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Aunque había comprometido saldar antes de fin de año una deuda cercana a los $60.000 millones, el Gobierno solo abonó un tercio de lo acordado. La demora ocurre en medio de un clima de alta conflictividad con la CGT por la reforma laboral y reaviva la desconfianza sindical.

El Gobierno nacional mantiene una deuda millonaria con las obras sociales gremiales, un frente sensible que se suma al conflicto abierto con la Confederación General del Trabajo (CGT) por la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.

El monto total adeudado ronda los $60.000 millones, correspondientes a reintegros por medicamentos, tratamientos de alto costo y prestaciones subsidiadas. En octubre pasado, en la antesala del proceso electoral, el Ministerio de Salud acordó con los sindicatos un esquema de tres pagos escalonados entre octubre y diciembre, con el objetivo de cancelar la deuda antes de fin de año. Sin embargo, hasta el momento, solo se abonaron $23.000 millones, poco más de un tercio del compromiso asumido.

Desde el Ejecutivo explican que la demora no responde a una decisión política ni a la disputa con la CGT, sino a la complejidad administrativa del proceso. Según fuentes oficiales, los reclamos involucran 2,3 millones de expedientes, algunos correspondientes a años anteriores a 2021, e incluso con presentaciones que se remontan a 2019. Cada uno de esos trámites, aseguran, debe ser revisado de manera individual, lo que habría ralentizado los pagos.

“Es una deuda histórica, acumulada durante casi seis años”, sostienen en el entorno del ministro de Salud, Mario Lugones, quien había manifestado su intención de dejar la deuda “en cero” antes de fin de 2025, objetivo que finalmente no se logró cumplir en los plazos previstos.

En la Casa Rosada insisten en que el proceso continúa, que los pagos se realizan “por tandas” y que, una vez alcanzado un volumen significativo de expedientes validados, se libera el dinero correspondiente. No obstante, no hubo precisiones sobre cuándo se retomarán los desembolsos, ni por qué se interrumpieron tras el primer pago.

El rol del Fondo Solidario y la desconfianza sindical

Los fondos destinados a regularizar la deuda provienen del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con aportes obligatorios descontados mensualmente del salario de los trabajadores registrados. Durante la gestión del Frente de Todos, una parte de esos recursos fue transferida a una cuenta del Banco Nación para generar intereses y utilizarse luego en reintegros por prestaciones especiales, como discapacidad o tratamientos de alto costo.

Según dirigentes sindicales involucrados en la negociación, esos fondos no habrían sido utilizados desde el cambio de gobierno, y estiman que el monto acumulado podría rondar los $300.000 millones. Esta situación alimenta el malestar gremial, que denuncia una retención de recursos que pertenecen a los trabajadores.

Desde el oficialismo responden que, al asumir, se encontraron con un sistema desordenado, con reclamos que en algunos casos llevaban hasta diez años sin resolución, y que la actual gestión inició un proceso de normalización que continúa, aunque sin fechas definidas.

La tramitación de los pagos se realiza ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo bajo la órbita del Ministerio de Salud y actualmente conducido por Claudio Adrián Stivelman, designado por Lugones. El acuerdo original contemplaba distribuir los fondos en tres etapas entre todas las obras sociales que hubieran presentado la documentación en regla.

Reforma laboral y clima de confrontación

El incumplimiento del cronograma de pagos se da en paralelo a un fuerte deterioro del vínculo entre el Gobierno y la CGT, profundizado por el avance de la reforma laboral. Aunque el sindicalismo tuvo participación en el Consejo de Mayo, donde se debatieron aspectos de la denominada “modernización laboral”, el malestar quedó expuesto cuando Gerardo Martínez, titular de la Uocra y representante gremial en ese ámbito, decidió no asistir a la presentación oficial del proyecto en la Casa Rosada.

Esta semana, la tensión escaló con una movilización de la CGT a Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo, donde los dirigentes sindicales amenazaron con un paro general. Horas más tarde, el oficialismo anunció la postergación del debate de la reforma laboral para febrero, una decisión que el sindicalismo interpretó como una señal de apertura a la negociación.
En sectores del oficialismo y de la oposición, en cambio, la postergación fue leída como una consecuencia directa de la falta de consensos políticos, la fallida votación del presupuesto y las tensiones con los aliados parlamentarios.

La deuda con las obras sociales sindicales se convirtió en un nuevo factor de fricción en una relación ya deteriorada entre el Gobierno y la CGT. Aunque el Ejecutivo insiste en que existe voluntad de pago y que se trata de una cuestión administrativa heredada, la falta de certezas sobre los plazos y el contexto de confrontación política refuerzan la desconfianza gremial. En un escenario de reformas estructurales y conflictividad social en aumento, el manejo de estos fondos aparece como una pieza clave para recomponer —o profundizar— el vínculo con el sindicalismo organizado.

