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El Ejecutivo nacional oficializó la venta de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en la cuenca del río Limay y Neuquén. La medida, publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en el plan de privatizaciones impulsado por el presidente Javier Milei para reducir la participación estatal en el sector energético. El proceso será nacional e internacional, con la totalidad del paquete accionario en oferta, y marca un hito en la política de desestatización del Gobierno.

La norma, publicada en el Boletín Oficial, dispone la difusión del llamado durante tres días consecutivos tanto en el Boletín como en los portales oficiales CONTRAT.AR, DGMarket (Banco Mundial) y la Secretaría de Energía, con el objetivo de garantizar transparencia y concurrencia internacional.

El proceso se inscribe en la política de privatización y desinversión estatal que impulsa el presidente Javier Milei, en el marco de su programa de “reconversión del Estado empresario” y apertura de sectores estratégicos a capital privado.

Según fuentes oficiales, el Gobierno busca “mejorar la eficiencia y la competitividad del sistema eléctrico”, reduciendo costos de operación y trasladando las inversiones de mantenimiento y modernización a empresas privadas, nacionales o extranjeras.

Las represas en detalle

Alicurá

Ubicada sobre el río Limay, entre las provincias de Neuquén y Río Negro, fue inaugurada en 1985. Tiene una potencia instalada de 1.000 MW, con una presa de 110 metros de altura y un embalse de más de 3.000 hectáreas. Es considerada la primera gran represa del complejo Limay y una de las que mayor aporte realiza al sistema interconectado.

El Chocón

Inaugurada en 1973, también sobre el río Limay, en territorio neuquino–rionegrino. Su potencia instalada alcanza los 1.200 MW. Fue construida por la empresa estatal Hidronor durante la década del ’60, y por años se la consideró “la obra del siglo” por su impacto en el desarrollo energético y en el control de crecidas del río.

Cerros Colorados

Ubicado sobre el río Neuquén, este complejo comprende tres obras principales: Los Barreales, Portezuelo Grande y El Chañar, con una potencia conjunta de 480 MW. Además de generación eléctrica, cumple un rol clave en el riego del Alto Valle y en la regulación del caudal del río. Es uno de los proyectos hidroeléctricos más antiguos de la región, finalizado a comienzos de los años ochenta.

Piedra del Águila

La más moderna de las cuatro, fue inaugurada en 1993. Se ubica también sobre el río Limay y tiene una potencia instalada de 1.400 MW, lo que la convierte en la segunda represa más potente del país, solo detrás de Yacyretá. Su embalse, de unos 20.000 hectáreas, se extiende entre las provincias de Neuquén y Río Negro.

En conjunto, estas cuatro centrales aportan cerca del 25 % de la energía hidroeléctrica del país y son esenciales para el abastecimiento del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Además, constituyen un eje de desarrollo estratégico para la Patagonia norte.

Del fin de las concesiones a la privatización

Las concesiones originales de estas represas, otorgadas en los años noventa durante el proceso de privatización del gobierno de Carlos Menem, vencieron entre 2023 y 2025.
Tras su vencimiento, el Estado nacional, a través de Energía Argentina (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA), asumió temporalmente la administración de los complejos, bajo un esquema de “reversión” al dominio público, con el objetivo de definir un nuevo marco de gestión.

Sin embargo, con la llegada de Milei a la Presidencia y la orientación de reducción del Estado empresario, la reversión dio paso a una nueva ola privatizadora, esta vez con la venta total del capital accionario de las sociedades controlantes.
El Ejecutivo argumenta que la operación permitirá “atraer inversiones, garantizar eficiencia operativa y generar ingresos fiscales”, aunque evita precisar montos estimativos de la venta.

Reacciones políticas y provinciales

El anuncio provocó reacciones inmediatas en las provincias de Neuquén y Río Negro, donde los gobiernos locales habían solicitado una participación directa en la gestión futura de los embalses, bajo el argumento de que los recursos hídricos son de dominio provincial según la Constitución de 1994.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, manifestó su “preocupación” y adelantó que pedirá la revisión del esquema de privatización para garantizar que la energía generada “beneficie también a las regiones productoras”.

Desde el ámbito sindical, la Asociación de Trabajadores de la Energía (APSEE) y gremios del sector alertaron sobre el riesgo de pérdida de soberanía energética y el posible impacto en los puestos de trabajo de las plantas. También cuestionaron que el Estado ceda activos que ya están amortizados y en plena producción, lo que podría implicar una transferencia patrimonial significativa al sector privado.

