el accionar de sindicatos que logran preservar el ingreso de sus representados. El mensaje es claro: se premia la subordinación, no el bienestar de los trabajadores.

Las paritarias de 2025 no solo están definiendo ajustes salariales, sino que configuran un nuevo campo de disputa ideológica en la Argentina. Frente a un modelo que busca disciplinar a los sindicatos desde el poder político, los gremios con mayor capacidad de acción no solo resisten, sino que marcan el ritmo de la negociación. En este pulso entre institucionalidad formal y realidad efectiva, el Gobierno enfrenta un dilema central: cómo sostener su programa económico sin erosionar por completo el contrato social del trabajo. La incógnita aún no tiene desenlace, pero los indicios revelan que la disputa salarial será, quizás, el escenario más tangible donde se mida el verdadero alcance del experimento libertario.

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El FreSU reclamó un salario mínimo de $3,25 millones y convocó a profundizar la unidad sindical

El planteo fue presentado durante el 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario. El frente sindical sostiene que ese monto permitiría cubrir las nueve necesidades vitales previstas en la legislación argentina y denunció una pérdida de poder adquisitivo superior a los $78,5 billones desde la asunción de Javier Milei.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) reclamó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil alcance los $3.251.462, una cifra que, según el cálculo de las organizaciones que integran el espacio, permitiría cubrir las necesidades esenciales de un trabajador y su familia. La propuesta fue presentada durante el cierre del 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario, donde distintos referentes gremiales también plantearon la necesidad de coordinar un plan de lucha nacional frente a las políticas económicas del Gobierno.

El monto corresponde a una estimación para octubre y supera ampliamente el salario mínimo vigente. Su fundamento se encuentra en las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación, vivienda, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.

El cálculo contempla partidas de $691.291 para alimentación, $661.124 para vivienda y $397.377 para salud. También incorpora $295.463 destinados a educación y cultura, $697.646 para transporte, vacaciones y esparcimiento, $150.900 para vestimenta y $357.661 para previsión social. Para el FreSU, la distancia entre esta estimación y el ingreso mínimo actual refleja la magnitud del deterioro de las condiciones económicas de los trabajadores.

Un frente sindical que busca ampliar su capacidad de acción

Durante el encuentro, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, convocó a construir un paro nacional y sostuvo que la respuesta al rumbo económico requiere mayor organización del movimiento obrero. Además, manifestó la disposición del FreSU a incorporar nuevas organizaciones y ampliar su representación.

En la misma dirección, Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), defendió la coordinación entre distintos sectores de la actividad económica y los servicios públicos. Planteó la posibilidad de articular medidas que involucren puertos, universidades, hospitales, rutas y aeropuertos, y reclamó que cualquier proyecto político futuro presente definiciones concretas sobre el rumbo económico y la recuperación de los derechos laborales.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó el impacto del ajuste sobre los ingresos y sostuvo que la recuperación salarial y previsional debe ocupar un lugar central en la agenda sindical. También reivindicó la conformación del frente como una herramienta para coordinar reclamos y acciones entre organizaciones de distintas centrales obreras.

La presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, llamó a profundizar la movilización y avanzar en una propuesta política y social con horizonte en 2027. A su vez, representantes de CONADU, UTA y el gremio de Molineros coincidieron en la necesidad de elaborar un programa común y definir medidas para defender las condiciones laborales.

Las cifras de la pérdida salarial

El FreSU también difundió estimaciones sobre el retroceso de los ingresos desde noviembre de 2023. Según sus cálculos, la pérdida acumulada de los trabajadores asalariados supera los $78,5 billones. El relevamiento distingue una caída real del 21% en los salarios estatales y del 7% en los ingresos del sector privado.

En términos individuales, las organizaciones estimaron que cada trabajador privado perdió, en promedio, $3.342.251, mientras que el deterioro para cada empleado estatal alcanzó los $17.454.606 durante el período considerado.

El planteo salarial retoma los lineamientos del programa «Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria», aprobado el 1° de mayo durante el primer plenario de delegados del frente. La iniciativa busca establecer una agenda compartida entre gremios industriales, estatales, docentes, aeronáuticos, sanitarios y de otros sectores.

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Primer empleo: el 92,5% de los jóvenes busca trabajo, pero solo el 43,3% está ocupado

Un relevamiento de Junior Achievement y ManpowerGroup expuso las dificultades de inserción laboral de las nuevas generaciones en Argentina. La falta de experiencia previa aparece como una de las principales barreras, mientras que los jóvenes reclaman mejores salarios, posibilidades de crecimiento y oportunidades de capacitación.

El acceso al mercado laboral se convirtió en uno de los principales desafíos para los jóvenes argentinos. Aunque la voluntad de incorporarse al mundo del trabajo es ampliamente mayoritaria, las posibilidades concretas de conseguir un puesto siguen siendo limitadas: el 92,5% busca empleo activamente, pero apenas el 43,3% logró insertarse laboralmente, según un estudio de Junior Achievement y ManpowerGroup.