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Primer empleo: el 92,5% de los jóvenes busca trabajo, pero solo el 43,3% está ocupado

Un relevamiento de Junior Achievement y ManpowerGroup expuso las dificultades de inserción laboral de las nuevas generaciones en Argentina. La falta de experiencia previa aparece como una de las principales barreras, mientras que los jóvenes reclaman mejores salarios, posibilidades de crecimiento y oportunidades de capacitación.

El acceso al mercado laboral se convirtió en uno de los principales desafíos para los jóvenes argentinos. Aunque la voluntad de incorporarse al mundo del trabajo es ampliamente mayoritaria, las posibilidades concretas de conseguir un puesto siguen siendo limitadas: el 92,5% busca empleo activamente, pero apenas el 43,3% logró insertarse laboralmente, según un estudio de Junior Achievement y ManpowerGroup.

Los resultados exponen una brecha significativa entre las expectativas de quienes intentan iniciar o consolidar una trayectoria profesional y las oportunidades que ofrece el mercado. La dificultad para acceder al primer empleo aparece como uno de los factores centrales, especialmente por la exigencia de antecedentes laborales en los procesos de selección. Para quienes todavía no pudieron incorporarse a una empresa, acreditar experiencia se convierte en una condición difícil de cumplir y, en muchos casos, en un obstáculo que prolonga la búsqueda.

El diagnóstico también permite identificar qué esperan las nuevas generaciones de un puesto de trabajo. El crecimiento profesional encabeza las prioridades, señalado por el 62,6% de los consultados, mientras que el 50,6% considera fundamental alcanzar una remuneración adecuada. La capacitación ocupa un lugar relevante para el 35,4%, en tanto que el 33,7% prioriza contar con condiciones laborales flexibles.

Las respuestas muestran que la demanda juvenil no se limita a conseguir una ocupación. También existe una expectativa de desarrollo, aprendizaje y mejores perspectivas económicas, aspectos que influyen cada vez más en la elección de una oportunidad laboral.

Formación y tecnología, dos herramientas para competir

Frente a las dificultades de contratación, una parte importante de los jóvenes busca fortalecer sus credenciales. El 48,1% afirmó que cursa estudios adicionales o dispone de certificaciones complementarias, una señal de la importancia que adquiere la formación continua para mejorar las posibilidades de inserción.

A ese proceso se suma la incorporación de herramientas digitales. El 91,7% manifestó utilizar inteligencia artificial, un dato que refleja la rápida adopción de estas tecnologías entre quienes buscan empleo y se preparan para responder a las nuevas demandas profesionales.

También cambian los canales de búsqueda. LinkedIn es utilizado por el 75% de los encuestados, seguido por las redes sociales, con el 56,8%, y los portales especializados, con el 50,3%. Sin embargo, la multiplicación de plataformas no garantiza que las postulaciones se conviertan en oportunidades concretas ni resuelve las dificultades que aparecen durante la selección.

La distancia entre las competencias que buscan las empresas y las posibilidades de quienes intentan ingresar al mercado plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de transición entre educación y empleo. Las prácticas formativas, los programas de primer trabajo, la capacitación vinculada con perfiles demandados y una revisión de los requisitos de experiencia podrían contribuir a reducir esa brecha.

El relevamiento deja planteado un desafío que involucra tanto al ámbito privado como a las políticas públicas: transformar la disposición de los jóvenes a trabajar y capacitarse en oportunidades reales de contratación. Sin vías efectivas de acceso al primer empleo, una generación que busca desarrollarse profesionalmente corre el riesgo de quedar relegada antes incluso de comenzar su trayectoria laboral.

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Dos empresas construirán los campamentos de Vicuña y crece la expectativa por el empleo sanjuanino

La construcción de tres campamentos para el Corredor Norte de Vicuña ya tiene empresas adjudicatarias. La compañía seleccionó a MH Evolution y BMI Constructora para ejecutar las instalaciones que alojarán al personal afectado al desarrollo de esa infraestructura, en una contratación que prevé más de 470 empleos directos y vuelve a colocar en primer plano la participación de la economía provincial en los grandes proyectos mineros.

Los complejos estarán ubicados en Piedras Pintadas, La Jarilla y La Majadita, con capacidad para 450 personas cada uno. La distribución de las obras quedó definida de la siguiente manera: MH Evolution tendrá a su cargo el establecimiento de Piedras Pintadas, mientras que BMI Constructora ejecutará los otros dos. Según el cronograma informado por la minera, los trabajos deberán finalizar entre el primer y el segundo trimestre de 2027.

