El secretario adjunto de Vialidad Nacional en San Juan, Jorge Pérez, manifestó su preocupación por el cierre del organismo dispuesto por el DNU presidencial, alertó sobre el impacto en los puestos laborales y en el mantenimiento de rutas, y adelantó que se evalúan medidas judiciales y gremiales.

Pérez calificó de “triste” el anuncio oficial de la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, medida incluida en el Decreto 461, y explicó que el proceso de vaciamiento comenzó a evidenciarse a principios de año con la falta de partidas presupuestarias.

“Ya se venía hablando de que los contratados quedarían sin trabajo y los de planta serían pasados a disponibilidad. Es un ajuste que como siempre, recae sobre los trabajadores.”

El gremialista advirtió que no solo está en juego la estabilidad de los 210 trabajadores viales en San Juan, sino también el funcionamiento de la infraestructura vial a nivel nacional: “¿Quién va a mantener las rutas que no sean rentables para concesionar? Las que no tengan peajes no le interesan a las empresas. Ahí es donde trabajamos nosotros.”

Además, alertó sobre la incertidumbre que genera el traspaso del organismo al Ministerio de Economía, dejando atrás su carácter descentralizado.

Medidas judiciales y gremiales en evaluación

El refente gremial confirmó que se está avanzando con una medida cautelar para frenar el decreto, impulsada por el sindicato nacional, y que el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización: “Estamos manifestándonos en todo el país, con apoyo de otras organizaciones gremiales y de parte del arco político. La solidaridad ha sido impactante.”

“Nos preocupa qué pasará con nuestras familias, con los trabajadores y con las rutas de San Juan. Las nacionales atraviesan la provincia, no pasan por el costado.”

Finalmente, Pérez agradeció el respaldo de los medios y expresó su compromiso con la defensa de los derechos laborales: “Vamos a seguir reclamando, por nuestras fuentes laborales y por el futuro de Argentina. El desmantelamiento de Vialidad es parte de una política que está destruyendo instituciones públicas en todo el país.”

La subsecretaría de Trabajo convocó a empresarios y choferes de colectivos para este viernes, en busca de un acuerdo que garantice el servicio. La conciliación obligatoria vence el 16 de julio y se busca evitar medidas de fuerza que afecten a los usuarios.

La subsecretaría de Trabajo sigue trabajando para sellar un acuerdo entre empresarios y choferes de colectivos que garantice el servicio en la provincia. Este viernes, se llevará a cabo una nueva reunión entre ATAP y UTA, en el marco del plazo de la conciliación obligatoria que vence el próximo 16 de julio. El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, aseguró que seguirán convocando a reuniones hasta que los trabajadores y la patronal lleguen a un acuerdo y evitar medidas de fuerza.

Los empresarios de colectivos mantienen su postura con respecto a la oferta del incremento salarial, que fue rechazada por UTA. Según Marchese, los empresarios son concesionarios del servicio y deben hacerse cargo de las obligaciones que asumieron. «Si no te dan los números, entonces hacete para un costado», afirmó el subsecretario.

Pese a que el tema es delicado, el clima de la última audiencia no fue «tan tenso». Las tres partes buscan dejar de lado el enojo que puede haber y que la conciliación no fracase para llegar al mejor acuerdo. Marchese afirmó que, si no llegan a un entendimiento este viernes, la subsecretaría de trabajo dispondrá la cantidad de audiencias necesarias hasta el próximo miércoles para llegar a un acuerdo.

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) recorrió San Juan para acompañar a los vigiladores y combatir la informalidad laboral. El secretario adjunto del gremio, Juan Diego García, visitó la provincia en representación de la Comisión Directiva encabezada por Ángel Alberto García, y mantuvo reuniones institucionales con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Trabajo, la Defensoría del Pueblo, asesores del Poder Ejecutivo, representantes del sector empresario y dirigentes sindicales de la provincia.

El problema de la informalidad laboral

UPSRA afirmó que «el problema es la informalidad laboral» y que «los trabajadores de seguridad sabemos lo que significa no tener cobertura, estabilidad ni reconocimiento: no es libertad, es desprotección disfrazada». La organización sindical destacó que el objetivo principal de la visita a San Juan fue acompañar a los trabajadores de seguridad privada de la provincia y atender de manera directa sus necesidades.

Federalismo sindical con derechos

La UPSRA subrayó la importancia de sostener una presencia gremial activa en todo el país y reafirmó su visión federal en defensa del empleo registrado. «UPSRA está presente en cada rincón del país. Donde haya un vigilador que necesite respaldo, allí tenemos que estar. Porque no hay federalismo sin organización, sin trabajo conjunto y sin derechos laborales», concluyeron en el comunicado.