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El presidente Javier Milei reveló el elevado número de despidos que planea para el sector público y aseguró que llevan 25 mil. Sin titubear ni mostrar pesar, Milei aseguró que los despidos en el Estado llegarán a 75 mil personas. Lo hizo durante su discurso en el Latam Economic Forum. 

En un momento de su discurso, el presidente recordó su video viral de campaña donde agarraba cartelitos con nombres de ministerios y áreas del Estado y gritaba «¡Afuera!». Ese grito «significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad y eso redujo la estructura del Estado a la mitad. Y eso no fue gratis porque obviamente que echamos gente… digamos en materia de contratos vamos a terminar echando 75 mil personas, llevamos 25 mil», reveló Milei.

El primer mandatario criticó, con sorna, a «los pifiadores seriales» que cuestionan la «calidad» del ajuste llevado adelante. Ellos aseguran que hay «mucho de licuadora y tijerita. Agregó también que el ajuste tiene un 90 % de motosierra  para justificar los 25, la reducción de ministerios y la eliminación de «las transferencias discrecionales a las provincias, eliminamos de cuajo la obra pública».

Luego admitió que está generando tensión social y caída de la actividad. «Lo sabíamos», aseguró. Por eso, «mientras nosotros hacíamos el ajuste, que iba traer una contracción de la actividad, decidimos hacer un fuerte política de contención social. Duplicamos la AUH, la Tarjeta Alimentar», afirmó Milei.

El 27 de mayo pasado el vocero presidencial Manuel Adorni ratificó que habrá más despidos de trabajadores estatales a partir de fin de junio y consideró que «es sano que se revise cada uno de los rincones del Estado».

«Habrá una segunda revisión que tendrá efecto a partir del 30 de junio, ya lo habíamos dicho», dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa. El funcionario se refierió a las contrataciones que fueron prorrogadas entre febrero y marzo pasado por 30 o 60 días.

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Diputados aprobó el aumento del 7,2% a jubilados, pero el Gobierno amenaza con vetarlo

En una sesión marcada por la tensión y el debate, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley que establece una suba del 7,2% de los haberes jubilatorios y un aumento del bono de $70.000 a $110.000. La medida fue aprobada con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones, y ahora deberá pasar por el Senado para tener su sanción definitiva.

Sin embargo, desde el Gobierno nacional anticiparon que vetarán la medida por considerarla un «atentado contra el equilibrio fiscal». Según trascendió, el Ejecutivo considera que el aumento de los haberes jubilatorios y el bono tendría un impacto fiscal de 12 mil millones dólares, es decir 1,8 del PBI.

El debate en la Cámara estuvo Caracterizado por las diferencias entre los bloques políticos. La diputada de Unión por la Patria (UxP), Victoria Tolosa Paz, sostuvo que el aumento de 7,2% a las jubilaciones «es una reparación» a la situación que atraviesan los jubilados. Por su parte, los diputados de la oposición argumentaron que el aumento no es suficiente y que se necesitan medidas más profundas para abordar la crisis jubilatoria.

El aumento del 7,2% a los haberes jubilatorios y el bono de $110.000 es una medida importante para los jubilados que ven cómo sus ingresos se ven afectados por la inflación y la devaluación. Sin embargo, la incertidumbre sobre el veto del Gobierno nacional genera dudas sobre el futuro de la medida.

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Unir las luchas es la tarea: masiva marcha frente al Congreso

Médicos y residentes del Hospital Garrahan, investigadores del Conicet, el colectivo feminista #NiUnaMenos y jubilados se unirán en una sola protesta para exigir mejoras salariales, condiciones laborales dignas y políticas públicas que protejan sus derechos.

La lucha de los jubilados

Los jubilados volverán a exigir una recomposición de sus haberes y la actualización del bono de $70.000, congelado desde hace más de un año. A pesar de que el Congreso sigue sin destrabar ningún dictamen que avance en una reforma, el Gobierno ya anticipó su intención de vetar cualquier modificación en el sistema previsional. Los jubilados han mantenido una presencia sostenida todos los miércoles desde marzo, y seguirán luchando por sus derechos.

El conflicto en el Hospital Garrahan

Médicos y residentes del Hospital Garrahan siguen en paro y denuncian que la mejora salarial propuesta excluye a otros sectores del hospital. La disputa sigue abierta, y los trabajadores del hospital exigirán mejoras salariales y condiciones laborales dignas en la marcha.

El sector científico en alerta

Investigadores del Conicet denunciaron un «cientificidio» por el desfinanciamiento sistemático del sistema nacional de ciencia y técnica. En un reciente video, advierten sobre «un ataque sin precedentes» que «ha sumido a la ciencia argentina en la oscuridad y el silencio». Los investigadores se unirán a la marcha para exigir políticas públicas que apoyen la ciencia y la tecnología.

El feminismo se suma a la lucha

A diez años de la histórica primera marcha, el colectivo feminista #NiUnaMenos decidió trasladar su movilización al 4 de junio para confluir con el resto de las luchas. Bajo la consigna «Unir las luchas es la tarea», el feminismo se suma a la protesta en Plaza Congreso, denunciando el desmantelamiento de políticas públicas y el avance de discursos de odio por parte del actual gobierno.

La masiva marcha frente al Congreso es un claro ejemplo de la unión de las luchas y la exigencia de derechos y mejoras para todos los sectores. Los participantes en la marcha exigirán políticas públicas que protejan sus derechos y mejoren sus condiciones laborales y salariales. La unión de las luchas es la tarea, y juntos pueden lograr cambios significativos.

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El Gobierno nacional prepara un ajuste que podría vaciar al INTA

El Gobierno nacional prepara un decreto que podría vaciar al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un organismo clave en la generación de tecnología y conocimiento para el sector agropecuario. La medida podría tener graves consecuencias para la investigación agropecuaria y la economía del país.

En un contexto de ajuste y reestructuración, el Gobierno nacional prepara un decreto que podría vaciar al INTA, un organismo que ha sido fundamental en la generación de tecnología y conocimiento para el sector agropecuario argentino. La medida, impulsada por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, implicaría la salida inmediata de entre 800 y 850 trabajadores que no forman parte de la planta permanente, con la intención de alcanzar los 1.500 desvinculados en una segunda etapa mediante retiros voluntarios.

El impacto en la investigación agropecuaria

El INTA es un organismo que ha desarrollado tecnologías y conocimientos que han permitido mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario argentino. El vaciamiento del INTA podría afectar la capacidad del país para producir alimentos y materias primas de manera eficiente y sostenible.

Ante esta situación, se convocó a una asamblea urgente en el INTA Castelar para este jueves, con el objetivo de organizar una movilización nacional en defensa del organismo. Los trabajadores y delegados están decididos a resistir lo que consideran el mayor ataque al INTA en su historia. «Este decreto apunta a vaciar al INTA y dejarlo en manos del negocio inmobiliario rural y urbano», alertó José Perea, delegado de ATE en Castelar.

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