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Aunque se desactivó la huelga, la disputa entre los choferes y el Ejecutivo nacional permanece sin resolución. Las bases sindicales exigen medidas urgentes, mientras el Gobierno apuesta a dilatar la negociación con promesas de subsidios futuros. La incertidumbre domina un escenario en el que el diálogo parece más una estrategia de contención que una vía hacia el consenso.

La tregua alcanzada tras el paro de colectivos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no es más que una suspensión momentánea en una contienda cuya solución parece cada vez más lejana. Mientras los colectivos vuelven a circular, el conflicto entre los trabajadores del transporte y el Gobierno de Javier Milei persiste latente, alimentado por promesas postergadas, demandas insatisfechas y una creciente impaciencia entre las bases sindicales.

El lunes, las últimas horas previas a la huelga fueron un torbellino de gestiones a contrarreloj: la Secretaría de Transporte, la cúpula de la UTA y las cámaras empresariales mantuvieron reuniones sin avances concretos. El martes, mientras se desarrollaba el paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires y varias ciudades del interior, sectores disidentes del sindicato se manifestaban con cortes espontáneos, evidenciando una fractura interna cada vez más notoria.

Desde el oficialismo, la postura fue clara: no habrá revisión de subsidios ni incremento tarifario antes de junio. El mensaje dirigido a las empresas fue tajante: deben hacerse responsables de los compromisos asumidos en paritarias. Esta afirmación, sin embargo, carece de sustento económico para las prestatarias, que operan con márgenes estrechos y estructuras tarifarias evidentemente rezagadas respecto a la inflación acumulada.

Mientras tanto, la conducción de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, opta por una estrategia de mesura. Si bien parte de la base exige profundizar las medidas de fuerza, la dirigencia prefiere postergar cualquier nueva acción directa, confiando en la posibilidad de que la designación de Luis Pierrini como nuevo secretario de Transporte pueda abrir una instancia más favorable de diálogo y negociación.

El Gobierno, por su parte, se recuesta en esta actitud contemplativa de la UTA como un recurso táctico para dilatar la solución del conflicto. La promesa de una futura actualización de subsidios funciona como una aspirina presupuestaria: alivia momentáneamente la presión sin resolver la enfermedad estructural que arrastra el sistema de transporte público.

No escapa al análisis que cualquier incremento tarifario en el corto plazo tendría un efecto directo sobre los indicadores del IPC que el oficialismo busca contener. Por eso, todo indica que el ajuste previsto en junio se canalizará mediante subsidios, con el fin de evitar un impacto inflacionario indeseado, en un contexto económico extremadamente sensible.

El margen de maniobra es estrecho para todos los actores: los trabajadores reclaman una recomposición que preserve el poder adquisitivo frente a un proceso inflacionario erosivo; las empresas denuncian insolvencia y riesgo operativo; y el Ejecutivo intenta mantener su política de ajuste sin desgastar aún más su frágil legitimidad social.

El conflicto entre la UTA y el Gobierno nacional se encuentra hoy en una suerte de compás de espera, más forzado que consensuado. El paro quedó atrás, pero el desencuentro persiste, encapsulado en promesas aplazadas, liderazgos desgastados y una estrategia oficialista que privilegia la dilación por sobre la solución. La calma aparente que reina hoy en el sistema de transporte público de pasajeros no es sinónimo de estabilidad, sino la antesala de una nueva fase del conflicto que, de no ser abordado con decisión y realismo, amenaza con estallar nuevamente, esta vez con mayor virulencia y menor margen de contención.

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Diputados aprobó el aumento del 7,2% a jubilados, pero el Gobierno amenaza con vetarlo

En una sesión marcada por la tensión y el debate, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley que establece una suba del 7,2% de los haberes jubilatorios y un aumento del bono de $70.000 a $110.000. La medida fue aprobada con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones, y ahora deberá pasar por el Senado para tener su sanción definitiva.

Sin embargo, desde el Gobierno nacional anticiparon que vetarán la medida por considerarla un «atentado contra el equilibrio fiscal». Según trascendió, el Ejecutivo considera que el aumento de los haberes jubilatorios y el bono tendría un impacto fiscal de 12 mil millones dólares, es decir 1,8 del PBI.

El debate en la Cámara estuvo Caracterizado por las diferencias entre los bloques políticos. La diputada de Unión por la Patria (UxP), Victoria Tolosa Paz, sostuvo que el aumento de 7,2% a las jubilaciones «es una reparación» a la situación que atraviesan los jubilados. Por su parte, los diputados de la oposición argumentaron que el aumento no es suficiente y que se necesitan medidas más profundas para abordar la crisis jubilatoria.

