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En un escenario de conflicto entre el Gobierno y los trabajadores, los sindicatos UDAP, UDA y AMET confirmaron su adhesión al paro general convocado por la CGT. A pesar de la conciliación obligatoria a nivel provincial, las organizaciones docentes priorizan la defensa de la educación pública, los salarios dignos y el financiamiento para las escuelas técnicas.

La jornada del jueves 10 de abril se perfila como un hito de alto voltaje político y social, con el paro nacional encabezado por la CGT y acompañado por múltiples gremios del arco educativo. En San Juan, UDAP, UDA y AMET —las tres principales entidades representativas del sector docente— anunciaron su adhesión a la medida de fuerza, que se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo. La decisión se produce en el marco de un creciente malestar sindical por la pérdida del poder adquisitivo, el congelamiento salarial, la precarización laboral y el vaciamiento presupuestario de la educación técnica.

La protesta se gestó en simultáneo con las disputas derivadas de la conciliación obligatoria vigente en la provincia, dictada por la Subsecretaría de Trabajo local desde el pasado 11 de marzo. Sin embargo, los gremios insisten en que se trata de dos escenarios jurídicamente diferenciados: una conciliación de alcance provincial frente a una huelga de escala nacional. La estrategia gremial se ampara en la legalidad de la convocatoria general dispuesta por la CGT, lo que permitiría a los sindicatos adherirse sin incurrir en sanciones formales. La lectura que subyace es política: el conflicto supera los márgenes del ámbito local para situarse en un plano más amplio de confrontación con las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

El trasfondo: salarios de indigencia y financiamiento en crisis

El núcleo del reclamo docente gira en torno a una agenda urgente y profundamente estructural: salarios que rozan la línea de la indigencia, jubilaciones empobrecidas, incumplimiento de paritarias y recortes en el envío de fondos para las escuelas técnicas. Desde la AMET, reiteraron la necesidad de que el Gobierno cumpla con lo establecido en la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional (N.º 26.058), que exige un financiamiento específico para estas instituciones. Su incumplimiento no solo compromete el funcionamiento cotidiano de los establecimientos, sino que también debilita el desarrollo productivo y tecnológico del país.

Por su parte, UDA alertó sobre la existencia de un piso salarial docente que, con cifras cercanas a los $500.000, se ubica peligrosamente por debajo de la línea de pobreza. En ese sentido, desde el gremio, resaltaron que la situación de los trabajadores de la educación y de los jubilados refleja un deterioro constante, que se agrava con la desactualización de las paritarias y la política de despidos en el sector público.

Desde UDAP, su secretaria general, Patricia Quiroga, enfatizó que la adhesión al paro está enmarcada dentro de la ley, en tanto se trata de una convocatoria nacional. En declaraciones a medios locales, remarcó que la medida responde a un cuadro de profunda injusticia social, donde los trabajadores son los principales perjudicados por un modelo económico excluyente.

Un paro que interpela a la sociedad

La dimensión del paro del 10 de abril trasciende lo meramente gremial. Se trata de una interpelación directa a la sociedad sobre el modelo de país que se está construyendo: uno donde la educación, lejos de ser una prioridad, aparece relegada a un rol marginal. La protesta convoca no sólo a los docentes, sino también a las familias, los estudiantes y la ciudadanía en general, quienes deberán preguntarse si el rumbo actual garantiza derechos o los desmantela.

Cabe recordar que, si bien la mayoría del personal docente sanjuanino se plegará a la huelga, algunos educadores podrían optar por dictar clases, lo que generará una situación dispar y confusa en las aulas. En ese contexto, muchas familias se ven obligadas a consultar con las instituciones educativas para confirmar si habrá actividad escolar el jueves.

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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.

Metodología de Censura

Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.

En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.

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Judiciales rechazó el aumento salarial y ratificó el paro para este viernes

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) rechazó el aumento salarial del 2,2% otorgado por la Corte Suprema de Justicia y ratificó el paro nacional de 24 horas para este viernes 13 de junio.

