
Propinas digitales: una más en contra de los derechos laborales
El gobierno nacional publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 731/24, con el que busca regularizar el pago de propinas mediante la implementación de medios electrónicos en comercios y establecimientos de sectores como la gastronomía, hotelería, estaciones de servicio, y servicios de delivery, entre otros.
La medida apunta a facilitar el acceso a las propinas para trabajadores y trabajadoras afectados por la digitalización de los pagos, especialmente en un contexto donde el efectivo se usa cada vez menos.
El decreto establece que los comercios deben ofrecer la opción de que las propinas se paguen electrónicamente, garantizando siempre la libertad del consumidor respecto a la modalidad y la cuantía del pago. Esto busca mitigar el impacto que la falta de efectivo ha tenido en los ingresos de los trabajadores, particularmente en sectores donde las propinas pueden representar hasta el 70% del salario habitual, como es el caso de los camareros.
Sin embargo, no todo es favorable para los trabajadores. El DNU incluye un polémico artículo que modifica la Ley de Contratos de Trabajo. Esta ley, en su artículo 113, reconocía que las propinas, si son habituales, debían considerarse parte del salario y, por tanto, incluirse en el cálculo de aguinaldos e indemnizaciones por despido. Pero el nuevo decreto cambia esta disposición, estipulando que las propinas no serán consideradas parte de la remuneración, lo que significa un retroceso en los derechos laborales.
Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, fue uno de los primeros en advertir sobre esta modificación a través de su cuenta en la red social X. Según Campos, este cambio vulnera los derechos de los trabajadores y sienta un precedente peligroso, ya que permite al gobierno modificar la legislación laboral por decreto, eludiendo el debate y la aprobación parlamentaria.
León Piasek, abogado laboralista, advierte que este DNU abre la puerta a futuras reformas laborales vía decreto, algo que podría ser utilizado para avanzar en cambios que no se logren aprobar en el Congreso, como ocurrió en el pasado con el gobierno de Mauricio Macri.
Además, la formalización digital de las propinas podría tener implicancias fiscales, ya que permitiría al Estado gravar estos ingresos con el Impuesto a las Ganancias, sumando presión sobre los ingresos de los trabajadores sin otorgarles los beneficios correspondientes en materia de indemnizaciones.
En resumen, aunque el DNU 731/24 presenta avances en la formalización de propinas, la modificación al artículo 113 de la Ley de Contratos de Trabajo representa una amenaza para los derechos laborales, levantando críticas y preocupaciones entre trabajadores y expertos en derecho laboral.
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Empleados judiciales de la provincia recibirán un bono de $80.000 y un aumento del 3,7%

La Unión Judicial confirmó que los empleados judiciales recibirán un bono de $80.000 y un aumento del 3,7% en abril, lo que se suma a los tres aumentos salariales atados al índice del IPC que ya recibieron desde enero. El incremento del 3,7% se aplicará sobre el sueldo de abril, lo que significa una suba en la remuneración de los empleados judiciales de la provincia.
Según fuentes confiables confirmaron que el bono de $80.000 estaría destinado a los escalafones maestranza, administrativo, técnico y hasta oficial superior técnico de primera inclusive, aunque remarcaron que aún faltan detalles por definir y podrían surgir modificaciones.
El acuerdo alcanzado por los trabajadores es un paso importante para mejorar sus condiciones laborales y salariales. Sin embargo, la marcada diferencia salarial entre el personal de base y los cargos de alto rango sigue siendo un tema de preocupación.
La falta de una paritaria directa entre la Unión Judicial y la Corte de Justicia, que administra el presupuesto del Poder Judicial, puede generar incertidumbre y dificultades para negociar mejoras salariales y laborales.
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La CGT convoca a empresarios de cara a la movilización por el Día del Trabajador

La Confederación General del Trabajo (CGT) invitó a empresarios pymes para analizar las consecuencias del modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei, en vísperas de la movilización por el Día del Trabajador.
La reunión, liderada por Rodolfo Daer, secretario de producción de la CGT, busca discutir la «acuciante situación» que enfrentan los sectores productivos industriales del país. La central obrera ha expresado su preocupación por la apertura indiscriminada de importaciones y el fomento a la acción especulativa financiera, que según ellos está afectando la producción y el empleo.
Entre los temas centrales de discusión se encuentran el nuevo endeudamiento con el FMI, la devaluación tras la liberación del cepo cambiario y su impacto en los precios. La CGT ha señalado que hay una remarcación del 8 al 12% en los alimentos, lo que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos.
La reunión también contará con la participación de representantes sindicales de diversos sectores, como mecánicos, metalúrgicos, textiles, vidrio, papel, industria naval y pesca. La CGT busca un diálogo amplio que integre a todos los afectados por las políticas de ajuste.
La convocatoria de la CGT a empresarios pymes es un paso clave para buscar soluciones conjuntas a los problemas que enfrenta el sector productivo. Sin embargo, no todos están convencidos de participar en la movilización del 30 de abril, y algunos empresarios han señalado que solo asistirán si se presentan propuestas concretas.
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La CONADU Histórica convocó a un paro universitario para este martes y miércoles

La Confederación Nacional de Docentes Universitarios CONADU Histórica, convocó a un paro por 48 horas para este martes 22 y miércoles 23 de abril, en reclamo de la reapertura de las paritarias salariales congeladas desde octubre de 2024. La medida de fuerza busca visibilizar la crítica situación salarial de los docentes universitarios y presionar al gobierno nacional para que tome medidas concretas.
La CONADU Histórica argumenta que la situación salarial de los docentes universitarios es insostenible, con una inflación acumulada del 197% desde que asumió el gobierno actual, mientras que la actualización salarial fue del 68% al 86% según el cargo. «En marzo, nuestros sueldos recibieron un 0% de aumento», subrayó la organización en su comunicado. La medida de fuerza coincide con el primer aniversario de la Gran Marcha Nacional en Defensa de la Universidad Pública realizada en 2024.
El gremio sostiene que la reapertura de las paritarias salariales es fundamental para garantizar la calidad de la educación universitaria y la dignidad de los docentes. «El salario de la docencia de las universidades nacionales sigue en picada», afirmó la organización. La medida de fuerza cuenta con el apoyo de otras organizaciones universitarias de base, como la CONADU línea tradicional. La medida de fuerza tendrá un impacto significativo en las universidades nacionales, con una alta expectativa de acatamiento en diferentes puntos del país.
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