La venta de las centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila representa uno de los movimientos más significativos del Gobierno de Javier Milei en su política de desestatización.

Estas represas no solo son estratégicas por su peso en la generación eléctrica, sino también por su valor simbólico: fueron emblemas del desarrollo estatal y regional durante más de medio siglo.

El proceso abre un debate profundo sobre el modelo energético y la soberanía sobre los recursos hídricos, en un contexto donde la Nación busca recaudar fondos y liberar responsabilidades operativas, mientras las provincias reclaman su rol constitucional.
Entre la promesa de eficiencia y el temor a la pérdida de control, la venta de las represas patagónicas se perfila como un nuevo punto de inflexión en la historia energética argentina, con impacto político, social y territorial de largo alcance.

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Docentes universitarios profundizan la protesta y convocan a un paro desde el 30 de septiembre

Universidades: rechazo al 3%, nuevo paro y una quinta Marcha Federal en octubre
Paritaria universitaria: los docentes reclaman una recomposición del 33,4%
El conflicto universitario suma otro paro y queda atravesado por una disputa judicial
Universidades nacionales: paro desde el miércoles y presión para aplicar la Ley 27.795
Docentes universitarios vuelven al paro antes de la Marcha Federal de octubre

CONADU resolvió un paro total de actividades de entre 48 y 72 horas desde el miércoles 30 de septiembre. La medida quedó condicionada a que el Gobierno aplique antes del martes 29 la recomposición salarial que los gremios reclaman en el marco de la Ley 27.795. La disputa también llegó a la Justicia, que intimó al Ejecutivo a cumplir una cautelar en cinco días.

La huelga, sin embargo, quedó sujeta a una condición: los gremios anticiparon que podría levantarse si el Gobierno nacional efectiviza antes del martes 29 la recomposición salarial del 33,4% que reclaman en aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La última propuesta oficial había sido del 3%, porcentaje rechazado por las organizaciones sindicales.

La Ley 27.795, sancionada en 2025 luego de que el Congreso insistiera con dos tercios de los votos frente al veto presidencial, establece en su artículo 5 la actualización de los salarios docentes y no docentes tomando como referencia la variación del IPC desde diciembre de 2023. También dispone actualizaciones periódicas en las negociaciones paritarias. El artículo 6 establece la recomposición de las becas estudiantiles según la evolución de los precios.

La disputa incorporó en los últimos días un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó al Estado nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vinculada con los artículos 5 y 6 de la ley, bajo apercibimiento de aplicar multas por cada jornada de demora.

El Gobierno, en cambio, sostiene que ya cumplió con la cautelar y anunció que apelará la última resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La controversia judicial se suma así a una negociación paritaria que permanece sin acuerdo.

Para Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, la respuesta sindical debe sostener la organización colectiva frente a la fragmentación que, según afirmó, caracteriza el momento político y laboral. Su planteo acompañó la decisión de profundizar las medidas hasta la próxima movilización nacional.

El paro se inscribe además en una secuencia de protestas que tendrá otro punto central el 15 de octubre, cuando se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria. Los gremios prevén llevar allí el reclamo salarial, la aplicación de la Ley 27.795 y la discusión sobre el financiamiento de las universidades en el Presupuesto 2027.

De este modo, el conflicto universitario llega a una nueva instancia con tres frentes simultáneos: una paritaria sin acuerdo, una disputa judicial por la aplicación de una ley sancionada por el Congreso y un calendario gremial que se extenderá hasta octubre. La definición sobre el aumento salarial antes del martes 29 determinará si el paro comienza el miércoles o si las partes encuentran una salida de último momento.

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CGT, 96 años: nació en medio de un golpe y convirtió la unidad sindical en una herramienta de poder

La Confederación General del Trabajo fue creada el 27 de septiembre de 1930, pocas semanas después del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. Su origen fue el resultado de un acuerdo entre corrientes sindicales que mantenían profundas diferencias y que entendieron que la fragmentación debilitaba su capacidad de representación. La central atravesó rupturas, dictaduras, proscripciones y reunificaciones hasta convertirse en una de las instituciones centrales de la vida laboral y política argentina.

Pero el golpe no creó la necesidad de una central obrera. La discusión sobre la unidad sindical venía de antes. Durante las décadas previas, el movimiento obrero había construido una extensa red de sindicatos, federaciones y centrales atravesadas por diferencias profundas sobre la relación con el Estado, los partidos políticos, la huelga y el papel de las organizaciones de trabajadores.

