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Los trabajadores legislativos acordaron nuevos incrementos salariales tras negociaciones con las autoridades de las cámaras de Diputados y Senadores. Con las nuevas subas, el acumulado llegará al 118%, según fuentes gremiales.

Las conversaciones fueron llevadas adelante por la conducción de la Asociación del Personal Legislativo (APL) y de las delegaciones del Congreso de ATE y UPCN con aval de las presidentes de ámbas cámaras, Cecilia Moreau y Cristina Fernández de Kirchner.

El nuevo acuerdo establece un incremento del 35% al 1° de julio (a cobrar en agosto); 35% al 1° de agosto (a percibir en septiembre); y 20% al 1° de noviembre (a cobrar en diciembre).

Además, se confirmó que la suma fija de $50 mil que cobran los trabajadores del Congreso Nacional pasará a ser remunerativa.

De esta manera, con el actual 90% fijado “se llegó a un aumento del 118%”, sostienen desde la APL.

Desde el gremio que conduce Norberto Di Próspero señalaron también que con la firma de paritaria «se vuelve a ubicar al salario de los legislativos en su nivel histórico».

En ese sentido, Di Próspero agradeció “la confianza y el acompañamiento de las y los compañeros y a las titulares de ambas cámaras legislativas, la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner y la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, por la decisión política de dignificar a las y los trabajadores a traves de su salario”.

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El Frente Sindical de Universidades anunció un paro para el 23 de mayo

El Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció que seguirá con su jornada de protesta  por la crisis económica y presupuestaria y anunció un paro nacional el próximo jueves 23 de mayo. También hará una jornada de visibilización de las demandas con marcha de antorchas el miércoles 22. 

«El Frente Sindical de Universidades Nacionales se reunió hoy en la sede de la CONADU con el fin de evaluar la situación del sector universitario. A casi un mes de la movilización en apoyo a la universidad pública más grande de la historia, el Gobierno Nacional no ha resuelto ninguno de los temas del conflicto universitario: salarios, presupuesto y becas estudiantiles», comenzó el comunicado que el Frente difundió en sus redes sociales. 

Y siguió: «La pérdida de poder adquisitivo de los salarios, con la inflación acumulada del 8,8% en el mes de abril, se ha agudizado y la Secretaría de Educación no convocó a reunión paritaria para resolver el incremento porcentual para el mes de mayo, no presentó una propuesta de recuperación de la pérdida salarial acumulada desde el mes de diciembre, no incrementó la garantía salarial para los cargos de menores ingresos y no pagó el Fonid. Por esa razón convocamos a 48 horas de protesta para los días 22 y 23: 24 horas de visibilización del conflicto y 24 horas de paro sin concurrencias a los lugares de trabajo».

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AOMA cerró paritarias para dos ramas del sector

La Asociación Obrera Minera que conduce Héctor Laplace cerró las paritarias de las ramas Extractiva y de Cal y Piedra. En el caso de la primera, el acuerdo será bimestral de carácter acumulativo para los meses de abril (11%) y mayo (9%), mientras que en el caso del segundo será en trimestral, correspondiendo una suba del 11% para abril, del 9% para junio y del 8% para junio.

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) cerró las paritarias de las ramas Extractiva y de Cal y Piedra, con las cámaras empresariales del sector minero. Las negociaciones fueron encabezadas por el secretario general del gremio Héctor Laplace y contemplan un acuerdo bimestral para la primera rama y trimestral en el caso de la segunda.

En el caso de la rama Extractiva, AOMA acordó con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), una suba salarial en dos tramos para el bimestre marzo-abril, con un incremento del 11% para el primer tramo y del 9% acumulativo para el segundo.

Para la paritaria de Cal y Piedra, el aumentó será trimestral y de carácter acumulativo efectivo en tres cuotas correspondiendo una suba del 11% en abril, del 9% en mayo y del 8% en junio.

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El Sindicato de Trabajadores Viales encienden alertas sobre privatización de rutas

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) defendió a Vialidad Nacional y explicó que todas las acciones que se están difundiendo en los medios masivos de comunicación, como los abrazos simbólicos a rutas y el pedido de distintos gobernadores el pase de las rutas nacionales, son producto de las políticas neoliberales aplicadas por Javier Milei. “Las políticas de desguace del de las empresas del estado por este gobierno nos están llevando a un estado desastroso de las rutas”, sostuvo Graciela Aleñá, .

La semana pasada se conoció el pedido del gobernador de Río Negro, Alberto Weewtilneck para colocar peajes en 15 de sus rutas provinciales porque “el escenario es alarmante”. Y en estos días se sumó Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén. Los mandatarios usaron como argumento el desfinanciamiento del Fondo Provincial de Vialidad -que recauda del impuesto a los combustibles que Nación retacea-, y el deterioro por el tránsito pesado. 

En ese sentido, Aleñá afirmó que “lo que sucede en Río Negro y Neuquén se replica en todas las provincias y es producto del recorte que generó el gobierno de turno”. Y añadió: “Del impuesto al combustible (SISVIAL) no ingresó ni un centavo a Vialidad y estamos hablando de $25.523 millones aproximadamente. Además, del Impuesto País solo ingresó el 6% quedando pendiente más de $ 49.560 millones y del Tesoro Nacional $ 25. 373 millones”. 

En este marco, la dirigente gremial advirtió que todo el desfinanciamiento que se realizó a Vialidad Nacional “repercutirá desastrosamente en todo el país”. Asimismo, se refirió con preocupación al Operativo Invernal ya que, actualmente, “no se cuenta con las herramientas fundamentales para su ejecución y ni con el personal necesario. Todo como resultado del recorte que realizó Nación”. 

Cabe destacar que el organismo, con más de 90 años de historia, solicitó para el año 2024, un presupuesto de $730.531.782.308, quedando vigente por el Gobierno Nacional el mismo monto que el año 2023 de $475.875.439.067, lo que implica una reducción del 35%. De esta manera, se ve comprometida seriamente la operatividad del Organismo y lo pone en una situación angustiante presupuestaria y financieramente, al producirse “una drástica reducción de la remisión de fondos vinculadas a prácticamente todas las partidas presupuestarias”, sostuvieron desde el sindicato.

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