El titular nacional de ASIJEMIN, Marcelo Mena, participó de un encuentro en el Senado donde reclamó una nueva legislación minera y defendió el proyecto de jubilación anticipada para los trabajadores del sector. Además, criticó el índice de inflación difundido por el INDEC y ratificó la presencia sindical en el “supermiércoles” legislativo.

Los jerárquicos mineros llevaron al Congreso un reclamo que busca abrir una discusión profunda: qué minería quiere la Argentina para el siglo XXI. Mena, sostuvo que la legislación vigente responde a un modelo del siglo XIX y ya no alcanza para los desafíos actuales.

“Tenemos trabajadores formados en el siglo XX y queremos una minería del siglo XXI. Necesitamos una ley moderna, que piense en el federalismo, en la participación de las provincias, en el agregado de valor con refinerías y en la distribución equitativa de la riqueza”, señaló.

En el mismo encuentro, Mena insistió en la necesidad de aprobar un régimen previsional diferenciado para los trabajadores mineros, presentado el año pasado en el Congreso. El proyecto propone que los varones puedan jubilarse a los 55 años y las mujeres a los 50, con los aportes correspondientes de empleadores y empleados.

“Es muy difícil sostener una vida laboral a 4.000 metros de altura con 20 grados bajo cero, o bajo tierra en la Patagonia profunda. La salud se deteriora antes y necesitamos un marco legal que reconozca esas condiciones extremas”, explicó.

Ausencia de San Juan, presencia de otras provincias

El dirigente destacó la participación de legisladores de La Rioja y de diversos representantes provinciales y del sector privado, pero cuestionó la ausencia del Ministerio de Minería de San Juan. “Fue un vacío llamativo en una provincia clave para la actividad”, observó.

Inflación: la brecha entre la estadística y la vida cotidiana

Más allá del debate sobre minería, Mena se refirió a la situación económica y cuestionó los datos oficiales de inflación. “El 1,9% que marcó el INDEC en agosto no refleja la realidad de las familias. Cuando suben el combustible y los servicios, todo se encarece. La gente prioriza la comida y la educación de sus hijos antes que el consumo. Con esos números es imposible discutir paritarias serias”, advirtió.
El referente gremial aseguró que la mesa sindical, de la que ASIJEMIN forma parte, trabaja en un planteo conjunto para reclamar un índice que refleje con mayor fidelidad el costo de vida.

Solidaridad entre gremios y defensa de lo público

Aunque reconoció que el sector minero atraviesa un buen momento con paritarias favorables, Mena subrayó que el movimiento sindical no puede mirar hacia otro lado. “Hay compañeros de otros gremios que sufren despidos, cierres de fábricas y recortes en obra pública. No se trata solo de defender lo propio, sino de ser solidarios”, expresó.

Camino al “supermiércoles”

Finalmente, el dirigente anticipó la participación de la mesa sindical en la jornada legislativa conocida como “supermiércoles”, donde se tratarán leyes vinculadas a la ciencia, la universidad y la salud. “Vamos a estar presentes porque no es una cuestión de desestabilizar, sino de reclamar lo que es justo. Queremos que al país le vaya bien, pero con la verdad y con los trabajadores adentro”, concluyó.

La voz de ASIJEMIN en el Congreso reflejó una doble preocupación: por un lado, modernizar la legislación minera y garantizar condiciones de retiro justas para quienes trabajan en contextos extremos; por otro, defender el poder adquisitivo de los salarios frente a una inflación que, según los sindicatos, se mide con criterios alejados de la realidad. Con la vista puesta en el “supermiércoles” legislativo, el sindicalismo minero ratifica que la discusión sobre el modelo productivo no puede separarse de la justicia social.

La contundente victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo escenario político de alcance nacional. Marcelo Mena, titular nacional de ASIJEMIN, señaló que el resultado representa un freno a las políticas de Javier Milei, y una oportunidad para reconstruir derechos laborales, fortalecer la obra pública y garantizar la protección de los sectores más vulnerables: “Es un triunfo que permite recomponer los esquemas de trabajo y los derechos de los trabajadores, que habían sido avasallados por políticas neoliberales”.

El dirigente destacó que este resultado refleja un mensaje claro del pueblo: la necesidad de un rumbo basado en empleo, industria, exportación y educación. Mena enfatizó la proyección hacia el futuro: “Octubre y 2027 serán decisivos para que la ciudadanía indique el camino a seguir, priorizando trabajo, desarrollo y oportunidades para todos”.

Renovación y liderazgo sindical

En cuanto a la CGT a nivel nacional, que definirá sus autoridades el próximo 5 de noviembre, Mena sostuvo que es crucial encontrar un equilibrio entre continuidad y renovación: “Debe haber una figura que represente a todos, pero con renovación. La juventud aporta energía, ideas y la cercanía con la realidad diaria de los trabajadores. Los cuadros mayores deben acompañar y asesorar, pero el liderazgo debe reflejar un cambio generacional”.

Mena resaltó que la política sindical debe estar en sintonía con los trabajadores, manteniendo la capacidad de adaptarse a los cambios y garantizar la participación activa de todos los sectores: “La edad es importante, pero más aún lo es el espíritu y las banderas que defienden los jóvenes. Ellos deben estar adelante, mientras los mayores guían con experiencia”.