En la década de 1920 convivían distintas tradiciones. La Confederación Obrera Argentina (COA) reunía principalmente a sindicatos de orientación socialista; la Unión Sindical Argentina (USA) expresaba la tradición sindicalista revolucionaria; la FORA mantenía la influencia anarquista, mientras los comunistas desarrollaban sus propias estructuras. No se trataba de matices dentro de una misma corriente, sino de concepciones diferentes acerca de la organización y la acción obrera.

La idea de construir una organización común comenzó a ganar fuerza antes del golpe. La Federación Obrera Poligráfica Argentina (FOPA) había impulsado desde 1927 una propuesta de unidad que buscaba reunir a las principales expresiones sindicales. La fragmentación, frente a un empresariado organizado y a un Estado que podía recurrir a la represión, comenzaba a ser percibida por distintos dirigentes como una limitación concreta para defender intereses comunes.

El 6 de septiembre de 1930 cambió las condiciones políticas. La interrupción del orden constitucional, la persecución de organizaciones obreras y el avance del desempleo en medio de la crisis económica internacional aceleraron aquellas conversaciones. Tres semanas después, el 27 de septiembre, delegados de la COA y la USA conformaron una nueva central y adoptaron el nombre de Confederación General del Trabajo de la República Argentina. El primer secretario general fue el dirigente ferroviario Luis Cerutti.

La nueva organización no representó a todas las corrientes del movimiento obrero. La FORA anarquista permaneció fuera de aquella construcción y los comunistas conservaron estructuras propias. Por eso, la fundación de la CGT no significó el final de las diferencias: fue, en realidad, el comienzo de una experiencia de unidad que durante décadas tendría que atravesar nuevas fracturas y acuerdos.

Tampoco existió una institucionalización inmediata. La central funcionó durante sus primeros años con una estructura todavía en proceso de consolidación y recién entre el 31 de marzo y el 2 de abril de 1936 realizó su Congreso Constituyente. La documentación histórica del Ministerio de Trabajo señala precisamente ese intervalo de casi seis años entre la creación de la central y su organización formal.

En 1935, además, la disputa interna desembocó en una nueva fractura. Los socialistas ganaron peso en la conducción y los sindicalistas que habían encabezado inicialmente la central quedaron desplazados. La división derivó en la existencia de dos CGT y volvió a demostrar que la unidad alcanzada en 1930 no era irreversible.

El proceso adquirió otra dimensión a partir de 1943. El golpe que derrocó a Ramón Castillo abrió una etapa en la que Juan Domingo Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, construyó una relación cada vez más estrecha con importantes organizaciones sindicales. La CGT se convirtió en un actor central de esa transformación y llegó al 17 de octubre de 1945 con una capacidad de movilización que la colocaría en el centro de la escena política nacional.

La movilización de aquel día, protagonizada por miles de trabajadores que confluyeron en Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Perón, marcó un punto de inflexión. El triunfo electoral del peronismo en 1946 profundizó la gravitación de la central, que durante los años siguientes pasó a ocupar un lugar decisivo en la estructura del movimiento obrero y en la relación entre sindicatos y Estado.

La historia posterior estuvo marcada por nuevas rupturas. Después del derrocamiento de Perón en 1955, la proscripción del peronismo y las restricciones sobre las organizaciones sindicales obligaron al movimiento obrero a reorganizarse. La CGT atravesó intervenciones, divisiones y distintas experiencias de conducción mientras conservaba un peso significativo en la vida política argentina.

Ese papel volvió a adquirir una dimensión dramática durante la última dictadura. Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, la CGT fue disuelta y los sindicatos intervenidos. La legislación represiva restringió severamente el derecho de huelga y numerosos dirigentes, delegados y militantes obreros fueron perseguidos, encarcelados, torturados y desaparecidos.

Documentación oficial sobre la historia del sindicalismo argentino señala al golpe de 1976 como una de las etapas más graves de persecución contra el movimiento obrero.

En ese período también surgieron expresiones de resistencia sindical. El 27 de abril de 1979, la Comisión de los 25 convocó al primer paro general contra la dictadura. Posteriormente llegaron la movilización a San Cayetano de 1981, la protesta de Plaza de Mayo de 1982 y la marcha de “Paz, Pan y Trabajo”, hitos que contribuyeron a recuperar la presencia pública del sindicalismo en los últimos años del régimen militar.

