La Confederación General del Trabajo anticipó un endurecimiento de su plan de acción tras la movilización por el Día del Trabajador. Aunque evita confirmar fechas, la conducción cegetista no descarta un nuevo paro general en un clima de creciente conflictividad laboral.

A horas de la movilización convocada para este 1° de mayo, la CGT elevó el tono de su discurso y dejó abierta la puerta a una profundización del conflicto con el Gobierno. El dirigente Jorge Sola, integrante del triunvirato que conduce la central, adelantó que, una vez finalizada la marcha hacia Plaza de Mayo, el sindicalismo avanzará hacia “una medida de fuerza mucho más fuerte”, aunque evitó precisar si se tratará de un nuevo paro general.

Las declaraciones, formuladas en la antesala de una jornada que el movimiento obrero busca convertir en una demostración de fuerza, reflejan un cambio de clima en la estrategia sindical. “El primer paso es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe”, sostuvo Sola, quien comparte la conducción con Octavio Argüello y Cristian Jerónimo.

El diagnóstico que impulsa esta escalada no se limita a la caída del consumo. Desde la central obrera describen un escenario más amplio, atravesado por el endeudamiento de los hogares, la pérdida de empleo y la precarización de las nuevas oportunidades laborales. En ese contexto, la movilización de este jueves —prevista desde las 15 hacia Plaza de Mayo— buscará canalizar ese malestar y exhibirlo como un factor de presión política.

La jornada tendrá, además, una impronta simbólica. Según adelantaron desde la conducción sindical, la convocatoria también rendirá homenaje al papa Francisco, a un año de su fallecimiento, destacando su influencia en la defensa de los derechos laborales y la dignidad del trabajo.

Pese al tono enfático de las advertencias, en la cúpula cegetista intentan evitar definiciones apresuradas. “Primero, la marcha”, sintetizan puertas adentro, en una señal de que cualquier decisión sobre una eventual huelga dependerá del impacto político y social de la movilización. No obstante, de concretarse un nuevo paro general, se trataría del quinto desde la asunción del presidente Javier Milei, lo que consolidaría un escenario de alta confrontación entre el Gobierno y el sindicalismo.

La protesta contará con el respaldo de organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que en paralelo mantiene su propia agenda de reclamos vinculados a programas sociales y condiciones de subsistencia. La articulación entre gremios y movimientos sociales refuerza la capacidad de movilización y amplía el alcance de la protesta.

En el plano institucional, la central también mantiene abiertos frentes judiciales. Sola cuestionó el reciente fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que se declaró competente para analizar la constitucionalidad de la reforma laboral (Ley 27.802), impulsada por el Ejecutivo. El dirigente reclamó que la causa “vuelva al juez natural”, en referencia al magistrado laboral Raúl Horacio Ojeda, quien había suspendido artículos clave de la norma, y advirtió que, de no prosperar ese planteo, acudirán a la Corte Suprema.

En simultaneo, desde la CGT aseguran que los conflictos sindicales “se han triplicado” en los últimos meses, con focos particularmente intensos en regiones productivas como Cuyo, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Este dato no solo refleja una mayor tensión en el mercado laboral, sino que también funciona como un termómetro del deterioro en la relación entre trabajadores, empresas y Estado.

La petrolera estatal YPF actualizó sus precios a fines de abril con variaciones acotadas. Mientras las naftas registraron subas marginales, el gasoil mostró leves retrocesos. En contrapartida, el nivel de consumo en la provincia se sostiene e incluso exhibe signos de crecimiento, en contraste con la tendencia nacional.

El cierre de abril trajo consigo un nuevo movimiento en los surtidores de San Juan, aunque con una dinámica más moderada respecto de ajustes anteriores. Desde el primer minuto del miércoles 29, las estaciones de servicio de YPF aplicaron una actualización de precios que, en términos generales, se ubicó en una franja de entre el 0,3% y el 1,5%, configurando un escenario de relativa estabilidad en el mercado local de combustibles.

