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El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este jueves que en 2023 el Gobierno no cobrará derecho a las exportaciones incrementales de automóviles, a partir de las ventas que superen las 322.000 unidades vendidas al exterior durante el año pasado. Con estos impulsos a la industria automotriz, se espera que siga creciendo la generación de puestos de trabajo como ocurrió en 2022.

«Todo incremental de la exportación no pagará derechos de exportación. Es una forma de premiar la inversión, el trabajo argentino, y el esfuerzo», dijo hoy Massa durante una reunión con representantes de las empresas automotrices, de autopartes, concesionarias y dirigentes gremiales.

El ministro también resaltó que el sector autopartista y de producción de automóviles generó «casi 50.000 empleos más que en 2021» hasta alcanzar los 600.000 puestos en toda la industria, un número que espera «siga creciendo en 2023».

«Terminamos un año -el 2022- maravilloso pero el que comienza debe ser mucho mejor», dijo el titular del Palacio de Hacienda.

Massa destacó que durante el año pasado se fabricaron 536.000 unidades, entre autos y utilitarios, «lo que marcó una mejora de 23,5% respecto a 2021, y la mayor producción de los últimos ocho años» y este aumento se dio «a pesar de los que decían que había problemas, que faltaban neumáticos».

Pero, además, «las exportaciones sumaron 322.286 vehículos, con un incremento de 24,3%», lo que significa trabajo argentino puesto en el exterior.

«Avizoramos para 2023 un escenario de mínima de producción de 620.000 vehículos», señaló Massa, en comparación a los 536.000 autos de 2022, al encabezar una presentación junto al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y autoridades de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y de gremios del sector.

Massa estimó que «370.000 de esos autos producidos en Argentina saldrán al exterior» y en ese marco «todo el incremental de exportaciones (respecto al 2022) no pagará derecho de exportación, porque queremos premiar la inversión, el trabajo y el esfuerzo» del sector en su conjunto.

El ministro destacó que «ya tenemos un vehículo que casi tiene el 50% de producción nacional y buscamos llegar a que ese porcentaje llegue a otros» automóviles.

Destacó que el sector automotriz «es un ejemplo de que el desafío de crecer y nuestra responsabilidad como Gobierno es promover para que se acreciente».

En los doce meses del año pasado se exportaron 322.286 vehículos, con una suba de 24,3% respecto al mismo período del 2021, cuando se comercializaron con el exterior 259.287 unidades.

En cuanto a los destinos de la producción local, a lo largo de los 12 meses de 2022 unas 202.406 unidades (62,8% del total de los envíos) tuvieron como destino el mercado brasileño, lo que ratifica la importancia del país vecino si bien el año pasado se ubicó bastante por debajo del 85% histórico que llegó a representar.

En importancia le siguen los mercados de América Central, con 32.462 vehículos (10,1%); Colombia, con 20.180 (6,3%); Chile, con 20.140 (6,2%); Perú, con 17.617 (5,5%); y México, con 7.889 (2,4%).

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La FEPEVINA respalda pedido de diputados para transparentar fondos de Vialidad

La privatización de rutas en Argentina ha generado un gran revuelo, especialmente después de que los diputados aprobaran esta medida. Ahora, los legisladores están exigiendo explicaciones al ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el destino de los fondos de Vialidad.

La Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) respaldó este pedido, enfatizando que el abandono de las rutas y la privatización son medidas que atentan contra la población.

El grupo de legisladores encabezados por el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, solicitó la presencia en la Cámara Baja del ministro de Economía, Luis Caputo, al secretario de Transporte, Franco Mogetta, y al administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy.

Los diputados de Unión por la Patria pidieron información sobre varios temas relevantes, incluyendo:

  • Monto de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono: Los diputados quieren saber cuánto dinero se recaudó en 2024 a través de este impuesto y cómo se utilizó.
  • Destino de los fondos del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte: Los legisladores buscan transparencia sobre cómo se utilizaron los fondos del Fideicomiso en 2024.
  • Monto recibido por la Dirección Nacional de Vialidad: Los diputados quieren saber cuánto dinero recibió la Dirección Nacional de Vialidad en 2024 y cómo se utilizó.
  • Razones de la subejecución de programas: Los legisladores buscan entender por qué no se ejecutaron algunos programas de la Dirección Nacional de Vialidad en 2024.
  • Avance y ejecución de obras: Los diputados quieren saber cuál es el estado actual de las obras a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad y qué se proyecta para 2025.

La FEPEVINA enfatizó que es primordial que los recursos asignados a Vialidad Nacional lleguen a donde corresponden, y no se desperdicien o se utilicen ineficientemente. La transparencia y la rendición de cuentas son si para garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera efectiva y eficiente.

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El Gobierno planea ‘paritarias cero’ a partir de marzo para controlar la inflación

El gobierno planea implementar un plan de «paritarias cero» a partir de marzo, con el objetivo de reducir al mínimo los ajustes salariales y controlar la inflación. Esto implica que no se autorizarán incrementos salariales que superen la expectativa inflacionaria del gobierno, y que las negociaciones se realizarán únicamente en áreas geográficas o unidades productivas que puedan absorberlos sin impacto sobre precios.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, será el encargado de transmitir esta línea oficial a los gremios, y se espera que la mayoría de ellos rechacen el plan. Sin embargo, el gobierno cree que algunos gremialistas podrían estar dispuestos a aceptar paritarias a la baja o congeladas a cambio de compromisos de mantenimiento de los puestos de trabajo.

El plan también implica la negativa a otorgar la homologación de Trabajo, lo que podría generar conflictos y tensiones con los gremios. La CGT no fue consultada sobre el plan, y se espera que se oponga firmemente a él.

Es importante destacar que las negociaciones por región o por empresa son contrarias al espíritu constitutivo del modelo sindical argentino, y que un quiebre en esta dinámica podría representar un golpe letal para el poderío de los gremios.

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La CGT fortalece su presencia en todo el país

La Confederación General del Trabajo (CGT) logró un hito en la normalización de delegaciones regionales en todo el país. Según un informe presentado por la Secretaría del Interior, encabezada por Abel Furlán, se alcanzó la formalización legal de 75 de las 82 delegaciones que componen la central obrera.

Este logro representa un avance significativo en la unificación de las delegaciones regionales del movimiento obrero nacional, respetando las decisiones internas de cada región y aplicando los estatutos y reglamentos de la CGT para los procesos electivos.

A pesar de las dificultades enfrentadas durante este proceso, como divisiones naturales del movimiento obrero, tensiones entre sectores de transporte, servicios e industria, y resistencias de dirigentes que mantenían el control de las delegaciones de manera autoproclamada, se ha logrado normalizar el 93,7% de las delegaciones regionales.

El informe destaca que las formas de conducción varían, con 30 unicatos (40%), 14 binomios (18,2%) y 31 triunviratos (41,8%), reflejando la diversidad en la estructura organizativa de las delegaciones.

Mujeres al frente

Un aspecto destacado del informe es el incremento de mujeres en roles de conducción. Por primera vez, el 32,8% de las delegaciones están lideradas por delegadas regionales, rompiendo con patrones históricos de representación masculina.

Próximos pasos

La Secretaría del Interior adelantó que presentará próximamente una propuesta para la creación de nuevas delegaciones en provincias con alta densidad demográfica y política, al tiempo que se evalúa cerrar aquellas delegaciones que han perdido representatividad o no han mantenido contacto con la central en los últimos tres años.

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