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Un fallo determinó que la transformación en Sociedad Anónima de la banca pública no puede hacerse, y debe ser autorizada por el Congreso, lo que le pone un freno al ingreso de capitales privados. “Es trascendental”, dijo el titular del gremio Arturo Quiñoa.

El juez Ramos Padilla determinó que cualquier intento de privatización del Banco Nación estará sujeto a la aprobación legislativa.

El Juzgado Federal N° 2 de La Plata, bajo la subrogancia del juez Alejo Ramos Padilla, emitió un fallo que refuerza la protección jurídica del Banco de la Nación Argentina (BNA) frente a intentos de privatización. La decisión se dio en respuesta a una acción legal presentada por trabajadores de la entidad, quienes buscaron frenar lo que consideraban una privatización encubierta, impulsada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023 y una resolución del directorio del banco que habilitaba la contratación de asesoría privada para tal proceso.

El juez Ramos Padilla estableció que ni el DNU ni la Resolución 348 del BNA facultan al Poder Ejecutivo a modificar la situación jurídica del Banco Nación, un cambio que solo puede efectuarse mediante la sanción de una ley formal por el Congreso de la Nación. Esta aclaración se basó en la Ley 27.742, conocida como «Ley de Bases», que en su versión original incluía la posibilidad de privatizar la entidad bancaria, pero que finalmente fue modificada para excluir al BNA de dicha medida.

En el fallo, el magistrado destacó que la voluntad del Congreso, reflejada en el debate legislativo, fue clara al decidir que el Banco Nación no debía ser sujeto de privatización. Este proceso involucró la participación de diversos actores políticos, lo que, según Ramos Padilla, excede el ámbito judicial y confirma que solo el Congreso tiene la potestad de decidir el futuro de la entidad.

Los artículos del DNU 70/2023, que el Banco Nación interpretaba como base para su transformación en sociedad anónima, fueron rechazados por el juez, quien señaló que esa interpretación no es viable tras la sanción de la Ley de Bases. Además, recordó que el propio Poder Ejecutivo, en actos gubernamentales posteriores, también reconoció que cualquier modificación en la estructura jurídica del BNA debe pasar por el Congreso.

La resolución judicial también revisó la cuestionada contratación de un estudio jurídico privado para avanzar en la privatización del banco. Ramos Padilla observó que, aunque la Carta Orgánica del BNA permite en situaciones excepcionales este tipo de contrataciones, la medida fue prematura y contraria a los principios de austeridad en el uso de recursos públicos establecidos por el DNU. En este sentido, destacó que la entidad tenía la opción de solicitar asesoramiento al Cuerpo de Abogados del Estado (CAE) y otros organismos públicos, quienes podrían haber corroborado la necesidad de una ley del Congreso para llevar adelante cualquier proceso privatizador.

Por otro lado, el juez concluyó que la controversia sobre la Resolución 348, debido al agotamiento de sus efectos, ya no tiene relevancia judicial, y por ello declaró abstracta la causa en ese punto. Sin embargo, dejó en claro que cualquier intento futuro de avanzar en la privatización del Banco Nación deberá necesariamente ser aprobado por el Congreso Nacional.

La decisión judicial representa un revés para quienes impulsaban la reestructuración del BNA en una sociedad anónima, destacando la centralidad del Congreso en decisiones de tal magnitud. El Poder Ejecutivo, en tanto, a través de su representación legal, había coincidido con la necesidad de una ley específica para modificar el estatus del Banco Nación, posición respaldada por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y el Subprocurador, Marcos Serrano.

Este fallo genera un precedente importante en torno a la preservación del carácter público del Banco de la Nación Argentina, una entidad que ha jugado un rol fundamental en el sistema financiero y económico del país desde su creación. La decisión también arroja luz sobre los límites del uso de decretos y resoluciones para avanzar en políticas de privatización sin el debido respaldo legislativo.

A pesar de la resolución judicial, el debate sobre la gestión y futuro del Banco Nación sigue abierto en el ámbito político. Diversos sectores continúan evaluando posibles reformas, mientras que la intervención del Congreso será clave en cualquier proceso futuro que busque modificar el carácter de la entidad bancaria.

Fuente: Data Clave

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Trabajadores del INTI marcharán al Congreso ante sesión del Senado

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) decidieron marchar al Congreso si el Senado convoca a sesión este jueves, en el marco de la discusión sobre el decreto DNU 462/25 que afecta al organismo.

