La deuda con las obras sociales agrava el conflicto entre el Gobierno y la CGT

Aunque había comprometido saldar antes de fin de año una deuda cercana a los $60.000 millones, el Gobierno solo abonó un tercio de lo acordado. La demora ocurre en medio de un clima de alta conflictividad con la CGT por la reforma laboral y reaviva la desconfianza sindical.

El Gobierno nacional mantiene una deuda millonaria con las obras sociales gremiales, un frente sensible que se suma al conflicto abierto con la Confederación General del Trabajo (CGT) por la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.

El monto total adeudado ronda los $60.000 millones, correspondientes a reintegros por medicamentos, tratamientos de alto costo y prestaciones subsidiadas. En octubre pasado, en la antesala del proceso electoral, el Ministerio de Salud acordó con los sindicatos un esquema de tres pagos escalonados entre octubre y diciembre, con el objetivo de cancelar la deuda antes de fin de año. Sin embargo, hasta el momento, solo se abonaron $23.000 millones, poco más de un tercio del compromiso asumido.

Desde el Ejecutivo explican que la demora no responde a una decisión política ni a la disputa con la CGT, sino a la complejidad administrativa del proceso. Según fuentes oficiales, los reclamos involucran 2,3 millones de expedientes, algunos correspondientes a años anteriores a 2021, e incluso con presentaciones que se remontan a 2019. Cada uno de esos trámites, aseguran, debe ser revisado de manera individual, lo que habría ralentizado los pagos.

“Es una deuda histórica, acumulada durante casi seis años”, sostienen en el entorno del ministro de Salud, Mario Lugones, quien había manifestado su intención de dejar la deuda “en cero” antes de fin de 2025, objetivo que finalmente no se logró cumplir en los plazos previstos.

En la Casa Rosada insisten en que el proceso continúa, que los pagos se realizan “por tandas” y que, una vez alcanzado un volumen significativo de expedientes validados, se libera el dinero correspondiente. No obstante, no hubo precisiones sobre cuándo se retomarán los desembolsos, ni por qué se interrumpieron tras el primer pago.

El rol del Fondo Solidario y la desconfianza sindical

Los fondos destinados a regularizar la deuda provienen del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con aportes obligatorios descontados mensualmente del salario de los trabajadores registrados. Durante la gestión del Frente de Todos, una parte de esos recursos fue transferida a una cuenta del Banco Nación para generar intereses y utilizarse luego en reintegros por prestaciones especiales, como discapacidad o tratamientos de alto costo.

Según dirigentes sindicales involucrados en la negociación, esos fondos no habrían sido utilizados desde el cambio de gobierno, y estiman que el monto acumulado podría rondar los $300.000 millones. Esta situación alimenta el malestar gremial, que denuncia una retención de recursos que pertenecen a los trabajadores.

Desde el oficialismo responden que, al asumir, se encontraron con un sistema desordenado, con reclamos que en algunos casos llevaban hasta diez años sin resolución, y que la actual gestión inició un proceso de normalización que continúa, aunque sin fechas definidas.

La tramitación de los pagos se realiza ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo bajo la órbita del Ministerio de Salud y actualmente conducido por Claudio Adrián Stivelman, designado por Lugones. El acuerdo original contemplaba distribuir los fondos en tres etapas entre todas las obras sociales que hubieran presentado la documentación en regla.

Reforma laboral y clima de confrontación

El incumplimiento del cronograma de pagos se da en paralelo a un fuerte deterioro del vínculo entre el Gobierno y la CGT, profundizado por el avance de la reforma laboral. Aunque el sindicalismo tuvo participación en el Consejo de Mayo, donde se debatieron aspectos de la denominada “modernización laboral”, el malestar quedó expuesto cuando Gerardo Martínez, titular de la Uocra y representante gremial en ese ámbito, decidió no asistir a la presentación oficial del proyecto en la Casa Rosada.

Esta semana, la tensión escaló con una movilización de la CGT a Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo, donde los dirigentes sindicales amenazaron con un paro general. Horas más tarde, el oficialismo anunció la postergación del debate de la reforma laboral para febrero, una decisión que el sindicalismo interpretó como una señal de apertura a la negociación.
En sectores del oficialismo y de la oposición, en cambio, la postergación fue leída como una consecuencia directa de la falta de consensos políticos, la fallida votación del presupuesto y las tensiones con los aliados parlamentarios.

La deuda con las obras sociales sindicales se convirtió en un nuevo factor de fricción en una relación ya deteriorada entre el Gobierno y la CGT. Aunque el Ejecutivo insiste en que existe voluntad de pago y que se trata de una cuestión administrativa heredada, la falta de certezas sobre los plazos y el contexto de confrontación política refuerzan la desconfianza gremial. En un escenario de reformas estructurales y conflictividad social en aumento, el manejo de estos fondos aparece como una pieza clave para recomponer —o profundizar— el vínculo con el sindicalismo organizado.