Reforma laboral: La CGT advierte por posibles violaciones constitucionales
La Confederación General del Trabajo (CGT) adelantó que impugnará judicialmente la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional si el proyecto es aprobado por el Congreso en los términos actuales. La advertencia fue formulada por el cotitular de la central obrera, Jorge Sola, quien sostuvo que la iniciativa presenta “violaciones a conceptos de carácter constitucional” y anticipó un escenario de alta conflictividad institucional.
“Van a tener muchos líos. Esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra otra pared de nuevo”, afirmó el dirigente del Sindicato del Seguro, en alusión al antecedente del DNU 70/2023, cuyo capítulo laboral fue declarado inconstitucional por la Justicia.
El posicionamiento de la CGT se produce en una escalada de conflictos entre el Gobierno y el movimiento sindical, marcado por la reforma laboral, el ajuste fiscal y la discusión del Presupuesto 2026. Si bien la central obrera no descarta dar la batalla en el plano parlamentario, ya trabaja en una estrategia judicial para frenar la iniciativa en caso de que avance sin modificaciones sustanciales.
Diálogo político y preparación judicial
Sola explicó que la prioridad inmediata de la CGT es incidir en el debate legislativo, especialmente en el Senado, donde el oficialismo necesita construir mayorías para aprobar la reforma. “La hoja de ruta ahora es empezar a preguntar a senadores que aceptaron tener una mirada con nosotros; son muchos y de distintos sectores”, señaló en declaraciones radiales.
Sin embargo, el dirigente confirmó que el equipo jurídico de la central obrera ya analiza el texto del proyecto con vistas a una eventual judicialización. Se trata del mismo cuerpo de abogados que, a fines de 2023, impulsó la acción de amparo contra el DNU 70 y logró que la Justicia invalidara su capítulo laboral por inconstitucional.
Desde la CGT sostienen que varios artículos del proyecto replican disposiciones que ya fueron cuestionadas por los tribunales, lo que anticipa un escenario de litigiosidad prolongada si la ley se sanciona sin cambios.
El artículo 88 y el derecho de huelga, en el centro del conflicto
Uno de los puntos más sensibles para el sindicalismo es el artículo 88 del proyecto, que regula el ejercicio del derecho de huelga en un amplio abanico de actividades. La norma establece niveles mínimos de prestación durante los conflictos gremiales: un 75% en los servicios considerados esenciales y un 50% en aquellos calificados como de importancia trascendental.
Según la CGT, esta reglamentación excede los límites fijados por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y restringe de manera desproporcionada un derecho constitucional. Además, remarcan que criterios similares ya fueron declarados inconstitucionales cuando formaban parte del DNU 70.
Servicios esenciales y actividades trascendentales
El proyecto define como servicios esenciales, entre otros, a la salud, la provisión de agua potable, energía y combustibles, las telecomunicaciones —incluido internet—, la aeronáutica comercial, los servicios aduaneros y migratorios, la educación obligatoria, el transporte marítimo y fluvial y la recolección de residuos.
En tanto, se consideran actividades de importancia trascendental a sectores como el transporte terrestre y subterráneo, los servicios de radio y televisión, industrias de proceso continuo, la industria alimenticia, la minería, la actividad agropecuaria y frigorífica, los servicios financieros, hoteleros y gastronómicos, el comercio electrónico y la producción destinada a la exportación.
Para la CGT, la amplitud de estas definiciones vacía de contenido el derecho de huelga y convierte a la excepción en regla.
Objeciones que trascienden al sindicalismo
Las críticas al proyecto no se limitan al ámbito gremial. El exministro de Trabajo Jorge Triaca advirtió que la reforma podría derivar en una fuerte judicialización debido a su redacción ambigua. En declaraciones periodísticas, señaló que el texto es “difuso y menos claro que los antecedentes existentes”.
Triaca reconoció que la iniciativa incluye aspectos que podrían reducir la litigiosidad, pero alertó sobre puntos que generan incertidumbre, como la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos —lo que habilitaría la revisión de más de 1.700 acuerdos vigentes— y la discusión sobre la jerarquía entre convenios por empresa y convenios de alcance nacional o regional.
“Si el sistema no es equilibrado, deja desguarnecidos a los trabajadores o genera imprevisibilidad al empleador. Y así no se genera más trabajo ni formalización”, concluyó.
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Elecciones 2027: 11 provincias ya anticiparon el desdoblamiento, mientras que San Juan aún no comunicó una decisión definitiva
La organización electoral de 2027 comienza a delinear un calendario que podría extenderse durante buena parte del año. Al menos 11 provincias anunciaron que separarán sus comicios locales de las elecciones presidenciales previstas para el 24 de octubre, aunque por ahora solo Neuquén y Tucumán formalizaron sus convocatorias mediante decretos. La definición de los demás distritos dependerá de decisiones políticas y administrativas que todavía están pendientes.
Neuquén será el primer distrito en votar: el gobernador Rolando Figueroa estableció el 14 de febrero como fecha para elegir autoridades provinciales y municipales. Tucumán concurrirá a las urnas el 9 de mayo, mientras Santa Fe anunció primarias para el 18 de abril y elecciones generales para el 13 de junio. En Salta, el gobierno provincial proyecta los comicios para el 16 de mayo, aunque la convocatoria aún debe formalizarse.
También confirmaron su intención de desdoblar Chubut, Río Negro, Chaco, Mendoza, Corrientes, Jujuy y Tierra del Fuego. En varios de esos distritos todavía no se estableció una fecha. Corrientes, que renovó la gobernación en 2025, elegirá cargos legislativos y locales, mientras que Tierra del Fuego tiene disposiciones electorales propias que determinan la separación respecto de los comicios nacionales.