Con el retorno democrático, la CGT recuperó su funcionamiento institucional, aunque las divisiones internas continuaron. Hubo distintas conducciones y centrales durante las décadas siguientes, hasta que en 2016 tres espacios confluyeron en un nuevo esquema de conducción colegiada integrado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid. En 2021, la central volvió a organizar un triunvirato, esta vez con Daer, Acuña y Pablo Moyano.

La conducción volvió a modificarse en noviembre de 2025. El Congreso General Ordinario eligió como secretarios generales a Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, según la nómina oficial de autoridades de la central. Héctor Daer quedó al frente de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Carlos Acuña asumió la Secretaría de Turismo.

La propia sede histórica de la CGT, en Azopardo 820, sintetiza parte de ese recorrido. El edificio fue inaugurado el 18 de octubre de 1950 y recibió la declaración de Monumento Histórico Nacional mediante el Decreto 1233/2007, que reconoció su importancia dentro de la historia del movimiento obrero argentino.

A 96 años de su fundación, la trayectoria de la CGT muestra que la unidad sindical nunca fue un punto de llegada definitivo. Desde aquel acuerdo entre organizaciones que mantenían diferencias ideológicas hasta las sucesivas rupturas y reunificaciones del siglo XX y XXI, la central construyó su identidad alrededor de una negociación permanente entre intereses, tradiciones y modelos de conducción.

Ese rasgo explica también su permanencia. La CGT no nació porque las organizaciones obreras hubieran dejado de discrepar, sino porque encontraron una razón concreta para actuar juntas en un momento de fuerte presión política y económica. Casi un siglo después, esa misma tensión entre unidad, autonomía, representación y capacidad de acción continúa formando parte de la historia cotidiana del sindicalismo argentino.

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San Juan licitó la primera obra para reconstruir la Ruta 40 hacia Jáchal

El Gobierno de San Juan abrió la licitación para reconstruir el tramo Tucunuco–San Roque, en Jáchal, con una inversión oficial de $26.103 millones y un plazo de 540 días. La calzada pasará de 6,30 a 7,30 metros e incorporará banquinas, obras de drenaje, señalización y medidas de seguridad vial.

La obra tendrá un plazo de 540 días corridos y se ejecutará en el marco del convenio celebrado entre la Provincia y la Dirección Nacional de Vialidad. El proyecto apunta a recuperar un pavimento que presenta un deterioro significativo y a mejorar las condiciones de circulación de uno de los principales accesos al norte sanjuanino.


Una ruta más ancha y con nuevas banquinas

La intervención contempla ensanchar la calzada de 6,30 a 7,30 metros, aunque mantendrá un carril por cada sentido de circulación. A ambos lados se construirán banquinas de tres metros: un metro pavimentado y dos metros de material granular.

Los trabajos incluirán repavimentación con concreto asfáltico en caliente, reconstrucción de sectores deteriorados y la incorporación de un nuevo paquete estructural en las zonas donde se amplíe la ruta.

El proyecto también prevé intervenir alcantarillas, sifones y sistemas de drenaje, además de ejecutar alteos en los puntos que lo requieran. La renovación se completará con defensas laterales, demarcación horizontal y señalización vertical.

La necesidad de la obra está vinculada con el desgaste de la estructura existente y con deficiencias en parte de las obras hidráulicas, factores que afectan tanto la transitabilidad como las condiciones de seguridad.

Un corredor con mayor demanda prevista

Durante 2025, el tramo Tucunuco–San Roque registró un tránsito medio diario anual de 831 vehículos. La Provincia proyecta un incremento de la circulación a partir del crecimiento de los servicios, el transporte de cargas y el desarrollo productivo y minero del norte.

La Ruta 40 constituye además la principal conexión terrestre entre el Gran San Juan y Jáchal, por lo que su recuperación tendrá incidencia sobre el transporte de pasajeros, la circulación de mercaderías y el acceso a localidades y emprendimientos ubicados a lo largo del corredor.

La licitación de este tramo abre así la primera etapa de un programa de cuatro secciones para recuperar la Ruta 40 Norte. La obra combina reconstrucción del pavimento, ampliación de la infraestructura y adecuación de los sistemas de seguridad y drenaje, con el objetivo de sostener la circulación actual y atender el crecimiento previsto para uno de los corredores viales más importantes del norte provincial.

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