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Un informe de FEDUN y el CIICTI cuantificó en $4,48 billones la reducción de la masa salarial de docentes y nodocentes desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. Según el relevamiento, los ingresos perdieron un 24,3% de poder adquisitivo y necesitarían una recomposición del 32% para recuperar los niveles de noviembre de 2023. La disputa por el financiamiento universitario volverá al centro del debate con el tratamiento del Presupuesto 2027.

La pérdida de ingresos de los trabajadores universitarios se convirtió en uno de los principales indicadores del deterioro que atraviesa la educación superior desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Un nuevo informe elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) junto con el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) estimó que, entre 2024 y 2026, la reducción acumulada de la masa salarial del sistema alcanzará los $4,48 billones, a valores constantes de este año.

El relevamiento, correspondiente a su decimosexta edición y con datos salariales hasta septiembre de 2026, señala que las remuneraciones de docentes y nodocentes registraron una pérdida real del 24,3% desde noviembre de 2023. Aunque durante el último mes analizado se produjo una mejora del 1% en términos reales, el retroceso acumulado desde junio volvió a profundizarse y los ingresos necesitarían un aumento del 32% para recuperar su capacidad de compra previa al cambio de Gobierno.

La brecha entre precios y salarios explica buena parte de ese deterioro. Según el estudio, mientras la inflación acumulada desde noviembre de 2023 llegó al 344,4%, los haberes universitarios aumentaron un 236,6%. En septiembre, la actualización nominal fue del 3%, frente a una inflación del 1,9%, pero esa mejora puntual no alcanzó para revertir una tendencia que, de acuerdo con el informe, acumuló retrocesos reales en 21 de los últimos 23 meses.

La estimación sobre la masa salarial refleja el impacto económico de esa diferencia. FEDUN y el CIICTI calcularon una pérdida de $1,47 billones durante 2024 y de $1,61 billones en 2025, mientras que para 2026 proyectaron otros $1,39 billones. En conjunto, la contracción alcanzaría los $4,48 billones en tres años. El documento también advierte que el nivel salarial universitario permanece por debajo de los registros de 2002 y acumula una caída de 41 puntos respecto del máximo alcanzado en 2011.

El financiamiento, otra disputa con el Gobierno

El deterioro de los ingresos se inscribe en una discusión más amplia por los recursos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales. El informe sostiene que la ejecución presupuestaria proyectada para 2026 mantiene una reducción significativa frente a años anteriores: aunque estima una mejora real del 2,9% respecto del ejercicio previo, el financiamiento todavía se ubicaría un 21,9% por debajo de 2023 y un 32,8% por debajo de 2015.

De acuerdo con el registro, los recursos universitarios representarían el 0,535% del Producto Bruto Interno durante 2026, frente al 0,712% registrado en 2023. Para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario en el ejercicio actual, el Gobierno debería ampliar en $1,58 billones el crédito presupuestario vigente, según el cálculo de las entidades autoras.

La discusión se proyecta ahora sobre el Presupuesto 2027. Desde FEDUN advierten que la iniciativa oficial no contempla los recursos que las universidades consideran necesarios para garantizar su funcionamiento y anticipan nuevas acciones gremiales. Su secretario general, Daniel Ricci, confirmó que el sindicato realizará una vigilia frente al Congreso el próximo 25 de noviembre, durante el tratamiento legislativo del proyecto, con el objetivo de reclamar a diputados y senadores que rechacen la propuesta del Ejecutivo.

La convocatoria había sido prevista inicialmente para el 18 de noviembre, pero fue reprogramada. Ricci señaló que existe incertidumbre sobre el contenido definitivo de la iniciativa, debido a que las partidas todavía se encuentran sujetas a negociaciones y no había un dictamen cerrado al momento de sus declaraciones.

Paros y reclamos en las universidades

La protesta sindical también se expresa en medidas de fuerza impulsadas por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal nodocente, llevó adelante jornadas de paro sin asistencia a los lugares de trabajo y anunció nuevas acciones para reclamar recomposición salarial, actualización de los gastos de funcionamiento y cumplimiento efectivo de la ley de financiamiento.

A esos planteos se suma la exigencia de que se haga efectiva la recomposición salarial contemplada en la normativa y la medida cautelar judicial vinculada con las obligaciones del Estado hacia el personal universitario.