Los resultados exponen una brecha significativa entre las expectativas de quienes intentan iniciar o consolidar una trayectoria profesional y las oportunidades que ofrece el mercado. La dificultad para acceder al primer empleo aparece como uno de los factores centrales, especialmente por la exigencia de antecedentes laborales en los procesos de selección. Para quienes todavía no pudieron incorporarse a una empresa, acreditar experiencia se convierte en una condición difícil de cumplir y, en muchos casos, en un obstáculo que prolonga la búsqueda.

El diagnóstico también permite identificar qué esperan las nuevas generaciones de un puesto de trabajo. El crecimiento profesional encabeza las prioridades, señalado por el 62,6% de los consultados, mientras que el 50,6% considera fundamental alcanzar una remuneración adecuada. La capacitación ocupa un lugar relevante para el 35,4%, en tanto que el 33,7% prioriza contar con condiciones laborales flexibles.

Las respuestas muestran que la demanda juvenil no se limita a conseguir una ocupación. También existe una expectativa de desarrollo, aprendizaje y mejores perspectivas económicas, aspectos que influyen cada vez más en la elección de una oportunidad laboral.

Formación y tecnología, dos herramientas para competir

Frente a las dificultades de contratación, una parte importante de los jóvenes busca fortalecer sus credenciales. El 48,1% afirmó que cursa estudios adicionales o dispone de certificaciones complementarias, una señal de la importancia que adquiere la formación continua para mejorar las posibilidades de inserción.

A ese proceso se suma la incorporación de herramientas digitales. El 91,7% manifestó utilizar inteligencia artificial, un dato que refleja la rápida adopción de estas tecnologías entre quienes buscan empleo y se preparan para responder a las nuevas demandas profesionales.

También cambian los canales de búsqueda. LinkedIn es utilizado por el 75% de los encuestados, seguido por las redes sociales, con el 56,8%, y los portales especializados, con el 50,3%. Sin embargo, la multiplicación de plataformas no garantiza que las postulaciones se conviertan en oportunidades concretas ni resuelve las dificultades que aparecen durante la selección.

La distancia entre las competencias que buscan las empresas y las posibilidades de quienes intentan ingresar al mercado plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de transición entre educación y empleo. Las prácticas formativas, los programas de primer trabajo, la capacitación vinculada con perfiles demandados y una revisión de los requisitos de experiencia podrían contribuir a reducir esa brecha.

El relevamiento deja planteado un desafío que involucra tanto al ámbito privado como a las políticas públicas: transformar la disposición de los jóvenes a trabajar y capacitarse en oportunidades reales de contratación. Sin vías efectivas de acceso al primer empleo, una generación que busca desarrollarse profesionalmente corre el riesgo de quedar relegada antes incluso de comenzar su trayectoria laboral.

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La CGT reclamó al Gobierno una nueva prórroga de la jubilación anticipada por desempleo

La Confederación General del Trabajo (CGT) respaldó el reclamo de los trabajadores desocupados mayores de 30 años de aportes y pidió formalmente al Gobierno nacional una nueva prórroga de la Prestación Anticipada por Desempleo, un régimen que permitía acceder a una jubilación antes de la edad ordinaria a quienes habían perdido su empleo pese a cumplir con los requisitos contributivos.

El planteo fue elevado al secretario de Trabajo, Julio Cordero, mediante una presentación firmada por los tres integrantes del triunvirato de conducción sindical: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. La central acompañó así la iniciativa del Movimiento de Trabajadores Desocupados con Más de 30 Años de Aportes (MTD+30AA), que busca recuperar una herramienta previsional vencida en septiembre de 2025.

El reclamo tuvo su origen en una reunión realizada el 6 de octubre, cuando Sola recibió a representantes del movimiento para analizar la situación de quienes, después de décadas de actividad y aportes, quedan fuera del mercado laboral sin haber alcanzado la edad necesaria para acceder a la jubilación ordinaria.

La prestación fue creada mediante el Decreto 674/2021 y extendida posteriormente por el Decreto 558/2023. Permitía anticipar hasta cinco años el acceso al beneficio jubilatorio: a partir de los 55 años para las mujeres y de los 60 para los hombres, siempre que acreditaran 30 años de aportes y se encontraran desocupados. No se trataba de una moratoria, sino de un mecanismo dirigido a trabajadores que ya habían cumplido con los requisitos contributivos.

En su presentación, la CGT advirtió sobre la vulnerabilidad de este grupo, que enfrenta obstáculos crecientes para conseguir un nuevo empleo debido a su edad y, al mismo tiempo, todavía no reúne las condiciones para jubilarse por el régimen ordinario. Desde el movimiento describen esa realidad como la de los nuevos «NI-NI»: personas que no son consideradas suficientemente jóvenes para reinsertarse laboralmente ni tienen la edad requerida para acceder a una jubilación.

La central obrera calificó la prestación como una herramienta transitoria, pero necesaria, para evitar que quienes acumularon más de tres décadas de aportes queden sin ingresos al perder su fuente de trabajo. Por eso, reclamó una nueva disposición del Poder Ejecutivo que permita recuperar el régimen y atender las necesidades de este universo de trabajadores.

El pedido también vuelve a poner en discusión otras demandas del movimiento, entre ellas la posibilidad de acceder a la cobertura del PAMI y establecer un mecanismo de devolución de los fondos percibidos anticipadamente. Según lo informado por la organización, esas propuestas tampoco obtuvieron hasta ahora una respuesta oficial.

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