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La Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip), que lidera Julio Estévez (h), advirtió hoy que convocará a un paro de una semana, con asistencia al trabajo, y que no iniciará las ejecuciones fiscales del año si no se actualizan los honorarios que perciben los agentes judiciales del organismo.

Un documento gremial firmado por Estévez (h) y la secretaria de Prensa, Cultura y Capacitación, Florencia Barbieri, explicó hoy que ese personal -agrupado en la Seccional Representantes del Fisco- es el más numeroso y que a esos trabajadores «las paritarias no les impacta en el bolsillo porque viven del cobro de sus honorarios».

«Esos ingresos están de forma virtual congelados no obstante la brutal inflación anual», señalaron los sindicalistas, quienes detallaron que el sector percibía un honorario propio máximo de 5 mil pesos en 1997 (entonces igual al dólar); en 2015 de 7 mil pesos y, en la actualidad, un tope por juicio de 14 mil pesos», aclararon.

También enfatizaron que si esos honorarios fuesen actualizados desde su creación en 1997 el tope por juicio debería ser hoy de 320.064 pesos, sin un aumento, y añadieron que «el 100 por ciento de lo percibido por los agentes judiciales es pagado por el contribuyente fuera de la recaudación, es decir, no le cuesta un centavo a la AFIP».

«El 50 por ciento de lo que abonan esos contribuyentes se destina a la bolsa de la totalidad de los empleados del organismo, por lo que el reclamo no es sectorial sino que apunta a beneficiar al conjunto», puntualizaron Estévez (h) y Barbieri.

Además, el gremio expresó su «alegría» por la incorporación a todas las áreas de forma diaria de nuevos empleados contratados o trasladados a planta, aunque para los futuros ingresos de trabajadores reclamó «la participación de los sindicatos».

La Upsafip, que agrupa al personal jerárquico escalafonario de los grupos 17 a 26 en el organismo recaudador nacional, sostuvo que «es posible mejorar aspectos que reclaman los trabajadores de la AFIP», y explicó que «esa participación está determinada por la ley y los convenios aplicables respecto de la idoneidad de los postulantes y del régimen de transparencia en los variados procesos de su selección».

El gremio reclama en ese sentido «activa participación», y demandará una veeduría sindical, ya que «la demanda va de la mano del nuevo Código de Ética dictado por la propia administración federal para fomentar los valores institucionales, la no discriminación y la legalidad como valores aplicables al conjunto de los trabajadores».

«Hubo diálogo demasiado tiempo. Es momento de actualizar los importes de los valores judiciales y de que el gremio tenga participación en el proceso de incorporación de nuevo personal para evitar una medida de fuerza escandalosa, como sería la suspensión de las cobranzas judiciales, lo que nunca ocurrió», dijeron los dirigentes.

Por último, Estévez (h) sostuvo que «la AFIP limita lo que cobran los agentes judiciales cuando realizan un juicio por deudas», y explicó que existe «una ley nacional de aranceles que determina lo que debe percibir un abogado por una ejecución, pero esa norma no es obedecida, lo que perjudica al empleado y fomenta la morosidad».

«Es más barato ir a juicio con un 110 por ciento de inflación anual que pagar en tiempo y forma. Es injusto para el trabajador y el ciudadano que abona impuestos», concluyó.

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La CGT encabezó una protesta nacional contra la reforma laboral y San Juan tuvo una movilización contundente

La Confederación General del Trabajo lideró este jueves una movilización nacional contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. La protesta tuvo su epicentro en Plaza de Mayo y se replicó en distintas provincias. En San Juan, cerca de 5000 personas marcharon por el centro capitalino en una convocatoria que reunió a sindicatos, la Universidad Nacional de San Juan y organizaciones sociales.

La oposición sindical a la reforma laboral volvió a expresarse con fuerza en las calles. Este jueves, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una masiva movilización en la Ciudad de Buenos Aires, con epicentro en la Plaza de Mayo, en rechazo al proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional. La jornada estuvo marcada por paros, concentraciones y cortes de tránsito, y se replicó de manera simultánea en distintas provincias del país, entre ellas San Juan.

Desde horas tempranas, columnas sindicales y organizaciones sociales comenzaron a confluir en el centro porteño, donde dirigentes gremiales tomaron la palabra para cuestionar una iniciativa que, aseguran, no representa una modernización del sistema laboral, sino un retroceso en derechos históricos. La protesta se desarrolló en un contexto atravesado por la aplicación del protocolo antipiquetes anunciado por el Ejecutivo nacional.

