La deuda con las obras sociales agrava el conflicto entre el Gobierno y la CGT
Aunque había comprometido saldar antes de fin de año una deuda cercana a los $60.000 millones, el Gobierno solo abonó un tercio de lo acordado. La demora ocurre en medio de un clima de alta conflictividad con la CGT por la reforma laboral y reaviva la desconfianza sindical.
El Gobierno nacional mantiene una deuda millonaria con las obras sociales gremiales, un frente sensible que se suma al conflicto abierto con la Confederación General del Trabajo (CGT) por la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.
El monto total adeudado ronda los $60.000 millones, correspondientes a reintegros por medicamentos, tratamientos de alto costo y prestaciones subsidiadas. En octubre pasado, en la antesala del proceso electoral, el Ministerio de Salud acordó con los sindicatos un esquema de tres pagos escalonados entre octubre y diciembre, con el objetivo de cancelar la deuda antes de fin de año. Sin embargo, hasta el momento, solo se abonaron $23.000 millones, poco más de un tercio del compromiso asumido.
Desde el Ejecutivo explican que la demora no responde a una decisión política ni a la disputa con la CGT, sino a la complejidad administrativa del proceso. Según fuentes oficiales, los reclamos involucran 2,3 millones de expedientes, algunos correspondientes a años anteriores a 2021, e incluso con presentaciones que se remontan a 2019. Cada uno de esos trámites, aseguran, debe ser revisado de manera individual, lo que habría ralentizado los pagos.
“Es una deuda histórica, acumulada durante casi seis años”, sostienen en el entorno del ministro de Salud, Mario Lugones, quien había manifestado su intención de dejar la deuda “en cero” antes de fin de 2025, objetivo que finalmente no se logró cumplir en los plazos previstos.
En la Casa Rosada insisten en que el proceso continúa, que los pagos se realizan “por tandas” y que, una vez alcanzado un volumen significativo de expedientes validados, se libera el dinero correspondiente. No obstante, no hubo precisiones sobre cuándo se retomarán los desembolsos, ni por qué se interrumpieron tras el primer pago.
El rol del Fondo Solidario y la desconfianza sindical
Los fondos destinados a regularizar la deuda provienen del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con aportes obligatorios descontados mensualmente del salario de los trabajadores registrados. Durante la gestión del Frente de Todos, una parte de esos recursos fue transferida a una cuenta del Banco Nación para generar intereses y utilizarse luego en reintegros por prestaciones especiales, como discapacidad o tratamientos de alto costo.
Según dirigentes sindicales involucrados en la negociación, esos fondos no habrían sido utilizados desde el cambio de gobierno, y estiman que el monto acumulado podría rondar los $300.000 millones. Esta situación alimenta el malestar gremial, que denuncia una retención de recursos que pertenecen a los trabajadores.
Desde el oficialismo responden que, al asumir, se encontraron con un sistema desordenado, con reclamos que en algunos casos llevaban hasta diez años sin resolución, y que la actual gestión inició un proceso de normalización que continúa, aunque sin fechas definidas.
La tramitación de los pagos se realiza ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo bajo la órbita del Ministerio de Salud y actualmente conducido por Claudio Adrián Stivelman, designado por Lugones. El acuerdo original contemplaba distribuir los fondos en tres etapas entre todas las obras sociales que hubieran presentado la documentación en regla.
Reforma laboral y clima de confrontación
El incumplimiento del cronograma de pagos se da en paralelo a un fuerte deterioro del vínculo entre el Gobierno y la CGT, profundizado por el avance de la reforma laboral. Aunque el sindicalismo tuvo participación en el Consejo de Mayo, donde se debatieron aspectos de la denominada “modernización laboral”, el malestar quedó expuesto cuando Gerardo Martínez, titular de la Uocra y representante gremial en ese ámbito, decidió no asistir a la presentación oficial del proyecto en la Casa Rosada.
Esta semana, la tensión escaló con una movilización de la CGT a Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo, donde los dirigentes sindicales amenazaron con un paro general. Horas más tarde, el oficialismo anunció la postergación del debate de la reforma laboral para febrero, una decisión que el sindicalismo interpretó como una señal de apertura a la negociación.
En sectores del oficialismo y de la oposición, en cambio, la postergación fue leída como una consecuencia directa de la falta de consensos políticos, la fallida votación del presupuesto y las tensiones con los aliados parlamentarios.
La deuda con las obras sociales sindicales se convirtió en un nuevo factor de fricción en una relación ya deteriorada entre el Gobierno y la CGT. Aunque el Ejecutivo insiste en que existe voluntad de pago y que se trata de una cuestión administrativa heredada, la falta de certezas sobre los plazos y el contexto de confrontación política refuerzan la desconfianza gremial. En un escenario de reformas estructurales y conflictividad social en aumento, el manejo de estos fondos aparece como una pieza clave para recomponer —o profundizar— el vínculo con el sindicalismo organizado.
destacada
Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país
El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.
El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.
Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.
La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.
La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.
En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.
Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones
La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.
El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.
destacada
Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes
El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.
Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.
Una inversión de $28.011 millones
La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.
Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.
En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.
La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.
Más capacidad y conectividad para la red
El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.
La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.
destacada
Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027
Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.
El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.
Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes
La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.
Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.
Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.
Cautela para el cierre de 2026
Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.
Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.
-
Localeshace 6 añosDetectan varios casos de trabajo esclavo en San Juan
-
Localeshace 5 añosCGT local: Moral asumió en la secretaría de Género
-
Gremioshace 7 añosDieron a conocer el calendario de pagos anual de sueldos para estatales sanjuaninos
-
destacadahace 2 añosDesignan a Eugenia Cortona como la nueva subsecretaria de Empleo
-
Generalhace 6 añosMas de 300.000 niños fueron víctimas de la explotación laboral
-
Generalhace 3 añosLlaman a cubrir cargos en la Tecnicatura Superior en Criminalística
-
Generalhace 7 añosEmpresarios pyme se reunieron con Alberto Fernández y Carlos Heller
-
Generalhace 4 añosPablo Moyano se reunió con Alberto Fernandez