En este clima, las declaraciones del papa León XIV sobre la importancia estratégica de la educación superior y la ciencia también fueron incorporadas por las organizaciones gremiales a sus argumentos. Durante su presentación en el Palacio Libertad, el pontífice advirtió sobre las consecuencias de la emigración de jóvenes que deben abandonar su país para desarrollar sus proyectos profesionales, una reflexión que los sindicatos vincularon con la situación presupuestaria de las universidades y del sistema científico.

La discusión salarial es apenas la superficie de un problema mucho más profundo. Sin fondos suficientes, las universidades enfrentan serias dificultades para sostener sus aulas abiertas, evitar la fuga de talentos y dar continuidad a la investigación científica. A las puertas del debate por el Presupuesto 2027, el reclamo universitario obliga a definir cuál será el verdadero peso de la educación superior en la agenda fiscal del país.

Destacadas

Acueducto Gran Tulum: la jueza Lucero anuló parte del proceso y elevó la recusación al Tribunal de Impugnación

La investigación judicial por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum sufrió un retroceso procesal significativo. La jueza de Garantías Mónica Lucero declaró la nulidad de las actuaciones cumplidas desde el 13 de octubre de 2026, una resolución que dejó sin efecto las jornadas de formalización realizadas hasta el momento y postergó la imputación formal de las once personas investigadas.

La decisión fue comunicada este martes 17 de noviembre, durante la continuidad de la audiencia, al resolver parcialmente el pedido de nulidad absoluta presentado por las defensas.

El expediente deberá esperar ahora la intervención del Tribunal de Impugnación, que tendrá a su cargo determinar si Lucero permanece al frente de la causa o debe ser apartada.

El origen de la controversia está en una recusación promovida por los exfuncionarios Guillermo Nicolás Sirerol y Sergio Fabián Ruiz, representados por el abogado Nasser Uzair.

Ambos cuestionaron la continuidad de la magistrada a partir de una denuncia penal presentada contra ella, bajo el argumento de que esa circunstancia impedía que siguiera interviniendo en una investigación en la que están involucrados.

Sin embargo, el planteo tiene una particularidad jurídica: el Código Procesal Penal de San Juan establece que una denuncia contra el juez puede fundamentar una recusación cuando fue presentada antes del inicio del proceso. En este caso, la denuncia invocada por las defensas fue posterior.

El punto que terminó adquiriendo relevancia procesal fue la respuesta de Lucero del 13 de octubre. En aquella oportunidad, la jueza rechazó los argumentos y manifestó su voluntad de continuar en el expediente, pero esa contestación no fue remitida al Tribunal de Impugnación, como establece el procedimiento. Las defensas utilizaron esa omisión para fundamentar el pedido de nulidad.

Al resolver, la magistrada dispuso subsanar el trámite y enviar al tribunal superior el escrito de recusación, su respuesta y los antecedentes correspondientes. También ordenó comunicar la existencia del planteo al juez que podría reemplazarla, de acuerdo con el orden de subrogancia.

La investigación involucra a once personas, entre ellas el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac; el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino; y el diputado nacional Cristian Andino, quien presidió Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). También aparecen exautoridades del organismo y representantes de la empresa proveedora de los caños utilizados en la obra.

La continuidad del expediente dependerá de la resolución del Tribunal de Impugnación. Si confirma a Lucero, deberá convocarse nuevamente a la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria. Si dispone su apartamiento, la causa quedará a cargo del magistrado que corresponda según el régimen de subrogancias.

Por ahora, los once involucrados siguen sin imputación formal porque la audiencia no pudo completarse. Esta pausa no define si hubo o no irregularidades en el Acueducto Gran Tulum, pero vuelve a frenar una causa judicial clave para San Juan.

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Departamentales

Desde este miércoles el colectivo costará $1.530 en San Juan y aumentan los viajes al interior

El nuevo cuadro de la Red Tulum comenzará a regir este miércoles y se actualizará simultáneamente en todas las unidades mediante el sistema SUBE. Los pasajes de larga distancia superarán los $42.800, mientras que se mantendrán la gratuidad del boleto escolar, docente y del trasbordo.

Viajar en colectivo será más caro desde este miércoles 18 de noviembre en San Juan. La tarifa del transporte público para la primera sección, que comprende el Gran San Juan, pasará a costar $1.530 y el incremento se aplicará de manera simultánea en todas las unidades de la Red Tulum, una vez completada la actualización técnica del sistema SUBE.