En San Juan, la convocatoria tuvo una adhesión significativa. Según confirmó el comisario Sergio Ruarte, jefe del Cuerpo Especial de Vigilancia, la movilización reunió a cera de 5000 personas. La marcha comenzó apenas pasadas las 18, con una concentración en avenida Ignacio de la Roza, entre Mendoza y Entre Ríos, desde donde partieron las columnas que recorrieron el microcentro capitalino.

Las calles céntricas se vieron colmadas por banderas, pancartas y consignas contra la reforma laboral. Participaron sindicatos nucleados en la CGT y la CTA, organizaciones sociales y representantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que aportaron un marcado componente institucional y académico a la protesta. El recorrido abarcó cerca de diez cuadras y culminó frente a la Catedral, donde se realizó el acto central.

Allí se dio lectura a un documento consensuado por las organizaciones sindicales, en el que se advirtió que el proyecto oficial facilita la precarización laboral, debilita el sistema jubilatorio y las obras sociales, y podría profundizar la desigualdad social. Como cierre, los manifestantes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Entre los gremios presentes se destacaron Camioneros, APUNSJ, AOMA, UOM, AJEPROC, ADICUS, UOCRA, SATSAID, SOEESIT, JUDICIALES NACIONALES, UPCN, ATSA, ASIJEMIN, SOESGyPE, SADOP, JUDICIALES PROVINCIALES, AOMA, APEL, entre otros. La amplitud de la convocatoria reflejó un rechazo transversal al proyecto, más allá de las particularidades de cada sector.

Durante la movilización local cobraron relevancia dirigentes sindicales de peso. José “Pepe” Villa, referente de UPCN, encabezó una de las columnas y fue uno de los encargados de leer el documento final. En ese marco, sostuvo que “nos quieren confiscar derechos” y advirtió que el modelo propuesto apunta a avanzar sobre conquistas históricas del movimiento obrero.

El rechazo también tuvo eco en el plano político. El exgobernador José Luis Gioja acompañó la marcha y cuestionó la lógica del Ejecutivo nacional al señalar que “la chequera y el látigo ya no solucionan los problemas”. En la misma línea se expresó Facundo Perrone, presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, quien afirmó no oponerse a debatir una reforma laboral, pero sí a “una que atrase 100 años”.

También participaron el diputado provincial Mario Herrero, el concejal Sergio Carrión y Juan Carlos Gioja, entre otros referentes políticos, lo que reforzó el carácter multisectorial de la protesta.

En este sentido, los secretarios generales de la CGT San Juan, Eduardo Cabello y Víctor Menéndez, viajaron a la Ciudad de Buenos Aires para sumarse a la movilización nacional que tuvo lugar en las inmediaciones del Senado, donde la conducción cegetista concentró su reclamo contra la iniciativa oficial.

La jornada de protestas dejó en claro que el debate por la reforma laboral trasciende el plano legislativo y se instaló con fuerza en el escenario social. La masiva movilización en Plaza de Mayo y la contundente adhesión en San Juan evidencian un rechazo amplio y articulado, que reúne a sindicatos, universidades, organizaciones sociales y referentes políticos.

Aunque el tratamiento del proyecto fue postergado para el próximo año, el movimiento obrero dejó un mensaje nítido: la iniciativa no es percibida como una modernización, sino como un retroceso que pone en riesgo derechos laborales, el sistema de protección social y el equilibrio del entramado productivo. Un conflicto que, lejos de cerrarse, promete seguir marcando la agenda política y sindical en los meses venideros.

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AOMA advierte sobre un “avance regresivo” y acompaña la protesta nacional contra la reforma laboral

El secretario general de AOMA San Juan e integrante de la conducción nacional del gremio, Iván Malla, confirmó la adhesión total del sindicato minero a la movilización convocada por la CGT en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Alertó sobre despidos, cierre de empresas, recesión productiva y un posible avance posterior sobre el sistema previsional.

La convocatoria a una movilización nacional contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional suma adhesiones en todo el país y consolida un frente sindical cada vez más amplio. En ese marco, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) confirmó su participación activa en la protesta convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), con presencia en más de 20 provincias.

“Adherimos totalmente a esta movilización en en San juan y en todo el país”, afirmó Iván Malla, titular de AOMA e integrante de la conducción nacional del gremio. Según explicó, la protesta busca visibilizar el rechazo a una iniciativa oficial que, lejos de generar empleo genuino, “profundiza la precarización y consolida un escenario de recesión”.