En sentido contrario, Catamarca confirmó que votará el 24 de octubre, en simultáneo con la elección presidencial. La Rioja todavía no definió su modalidad. Santiago del Estero, por su parte, no tendrá elecciones provinciales durante 2027, ya que renovó la gobernación y la Legislatura en 2025.
Actualmente, San Juan se encuentra entre las jurisdicciones que todavía no oficializaron una resolución. Dicha falta de definición comprende también a Córdoba, Misiones, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Formosa y Santa Cruz, entre otros distritos
Las mayores incógnitas se concentran en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof y Jorge Macri aún no comunicaron si convocarán a elecciones separadas o si unificarán sus calendarios con el nacional. La definición bonaerense también estará atravesada por el futuro de las PASO, cuya eliminación o suspensión forma parte de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional.
Con las primeras fechas ya establecidas y numerosas convocatorias todavía pendientes, la disputa electoral comenzará a desarrollarse en distintos momentos del año. La modalidad que adopte cada provincia no solo determinará cuándo votarán sus ciudadanos: también condicionará los tiempos de armado de candidaturas, las alianzas partidarias y la articulación de las campañas locales con la competencia presidencial.
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La paritaria docente volvió a trabarse y el aumento salarial quedó pendiente hasta diciembre
La negociación salarial docente de San Juan volvió a quedar sin acuerdo. Los representantes de UDAP, UDA y AMET rechazaron el ofrecimiento del Gobierno provincial durante la tercera sesión de la Comisión Paritaria Negociadora y presentaron una contrapropuesta que amplía los reclamos hasta enero de 2027. La falta de coincidencias obligó a postergar la resolución salarial y fijar una nueva reunión para el 10 de diciembre.
El encuentro se desarrolló en el Centro Cívico con la participación de la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. Por la representación sindical asistieron Patricia Quiroga, por UDAP; Karina Navarro, por UDA, y Adrián Ruiz, por AMET.
Los sindicttos plantearon que el valor índice de los salarios se actualice de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior para noviembre, diciembre y enero. A ese mecanismo sumaron tres demandas concretas para el primer mes de 2027: seis puntos adicionales en todos los cargos del nomenclador docente, diez puntos más en el ítem E60 y una mejora en el concepto de conectividad.
La respuesta oficial no modificó el ofrecimiento vigente. El Ejecutivo argumentó que la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%, y la proximidad de los plazos administrativos para liquidar los haberes de noviembre y diciembre impedían formular una nueva propuesta. En consecuencia, ratificó el incremento del valor índice para noviembre según el IPC del mes anterior, publicado por el INDEC.
La decisión dejó sin respuesta los reclamos gremiales para los meses siguientes y mantuvo abierta la discusión sobre los adicionales. Frente a la distancia entre ambas posiciones, la parte empleadora propuso pasar a un cuarto intermedio, aceptado por los representantes sindicales.
La próxima audiencia quedó establecida para el 10 de diciembre a las 14 horas, cuando las partes deberán retomar la discusión sobre los salarios de diciembre y enero. Hasta entonces, la negociación permanecerá sin un acuerdo que defina la pauta de actualización para el cierre del año y el comienzo de 2027.
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YPF aumentó los combustibles en San Juan: llenar un tanque de Súper cuesta $111.950
La petrolera aplicó una suba de entre el 1% y el 1,5% en sus estaciones de servicio. La nafta Súper llegó a $2.239 por litro, mientras que la Infinia alcanzó los $2.445. El incremento también impactó en los precios del gasoil.
Los precios de los combustibles volvieron a subir en San Juan. YPF actualizó sus valores desde el viernes 13 de noviembre, con incrementos de entre el 1% y el 1,5% que modificaron el costo de cargar nafta y gasoil. Con la nueva tarifa, completar un tanque de 50 litros de nafta Súper demanda $111.950, unos $1.200 más que antes de la actualización.
La suba más visible se registró en la variedad Súper, que pasó de $2.215 a $2.239 por litro. La diferencia representa una suba de $24 por litro, equivalente al 1,08%. En tanto, la nafta Infinia quedó en $2.445, mientras que el Diesel 500 se comercializa a $2.425 y la Infinia Diesel llegó a $2.615.
El impacto se refleja también en el gasto que deben afrontar los conductores según la capacidad del tanque y el combustible elegido. Una carga de 40 litros de nafta Súper cuesta ahora $89.560, mientras que completar 50 litros requiere $111.950. Para quienes utilizan Infinia, los importes ascienden a $97.800 y $122.250, respectivamente.
En el caso del gasoil, llenar un tanque de 50 litros representa un desembolso de $121.250 con Diesel 500 y de $130.750 con Infinia Diesel.
La actualización se produce en un mercado en el que los valores pueden presentar diferencias entre estaciones de servicio. YPF aplica un sistema de precios dinámicos o micropricing, que contempla variables como la demanda, la ubicación, la competencia y las franjas horarias. A estos factores se suman los costos vinculados con el petróleo, el tipo de cambio y la carga impositiva.
Más allá de las variaciones que puedan registrarse en cada establecimiento, el nuevo ajuste vuelve a elevar el gasto de los usuarios que dependen del vehículo para trabajar o trasladarse diariamente. También incorpora mayores costos para las actividades vinculadas con el transporte y la distribución, en una cadena donde el combustible constituye un componente relevante de los gastos operativos.
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