En este marco, la nafta Súper pasó de $2.096 a $2.102 por litro, lo que representa un incremento del 0,3%. En la misma línea, la Infinia avanzó de $2.282 a $2.288, con una suba del 0,26%. Se trata de variaciones contenidas que, si bien consolidan una tendencia alcista, lo hacen con una intensidad menor a la observada en meses previos.

Distinto fue el comportamiento en el segmento del gasoil, donde se verificaron ligeras correcciones a la baja. El Diesel 500 descendió de $2.195 a $2.185 (-0,45%), mientras que el Infinia Diesel retrocedió de $2.368 a $2.358, con una disminución del 0,42%. En tanto, el GNC también registró un ajuste y se ubicó en torno a los $750 por metro cúbico.

Más allá de estas fluctuaciones, el dato que sobresale en la plaza sanjuanina es la resiliencia del consumo. A contramano de lo que ocurre en otras regiones del país —donde los incrementos suelen impactar de manera directa en la demanda—, las estaciones de servicio locales continúan reportando un flujo sostenido de usuarios. Incluso, fuentes del sector señalan que el volumen de despacho muestra signos de expansión, posicionando a la provincia como una excepción dentro de un contexto nacional caracterizado por la retracción de las ventas minoristas.

Este comportamiento abre interrogantes sobre las particularidades del mercado regional. Factores como la dinámica de la actividad económica local, el peso del transporte y ciertas características estructurales del consumo podrían estar amortiguando el impacto de los aumentos, al menos en el corto plazo.

El Ministerio de Capital Humano resolvió cumplir con la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana y transferirá $72 mil millones antes del 7 de mayo. La decisión alcanza a más de 950 mil titulares del programa y reconfigura la relación del Gobierno con los reclamos sociales y judiciales.

El Ejecutivo nacional dispuso finalmente la reactivación de los pagos correspondientes al programa Volver al Trabajo, en cumplimiento de una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana. La resolución implica el desembolso de $72 mil millones destinados a más de 950 mil beneficiarios, quienes percibirán $78.000 antes del 7 de mayo.

La decisión, formalizada a través de la Resolución Nº 317/2026 firmada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, marca un punto de crucial en la postura oficial frente a los reclamos vinculados a políticas sociales. Bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, el Ejecutivo optó por acatar el fallo judicial, en contraste con antecedentes recientes en los que había sostenido una línea más restrictiva frente a resoluciones de la Justicia.

El pronunciamiento judicial se apoyó en el carácter alimentario de la prestación y en la dimensión colectiva del derecho involucrado, argumentos que resultaron determinantes para ordenar la continuidad de los pagos. La intervención del tribunal introdujo un elemento de urgencia en la gestión del conflicto, que había escalado a partir de la suspensión de transferencias y la consecuente reacción de organizaciones sociales.

En este aspecto, la respuesta de los movimientos territoriales contribuyó a acelerar el desenlace. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Frente de Lucha Piquetero, que nuclea a decenas de agrupaciones, habían articulado un plan de protesta de alcance nacional, con cortes previstos en numerosos puntos del país. La medida fue desactivada tras conocerse la resolución judicial y la decisión administrativa de avanzar con los pagos.

Desde los espacios organizados que impulsaron las acciones, la determinación fue interpretada como el resultado de una estrategia combinada de judicialización y movilización. Voceros de estas organizaciones destacaron la relevancia del fallo y subrayaron la necesidad de sostener la vigilancia sobre su cumplimiento efectivo, ante la posibilidad de nuevas instancias judiciales que definan la continuidad del programa.

El episodio también deja expuesta la presión entre el enfoque de ajuste promovido por la administración nacional y las demandas de los sectores más desfavorecidos, para quienes estas transferencias representan un ingreso esencial. La decisión de cumplir con la cautelar introduce un matiz en esa dinámica, al evidenciar los límites que imponen tanto el sistema judicial como la capacidad de articulación de los actores sociales.