La adjudicación representa un nuevo avance en la infraestructura necesaria para sostener el despliegue del proyecto, pero también abre interrogantes sobre el impacto territorial de la inversión. Vicuña no precisó qué proporción de los puestos previstos será cubierta por trabajadores sanjuaninos ni cuál será la participación específica de habitantes de Iglesia y Jáchal, los departamentos directamente vinculados con el desarrollo del corredor.

Dos contratistas con distinta presencia en San Juan

Aunque ambas compañías son argentinas, su relación con la provincia presenta características diferentes. MH Evolution, anteriormente conocida como Modular Homes, tiene origen en Neuquén, pero consolidó una estructura productiva en San Juan, donde desarrolla actividad industrial desde hace 25 años.

Especializada en construcciones modulares para los rubros minero, energético y petrolero, la firma cuenta con antecedentes en emprendimientos como Pascua-Lama, Veladero y Josemaría. En mayo de 2026 informó que su operación provincial reunía más de 250 trabajadores directos y una red superior a 100 proveedores y empresas vinculadas. También destacó los envíos realizados desde su planta sanjuanina hacia Vaca Muerta durante el año anterior.

Su participación en el campamento de Piedras Pintadas adquiere relevancia por esa capacidad instalada, aunque todavía no se informó qué proporción de la fabricación y el montaje se realizará efectivamente en la provincia.

BMI Constructora, por su parte, tiene sede en Salta y una trayectoria superior a 35 años en ingeniería, abastecimiento y construcción de instalaciones industriales. Su actividad comprende obras para minería y energía, con experiencia en campamentos, plantas industriales e infraestructura electromecánica, incluso en ambientes de alta montaña.

La incorporación de esta contratista amplía la participación de empresas nacionales en las obras de Vicuña, aunque no se informó sobre una estructura productiva permanente de la compañía en San Juan.

La Ley de Desarrollo Local Minero, bajo observación

La contratación se produce después de la sanción, el 2 de julio de 2026, de la Ley de Desarrollo Local Minero, cuyo propósito es ampliar los beneficios económicos de la actividad mediante la incorporación de trabajadores, proveedores y empresas de la provincia.

La normativa establece criterios de prioridad para las contrataciones: primero las firmas de las comunidades directamente relacionadas con los proyectos, luego las del resto de San Juan y, posteriormente, las empresas nacionales o extranjeras. También promueve la capacitación y el crecimiento del empleo privado registrado.

En ese marco, las nuevas adjudicaciones adquieren una dimensión que excede la ejecución de las obras. La contratación de compañías radicadas fuera de la provincia no determina por sí misma dónde se generarán los puestos de trabajo ni dónde se realizarán las compras, pero sí vuelve relevante conocer los compromisos de incorporación de personal y proveedores locales.

Vicuña cuenta con antecedentes de participación empresarial sanjuanina en el Corredor Norte. En septiembre adjudicó las secciones A1 y A2, correspondientes a 63,6 kilómetros entre Angualasto y Junta La Palca, a una unión transitoria integrada por Contreras, Boetto y Buttigliengo Constructora, junto con la firma provincial Construmin. También organizó una ronda de negocios con más de 90 empresas locales para acercar proveedores a las oportunidades de contratación.

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FNS 2026: así será el recorrido de taxis y remises para ingresar y recoger pasajeros

El Ministerio de Gobierno dispuso un recorrido obligatorio para los transportes habilitados que trasladarán pasajeros hasta el predio de la Fiesta Nacional del Sol. El esquema contempla accesos por Ruta 40, una zona de espera y un espacio específico para el ascenso y descenso de usuarios.

Según se informó, los vehículos deberán ingresar por Ruta 40 en dirección sur hasta la bajada de Calle 8. Desde allí cruzarán la ruta para incorporarse a la colectora Este, ubicada junto al espacio donde se desarrollará la celebración.

El trayecto continuará por esa vía hasta antes de Calle 7, donde deberán realizar un nuevo cruce para acceder al área destinada a la espera y organización de las filas. El sector habilitado para el ascenso de pasajeros estará ubicado pasando esa arteria, desde donde las unidades podrán recoger a los usuarios y continuar hacia la salida mediante la rampa dispuesta para tal fin.

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la rura establecida y seguir las indicaciones del personal de organización y seguridad. La medida busca facilitar el funcionamiento del transporte contratado y evitar maniobras que puedan interferir con el desplazamiento de los asistentes.

El circuito formará parte del operativo de movilidad de la FNS 2026 y será una referencia para quienes elijan taxis, remises o vehículos de alquiler como alternativa para llegar al predio y regresar una vez finalizadas las actividades.

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