Desde la mirada sindical, el debate sobre la denominada “modernización laboral” se da en un contexto económico adverso, atravesado por despidos masivos, cierre de empresas y una fuerte contracción de la actividad productiva. “Lo vemos claramente: hay despidos todos los días, en el comercio, en la construcción, en la industria. Esto no se resuelve con una reforma laboral”, sostuvo Malla.

El dirigente fue categórico al cuestionar el argumento oficial que presenta la reforma como una herramienta para fomentar el empleo. “Engañan a la gente diciendo que así va a haber más trabajo. Eso no es cierto. El empleo se genera con políticas productivas, con industria en marcha y con un Estado que acompañe”, remarcó.

En ese sentido, subrayó la importancia de la unidad del movimiento obrero como factor clave para incidir en el tratamiento legislativo del proyecto. “Esperamos que nos acompañen todos los trabajadores, del sector público y del privado. Acá estamos perjudicados todos. Esto es el inicio de un avasallamiento general de los derechos laborales”, advirtió.

Pero las objeciones no se limitan al plano estrictamente laboral. Malla alertó sobre posibles derivaciones más profundas del proyecto: “Detrás de esta reforma viene un desfinanciamiento total de la ANSES, y eso abre la puerta a una reforma previsional, con aumento de la edad jubilatoria. Esto va mucho más allá de una simple modernización”.

La situación concreta del sector minero también refleja, según el dirigente, las consecuencias del actual modelo económico. En ese marco, confirmó despidos recientes en Cementos Avellaneda, donde seis trabajadores recibieron telegramas de cesantía. “Ya se están tomando las acciones necesarias, con asambleas y medidas de fuerza”, indicó.

Malla explicó que, dentro de la actividad minera, existen realidades muy diferentes. Mientras la minería metalífera mantiene cierta estabilidad por sus convenios y características productivas, otras ramas —como el cemento, la cal y la piedra— dependen directamente de la obra pública, hoy prácticamente paralizada. “Eso impacta de lleno en nuestro sector”, señaló.

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Los nodocentes universitarios anunciaron un paro total de 24 horas y se suman a la movilización de la CGT

Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales decidieron intensificar su plan de lucha y anunciaron un paro total de actividades por 24 horas, en simultáneo con la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

La medida fue resuelta por amplia mayoría en el Consejo Directivo de la Federación del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) y se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre, con cese total de actividades y movilizaciones en distintos puntos del país.

“Se resolvió un paro de 24 horas y movilización de las y los trabajadores nodocentes en defensa de la Universidad Pública, de nuestros salarios y de nuestros derechos laborales”, señalaron desde la organización sindical a través de un comunicado oficial.

Salarios, presupuesto y funcionamiento universitario en riesgo

Desde FATUN advirtieron que la situación del sistema universitario es crítica y que la falta de un presupuesto adecuado pone en riesgo su normal funcionamiento. En ese sentido, remarcaron que el deterioro salarial y la incertidumbre financiera afectan directamente la calidad educativa y la continuidad de las actividades académicas y administrativas.

“La situación es insostenible: sin un presupuesto real y suficiente, se compromete el funcionamiento de todo el sistema universitario”, alertaron. Y agregaron: “Un país que aspira a crecer necesita más y mejores universidades, y eso solo es posible con salarios dignos y presupuestos garantizados, una responsabilidad indelegable de todo gobierno, más allá de los vaivenes económicos”.

Como parte del reclamo central, los nodocentes exigieron la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente defendida por amplios sectores del arco político, académico y social.

Paro sin concurrencia y movilización nacional

La medida de fuerza se realizará sin concurrencia a los lugares de trabajo, afectando el normal funcionamiento administrativo de las universidades nacionales. En la Ciudad de Buenos Aires, los nodocentes concentrarán desde las 13:00 horas en Diagonal Sur y avenida Belgrano, desde donde se movilizarán en el marco de la protesta general.

Desde la federación sindical señalaron que la participación en la marcha busca “decir presente frente a un intento de retroceso que pone en riesgo derechos conquistados” y visibilizar la situación crítica que atraviesa el sistema universitario público.

Asimismo, FATUN convocó a los sindicatos de base del interior del país a sumarse a las acciones organizadas en cada ciudad, con el objetivo de federalizar el reclamo y multiplicar su impacto en todo el territorio nacional.

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