En una asamblea realizada este martes 12 de agosto, los trabajadores del INTI definieron su estrategia para defender el organismo frente al decreto que pone en riesgo su existencia y la continuidad de más de mil puestos de trabajo. La decisión de movilizarse al Congreso dependerá de si el Senado decide sesionar este jueves.

En caso de que el Senado no sesione el jueves, los trabajadores realizarán una conferencia de prensa frente a la sede central del INTI, invitando a otros sectores afectados como trabajadores de Vialidad Nacional, del Hospital Garrahan y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La situación del INTI sigue siendo preocupante. Los trabajadores están decididos a defender su organismo y su fuente de trabajo mediante movilizaciones y acciones de visibilidad, dependiendo de las decisiones legislativas.

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El Gobierno homologó la paritaria de la UOM después de dos meses de tensiones

La Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano dispuso la homologación del acuerdo paritario firmado el 4 de junio por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las principales cámaras empresarias del sector, después de un proceso repleto de dilaciones políticas y tensiones con los actores del sector.

La homologación del acuerdo paritario se produjo mediante la disposición oficial correspondiente al expediente EX-2025-60415901, la cual fue emitida por la Secretaría de Trabajo. Este pacto, que había sido objeto de resistencia durante semanas por sectores internos del Gobierno y del empresariado, incluye un incremento salarial del 7,6% para el período abril-agosto, desglosado en cinco etapas consecutivas, junto con 5 sumas fijas no remunerativas de $30.000 para abril y $25.000 en los meses siguientes.

El secretario general de la UOM, Abel Furlán manifestó que la paritaria se desarrolla en medio de un proceso acelerado de «desindustrialización», vía apertura de importaciones y cierre de pequeñas y medianas empresas. El titular de la UOM alertó que en el primer semestre se incrementaron un 60% las importaciones de metales provenientes de China, lo que contribuye al ingreso masivo de «productos terminados» y acelera el cierre de pymes.

Además, el sindicalista cuestionó la política de precios y el tipo de cambio, proponiendo una corrección de precios relativos antes que una nueva devaluación. También reclamó la intervención estatal en los precios de los insumos industriales, que tienen un «impacto significativo» sobre la cadena productiva.

Por último, el dirigente sindical advirtió sobre la falta de agenda nacional frente a los cambios que impone la inteligencia artificial. «Del 100% de los puestos de trabajo que está generando la inteligencia artificial, el 46% se lo está quedando China», aseguró, y lamentó que «la Argentina no tiene estrategia para eso», en un contexto global donde la competencia por el trabajo calificado se vuelve cada vez más intensa.

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La venta de combustible en junio registró una fuerte caída del 4,6% en todo el país

La venta de combustible al público en todo el país totalizó los 1.357.068 metros cúbicos en junio, lo que representó una baja de 4,6% respecto a mayo previo, según la Secretaría de Energía. Este descenso se atribuye al menor ritmo de actividad, la suba de precios en el surtidor y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos.

El expendio de naftas exhibieron una suba del 5% interanual, explicado principalmente por el incremento en el segmento premium (16,6%) aunque la súper también mostró subas del (1,5%). Por su parte, las ventas de gasoil presentaron alzas del 1,3% interanual con una performance mixta: el combustible premium se acrecentó 13.4% mientras que el común retrocedió 4,6%. Es importante destacar que el consumo de combustibles es un signo claro de la actividad económica.

En junio de este año, 11 de las 24 jurisdicciones subnacionales presentaron subas interanuales: lideraron Buenos Aires (11,5%), San Juan (11,4%) y Chubut (7,3%). En el extremo opuesto, fueron 13 los distritos que registraron caídas interanuales en junio, con La Rioja y Tucumán presentando los descensos más fuertes, llegando al doble dígito en esos casos. La nafta tuvo predominio en las ventas en 20 de las 24 jurisdicciones subnacionales, con picos de concentración en CABA (77,7% del total).

Conclusión: Panorama Complejo de la Venta de Combustible en Argentina

La venta de combustible en Argentina en junio muestra una caída mensual del 4,6%, pero una leve mejora interanual del 3,3%. Las ventas de naftas y gasoil presentan desempeños mixtos, con incrementos en el segmento premium y retrocesos en el común. El desempeño por provincias muestra una gran variabilidad, con algunas jurisdicciones presentando subas interanuales y otras caídas.

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