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La aplicación de la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el sector empresarial no es, en este contexto, un mero instrumento de pacificación; se revela como una maniobra que limita el ejercicio del derecho a la protesta. Con el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 10 de abril, se impone una disyuntiva que pone en jaque la credibilidad del aparato estatal y la autonomía sindical: ¿cómo justificar la imposición de una tregua en un momento en que la reivindicación laboral demanda una respuesta contundente?

Un marco legal sometido a doble discurso

La conciliación obligatoria, normada por la Ley 14.786, se plantea como un mecanismo para detener el avance de acciones disruptivas y forzar el diálogo. Sin embargo, en la práctica, esta herramienta se transforma en un instrumento coercitivo que amarra a los sindicatos a una interpretación parcial de la ley. El Gobierno, al sostener que la UTA se encuentra imposibilitada de adherirse al paro general, recurre a un argumento que, lejos de promover el consenso, se traduce en una limitación directa del derecho a huelga consagrado en el art. 14 bis de la Constitución. Esta postura, además de evidenciar una preocupante interferencia en la autonomía gremial, expone una contradicción: se busca mantener una “paz social” mientras se silencia la legítima protesta ante políticas económicas impopulares y medidas de ajuste que afectan a miles de trabajadores.

La UTA en el ojo del huracán: entre la cautela y la resistencia

En medio de este escenario, la UTA se encuentra atrapada en una encrucijada insostenible. Por un lado, la amenaza de sanciones —como la suspensión de su personería gremial— se cierne sobre el sindicato, restringiendo su capacidad de actuar en defensa de sus afiliados. Por otro, la presión interna y la necesidad de enfrentar una política estatal cada vez más intervencionista exigen una respuesta firme que no se doblegue ante imposiciones arbitrarias. Los juristas y especialistas en derecho laboral critican duramente la postura gubernamental, calificándola de restrictiva y carente de fundamento, al olvidar que el derecho a huelga es un pilar inamovible de la democracia laboral y un derecho humano reconocido por organismos internacionales.

En síntesis, la disputa en torno a la conciliación obligatoria y el derecho a huelga trasciende el conflicto particular de la UTA y se inscribe en un debate más amplio sobre la intervención estatal en el ámbito sindical. La decisión que tome la UTA no solo definirá su posición en el panorama del transporte, sino que tendrá repercusiones en la manera en que se entiende y se practica la protesta. En un contexto de tensiones crecientes y políticas de ajuste que golpean a los sectores más vulnerables, la imposición de un mecanismo que constriñe la acción sindical resulta, a todas luces, un artificio que amenaza con minar la lucha legítima por mejores condiciones laborales y sociales.

Este episodio podría, sin duda, sentar un precedente peligroso: el de normalizar restricciones que, en última instancia, debilitan la capacidad de resistencia y negociación de los trabajadores frente a un poder estatal que, cada vez más, recurre a herramientas legales para silenciar la disidencia.

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Sectores de discapacidad se movilizan este martes contra el veto presidencial

Diferentes sectores ligados a la discapacidad se concentraron en la Plaza San Martín para reflejar la precaria situación que atraviesan usuarios y prestadores. La sesión en el Senado que tratará el veto a la Emergencia en Discapacidad comenzó con la expectativa de que se rechace el veto presidencial y se apruebe la ley.

La movilización fue un llamado a la acción para que el gobierno entienda la importancia del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Fernando Flores, kinesiólogo perteneciente a la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), expresó que «estamos a la espera de que se rechace el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad».

Flores destacó que la situación actual es crítica, con muchas dificultades para sostener los servicios, escuelas especiales al borde del cierre y centros educativos terapéuticos en una situación similar. «Al día de hoy tenemos muchísima dificultad para sostener los servicios, las escuelas especiales están al borde del cierre y los centros educativos terapéuticos también», afirmó.

La sesión en el Senado que trata el veto a la Emergencia en Discapacidad es un paso crucial para determinar el futuro del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Los sectores ligados están trabajando juntos para lograr que se rechace el veto presidencial y se apruebe la ley.

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Trabajadores del PAMI unen fuerza en defensa de sus derechos

En una coyuntura de fuerte deterioro salarial, los principales sindicatos que representan a los trabajadores del PAMI lograron un histórico acuerdo para coordinar acciones conjuntas en defensa de las condiciones laborales y en reclamo de una recomposición salarial. La unidad sindical es el resultado de un proceso de articulación y consensos alcanzados entre las organizaciones.

La seccional CABA del Sindicato Único de Trabajadores del PAMI (SUTEPA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI) declararon el estado de alerta y movilización permanente en reclamo de una recomposición salarial digna. Los empleados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados no reciben incrementos desde hace diez meses, mientras la inflación interanual supera el 120%.

«La situación es insostenible», remarcaron desde los gremios. «No pedimos ganar más, pedimos dejar de perder». La unidad sindical es el resultado de un proceso de articulación y consensos alcanzados entre las organizaciones, que buscan exigir la apertura de paritarias y establecer un plan de lucha común.

 La acción mancomunada incluirá medidas a coordinar en los próximos días. Los gremios están decididos a dar batalla por una recomposición salarial digna y a defender los derechos laborales de los trabajadores del PAMI.

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La caída del salario mínimo afecta a millones de trabajadores en Argentina

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina perdió un 30% de su poder adquisitivo en lo que va de la gestión de Javier Milei, según datos del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA). Actualmente, el SMVM se encuentra en $322.200 brutos, lo que lo ubica por debajo de la jubilación mínima y representa una caída histórica que lo deja en el nivel real más bajo en décadas.

La situación del SMVM es crítica. No solo se encuentra por debajo de los $390.277,17 que perciben los jubilados con haber mínimo y bono, sino que también acumula una caída del 43,4% en comparación con noviembre de 2019 y del 56,7% en comparación con 2015. Según el informe del CIFRA, si no hubiese perdido capacidad de compra durante la última década, hoy superaría los $740.000.

La pérdida de poder adquisitivo del SMVM tiene un impacto directo en los trabajadores mensualizados o jornalizados que cobran menos del piso salarial, y de forma indirecta en el 40% de asalariados que se desempeñan en la informalidad. Además, los acuerdos del Consejo del Salario terminaron sin consenso y las actualizaciones fueron definidas por la Secretaría de Trabajo, con subas alineadas a la propuesta empresarial, insuficientes para compensar la devaluación y la inflación.

La comparación con la línea de pobreza expone aún más la gravedad de la situación. En julio, una familia tipo necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir la canasta básica. De este modo, el SMVM dejó de cumplir las funciones que establece la Ley de Contrato de Trabajo: garantizar alimentación, vivienda, salud, educación y un piso de dignidad.

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