El aumento del 7,2% a los haberes jubilatorios y el bono de $110.000 es una medida importante para los jubilados que ven cómo sus ingresos se ven afectados por la inflación y la devaluación. Sin embargo, la incertidumbre sobre el veto del Gobierno nacional genera dudas sobre el futuro de la medida.

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Los residentes del Garrahan levantaron el paro tras la advertencia del Gobierno

Los médicos residentes del Hospital Garrahan decidieron retomar sus actividades laborales después de que el Gobierno les advirtiera que les aplicarían sanciones si continuaban con la medida de fuerza. La decisión se tomó luego de una reunión con autoridades del hospital y la amenaza de despidos y sanciones.

El Gobierno había advertido a los residentes que si no cesaban las protestas, se tomarían medidas. En un mail enviado por el Consejo de Administración del hospital, se les informó que si no retoman sus actividades laborales, se les aplicarían sanciones que podrían incluir el descuento del día del salario, la pérdida de la regularidad en el programa de residencia y hasta la desvinculación del hospital.

La justificación de Salud

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la intimación vía mail que el Consejo de Administración del Garrahan envió a los residentes para que vuelvan a sus puestos de trabajo tras el anuncio de reforzar el ingreso con un bono de $500.000. Según el Ministerio, el aumento informado el fin de semana «es un hecho», por lo que cualquier medida de fuerza al respecto no tiene un motivo legítimo.

La reacción de los residentes

Después de una reunión con autoridades del hospital, los residentes decidieron retomar sus actividades laborales. En un comunicado oficial, los médicos informaron que «por este medio queremos informar que en el día de la fecha la residencia de pediatría y articuladas del hospital retoma su actividad laboral de forma regular, tomando la guardia desde el día de la fecha».

La posición de ATE

Mientras tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó el paro por 24 horas con movilización a Plaza de Mayo para este jueves. «Nada de nada», sostuvo Norma Lezana, titular de APyT sobre las propuestas analizadas en la reunión con autoridades del hospital. «Es una vergüenza», continuó.

La decisión de los residentes del Hospital Garrahan de levantar el paro después de la advertencia del Gobierno es un claro ejemplo de la presión que existe entre los trabajadores de la salud y el Gobierno. Mientras que los residentes decidieron retomar sus actividades laborales, ATE y otros gremios siguen firme en su posición de lucha por mejores condiciones laborales y salariales.

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El Congreso se convirtió en el epicentro de una gran movilización de sectores sociales

En un miércoles especial, el Congreso y sus alrededores se convirtieron en el epicentro de una gran movilización que reunió a diversos sectores sociales afectados por las políticas del Gobierno. Puertas adentro, se estaba tratando el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, mientras que afuera, miles de personas se congregaron para reclamar la sanción de una ley que ponga un freno a los recortes llevados a cabo por la gestión de Javier Milei.

La manifestación fue pacífica y contó con la participación de jubilados, científicos, médicos y discapacitados, todos vulnerados y pisoteados en sus derechos por parte de un Ejecutivo nacional. Acompañados también por el colectivo ‘Ni una menos’, los manifestantes alzaron la voz para hacer oír sus demandas.

Las demandas

Atrasos salariales, condiciones de trabajo precarias, ajustes de personal, quita de medicamentos y condiciones de vida indignas son algunas de las causas que motivaron esta marcha multitudinaria. Los jubilados vienen manifestándose frente al Congreso todos los miércoles, y en las últimas movilizaciones, las fuerzas de seguridad reprimieron duramente a los manifestantes.

La represión

Nuevamente, como ocurre todos los miércoles, las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich desplegaron un extenso y exagerado operativo en la zona del Congreso. La ministra de Seguridad amenazó con violentar a los manifestantes en caso de agresión contra personal policial, lo que es un claro ejemplo de violencia institucional con el aparato de la fuerza del Estado.

La unión de las luchas

Bajo la consigna «Contra la crueldad, el hambre y el saqueo, ni una jubilada menos», miles de personas se congregaron frente al Parlamento, donde se reunieron con otras organizaciones políticas, sociales y sindicales. El movimiento feminista decidió unirse este año a la lucha de cada miércoles de los jubilados y jubiladas, de las universidades, ciencia, migrantes y personal de salud.

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