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En una coyuntura marcada por el embate del oficialismo contra conquistas históricas del movimiento obrero, más de 40 abogados y abogadas especializados en derecho laboral debatieron en la UMET estrategias frente al debilitamiento de la negociación colectiva, la criminalización de la protesta y la injerencia estatal en la vida sindical.

La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) fue escenario de un plenario crucial del Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales (FAOS), donde profesionales del derecho laboral de todo el país analizaron con preocupación los efectos potencialmente regresivos de una nueva reforma laboral promovida por el actual gobierno nacional. La convocatoria reunió voces experimentadas y comprometidas con la defensa de los derechos de los trabajadores organizados, en un contexto que muchos califican como crítico y regresivo en términos de garantías constitucionales.

El análisis jurídico y político se centró en tres ejes fundamentales: la creciente judicialización de la protesta social, la vulneración sistemática de la autonomía sindical y el cercenamiento de la negociación colectiva como instrumento legítimo de distribución del ingreso y de mejora de condiciones laborales. Los abogados presentes coincidieron en que la política oficial no se limita a reformas legislativas formales, sino que apunta a una transformación estructural del sistema de relaciones laborales, con claras implicancias sobre el equilibrio de fuerzas entre empleadores y trabajadores.

Uno de los aspectos más alarmantes abordados fue el recrudecimiento de la intervención estatal en los procesos electorales de sindicatos, una práctica que erosiona la autodeterminación de las organizaciones gremiales y tiende a socavar su legitimidad interna. La historia reciente ofrece ejemplos inquietantes de resoluciones administrativas que invalidaron comicios internos o impusieron condiciones de dudosa legalidad, con efectos disciplinadores sobre dirigentes y bases por igual.

Asimismo, se examinó el impacto de las restricciones impuestas por el Ejecutivo nacional en materia de negociación colectiva. Las trabas burocráticas, los topes salariales y la negativa a homologar acuerdos firmados por las partes representan, según los juristas presentes, una forma solapada de intervención autoritaria en el marco del diálogo social, desnaturalizando uno de los pilares del derecho laboral argentino desde la sanción del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Lejos de limitarse a una lectura diagnóstica, el plenario del FAOS avanzó en la elaboración de estrategias concretas para resistir este nuevo escenario. Se propusieron acciones de litigio estratégico, campañas de visibilización pública, articulación con otras redes de defensa de derechos y la consolidación del Foro como espacio técnico-político capaz de incidir en el debate jurídico nacional.

El encuentro en la UMET evidenció que el campo jurídico laboralista no permanece inmóvil ante las embestidas que buscan redibujar el mapa del trabajo en la Argentina. En un tiempo donde la retórica de la «modernización» pretende justificar el desmantelamiento de garantías colectivas, el rol de los abogados y abogadas del trabajo se resignifica: ya no sólo como intérpretes del derecho, sino como defensores activos de un modelo sindical que, aunque perfectible, fue clave en la ampliación de derechos en el país. En esa encrucijada, el FAOS se afirma como trinchera jurídica y política, dispuesta a enfrentar, con argumentos y estrategia, la avanzada regresiva del nuevo orden laboral.

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Supermercados desconocen acuerdo salarial y dejan sin aumento a 120 mil trabajadores

Las principales cadenas de supermercados del país decidieron no abonar el aumento salarial correspondiente al mes de abril, pactado con el sindicato de Comercio, afectando a unos 120 mil trabajadores. La medida se da en el marco de las negociaciones impulsadas por el Ejecutivo para contener los aumentos de precios.

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y otras entidades del sector mercantil decidieron no aplicar el aumento salarial del 1,9% más una suma fija no remunerativa, acordado con el sindicato de Comercio, argumentando que el Gobierno no homologó el acuerdo paritario. La medida afecta a unos 120 mil trabajadores que no percibieron el incremento salarial.

El convenio, firmado entre el gremio y las cámaras CAC, CAME y Udeca, contemplaba un aumento escalonado del 5,4% en tres meses y tres sumas fijas para compensar la inflación del primer trimestre. Sin embargo, los supermercados desestimaron la cláusula que comprometía a las empresas a abonar los incrementos aún sin homologación oficial y liquidaron los sueldos sin las subas acordadas.

La decisión de los supermercados agudiza la tensión entre el Gobierno y la CGT, que ya protagonizó un paro general en abril. La medida también pone presión sobre el líder del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, quien sostenía un vínculo dialoguista con la administración Milei.

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ATE convoca a un paro nacional por paritarias y rechaza la fusión de organismos estatales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un Paro Nacional con movilizaciones en todo el país para el jueves 22 de mayo, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y tensión con el Gobierno nacional. La medida busca reclamar la reapertura de paritarias, rechazar la fusión de organismos estatales y exigir el giro de fondos a las provincias.

Según Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, «la paritaria de la Administración Pública se convirtió en un fraude». La pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales supera el 40% en los últimos 16 meses.

La movilización en la Capital Federal se realizará en el Ministerio de Economía, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen 250. La ATE busca reclamar la reapertura de paritarias y rechazar la fusión de organismos estatales, que considera un intento de «saquear» y «eliminar todas las funciones de control y fiscalización que tiene el Estado».

Además, la ATE realizará un plenario conjunto con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) para debatir el nuevo acuerdo con el FMI y los condicionamientos que impone a la Argentina. Según Aguiar, «el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es más ajuste para los jubilados y menos derechos para los trabajadores».

La medida de fuerza convocada por el gremio estatal refleja una escalada de tirantez entre el Gobierno nacional y los trabajadores. La pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuesta a las demandas salariales han generado un clima de descontento y frustración entre los asalariados.

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El Gobierno nacional planea un desguace en la Secretaría de Trabajo

El Gobierno nacional, bajo la conducción del ministro Federico Sturzenegger, estaría planeando un profundo reordenamiento de la Secretaría de Trabajo, que podría llevar a un desguace total de la misma. La medida genera angustia y temor entre los trabajadores y podría afectar a cientos de puestos de empleo.

La Secretaría de Trabajo, sería uno de los próximos objetivos de la política de ajuste y reestructuración impulsada por el Gobierno nacional. Según fuentes cercanas a la Secretaría, un equipo de trabajo liderado por Sturzenegger habría realizado un estudio exhaustivo de la estructura y funcionamiento del área, con el objetivo de reducirla a la mínima expresión.

Entre las medidas que se barajan se encuentran el desvío de funciones a otros organismos y el corrimiento de oficinas clave a la órbita del ministerio de Economía. Por ejemplo, el sector de memoria y balances podría reconvertirse en una sección de la Administración de Recursos y Control Administrativo (ARCA), mientras que el área de negociaciones colectivas podría quedar bajo el poder del ministerio de Economía, encabezado por Luis «Toto» Caputo.

La posible reestructuración de la Secretaría de Trabajo genera mucha preocupación entre los trabajadores y podría afectar a cientos de puestos de empleo. La medida se enmarca en la política de ajuste y reestructuración impulsada por el Gobierno nacional, que ha generado alerta y temor en distintos sectores.

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