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, confirmó la fecha de implementación y explicó que el procedimiento depende de Nación Servicios, organismo encargado de incorporar los nuevos valores a las máquinas validadoras. Según indicó, antes de habilitar el cobro se realizan pruebas para evitar fallas en la lectura y procesamiento de las tarjetas. «Impactan en todo el sistema», precisó el funcionario, al descartar una aplicación progresiva por líneas o recorridos. De esta manera, el cambio tarifario comenzará a regir en toda la red en una misma instancia, sin diferencias entre las unidades.

La suba alcanza también a los viajes interdepartamentales, con valores que varían según la distancia. En los trayectos más extensos, los pasajes superarán los $40.000, con tarifas que reflejan el costo de los desplazamientos hacia los departamentos más alejados del Gran San Juan.

El nuevo cuadro tarifario

Los valores informados por la Secretaría de Tránsito y Transporte para cada destino son los siguientes:

Destino
Tarifa
Primera sección (Gran San Juan)
$1.530
Albardón, Pocito y 9 de Julio
$2.562,77
San Martín y Angaco
$2.894,27
Caucete y 25 de Mayo
$4.182,02
Zonda
$4.195,67
Ullum
$5.826,79
Sarmiento
$6.171,04
Jáchal
$25.691,41
Valle Fértil
$38.530,73
Iglesia y Calingasta
$42.814,75

La actualización no modificará los beneficios de gratuidad vigentes. Continuarán sin costo el boleto escolar, el boleto docente y el trasbordo, de acuerdo con lo informado por las autoridades.

En este sentido, Molina se refirió a los cambios que se vienen ensayando en algunos recorridos para reducir los tiempos de viaje. Explicó que las modificaciones se evalúan mediante períodos de prueba de 60 días y advirtió que todavía no existen elementos suficientes para establecer conclusiones.

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Destacadas

UTA acordó con los empresarios y quedó desactivado el paro de colectivos en San Juan

El entendimiento establece el pago de $420.000 por trabajador, distribuidos en dos cuotas de $210.000 que se abonarán el 30 de noviembre y el 11 de diciembre. El acuerdo contempla diferencias salariales y conceptos adeudados entre mayo y agosto, y garantiza la continuidad del servicio, al menos por este conflicto.

La amenaza de una medida de fuerza en el transporte público sanjuanino quedó desactivada luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas del sector alcanzaran un acuerdo para cancelar parte de las obligaciones salariales pendientes. La propuesta presentada por los empresarios obtuvo el aval de la representación sindical y permitió cerrar, por el momento, una negociación que llevaba varias semanas sin resolución.

El acuerdo establece el pago de dos cuotas iguales de $210.000 para cada trabajador. La primera se hará efectiva el 30 de noviembre y la segunda el 11 de diciembre, hasta completar una suma de $420.000 por empleado. Los desembolsos incluyen diferencias no remunerativas correspondientes a mayo y junio, además de conceptos salariales y viáticos pendientes de julio y agosto.

La deuda acumulada había profundizado el malestar entre los choferes y las empresas nucleadas en la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). La falta de una propuesta que permitiera regularizar esos conceptos llevó al sindicato a endurecer su posición y a advertir que podía avanzar con medidas de fuerza si no se alcanzaba una respuesta satisfactoria.

La dimensión del reclamo había quedado expuesta horas antes del acuerdo, cuando Antonio Ruiz, secretario de Finanzas de UTA San Juan, explicó en declaraciones a la prensa que los montos adeudados variaban según la antigüedad y los días trabajados. De acuerdo con su descripción, el reclamo partía de aproximadamente $416.000, aunque en distintos casos podía ubicarse entre $430.000 y $480.000, con situaciones que alcanzaban los $500.000.

Entre los conceptos reclamados figuraba, además, una suma no remunerativa de $120.000.
En medio de las diferencias, la conducción gremial había resuelto ampliar las instancias de negociación y dejar de canalizar las conversaciones exclusivamente a través de ATAP, con la intención de avanzar en entendimientos directos con cada empresa. Ese endurecimiento había elevado la incertidumbre sobre la prestación del servicio, ante la posibilidad de que el conflicto derivara en una interrupción de los recorridos.

La oferta empresarial logró evitar el paro de transporte al definir fechas concretas de pago. Con esta medida, los usuarios mantienen el servicio activo y los choferes podrán recuperar el dinero reclamado, siempre y cuando las empresas respeten los plazos acordados.

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