La Justicia suspendió la privatización de AySA y complica el programa de ventas del Gobierno
Un fallo judicial frenó la transferencia del 90% de las acciones de la empresa de agua y saneamiento hasta que se determine su pasivo ambiental. La decisión agrega incertidumbre sobre uno de los procesos más sensibles del plan de privatizaciones impulsado por Javier Milei.
El programa de privatizaciones del Gobierno nacional recibió un nuevo revés judicial. El juez en lo Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, Mariano López, ordenó suspender el proceso de venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) hasta que se establezca con precisión el pasivo ambiental de la compañía, un aspecto que, según advirtió, no fue contemplado adecuadamente en la documentación elaborada para avanzar con la operación.
La medida cautelar fue dictada tras una presentación del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, quien cuestionó que el esquema diseñado para la transferencia de la empresa omite elementos considerados esenciales para garantizar el acceso al agua potable y no incorpora una evaluación integral de las obligaciones ambientales acumuladas en el territorio donde presta servicios.
En su resolución, el magistrado sostuvo que cualquier modificación en la gestión de una compañía responsable de la provisión de agua y saneamiento para millones de usuarios requiere analizar previamente los impactos que podrían derivarse sobre derechos protegidos por la Constitución Nacional, entre ellos el acceso al agua y la preservación ambiental. El fallo también alertó sobre la posibilidad de que una futura concesión reduzca exigencias regulatorias o postergue inversiones consideradas estratégicas.
La decisión judicial introduce un obstáculo relevante para una de las operaciones más emblemáticas del programa de reformas impulsado por la administración de Javier Milei. AySA constituye una de las principales empresas de servicios públicos del país y su eventual privatización se ubica entre los proyectos de mayor impacto económico y político dentro del plan de reorganización estatal.
El expediente, además, se inscribe en una secuencia de cuestionamientos que alcanzan a otros procesos de transferencia de activos públicos. En este sentido, la Justicia Federal de General Roca analiza planteos vinculados a la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue, otro de los activos estratégicos incluidos en la agenda oficial.
La controversia también alcanzó al Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo responsable de intervenir en la valuación de bienes estatales. En el centro de las observaciones aparece su presidente, Julio Roberto Villamonte, quien reconoció haber informado al Ministerio de Economía sobre la imposibilidad de avanzar con tasaciones vinculadas a empresas como AySA, Transener, Nucleoeléctrica Argentina, Belgrano Cargas e Intercargo sin una consulta previa al resto de los integrantes del cuerpo.
Esa admisión abrió interrogantes sobre el procedimiento utilizado para avanzar en operaciones de alta relevancia patrimonial. El reglamento interno del organismo otorga al presidente la representación institucional, aunque establece que los asuntos de especial importancia deben contar con acuerdo previo del cuerpo colegiado. La discusión jurídica gira ahora en torno a si compañías estratégicas para la infraestructura energética, el transporte y los servicios públicos pueden quedar fuera de esa categoría.
Uno de los casos más sensibles es el de Nucleoeléctrica Argentina. La compañía, que opera las centrales nucleares del país y mantiene resultados económicos positivos, continúa sin una definición sobre su valuación. De acuerdo con información difundida por especialistas consultados por medios económicos, su valoración podría ubicarse entre los 10.000 y los 11.000 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud de los activos involucrados y la necesidad de procedimientos técnicos rigurosos antes de cualquier decisión sobre su futuro.
Las objeciones no se limitan a cuestiones administrativas. Diversos cuestionamientos apuntan a la posibilidad de que organismos externos al Tribunal de Tasaciones hayan asumido funciones para las cuales no cuentan con equipos especializados en valuación de activos complejos, especialmente en áreas vinculadas a infraestructura energética y servicios públicos.
Mientras el Gobierno busca acelerar su programa de desinversión estatal, la intervención de la Justicia incorpora una variable capaz de modificar los tiempos previstos para varias operaciones. El fallo sobre AySA no resuelve la discusión de fondo sobre la privatización, pero establece una condición previa que podría convertirse en un antecedente para otros expedientes en marcha: antes de transferir activos estratégicos, el Estado deberá demostrar con precisión cuál es el valor económico, ambiental y patrimonial de los bienes que pretende poner en el mercado.
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Elecciones 2027: 11 provincias ya anticiparon el desdoblamiento, mientras que San Juan aún no comunicó una decisión definitiva
La organización electoral de 2027 comienza a delinear un calendario que podría extenderse durante buena parte del año. Al menos 11 provincias anunciaron que separarán sus comicios locales de las elecciones presidenciales previstas para el 24 de octubre, aunque por ahora solo Neuquén y Tucumán formalizaron sus convocatorias mediante decretos. La definición de los demás distritos dependerá de decisiones políticas y administrativas que todavía están pendientes.
Neuquén será el primer distrito en votar: el gobernador Rolando Figueroa estableció el 14 de febrero como fecha para elegir autoridades provinciales y municipales. Tucumán concurrirá a las urnas el 9 de mayo, mientras Santa Fe anunció primarias para el 18 de abril y elecciones generales para el 13 de junio. En Salta, el gobierno provincial proyecta los comicios para el 16 de mayo, aunque la convocatoria aún debe formalizarse.
También confirmaron su intención de desdoblar Chubut, Río Negro, Chaco, Mendoza, Corrientes, Jujuy y Tierra del Fuego. En varios de esos distritos todavía no se estableció una fecha. Corrientes, que renovó la gobernación en 2025, elegirá cargos legislativos y locales, mientras que Tierra del Fuego tiene disposiciones electorales propias que determinan la separación respecto de los comicios nacionales.
