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El Sindicato Jerárquico Minero organizó una charla–debate en San Juan con la participación de dirigentes nacionales de la CTA Autónoma. El encuentro puso en el centro la defensa de los derechos laborales, la organización colectiva y la unidad del movimiento obrero frente al avance del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

En el marco de una demandada agenda de acciones gremiales contra la reforma laboral, el Sindicato Jerárquico Minero (ASIJEMIN) realizó este miércoles en su sede central de San Juan una charla–debate destinada a analizar los alcances del proyecto que impulsa el Gobierno nacional y a fortalecer la organización de las y los trabajadores frente a un escenario que consideran regresivo.

La actividad reunió a trabajadores mineros, dirigentes sindicales y referentes políticos y sociales, y se inscribió en una estrategia más amplia de formación, concientización y construcción colectiva que ASIJEMIN viene desarrollando en el territorio. Desde el sindicato advirtieron que las modificaciones propuestas implican un retroceso histórico en materia de derechos laborales, con impactos directos sobre la estabilidad, las condiciones de trabajo y la negociación colectiva.

El titular nacional de los jerárquicos mineros, Marcelo Mena, abrió la jornada destacando la importancia de generar estos espacios de debate en un contexto de ofensiva sobre las conquistas del movimiento obrero. Subrayó que ASIJEMIN sostiene una línea de trabajo basada en la participación activa de las bases, la articulación con otros sindicatos y una clara vocación de unidad.

Mena remarcó que el sindicato adhiere plenamente a lo resuelto en el plenario conjunto de las dos CTA y sostuvo que el proyecto de reforma laboral “viene a destruir derechos conquistados en casi un siglo de luchas sindicales”. En ese sentido, llamó a profundizar la organización y la movilización: “Esto no solo debe convocarnos a defender lo que tenemos, sino a salir a luchar para conquistar nuevos derechos”.

En su intervención, también planteó la necesidad de avanzar hacia un sindicalismo de nuevo tipo, que ponga en el centro la dignidad humana por sobre la lógica del capital, y propuso discutir iniciativas como la reducción de la jornada laboral y la mejora sustancial de los salarios, incluso con participación de los trabajadores en las ganancias.

Respaldo del movimiento obrero nacional

La jornada contó con la participación del secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, quien realizó un análisis de la situación político y laboral nacional y advirtió sobre las consecuencias que tendría la aprobación de la reforma. Godoy señaló que el proyecto forma parte de una ofensiva más amplia contra los derechos de la clase trabajadora y llamó a construir poder popular organizado para enfrentarla.

“Cuando el pueblo fue protagonista —el 17 de Octubre, el Cordobazo o en 2001— fue capaz de cambiar la historia”, afirmó, al tiempo que destacó las experiencias provinciales que, como la de San Juan, expresan la voluntad de construir un sindicalismo con fuerte anclaje territorial y protagonismo de las bases.

Godoy también alertó sobre las presiones externas que rodean el debate parlamentario y sostuvo que funcionarios de la embajada de Estados Unidos mantienen gestiones con legisladores y gobernadores para garantizar los votos necesarios que permitan avanzar con las reformas impulsadas por el oficialismo.

La batalla que viene

Por su parte, Ernesto “Kiki” Trigo, secretario general del Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero y dirigente de la CTA Autónoma, remarcó la importancia de llevar el debate a cada lugar de trabajo y de informar con claridad a las y los trabajadores sobre el verdadero alcance del proyecto. “Es una reforma que nos retrotrae cien años en materia de contrato de trabajo”, advirtió, en referencia al tratamiento previsto en el Senado el próximo 11 de febrero.

Durante el encuentro también participaron dirigentes sindicales y referentes de organizaciones sociales y políticas de la provincia, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento obrero como herramienta central para resistir el ajuste.

La actividad organizada por ASIJEMIN en San Juan dejó un mensaje contundente: frente al avance de una reforma laboral considerada regresiva, la respuesta pasa por más organización, más debate y más unidad. Con fuerte respaldo del sindicalismo nacional y una clara definición política, el gremio minero se posiciona como un actor activo en la resistencia, apostando a la construcción colectiva y a la defensa integral de los derechos laborales en un momento clave para el futuro del trabajo en la Argentina.

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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país

El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.

El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.

La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.

La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.

En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.

Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones

La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.

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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes

El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.

Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.

Una inversión de $28.011 millones

La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.

Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.

En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.

La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.

Más capacidad y conectividad para la red

El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.

La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.

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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027

Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.

El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.

Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes

La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.

Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.

Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.

Cautela para el cierre de 2026

Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.

Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.

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