Minería: empleo local y responsabilidad empresarial

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la minería. Mena subrayó que los proyectos mineros deben beneficiar directamente a la provincia y a sus habitantes: “Hemos presentado un expediente al Ministerio de Minería para asegurar que se cumpla la guía de contratación local y empresas nacionales. Es fundamental que los proyectos se desarrollen con responsabilidad social y ambiental”.

Sobre el proyecto Binacional Vicuña, explicó que, si bien está en fase inicial de ingeniería, la etapa de ejecución comenzará con la primavera. El dirigente insistió en la urgencia de generar empleo real y no dilatar procesos: “El trabajo es una necesidad inmediata. No podemos esperar; los proyectos deben traducirse en oportunidades concretas para los sanjuaninos”.

Además, planteó que los yacimientos deben cumplir con la normativa ambiental y logística, respetando a la comunidad y asegurando que la inversión no quede concentrada en intereses externos: “Si quieren avanzar, deben cumplir las normas, integrarse con la economía local y responder a la responsabilidad social que corresponde”.

Mena también analizó el impacto de las políticas nacionales en la economía y la industria: “Se necesita recomponer la estructura productiva y comercial. La política y la industria deben alinearse con la realidad de los trabajadores. No basta con inversión; debe haber compromiso con empleo y desarrollo local”.

El gremialista enfatizó que el sindicalismo debe actuar como interlocutor responsable, promoviendo medidas que protejan a los trabajadores sin caer en confrontaciones estériles, pero marcando límites claros frente a políticas que afectan los derechos: “La política sindical no puede ser pasiva. Debe garantizar condiciones justas, respetar el trabajo local y exigir cumplimiento de las leyes”.

La visión de Marcelo Mena combina política, sindicalismo y desarrollo económico con una mirada estratégica hacia el futuro de San Juan. Desde la renovación en la CGT hasta la exigencia de responsabilidad en la minería, su discurso subraya la necesidad de traducir la inversión y las políticas en empleo real y desarrollo sostenible. La provincia y sus trabajadores exigen resultados concretos: proyectos que respeten normas, generen oportunidades y fortalezcan la economía local, marcando un camino claro hacia la equidad y el progreso.

El veto presidencial a la ley de financiamiento universitario encendió todas las alarmas en el ámbito académico. Lo que hasta hace pocas horas era un temor, hoy se transformó en un hecho consumado: la decisión del Ejecutivo golpea de lleno a docentes, no docentes, investigadores y estudiantes, que advierten sobre un retroceso sin precedentes en materia de educación superior.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, Edith Liquitay, referente de ADICUS, describió una jornada “álgida y dolorosa”, atravesada por reuniones permanentes entre gremios de todo el país. “Estábamos evaluando escenarios y lamentablemente se concretó el más grave: el veto. Esto activa de inmediato los mecanismos de organización y las alarmas sobre cómo seguir”, señaló.

Para Liquitay, la decisión oficial no sólo erosiona los presupuestos, sino que también hiere la base misma del sistema universitario: “Los docentes no llegamos a fin de mes y muchos se están yendo de las universidades. Eso es lo más cruel. Tampoco se actualizan las becas, ni los fondos para investigación, indispensables para el desarrollo nacional”.

La dirigente enfatizó que la universidad pública no es un gasto sino una inversión estratégica: “Se pone en riesgo la estabilidad laboral y también el futuro del país. La ciencia, la innovación y la formación de profesionales son pilares de una nación soberana. Este gobierno, con su veto, demuestra desprecio por todo eso”.

Del ajuste al plan de lucha

La respuesta gremial no tardó en organizarse. Según explicó Liquitay, ya se definió un paro nacional de docentes y no docentes para el viernes 12 de septiembre, acompañado de actividades de visibilización en todo el país: “Si hay veto, hay paro. Esa fue la decisión tomada en unidad. Vamos a estar acompañados por los estudiantes y la comunidad educativa, porque esto nos afecta a todos”.

Además, el frente gremial trabaja en la convocatoria a una nueva marcha federal en defensa de la universidad pública, que podría realizarse en torno al 16 de septiembre, fecha emblemática en la memoria educativa del país. “Sacaremos nuevamente a la universidad a la calle, como lo hicimos tantas veces. No nos queda otra que estar en pie de lucha”, anticipó.

La refenrente sindical cuestionó la ausencia de voluntad política por parte del Ejecutivo: “El gobierno recibió un mensaje muy claro en las urnas, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof los convocó a dialogar y ellos rectificaron el rumbo, pero el veto a esta ley demuestra su verdadero camino: desprecio por la universidad pública y por los reclamos sociales”.

En ese sentido, denunció que la medida no es solo económica, sino también política: “Se trata de hacer oídos sordos. No se escucha ni a los trabajadores ni a los estudiantes. Es un gesto cruel hacia la educación, hacia la investigación y hacia la construcción de un país más justo”.

La voz de Edith Liquitay expresa el sentimiento de miles de trabajadores y estudiantes universitarios que ven amenazado su presente y su futuro. El veto presidencial, lejos de cerrar un debate, abre un conflicto que promete escalar en las próximas semanas. Con paros, marchas y movilización federal, la comunidad educativa vuelve a colocarse en el centro de la escena, recordando que la universidad pública no es un privilegio: es un derecho conquistado, hoy en riesgo.