En sentido contrario, Catamarca confirmó que votará el 24 de octubre, en simultáneo con la elección presidencial. La Rioja todavía no definió su modalidad. Santiago del Estero, por su parte, no tendrá elecciones provinciales durante 2027, ya que renovó la gobernación y la Legislatura en 2025.
Actualmente, San Juan se encuentra entre las jurisdicciones que todavía no oficializaron una resolución. Dicha falta de definición comprende también a Córdoba, Misiones, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Formosa y Santa Cruz, entre otros distritos
Las mayores incógnitas se concentran en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof y Jorge Macri aún no comunicaron si convocarán a elecciones separadas o si unificarán sus calendarios con el nacional. La definición bonaerense también estará atravesada por el futuro de las PASO, cuya eliminación o suspensión forma parte de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional.
Con las primeras fechas ya establecidas y numerosas convocatorias todavía pendientes, la disputa electoral comenzará a desarrollarse en distintos momentos del año. La modalidad que adopte cada provincia no solo determinará cuándo votarán sus ciudadanos: también condicionará los tiempos de armado de candidaturas, las alianzas partidarias y la articulación de las campañas locales con la competencia presidencial.
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La paritaria docente volvió a trabarse y el aumento salarial quedó pendiente hasta diciembre
La negociación salarial docente de San Juan volvió a quedar sin acuerdo. Los representantes de UDAP, UDA y AMET rechazaron el ofrecimiento del Gobierno provincial durante la tercera sesión de la Comisión Paritaria Negociadora y presentaron una contrapropuesta que amplía los reclamos hasta enero de 2027. La falta de coincidencias obligó a postergar la resolución salarial y fijar una nueva reunión para el 10 de diciembre.
El encuentro se desarrolló en el Centro Cívico con la participación de la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem. Por la representación sindical asistieron Patricia Quiroga, por UDAP; Karina Navarro, por UDA, y Adrián Ruiz, por AMET.
Los sindicttos plantearon que el valor índice de los salarios se actualice de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior para noviembre, diciembre y enero. A ese mecanismo sumaron tres demandas concretas para el primer mes de 2027: seis puntos adicionales en todos los cargos del nomenclador docente, diez puntos más en el ítem E60 y una mejora en el concepto de conectividad.
La respuesta oficial no modificó el ofrecimiento vigente. El Ejecutivo argumentó que la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%, y la proximidad de los plazos administrativos para liquidar los haberes de noviembre y diciembre impedían formular una nueva propuesta. En consecuencia, ratificó el incremento del valor índice para noviembre según el IPC del mes anterior, publicado por el INDEC.
La decisión dejó sin respuesta los reclamos gremiales para los meses siguientes y mantuvo abierta la discusión sobre los adicionales. Frente a la distancia entre ambas posiciones, la parte empleadora propuso pasar a un cuarto intermedio, aceptado por los representantes sindicales.
La próxima audiencia quedó establecida para el 10 de diciembre a las 14 horas, cuando las partes deberán retomar la discusión sobre los salarios de diciembre y enero. Hasta entonces, la negociación permanecerá sin un acuerdo que defina la pauta de actualización para el cierre del año y el comienzo de 2027.
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YPF aumentó los combustibles en San Juan: llenar un tanque de Súper cuesta $111.950
La petrolera aplicó una suba de entre el 1% y el 1,5% en sus estaciones de servicio. La nafta Súper llegó a $2.239 por litro, mientras que la Infinia alcanzó los $2.445. El incremento también impactó en los precios del gasoil.
Los precios de los combustibles volvieron a subir en San Juan. YPF actualizó sus valores desde el viernes 13 de noviembre, con incrementos de entre el 1% y el 1,5% que modificaron el costo de cargar nafta y gasoil. Con la nueva tarifa, completar un tanque de 50 litros de nafta Súper demanda $111.950, unos $1.200 más que antes de la actualización.
La suba más visible se registró en la variedad Súper, que pasó de $2.215 a $2.239 por litro. La diferencia representa una suba de $24 por litro, equivalente al 1,08%. En tanto, la nafta Infinia quedó en $2.445, mientras que el Diesel 500 se comercializa a $2.425 y la Infinia Diesel llegó a $2.615.
El impacto se refleja también en el gasto que deben afrontar los conductores según la capacidad del tanque y el combustible elegido. Una carga de 40 litros de nafta Súper cuesta ahora $89.560, mientras que completar 50 litros requiere $111.950. Para quienes utilizan Infinia, los importes ascienden a $97.800 y $122.250, respectivamente.
En el caso del gasoil, llenar un tanque de 50 litros representa un desembolso de $121.250 con Diesel 500 y de $130.750 con Infinia Diesel.
La actualización se produce en un mercado en el que los valores pueden presentar diferencias entre estaciones de servicio. YPF aplica un sistema de precios dinámicos o micropricing, que contempla variables como la demanda, la ubicación, la competencia y las franjas horarias. A estos factores se suman los costos vinculados con el petróleo, el tipo de cambio y la carga impositiva.
Más allá de las variaciones que puedan registrarse en cada establecimiento, el nuevo ajuste vuelve a elevar el gasto de los usuarios que dependen del vehículo para trabajar o trasladarse diariamente. También incorpora mayores costos para las actividades vinculadas con el transporte y la distribución, en una cadena donde el combustible constituye un componente relevante de los gastos operativos.
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