La UEJN, liderada por Julio Piumato, consideró que el aumento salarial del 2,2% es insuficiente y no responde a las necesidades de los empleados judiciales. El gremio denunció que, con este incremento, «nos siguen ajustando» y ratificó el paro nacional como medida de protesta.

Un Plan de Lucha que Continúa

La UEJN viene sosteniendo un plan de lucha en el sector desde el año pasado, y advierte que, desde la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, la Justicia atraviesa un fuerte ajuste en sus partidas presupuestarias y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios alcanzó más del 32%. El gremio ya había realizado un paro el viernes pasado y una serie de actividades durante esta semana, incluyendo banderazos en todo el país y un acto de apoyo a la Justicia del Trabajo.

Rechazo al Traspaso del Fuero

Además, la UEJN expresó su rechazo al traspaso del fuero laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que consideran un ataque a la Justicia del Trabajo. El gremio busca defender los derechos de los trabajadores y garantizar la independencia del Poder Judicial.

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Alfredo Duarte: “El Gobierno impone un techo salarial injusto mientras libera los precios”

En diálogo con Mundo Laboral, Alfredo Duarte, titular de ATSA Sanidad San Juan y dirigente nacional del sector, se refirió con firmeza a la situación crítica que atraviesan los trabajadores de la sanidad especialmenete en el sector privado. Con aumentos prácticamente congelados y una inflación en alza, Duarte advirtió que se acumula un atraso salarial que supera el 8% y denunció una política nacional que, según sus palabras, “ahoga al trabajador mientras beneficia al capital”.

Paritarias intervenidas y salarios congelados

Duarte señaló que el mayor problema en el país se da en el sector privado de la sanidad, donde se está impidiendo una negociación salarial libre. Según explicó, existe una decisión política del presidente Javier Milei de imponer un techo del 1% a los incrementos salariales, lo que limita severamente la posibilidad de discutir en paritarias condiciones justas de trabajo. “No se puede pretender fijar los salarios de los trabajadores y al mismo tiempo dejar librados los precios al mercado. Es una medida totalmente injusta”, expresó.

Duarte remarcó que el atraso salarial ya alcanza un 8%, al sumarse la pérdida acumulada de los meses anteriores con el último índice inflacionario del 2,8% correspondiente al período vencido.

Una brecha cada vez más insostenible

Además, cuestionó la postura de las patronales del sector privado, quienes —amparadas en la directiva nacional— se niegan a ofrecer aumentos salariales, mientras exigen a las obras sociales incrementos de hasta un 30% por las prestaciones médicas. “Yo administro una obra social y veo cómo los prestadores privados nos piden incrementos del 20 al 30%. ¿De dónde quieren que salga ese dinero si no actualizan los salarios?”, cuestionó Duarte.

En este marco, denunció que hay sectores que buscan “salvarse solos”, trasladando el costo de la crisis a los trabajadores. “Al final del camino, siempre pagamos los mismos: los trabajadores y quienes menos tienen. Las medidas del Gobierno nacional lo dejan muy claro”, sentenció.

El gremio se mantiene en alerta

Duarte anticipó que, si no hay respuestas concretas, el Consejo Directivo Nacional del gremio, encabezado por Héctor Daer, evaluará nuevas medidas de fuerza. “Vamos a seguir insistiendo. Es urgente ajustar los salarios a la realidad que estamos viviendo”, afirmó.

El dirigente también remarcó que los aumentos obtenidos en el sector privado han sido mínimos, y que no alcanzan siquiera para sostener el poder adquisitivo frente al costo de la canasta básica.

Apoyo a la suspensión de artículos del DNU atihuelga

Finalmente, Duarte se refirió a la decisión judicial conocida en las últimas horas, que ratificó la suspensión de los artículos del DNU 340/20 relacionados con la antigüedad laboral. Aseguró que fue un fallo importante que reivindica los derechos constitucionales de los trabajadores. “El sindicato, a través de Héctor Daer, hizo una presentación a nivel nacional porque se estaban cercenando derechos fundamentales. Cuando no hay diálogo, la justicia debe actuar para frenar la opresión del capital”, sostuvo.

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